El Defensor del Pueblo valenciano, Ángel Luna, ha replicado este viernes a la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, que le parece «inexplicable» que los directores de los siete centros de menores sobre los que abrió una investigación en enero no respondieran a su petición de información y tampoco comunicarán que Conselleria estaba homogeneizando los datos.
Así ha reaccionado a las explicaciones de la también portavoz de gobierno, en rueda de prensa tras el pleno del Consell, de que no impidió investigar al Síndic en los siete centros y solo trató de «facilitar su trabajo» al homogeneizar la información que le requirió. Oltra también criticó «falta de rigor» en algunas frases de la resolución, al tiempo que ha lamentado que se lancen «insidias o sospechas» y ha recalcado que «es más que bienvenido» a visitarlos.
En un comunicado, el defensor del pueblo puntualiza que «se solicitó el 13 de abril» el cuestionario dirigido «personalmente» a los directores de los centros para que informaran de las referencias detalladas del perfil de los menores atendidos y sus observaciones y opiniones particulares como responsables.
«Al no obtener ninguna respuesta –asegura–, se reiteró la petición con un nuevo requerimiento el 7 de mayo con la advertencia de que tenían el deber legal de prestar auxilio al Síndic».
Por tanto, le resulta inexplicable que «ninguno de los directores, advertidos de su obligación legal de colaborar, ni la propia Conselleria de Igualdad, comunicaran que se estaba procediendo a centralizar las respuestas y ‘homogeneizarlas’ mediante unos cuadros elaborados por la propia Conselleria, tal y como ha reconocido Mónica Oltra».
Luna subraya además que los directores de estos centros, gestionados por entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro, forman parte de empresas concesionarias de la administración y están «más que habituados a elaborar documentación administrativa, datos estadísticos y cuestionarios oficiales».
«INTERVENCIÓN SIN CONOCIMIENTO DEL SÍNDIC»
A su juicio, la consellera ha dejado claro que se ha producido una «intervención» en una investigación, puesto que decidió centralizar una respuesta a «unos cuestionarios enviados de forma personal e individual que se han modificado», algo que hizo «sin conocimiento del Síndic, tal y como consta en la resolución».
«La versión que ha ofrecido la vicepresidenta de lo sucedido, y que fue transmitida al Síndic por correo electrónico el 3 de septiembre, fue respondida por el defensor mediante escrito del 14 de septiembre, reiterando por tercera vez que esta institución quería una respuesta personal y directa por parte de los directores de los centros».
Por otra parte, ante la apreciación de Oltra de que las quejas de oficio duplican a las ciudadanas con un total de 58 desde 2016, el defensor defiende que este colectivo no acude directamente a la institución y tiene «la obligación de actuar en su defensa».
