Si pensabas que el caso Leire se limitaba a una exmilitante del PSOE, la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz le da un vuelco inesperado. Este 29 de junio, el magistrado ha citado como investigada a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, y a otras 24 personas, en una pieza que ya suma 25 imputados por presuntos amaños en contratos públicos y cobro de comisiones irregulares.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 8/10. La credibilidad de los rescates con dinero público queda tocada: se investiga el destino de 112,8 millones de euros de ayuda temporal a una empresa estratégica y el papel de altos cargos de un organismo que gestiona participaciones estatales.
Quién es quién en esta nueva fase del caso
La providencia de Pedraz, a la que ha tenido acceso Europa Press, responde a la petición de la Fiscalía Anticorrupción. Entre los nuevos investigados figuran el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga, el CEO de Tubos Reunidos Carlos López de las Heras y el fundador de Forestalia Fernando Samper. Pero la incorporación de Belén Gualda es la que más sacude el tablero institucional. La presidenta de la SEPI habría firmado la elevación al Consejo Gestor del FASEE —el fondo de apoyo a empresas estratégicas creado durante la pandemia— de la propuesta del rescate de Tubos Reunidos, y constan reuniones “a nivel político” para agilizar la tramitación.
El informe fiscal detalla que el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, ya imputado, compartió en el grupo ‘Hirurok’ un cronograma del rescate que contaba con los informes favorables de todas las unidades del SEPI, de asesores externos y del Ministerio de Industria. En ese documento se reflejaba el “compromiso” de Gualda con el entonces CEO de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, para sacar adelante la operación. La investigación ha dado el salto de un reducido núcleo inicial a una trama que salpica a la cúpula del holding público industrial.
Las comisiones y el rescate de Tubos Reunidos: 112,8 millones bajo sospecha
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa el origen del caso en cinco operativas bajo sospecha, vinculadas a Mercasa, Enusa, Parque Empresarial Principado de Asturias y Forestalia, todas en la órbita de la SEPI. La más cuantiosa es la ayuda temporal de 112,8 millones de euros a Tubos Reunidos, la empresa vasca fabricante de tubos de acero sin soldadura. Los investigadores sospechan que Leire Díez, Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso habrían cobrado comisiones por valor de 700.000 euros a cambio de orientar procedimientos administrativos.
El juez Pedraz sitúa al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en un plano jerárquico superior dentro del grupo ‘Hirurok’. Según el instructor, Cerdán y Díez aprovechaban “sus capacidades para orientar procedimientos administrativos y obtener de ello rédito económico”. La UCO constató una reunión entre Fernández y el expresidente del PNV, Andoni Ortúzar, para hablar del rescate. La presencia del PNV en el relato añade una dimensión política que trasciende la mera irregularidad administrativa.
El precedente de otros rescates con sombras y las preguntas pendientes
No es la primera vez que un rescate público acaba en los tribunales. El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dotado con 10.000 millones de euros para paliar los efectos de la Covid, ya generó controversia con las ayudas a Air Europa o Plus Ultra. Sin embargo, en el ‘caso Leire’ la fiscalía sostiene que existió una estructura estable —el grupo ‘Hirurok’— para repartirse comisiones a cambio de acelerar o facilitar los expedientes. La defensa de los investigados puede alegar que los informes favorables eran preceptivos y que las reuniones entre altos cargos no son ilegales. Pero la UCO ha encontrado indicios de un trato de favor que compromete la objetividad que debe regir la concesión de ayudas públicas.
Las próximas semanas marcarán el ritmo del proceso. Tras las citaciones, los investigados declararán ante Pedraz y podrían adoptarse medidas cautelares. Mientras, la SEPI ha quedado bajo los focos y el Gobierno deberá aclarar si mantiene la confianza en su presidenta. La credibilidad de los mecanismos de rescate de empresas estratégicas está en juego, justo cuando la economía europea vuelve a exigir intervenciones rápidas.
La investigación pasó de afectar a una exmilitante del PSOE a implicar a la cúpula de la SEPI en apenas seis meses.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El juez Pedraz ha citado como investigada a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, junto a otras 24 personas, por presuntos amaños en contratos públicos y cobro de comisiones.
- Por qué te importa: Se investiga el uso de ayudas millonarias procedentes de los impuestos; el caso pone bajo sospecha la gestión de los rescates a empresas estratégicas.
- A quién afecta: Altos cargos de la SEPI, ex directivos de Tubos Reunidos, Enusa, Forestalia, y los investigados del grupo ‘Hirurok’, entre ellos Santos Cerdán.
- Hacia dónde vamos: Próximas citaciones judiciales y posible adopción de medidas cautelares; presión política sobre la continuidad de Gualda al frente de la SEPI.
