Las comunidades autónomas de Madrid, Murcia, Valencia y Andalucía han enviado una carta a la ministra Teresa Ribera, expresando su profunda preocupación por las «graves consecuencias» que tendrán las próximas reglas del Plan Hidrográfico del Tajo. Estas regiones, gobernadas por el Partido Popular, afirman que la situación se ha agravado en los últimos meses debido a la aprobación de este plan y el incremento de los caudales ecológicos, lo cual ya ha sido objeto de demandas ante el Tribunal Supremo.
Las cuatro comunidades subrayan que el agua es un recurso vital para la vida, el desarrollo económico, social y medioambiental de sus regiones, especialmente en un momento de condiciones climáticas adversas. Consideran que la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo «no puede ir en contra de la posibilidad de abordar una planificación hidrológica nacional» y advierten de que está poniendo en riesgo la viabilidad del Trasvase Tajo-Segura y sus dos trasvases asociados.
Preocupación por el Desmantelamiento de la Planificación Hidrológica Nacional
Las comunidades autónomas firmantes expresan su preocupación por el «desmantelamiento de hecho de la planificación hidrológica nacional», que consideran que se vería supeditada a las decisiones unilaterales tomadas en cada demarcación, sin una perspectiva conjunta y sin la posibilidad de que una autoridad superior con perspectiva nacional establezca criterios y condiciones de obligado cumplimiento.
Afirman que no es imaginable que la Confederación Hidrográfica del Tajo haya adoptado estas decisiones «sin el conocimiento y consentimiento del Gobierno de España», por lo que consideran que el Ministerio de Teresa Ribera es el responsable, «por acción u omisión», de la «lamentable situación actual», con planes aprobados incompatibles entre sí y un «grave cuestionamiento de la legislación nacional.
Llamado a la Concertación y Actualización de la Planificación Hidrológica Nacional
Ante esta situación, las cuatro comunidades reafirman su voluntad de agotar los recursos interpuestos en vías judiciales, incluso acudiendo a instancias comunitarias «ante el incumplimiento de la Directiva Marco del Agua por parte del Ministerio».
Finalmente, las regiones reclaman la obligada concertación con el Gobierno y la actualización e impulso de la planificación hidrológica nacional, ofreciendo su colaboración técnica para el desarrollo de las nuevas reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura. Consideran que «el interés general no se obtendrá por la suma de intereses particulares» y que ignorar esta necesidad «solo conducirá a agravar la situación».
