Entidades sociales piden modificar el Reglamento de Extranjería

Veinticuatro entidades sociales se han unido para reclamar la modificación del Reglamento de Extranjería para que se garantice los derechos de los menores migrantes que llegan a España de forma irregular.

Lo han hecho a través del marco del trámite de consulta pública abierto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a principios de febrero, y que tiene como fin facilitar a todos los niños y niñas su transición a la vida adulta.

El documento presentado por las entidades, se centra en los artículos relativos a la identificación, documentación, tramitación y renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo de los niños que han llegado solos al país y que han estado bajo la tutela de las ciudades y comunidades autónomas.

Además, se incluyen varias Disposiciones Transitorias para la aplicación retroactiva del Reglamento, con el objetivo de documentar a todos los jóvenes que, si bien fueron menores de edad desde el 1 de enero de 2018 hasta la actualidad, no accedieron a su documentación a pesar de tener derecho a ello, lo que les sitúa en situación de exclusión social.

RECLAMACIONES

El objetivo, explican las organizaciones, es que los menores sean considerados regulares a todos los efectos aún sin disponer de tarjeta de residencia; que cuenten automáticamente con autorización de residencia y trabajo a partir de los 16 años; y que se les dé una autorización de residencia y trabajo desde su ingreso en el sistema de protección, siempre que hayan alcanzado la edad laboral, y hasta los 18 años, eliminando la vigencia inicial de 1 año.

En caso de que hayan accedido a ese derecho habiendo alcanzando los 17 años, su residencia inicial tendrá vigencia de mínimo 1 año, recoge el documento.

Del mismo modo, proponen que únicamente sean considerados indocumentados aquellos menores de edad que no dispongan de pasaporte o documento que acredite su edad e identidad. Y, en caso de no poder ser documentados a través de sus países de origen, sean documentados con cédula de inscripción tramitada de oficio.

También quieren que se renueve su autorización de residencia y trabajo si cumplen con uno de los siguientes requisitos: acreditación de su incorporación real o potencial al mercado de trabajo; informe positivo de la entidad de tutela o informe de esfuerzo de integración. Con vigencia de 2 años como todas las residencias renovadas, explican.

Acceder a la autorización de residencia de larga duración tras haber estado 2 años bajo la tutela de la Administración; que puedan solicitar la emisión de una tarjeta de residencia y trabajo que reconozca su antigüedad de residencia legal; y que estas iniciativas se apliquen a los jóvenes que, si bien fueron menores de edad en algún momento desde el 1 de enero de 2018, no accedieron a la autorización de residencia, son otras de las propuestas que reclaman.

Desde las entidades denuncian que el Reglamento actual «multiplica trámites administrativos, diluye responsabilidades entre las distintas administraciones y no proporciona respuestas ágiles y eficaces a las necesidades reales de estos niños».