Ecologistas en Acción ha alegado a los planes hidrológicos de cuenca para el periodo 2022-2027, que deberá aprobar el Gobierno próximamente, porque considera que conducen a una situación de insostenibilidad de los recursos hídricos, ya que «mantienen una política desarrollista» basada en el hormigón y en aumentar los regadíos.
El plazo de información pública de estos planes concluyó el pasado 22 de diciembre. La ONG lamenta que dichos planes incluyen la construcción de «nuevos embalses» que serían «inútiles» y denuncia que las confederaciones hidrográficas siguen priorizando la política hidráulica del hormigón han sido las del Ebro, Duero y Guadalquivir.
En el Ebro se mantiene el recrecimiento de Yesa, Almudévar y Mularrolla; en el Duero, se contempla la construcción de dos embalses «muy impactantes» en la provincia de León, Rial y Morales.
En el Duero se incluye el recrecimiento del Agrio, la presa de San Calixto y el estudio de viabilidad del embalse de la Cerrada de la Puerta, en Jaén, un proyecto asociado a un gran impacto ambiental.
Al mismo tiempo, critica que los planes mantengan la creación de nuevos regadíos, como en el plan del Ebro, donde se recogen inversiones para este fin asignadas en su mayoría a los gobiernos autonómicos, de 975 millones de euros. Asimismo, califica de «claramente insuficientes» los caudales ecológicos para mantener el buen estado ecológico y precisa que, por ejemplo, en algunos casos como el río Ciurana, ni siquiera se ha establecido un caudal mínimo. «Las cifras que manejan son realmente irrisorias (20 o 30 litros/seg)», apunta.
No obstante, destaca que los planes incluyen «algunos elementos positivos» porque en algunos se ha abandonado la construcción de grandes infraestructuras y se ha hecho un esfuerzo por fijar caudales ambientales adecuados.
En todo caso, denuncia que en términos generales los planes siguen aplicando la «política tradicional del hormigón», así como el «desarrollismo», especialmente en lo referente a la creación de nuevos regadíos.
Para la organización, los planes hidrológicos –de aceptarse sus alegaciones– serían una «garantía de sostenibilidad» que cubrirían las demandas ambientales y el abastecimiento de las poblaciones.
