Amnistía Internacional Castilla y León se reunirá este jueves con el Procurador del Común para entregarle el informe anual sobre Derechos Humanos y denunciar, a su juicio, la merma de los mismos registrada en las residencias de la Comunidad y en materia de Atención Primaria en el sistema sanitario.
Cristina Egido, presidenta de Amnistía Internacional Castilla y León, y Maribel Vidal, tesorera de Amnistía Internacional León, se reunirán con el Procurador del Común a iniciativa del grupo de activistas de esta organización en la capital leonesa.
Los principales motivos de este encuentro son presentar el Informe 2020/2021 Amnistía Internacional: La situación de los derechos humanos en el mundo, así como poner sobre la mesa las preocupaciones de la organización sobre la situación de los derechos humanos en Castilla y León.
En este sentido, se incidirá en dos de las áreas más afectadas en este momento en la Comunidad: las residencias de mayores y la atención primaria, «cuya situación suponen una grave falta para los derechos humanos de la población de nuestra Comunidad autónoma».
Durante el acto, se hará entrega de un documento en el que se recogen las recomendaciones que desde Amnistía Internacional Castilla y León se hace al Gobierno de la Comunidad en relación a los derechos humanos sobre asuntos como el cambio climático, la necesidad de nuevas leyes de vivienda y transparencia o el enfoque de derechos humanos en la atención a las personas con discapacidad.
Además, se incidirá especialmente en la necesidad de garantizar los derechos de las personas en residencias de mayores y en el derecho a una Atención Primaria y a la salud, temas sobre los que ya se entregó con anterioridad documentos independientes con recomendaciones sobre cómo actuar.
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
Desde Amnistía Internacional Castilla y León también se ha pedido desde el inicio de la pandemia la puesta en marcha de una comisión de investigación, exhaustiva y veraz, sobre lo ocurrido en las residencias de mayores.
A su juicio, hay que aclarar por qué «muchas de las personas residentes vieron denegada la solicitud de acceso a los servicios de urgencias e ingresos hospitalarios. La población más vulnerable, al no ser hospitalizada, fue relegada al cuidado del personal de las residencias, obligadas a mantener alojados a pacientes positivos con pronóstico muy grave, pese a no tener ni la responsabilidad ni los medios ni conocimientos para atender sus necesidades médicas», denuncia Cristina Egido.
A ello suman la precariedad de los profesionales, puesto que en las residencias de Castilla y León «faltaron medios de protección individual: al inicio de la pandemia el 74% de las residencias no contaba con reservas suficientes. Hubo centros que no pudieron cumplir la obligación de disponer de medios de protección por las dificultades de adquisición en los primeros meses de la crisis», continúa la presidenta de Amnistía Internacional Castilla y León.
Asimismo considerian que la situación de la Atención Primaria es «crítica, lo que supone una merma del derecho a la salud de la población castellanoleonesa», en referencia a que al inicio de la pandemia se cerraron centros de salud y consultorios locales y el modelo de asistencia sanitaria presencial se transformó en un modelo de atención telefónica con la finalidad de prevenir contagios en los centros de salud.
Sin embargo, «esta transición se produjo de manera brusca y sin los necesarios adelantos tecnológicos, en un contexto de gran presión asistencial y sin medidas de refuerzo suficientes, tanto en términos de recursos materiales como humanos, que garantizaran el acceso a la Atención Primaria de las personas».
