La diputada de la CUP en el Parlament Laia Estrada ha aplaudido la estrategia de la Generalitat de crear un fondo de 10 millones de euros para cubrir las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas a decenas de cargos y excargos de la Generalitat.
«La Generalitat siempre debe estar al lado de la gente represaliada por defender los derechos del pueblo catalán», ha defendido Estrada en rueda de prensa este martes en el Parlament, y ha calificado de correcta esta medida.
También ha pedido que no haya «represaliadas de primera y de segunda» y que la Generalitat no se persone como acusación particular contra independentistas, que ha dicho que es una asignatura pendiente del Govern.
La diputada anticapitalista también ha apoyado el cierre del ocio nocturno que ha anunciado el Govern tras el repunte de casos de coronavirus, pero considera que «esta no debe ser la única de las medidas».
Ha exigido que haya un refuerzo de personal y de infraestructuras de la atención primaria, que se contraten más rastreadores Covid, que se haga un testeo masivo a la población y que las modificaciones de los protocolos sean «en base a criterios sanitarios y no en base a la falta de recursos».
ELÉCTRICA PÚBLICA
La diputada ‘cupaire’ ha explicado que llevarán al pleno de esta semana en el Parlament la propuesta de crear una eléctrica pública, en contraposición al «modelo de oligopolios energéticos, que son el peor ejemplo, junto con los bancos, de puertas giratorias y de entramado del Estado español», les ha acusado de vulnerar los derechos sociales.
También ha criticado el decreto del Gobierno de este lunes acordado con CC.OO y UGT sobre la temporalidad en el sector público, porque «en ningún caso soluciona los problemas de los interinos» y no cumple, según Estrada, con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Ha sostenido que este «decretazo abre la puerta al despido masivo y es la antesala de las privatizaciones», y ha reclamado que el Parlament apruebe una ley para reconocer la estabilidad de estos trabajadores, para lo que ha pedido a ERC y Junts que defiendan la soberanía de la Cámara catalana y digan ‘no’ al decreto del Gobierno.
Preguntada por si puede haber un conflicto competencial con el Estado a raíz de esta ley, Estrada ha defendido que «tiene todo el sentido del mundo que el Parlament dé cumplimiento a sentencias del TJUE, que es de rango superior al estatal».
Para Estrada, no hay un conflicto competencial, pero de haberlo, ha apostado por poner en marcha una «confrontación estratégica, no solo por la independencia sino también para defender derechos sociales y laborales».
