La Eurocámara ha reclamado este miércoles tanto a la UE como a sus estados miembro medidas concretas para defender los derechos de las mujeres y reducir las desigualdades de género en el bloque, empezando por la brecha salarial.
Los eurodiputados han aprobado por 500 votos a favor, 105 en contra y 87 abstenciones un informe no legislativo en el que dejan claro que la igualdad de retribución y trato son requisitos imprescindibles para conseguir la igualdad de derechos, la independencia económica y la realización profesional de las mujeres.
A la Eurocámara le preocupa la persistencia en la UE de la diferencia en salarios (los hombres cobran de media el 14,1 por ciento más) y en pensiones (el 29,5 por ciento más) así como la situación laboral a menudo más precaria de las mujeres.
En este sentido, el texto aprobado pide a los estados miembro que adopten medidas prácticas para garantizar un acceso igualitario al mercado laboral y al empleo, con el mismo sueldo e idénticos derechos laborales para hombres y mujeres. Para conseguirlo consideran necesario, entre otras cosas, sancionar a las empresas que no respetan la legislación laboral.
Por otra parte, los eurodiputados también han celebrado la propuesta de la Comisión Europea sobre medidas vinculantes de transparencia retributiva, pero subrayan que, por sí sola, la transparencia no será suficiente para corregir unas desigualdades de género profundamente arraigadas.
Asimismo, han instado a reforzar el apoyo a la maternidad y paternidad con mejores permisos, igualitarios y remunerados al 100 por ciento para que cualquiera, independientemente de su género, tenga derecho a trabajar y a conciliar su vida profesional y privada.
En este sentido, el texto propone modalidades flexibles de trabajo tras el permiso de maternidad, de paternidad y parental, y más inversiones en servicios de guardería locales y de calidad.
Los eurodiputados también han constatado que la violencia contra las mujeres ha aumentado durante la pandemia, por lo que piden a los estados miembro que tomen todas las medidas necesarias para que los maltratadores sean identificados y perseguidos por la Policía y subrayan la necesidad de contar con programas específicos para proteger y vigilar a las víctimas de violencia doméstica, así como de medidas para mejorar el acceso a la justicia y a la vivienda.
