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Fiscalía confirma la petición de 488 años de cárcel para ‘Anboto’

El juicio que se ha celebrado en la Audiencia Nacional contra la exjefa de ETA María Soledad Iparragirre, alias ‘Anboto’ o ‘Marisol’, por el intento de atentado con coche bomba en 1985 en las inmediaciones del estadio de Mendizorroza (Vitoria) ha quedado visto para sentencia, y el Ministerio Fiscal mantiene su petición de 488 años de prisión.

Este es el tercer juicio al que se enfrenta desde que fue entregada por Francia el año pasado, y la Fiscalía ha elevado a definitivas sus conclusiones con una leve modificación al eliminar el agravante de reincidencia dado que entonces no contaba con antecedentes. La considera así autora de 20 delitos de asesinato en grado de frustración con concurrencia de alevosía, un delito complejo de atentado a agentes de la autoridad en grado de frustración y un delito de estragos en grado de frustración.

Según el escrito del Ministerio Público, ‘Anboto’ colocó en mayo de 1985 un coche bomba en las inmediaciones del polideportivo de Mendizorroza, en Vitoria, con el objetivo de acabar con la vida de los policías nacionales –al menos 21– que iban a prestar servicios de vigilancia con motivo de un encuentro deportivo.

En su informe final, el fiscal ha apuntado que si bien marca la cifra en 21 asesinatos en grado de frustración, y dado que “la pena es estratosférica” deja a criterio de la sala que pueda modificar este número puesto que los funcionarios policiales que han declarado sobre ese intento de atentado han dado versiones no coincidentes sobre el número de agentes que podrían haberse visto afectados en el caso de que hubiera detonado el coche bomba. Aunque ha reseñado que como mínimo hubo 14 policías en el retén que pudo verse afectado.

‘Anboto’, que ha hecho uso de la última palabra durante 15 minutos aproximadamente, se ha vuelto a quejar del trato que recibe en la cárcel porque sigue en primer grado y ha denunciado que sobre esta causa pesa una clave que es la tortura. “Se levanta una enorme ‘T’ en esta sala, de tabú, de tótem, de tortura. Giramos alrededor de ese tótem, de ese tabú sin querer entrar al saco por una vez”, ha dicho.

Su defensa, que ha solicitado la libre absolución al entender que no existe prueba de cargo válida o suficiente para enervar la presunción de inocencia, también ha apuntalado la tesis de la tortura al entender que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hicieron uso de ella en los interrogatorios a los detenidos por este caso, y ha incidido en que fue posible por la dejación de funciones del Ministerio Fiscal y de los juzgados de instrucción.

Y ha añadido que a pesar del que el Ministerio Fiscal en la vista ha señalado que lo que tiene validez es la declaración en sede judicial ante el instructor, no debe olvidar que esa comparecencia va “ligada” al interrogatorio anterior en comisaría.

Ante esto, el fiscal ha sostenido que todas las declaraciones se realizaron con asistencia de letrado, y ha apuntado que a pesar de que se haga hincapié en que las confesiones de algunos, como el etarra José Ignacio Gaztañaga, se hubieran realizado bajo malos tratos, “en la causa no hay dato alguno de maltrato en la toma de declaraciones”.

ANBOTO, ANGELINES, SOLE O SOLEDAD

Por otro lado la defensa de Iparragirre ha puesto el foco durante su informe en la “ensalada” de sobrenombres que se han citado durante las declaraciones para referirse a su patrocinada, y ha apuntado que dado que se le ha nombrado como ‘Sole’, ‘Soledad’ o ‘Angelines’, le extraña que en juicios anteriores se hubiera insistido en si era ‘Anboto’. “¿Sus colaboradores le conocen con nombres diferentes? Desde un punto de vista operativo es raro”, ha explicado, tratando de desacreditar la tesis de que Iparragirre fuera conocida como Angelines en el 85.

Sobre esto, la Fiscalía considera acreditado que de las distintas declaraciones se infiera que la persona que condujo el coche bomba hasta el estadio era Soledad Iparragirre.

La defensa de la etarra ha atacado también el valor de las huellas dactilares que se encontraron en el volante y el cenicero del 124 rojo –el coche bomba– alegando que parece “un poco raro” que el cotejo haya dado negativo en anteriores comprobaciones, y en cambio en 2019 resulten coincidentes. Ha subrayado al respecto que se desconoce la cadena de custodia y que no hay fotos en el informe pericial realizado.

Pero el Ministerio Fiscal, dado que durante la sesión del miércoles ya quedó claro que la estrategia de la defensa era desacreditar la obtención de esas coincidencias en las huellas, ha tratado de desarmar lo que ha calificado de “teoría conspiranoica”. Según ha indicado, el hecho de que por fin se haya podido saber que las huellas del volante, hasta ahora anónimas, corresponden a Iparragirre se debe a su propia iniciativa, dado que pidió un nuevo cotejo.

“Las huellas dejaron de ser anónimas, no es conspiración, sino que había fotografías y negativos –de ellas– que no se habían digitalizado, y esa prueba podía haber seguido ‘dormida’ y pasar desapercibida”, ha explicado.

ANBOTO TUVO MIEDO DE SER DEPORTADA A TOGO

Iparragirre, tras los informes de la defensa, ha vuelto a negar que en 1985 se encontrara en Vitoria dado que residía en Iparralde –Francia– donde intentaba rehacer su vida “en un escenario difícil” en el que había atentados y secuestros por parte de los gal. Y ha llegado a explicar que la inestabilidad administrativa que tenía era total, y que vivía con miedo a que la detuvieran y fuera puesta en la frontera con España o incluso que la deportaran Togo.

De forma recurrente ha incidido una y otra vez sobre la idea de que fue torturada por la policía, y ha vuelto a lamentar que se encuentre “en el punto cero” del primer grado penitenciario. “Para salir me piden condiciones que a otros no se les pide”, ha indicado, para añadir acto seguido que ella reconoce el dolor de las victimas, aboga por las vías pacíficas y acepta las condiciones penitenciarias, pero a cambio de eso no le dejan “avanzar”.

También se ha quejado de que la prescripción de delitos no sirva para “los de ETA” o para los que quieren “la independencia del País Vasco”, mientras que en casos como el del expolicía acusado de torturas durante el franquismo Juan Antonio González Pacheco, ‘Billy el Niño’, si se aplicó cuando la jueza argentina María Servini quiso procesarle.

Al hilo, ha abogado por que se haga un “esfuerzo judicial (…) para terminar con esto de una manera humana, para que no se repita, para que no haya humillaciones” y que no se deje sus hijos “otra mochila”.