Si resides en Cataluña y tienes hijos en edad escolar, la decisión que acaba de tomar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) te toca directamente. El tribunal de Estrasburgo ha avalado un mínimo del 25 % de clases en castellano al inadmitir una demanda contra la enseñanza bilingüe en un centro de Canet de Mar. Miles de familias que llevaban años pidiendo más español en las aulas ven por fin un respaldo internacional.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 9/10. La decisión afecta a cientos de miles de alumnos en una comunidad autónoma de 7,7 millones de habitantes, y el debate lingüístico trasciende lo educativo para convertirse en un eje de tensión política. El fallo no obliga directamente al Govern, pero da munición a quienes exigen cambios inmediatos.
Qué ha dicho el TEDH y por qué es relevante
El caso llegó a Estrasburgo después de que un juez español obligara a la escuela Turó del Drac a impartir una asignatura en castellano, cumpliendo así la cuota del 25 % que fijó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en 2020. Un grupo de padres y Òmnium Cultural recurrieron alegando que la medida vulneraba el modelo de inmersión linguística (sic) en catalán. Por unanimidad, el TEDH ha inadmitido la demanda.
En su escrito, los jueces subrayan que “recibir una educación en la lengua estatal es crucial para facilitar la igualdad de acceso al sistema educativo”. Además, recuerdan que Cataluña es una región bilingüe donde el español y el catalán comparten oficialidad, y que prohibir el castellano como lengua vehicular “privaría a los ciudadanos de su derecho a recibir educación en la lengua nacional”.
A quién beneficia y por qué la división no se cierra
Las familias castellanohablantes que residen en Cataluña son las primeras señaladas. La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha calificado el paso del TEDH como “un nuevo fracaso para quienes afirman que la inmersión es un modelo de éxito avalado por Europa”. Mientras, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, insiste en que el pronunciamiento no es una sentencia y no analiza el fondo del sistema educativo catalán.
El Govern de Salvador Illa no moverá ficha hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie. La ley catalana de 2022 —pactada por ERC, Junts, el PSC y los comunes— diseñó un modelo que evita aplicar el 25 % de español en todas las escuelas, y el decreto de Pere Aragonès de 2023 reforzó esa línea. Ese blindaje normativo es lo que está pendiente de revisión constitucional.
El largo conflicto judicial: del TSJC al Constitucional
Para entender la dimensión de lo ocurrido hay que remontarse a 2020. Aquel año el TSJC ordenó que todas las escuelas impartieran al menos el 25 % de las clases en castellano. En lugar de ejecutar la sentencia, el Parlament aprobó una ley que deja en manos de cada centro la fijación de los porcentajes, amparándose en la “realidad sociolingüística” de cada zona. Esa norma, más el decreto de Aragonès, están ahora en el punto de mira del Constitucional.
La decisión de Estrasburgo refuerza a quienes defienden el bilingüismo, pero no tumba por sí sola el modelo de inmersión. Los partidarios de la lengua catalana como eje vertebrador insisten en que la norma emana del 85 % del Parlament y representa la voluntad de la cámara autonómica. El TEDH, sin embargo, ha dejado claro que la inmersión exclusiva perjudicó a las familias españolas y que la adaptación realizada en Canet —con una sola materia en español— logra un “equilibrio adecuado”.
El fallo no anula la inmersión, pero deja en evidencia que el sistema actual no protege por igual los derechos lingüísticos de todos los alumnos.
Ahora la pelota está en el tejado del Tribunal Constitucional. Si anula la ley de 2022, decenas de miles de familias podrían ver cómo los colegios recuperan la cuota mínima del 25 % de castellano de manera generalizada. El Govern ya ha advertido de que no tomará medidas hasta que ese dictamen sea firme, por lo que los próximos meses serán de espera tensa para padres, docentes y partidos políticos.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El TEDH avala un mínimo del 25 % de castellano al inadmitir una demanda de Òmnium Cultural contra la enseñanza bilingüe en una escuela de Canet.
- Por qué te importa: La decisión refuerza el derecho a recibir clases en español y puede acelerar cambios en el modelo de inmersión si el TC la secunda.
- A quién afecta: A las familias castellanohablantes de Cataluña y a todo el sistema educativo de la comunidad, con más de un millón de alumnos.
- Hacia dónde vamos: El Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre la ley catalana de 2022; hasta entonces el Govern mantendrá el modelo actual.
