El inicio del proceso de regularización de inmigrantes en España marca un punto de inflexión para miles de personas que residen en Granada sin autorización legal. La normativa aprobada por el Consejo de Ministros permitirá obtener permisos de trabajo y residencia a quienes demuestren su permanencia en el país antes del 1 de enero de 2026.
Esta medida busca integrar en el sistema oficial a un colectivo que actualmente sobrevive en la economía sumergida y bajo una constante inseguridad jurídica. Las oficinas administrativas de la ciudad se preparan para gestionar un volumen masivo de expedientes hasta la fecha límite del 30 de junio.
Los requisitos para acceder a este proceso son estrictos. Los inmigrantes solicitantes deben acreditar una estancia continuada de al menos cinco meses en territorio español y carecer de antecedentes penales. Aquellos que cumplan las condiciones obtendrán una autorización inicial de un año. Esta vía extraordinaria supone el séptimo proceso de este tipo en las últimas cuatro décadas y responde a una iniciativa legislativa respaldada por cientos de miles de firmas ciudadanas. La regularización pretende aflorar empleos ocultos y garantizar derechos básicos a los trabajadores migrantes.
INMIGRANTES, INSEGURIDAD Y FALTA DE LIBERTAD
La vida cotidiana en situación irregular está marcada por el temor a la identificación policial. Camila, una mujer de 36 años que reside en Granada desde hace casi dos años, describe, entre otros, la ansiedad que le genera el uso del transporte público.
Tras finalizar su estancia legal por estudios, quedó desprotegida administrativamente. Según su testimonio, "la tranquilidad se termina cuando cualquier control en las paradas de autobús representa una amenaza real de expulsión". Esta situación condiciona sus movimientos y le impide participar plenamente en la vida social de la capital granadina.
La precariedad laboral es otra constante en este colectivo. Al carecer de permiso de trabajo, muchas personas se ven obligadas a aceptar empleos domésticos o de cuidados sin ningún tipo de contrato. Camila explica que "el hecho de ser inmigrante sin documentos anula la libertad personal y te coloca en un estado de vulnerabilidad absoluta frente a la burocracia". Su esperanza con este nuevo decreto es conseguir un empleo estable que le permita alquilar una vivienda propia y regularizar la situación de sus familiares directos, superando la etapa de compartir habitaciones con desconocidos.
El sector de la hostelería granadina cuenta con profesionales extranjeros que no pueden ejercer su oficio de manera oficial. Mateo, un joven de 30 años con experiencia en cocinas internacionales, llegó a la ciudad con el objetivo de alcanzar el rango de chef. Sin embargo, su estatus irregular le ha obligado a trabajar como pintor o peón de obra, cobrando siempre fuera del sistema legal. "Resulta frustrante recibir ofertas de trabajo en hoteles y tener que rechazarlas por no disponer de la documentación necesaria para un contrato", relata el joven.
La formación también se ve limitada por la falta de papeles. Mateo intentó realizar prácticas en cursos de soldadura, pero la normativa de las empresas le impidió completar su aprendizaje profesional. Esta barrera impide que personas con talento aporten su capacidad a la economía local. El fallecimiento de familiares en sus países de origen añade una carga difícil de gestionar, ya que la situación irregular les impide viajar para despedirse. La regularización se percibe como la única oportunidad para cumplir las promesas profesionales realizadas a sus familias.
EL ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA COTIZACIÓN SON LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DE LOS INMIGRANTES
El miedo a abandonar el domicilio o salir de la provincia de Granada es una realidad para quienes temen ser internados en un centro de internamiento. Andrés, un joven que estudió disciplinas audiovisuales en una escuela granadina, lleva meses limitando sus desplazamientos para evitar patrullas policiales.
A pesar de haber intentado vías de arraigo por formación, la lentitud administrativa le dejó en una posición de desamparo. Para él, "ver a un agente de seguridad genera un miedo constante a que el proyecto de vida en España se termine de forma repentina".
El acceso a la Seguridad Social y la posibilidad de cotizar son las metas principales de estos residentes. La libertad de movimiento por el territorio nacional y la opción de visitar a conocidos en otras ciudades europeas son derechos que esperan recuperar pronto. Andrés afirma que "el cambio principal será la calma de caminar por la calle sin el peso de la clandestinidad y poder trabajar en proyectos oficiales". La regularización no solo representa un documento legal, representa la posibilidad de dejar atrás el aislamiento social que sufren actualmente en Granada.
Más información: La plantilla de Correos estalla ante el plan de regularización de inmigrantes.
