El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha reiterado este lunes en rueda de prensa que «el nuevo recorte» que ha sufrido el trasvase Tajo-Segura obedece a una «decisión arbitraria» de la ministra para la Transacción Ecológica, Teresa Ribera, y ha asegurado que la institución provincial ha sido la «única» de la Comunitat Valenciana que ha alegado a los planes hidrológicos del Gobierno Central. «Es lamentable la posición de la ministra Ribera y del Consell», ha asegurado Mazón, quien ha acusado a la Generalitat de «no hacer nada» y solo defender el trasvase cuando visita la vega Baja.
Los ‘populares’ han denunciado estos últimos días que la Comisión Central de Explotación de este trasvase ha autorizado la llegada de 13 hectómetros cúbicos para el mes de noviembre «pese a que la situación de la cabecera del Tajo permite autorizar hasta 20 hm3». «Hemos alegado con respuestas serias, científicas y académicas que aportan rigor a nuestra posición», ha indicado Mazón.
«Un mes más, y hemos perdido la cuenta, de los que la ministra Ribera se salta el criterio de la Comisión de Explotación de manera arbitraria y rebaja ostensiblemente las cantidades a trasvasar», ha señalado el presidente de la Diputación. A su juicio, «parece que nos van a pedir ya directamente que renunciemos al trasvase, y eso no va a ocurrir».
En la misma línea, ha tildado la posición del Consell de «lamentable» y ha acusado a la Generalitat de «no hacer nada» al respecto de «los problemas que están sufriendo los regantes» con esta situación. «Parece mentira que el Consell diga que el trasvase es irrenunciable pero luego no se haga nada, es una actuación muy lamentable, tanto por parte de la ministra Ribera como por parte de la Generalitat, que solo defiende el trasvase cuando viene por la Vega Baja», ha añadido.
En este sentido, la vicepresidenta provincial y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, reclamó al Consell este pasado fin de semana que, como administración competente, «interponga un recurso contra este acuerdo que nos parece absolutamente arbitrario y contrario a los derechos e intereses de la provincia de Alicante y, por tanto, de la Comunitat Valenciana».
