El ex gerente de Podemos dice al juez de ‘Neurona’ que aprobó pluses salariales

El ex gerente de Podemos Pablo Manuel Fernández Alarcón ha declarado este viernes ante el juez del caso ‘Neurona’ que durante su etapa en el cargo aprobó complementos salariales de forma puntual, valorando circunstancias personales de los trabajadores, una cuestión clave ya que una de las líneas de investigación consiste en determinar si su sucesora, Rocío Esther Val, podía acordar esos pluses, que se otorgó a sí misma y a otros compañeros.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid ha citado a Fernández Alarcón al reabrir la investigación por un presunto delito de administración desleal imputado a Val por implementar dichos pluses, a los que el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente se refirió en su denuncia –de la que partió el caso ‘Neurona’– como posibles sobresueldos.

Calvente puso la lupa en los dos complementos que cobraban Val y el tesorero, Daniel de Frutos, –uno por Coordinación, de 210,32 euros, y otro por Coordinación Ejecutiva, de 400 euros– y en el de Responsabilidad Personal (otros 210,32 euros) que recibía la abogada Marta Flor, así como en los reembolsos que habrían recibido en una media de 300 euros mensuales la gerente y De Frutos en concepto de gastos por desplazamiento.

«Sobre el tema de los salarios, lo que ha dicho este hombre, es que él ha implementado los complementos que tenía que hacer mientras fue gerente. Ha hablado de casos particulares, que por circunstancias familiares o circunstancias de penuria de algún empleado él decidió incrementar sueldos y reconocer complementos», ha dicho el abogado de Val, Padua Ortiz de Mendivil, en declaraciones a la prensa a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla.

De acuerdo con este letrado, Fernández Alarcón ha descrito el cargo de gerente como el máximo responsable de Recursos Humanos de Podemos explicando que, como tal, quedaba en sus manos la decisión de conceder esas subidas de sueldo. De hecho, preguntado directamente por ello, el ex dirigente ‘morado’ ha contestado que él no pedía autorización para aprobarlas. Así, no ha puesto en duda que Val pudiera proceder de la misma manera.

«Ha habido una respuesta tajante por parte de Fernández Alarcón: ‘No conozco ninguna norma que me impidiera poner los complementos salariales que quisiera poner, no conozco ninguna norma que me lo impidiera'», ha apostillado, por su parte, el abogado de Podemos, Gorka Vellé, citando textualmente al testigo, también en declaraciones a los medios de comunicación.

VOX APUNTA A «CONTRADICCIONES»

En cambio, la abogada y vicesecretaria jurídica de de Vox, Marta Castro, ha considerado que Fernández Alarcón ha incurrido en «contradicciones» por cuanto, si bien ha señalado que en casos concretos podían aprobarse esos complementos salariales, al mismo tiempo habría dicho que, conforme a los estatutos del partido, quien los puede acordar es el Consejo de Coordinación.

«Está muy claro lo que dicen lo estatutos (…) y, como en cualquier empresa, se tienen que seguir unos protocolos», ha subrayado Castro, recalcando que la interpretación propia que ha ofrecido el ex gerente sobre la normativa interna de Podemos «en documentos legales no ha lugar». En consecuencia, para Vox, «está claro que los complementos que dice Rocío Val que se autoaprobó para ella no tenía competencia para hacerlo».

Castro ha reprochado a Fernández Alarcón que ha dado respuestas «bastante evasivas», «sin querer perjudicar al partido». Según fuentes jurídicas, se ha limitado a hablar sobre los hechos que conoció como gerente, cargo que ostentó hasta principios de 2019. La abogada de Vox ha destacado que ese fue precisamente el periodo de «máxima actividad» de Podemos, por lo que –a su juicio– «no cuadra» que no tuviera conocimiento de ciertos asuntos.

SE DESMARCA DEL DENUNCIANTE DEL CASO

Otro de los ejes de la comparecencia ha sido intentar averiguar si Fernández Alarcón fue una de las personas que comunicó a Calvente y la a ex jefa de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona las presuntas irregularidades que denunciaron, el primero en una denuncia formal y la segunda a través de sucesivas declaraciones, dando forma al caso ‘Neurona’.

Fuentes presentes en la comparecencia han indicado que el ex gerente ha negado que hablara con Calvente y Carmona, cuando los tres trabajaban en Podemos, para ponerles sobre la pista de esas supuestas ilegalidades, añadiendo además que, en el caso de que hubiera tenido conocimiento de las mismas, habría denunciado directamente, sin acudir antes al abogado y la jefa de ‘compliance’.

«Ha negado tajantemente que hubiera conocido que estuvieran haciendo algún tipo de irregularidad, ha negado básicamente todos los hechos que Calvente exponía en su denuncia», ha aseverado el abogado de Podemos. «No ha dejado matiz alguno», ha recalcado, para precisar que Fernández Alarcón ha manifestado que «en absoluto le dijo que Neurona era una irregularidad». Al parecer, ha testificado que no llegó a ver el contrato con la consultora política.

Ese contrato firmado por Podemos y Neurona por 363.000 euros para las elecciones generales de 2019 es el epicentro de la causa, ya que el juez Juan José Escalonilla sospecha que pudo ser un contrato simulado, es decir, que la empresa no hizo trabajo alguno para el partido, con la finalidad de desviar dinero de las cuentas ‘moradas’.

MONEDERO Y LOS 26.000 EUROS

Sin embargo, hay otras líneas de investigación. El juez indaga también en la factura de 26.000 euros que el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero cobró de la matriz mexicana de Neurona para determinar si fue una comisión por poner en contacto al partido y la empresa para ese contrato electoral, algo que el ex dirigente ‘morado’ negó en su declaración ante Escalonilla el pasado 15 de marzo.

Sobre este punto, Fernández Alarcón ha aclarado que nunca le dijo a Calvente que Monedero hubiera ejercido de comisionista en ese negocio, contradiciendo de esta forma lo que el ex abogado de Podemos declaró ante el juez en la fase inicial de la instrucción. Tras ello, la defensa del profesor universitario ha pedido a Escalonilla que abriera otro caso para investigar al denunciante por falso testimonio, a lo que el instructor se ha negado en este momento procesal.

Fernández Alarcón habría desmentido igualmente que le dijera a Calvente: «José Manuel, están metiendo la mano en la caja y eso no lo podemos permitir», frase con la que, según el testimonio del denunciante, le habría querido alertar sobre un presunto desvío de fondos a través de las donaciones realizadas por la Casa de Solidaridad a organizaciones y movimientos populares afines al partido.

De acuerdo con el abogado de Podemos, el ex gerente ha comentado que «no era la relación que tenía con Calvente como para llegar a ese tipo de expresiones». «No es que no lo recordara, es que niega tajantemente que lo dijera», ha enfatizado.

Con todo, Vellé estima que «hoy ha sido un día clave» porque Fernández Alarcón se habría desmarcado de las versiones de Calvente y Carmona, lo que abocaría al archivo del caso. Vox, por contra, cree que el juez tendrá que requerir al ex gerente «mucha más documentación» de la que ya consta en la causa para «corroborar la versión de los denunciantes o de Podemos».