El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) emitirá este martes su sentencia sobre el caso de los seis brigadistas que fallecieron en 2011 al estrellarse el helicóptero en el que se dirigían a apagar un pequeño incendio declarado entre las localidades de Villel y Cascante del Río, en Teruel.
El caso llega a la corte de Estrasburgo por una denuncia presentada por la mujer de uno de los fallecidos, Rosa Gracia González, por una supuesta vulneración de su derecho a un juicio justo en base al artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, según el cual «toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial».
Los hechos se remontan al 19 de marzo de 2011, cuando el helicóptero en el que se desplazaban los seis miembros de la brigada de extinción de incendios del Gobierno de Aragón –un piloto, un agente forestal y cuatro brigadistas– se desplomó en un paraje ubicado entre Villastar y Cubla, acabando con la vida de todos ellos.
Ese mismo día se pusieron en marcha una investigación técnica de Aviación Civil y una investigación judicial para determinar la posible responsabilidad criminal. En marzo de 2014, las autoridades aéreas concluyeron que había un vínculo directo entre el siniestro y un fallo a la hora de inspeccionar uno de los componentes del helicóptero, el actuador eléctrico.
En agosto de ese mismo año, el juez instructor decidió archivar el caso al no apreciar indicios de delito, pero meses después, en diciembre, lo reabrió a raíz de un recurso presentado por la Asociación de Pilotos Comerciales de Aviación Civil y dirigió sus actuaciones contra el fabricante y el suministrador del componente que había fallado. La asociación presentó un segundo recurso para que se investigara también al propietario y al operador del helicóptero.
El asunto se elevó entonces a la Audiencia Provincial, que rechazó este segundo recurso siguiendo las indicaciones de la Fiscalía, según la cual las autoridades aéreas no habían aportado nuevas evidencias que justificaran reabrir la causa.
Gracia González presentó varios recursos contra el cierre del caso, alegando que no había tenido la oportunidad de rebatir al Ministerio Público, pero todos fueron infructuosos, por lo que decidió continuar la batalla judicial en el TEDH para conseguir que la investigación penal se reabra.
