La titular del Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid tiene previsto este jueves, a partir de las 10.30 horas, interrogar en calidad de investigados a 13 presuntos miembros de una red de policías y abogados investigados por estafa y/o extorsión en el denominado caso ‘Caranjuez’ tras supuestamente ofrecer servicios a excargos del Gobierno de Venezuela –algunos de ellos investigados en la Audiencia Nacional por delitos de blanqueo– a cambio de dinero e información de Podemos.
La juez escuchará a los investigados después de que la semana pasada prestaran declaración dos de los presuntos perjudicados, el exviceministro de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado Ochoa y el asesor financiero Dimas Antúnez. Ambos ratificaron lo que dijeron en sede policial, es decir, que –a su juicio– fueron extorsionados por la red policial ahora investigada.
De acuerdo a las pesquisas realizadas hasta ahora por las autoridades policiales, la red señalada estaría conformada principalmente por policías nacionales y locales, abogados y un exmilitar. Los ahora acusados se habrían aproximado a varios venezolanos que estaban presuntamente relacionados con actividades de blanqueo «con el fin de solicitarles dinero a cambio de hacer valer la supuesta capacidad de influencia ante organismos públicos, como el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales –Sepblac– o la propia Policía Nacional», para «solucionar los problemas» que tendrían por estar investigados.
Además de pedirles dinero a cambio de dichas «influencias», los miembros de la red policial también estaban «interesados» en que se les proporcionase «información sobre el partido político Podemos y sus posibles vínculos con Venezuela, entre otras informaciones», según un informe de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción redactado en 2020.
En una providencia de 29 de mayo, a la que también tuvo acceso esta agencia, consta que el primer citado para mañana es uno el abogado José Martín Aliste. Según el informe de la Brigada Antiblanqueo, se dedicó a «contactar con ciudadanos venezolanos vinculados a operativas de blanqueo de capitales para ofrecerles sus servicios» y «hacer valer su supuesta capacidad para influir en funcionarios policiales y de instituciones» para que «lograsen beneficios como la libre apertura de cuentas bancarias en España o la obtención de permisos de residencia o incluso la nacionalidad». Habría recibido «no menos» de 1,1 millones de euros, de acuerdo a los investigadores.
También está previsto que comparezcan Daniel Renuncio Mateos, policía municipal de Madrid, y su esposa, Concepción Valenzuela Sanza; y Alberto Galán Fereres, un exmilitar israelí –que cuenta a su vez con la nacionalidad española– «vinculado a los servicios de información».
A la lista se suman David Barriguete Mendo, inspector de la Policía Nacional, y Noelia Serrano Ramos. También están citados Martín Rodil Álvarez, abogado estadounidense; José Manuel Betanzos Ibarra, que -según los informes policiales que obran en el procedimiento– es «miembro de la Policía Autónoma vasca jubilado y destinado en la Secretaría de Estado de Seguridad en el momento de los hechos«; y Guillermo Martínez Jiménez, funcionario de la Administración.
Asimismo, están llamados a comparecer Luis Fernando Vuteff García, abogado de varias sociedades presuntamente involucradas con la red; Ignacio Sánchez Cumba, investigado supuestamente vinculado a dichas mercantiles, y Ralph Steinmann, a quien las autoridades relacionan con una de las empresas investigadas. El último en declarar será José Vicente Amparan Croquer, investigado al que se le halló documentación relativa a la causa.
Según la Brigada Antiblanqueo, las operativas sospechosas de blanqueo de capitales realizadas en esta causa tuvieron lugar en el marco de «las estructuras de la organización criminal» vinculadas a Vuteff y Sánchez Cumba.
En el mismo informe, los agentes aseguran que ambos habrían prestado un «servicio de blanqueo de capitales» –de la tipología denominada «compensación»– que consistía en contactar con «personas que tienen dinero en efectivo que necesitan bancarizar por vías ajenas al circuito legal» y con «personas que tienen la necesidad inversa, es decir, que disponen de fondos bancarizados en cuentas en el extranjero y necesitan disponer de los mismos en España a través de efectivo».
En el marco de la investigación, la juez acordó también la imputación de una treintena de empresas en calidad de personas jurídicas. En este caso aún no ha establecido cuándo se llevarán a cabo los interrogatorios a los representantes legales de las compañías investigadas.
