La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha alertado este jueves de que está «en riesgo» el procedimiento electoral después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya acordado mantener de forma cautelar la convocatoria de elecciones al Parlament para el 14 de febrero, después de recibir los argumentos de la Fiscalía y la Generalitat.
Así lo ha manifestado en una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat, que se ha hecho de forma telemática y sin preguntas, acompañada por el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y por el conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé, al que el TSJC ha condenado también este mismo jueves por un delito de desobediencia grave el 1-O a un año de inhabilitación y a una multa de 16.800 euros.
Para Budó, la decisión del TSJC sobre las elecciones pone «en riesgo no sólo la salud de los votantes, sino también el procedimiento electoral al quedar alterados los procedimientos reglados».
Así, ha lamentado que el tribunal suspenda el aplazamiento electoral hasta el 30 de mayo teniendo en cuenta que fue una decisión fruto «de la mayoría de los partidos», y pese a ello ha recalcado que el Govern estará a la altura del momento y de los ciudadanos.
El derecho a votar y respetar el resultado y los procedimientos está hoy también en cuestión», ha apuntado Budó, tras asegurar que se ha evidenciado un clamor en otros sociedades democráticas del mundo a la hora de pedir que se respete la voluntad de la gente expresada en las urnas.
En relación al fallo del TSJC sobre Solé por el 1-O, ha reprochado que se intente privar al conseller de su cargo público «legítimo y democrático y de su derecho a la participación política».
RECUERDA A TORRA
«No es la primera vez que pasa. Hace un año, el presidente Quim Torra sufrió la misma represión por defender un derechos fundamental como es la libertad de expresión», ha sostenido la también consellera de Presidencia.
Tras reivindicar que en democracia los presidentes y los consellers los ponen los ciudadanos, ha lamentado «la doble injerencia externa» de los tribunales en la vida política de Cataluña y ha añadido que no están dispuestos a normalizar esta situación.
«No aceptamos estas sentencias injustas, y seguiremos adelante con todos los mecanismos políticos y jurídicos que tengamos para combatirlas. Y nos fortalecemos porque, ante tanta injusticia, nuestras convicciones se reafirman más que nunca», ha zanjado.
