El grupo parlamentario Sumar ha tomado la iniciativa al registrar una serie de preguntas escritas dirigidas al Gobierno en el Congreso, buscando respuestas concretas sobre posibles modificaciones en las pruebas de determinación de la minoría de edad a personas migrantes. La solicitud, encabezada por el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y diputado de Sumar, Enrique Santiago Romero, aborda inquietudes cruciales sobre el trato a menores migrantes en España.
La pregunta central de Sumar gira en torno a la posible modificación de las pruebas de determinación de la minoría de edad, específicamente en aquellos casos donde la existencia de documentos probatorios no está clara o no está disponible. La preocupación surge en el contexto de informes previos que denuncian casos en los que menores migrantes son trasladados a Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) o campamentos de acogida para adultos, sin recibir medidas de protección adicionales.
El diputado Enrique Santiago Romero referencia una denuncia de Amnistía Internacional que destaca situaciones donde menores migrantes, incluso con documentación probatoria de su edad, han sido ingresados en prisión por su supuesta participación en actividades delictivas. Este hecho plantea serias interrogantes sobre la efectividad y justicia del proceso de determinación de la edad, especialmente cuando se aportan pruebas fehacientes de la minoría de edad.
MIGRANTES PENDIENTES DE PRUEBAS DE EDAD
Según datos proporcionados por la Fiscalía de Extranjería a Amnistía Internacional, al menos 2.791 personas están pendientes de las pruebas de determinación de edad, siendo 811 en Las Palmas y 1.980 en Tenerife. Esta situación refleja una cifra significativa de individuos en un limbo legal, esperando claridad sobre su situación y futuro.
El Comité de Derechos del Niño destaca que, durante el proceso de determinación de la edad, se debe otorgar a las personas el beneficio de la duda, priorizando el interés superior del menor. Este principio es fundamental para garantizar que los derechos y la protección de los menores migrantes sean preservados en cada etapa del proceso.
En respuesta a las inquietudes planteadas por Sumar, el Gobierno asegura que, en casos donde la persona migrante está documentada como menor no acompañado o, por su apariencia, no hay dudas de su minoría de edad, se activa el Protocolo de Menores Extranjeros No Acompañados. Este protocolo implica la activación de medidas de protección y la derivación inmediata a un centro de menores.
SUMAR APELA A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL CIE
Sumar no solo ha centrado su atención en la determinación de la minoría de edad, sino que también ha cuestionado las condiciones en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Alberto Ibáñez, portavoz de Turismo de Sumar en el Congreso, ha dirigido preguntas al Gobierno sobre los menús y los medicamentos suministrados a los internos en el CIE de Valencia.
Alberto Ibáñez, al referirse a su visita al CIE de Valencia, destaca deficiencias notables, como la falta de comida, la escasa privacidad en habitaciones compartidas y la dependencia generalizada de fármacos ansiolíticos y antidepresivos. Estas condiciones plantean preguntas sobre la calidad de vida de los internos y la gestión de su bienestar emocional.
El Gobierno responde detallando que los menús en el CIE de Valencia son elaborados por nutricionistas dietistas colegiados contratados por la empresa adjudicataria y supervisados por el personal sanitario del propio centro. Además, asegura que las raciones cuentan con ficha técnica que detalla ingredientes y valor nutricional. En cuanto a los medicamentos, se destaca que siguen criterios estrictamente médicos y se administran terapias de desintoxicación en casos de adicciones, con derivación a hospitales de referencia en situaciones más complejas.
La serie de preguntas presentadas por Sumar al Gobierno pone de relieve la importancia de la transparencia y la garantía de los derechos en el tratamiento de menores migrantes y en las condiciones de los Centros de Internamiento de Extranjeros. La determinación de la minoría de edad es un proceso delicado que requiere escrutinio y atención cuidadosa para asegurar que se respeten los derechos fundamentales de aquellos que buscan refugio y una vida mejor en España.
