El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha concedido este jueves el tercer grado al expresidente de Bankia Rodrigo Rato bajo control telemático, dos días después de conocer la sentencia que le absuelve por la salida a Bolsa de la entidad bancaria que dirigió.
En un auto, el magistrado José Luis Castro señala que la propia Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Soto del Real ha propuesto por mayoría su progresión al tercer grado, al entender que está capacitado para seguir cumpliendo su condena en un régimen de semilibertad. Para ello, se basa en los informes emitidos por los profesiones del equipo técnico del centro penitenciario.
El que fuera vicepresidente económico en el Gobierno de José María Aznar entró en prisión en octubre de 2018 cuando el Tribunal Supremo confirmó la condena impuesta por la Audiencia Nacional a cuatro años y medio por el caso de las tarjetas ‘black’ de la extinta Caja Madrid, siendo el único de los condenados que aún continúa en el centro penitenciario.
Al haber cumplido ya una cuarta parte de la condena, el pasado mes de abril la junta de tratamiento de la prisión de Soto del Real propuso concederle el tercer grado, si bien un mes más tarde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, rechazó la progresión de grado, entre otros motivos, porque aún tenía pendiente dos procedimientos judiciales.
Uno de ellos era la sentencia de la Audiencia Nacional la salida a Bolsa de Bankia en 2011 que se conoció este martes y que absuelve a los 34 acusados. El juez Castro afirma en su auto que es «razonable» haber esperado a conocer esta resolución debido a las «elevadas penas» (ocho años y medio de cárcel) que la Fiscalía solicitaba contra él por los delitos de falsedad contable y estafa a inversoras.
«FACTORES POSITIVOS» PARA CONCEDER EL TERCER GRADO
Pero una vez conocida la sentencia y teniendo en cuenta «factores positivos» de Rato como interno en el centro penitenciario, el juez de Vigilancia Penitenciaria entiende que se debe conceder el tercer grado.
Para ello, ha valorado que la mitad de la pena se cumplirá en enero de 2021; que los permisos penitenciarios que el expresidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) no han tenido «incidencia negativa alguna»; y que el «pronóstico» de reincidencia delictiva es «baja» en atención a su actividad profesional y la edad (71 años).
A ello suma que Rato ha asumido la responsabilidad pecuniaria derivada de su condena por las ‘tarjetas black’, ya que abonó la multa como la responsabilidad civil directa y subsidiaria. Así, entiende que ha cumplido con la exigencia legal de reparación del daño establecido para los delitos económicos, ya que, en este caso, para la concesión grado no solo basta con el buen comportamiento en prisión o durante los permisos penitenciarios, según explica el auto.
El juez recuerda además que el exvicepresidente del Gobierno «ha pedido perdón de forma voluntaria pública y notoria antes de su inmediato ingreso en prisión», una declaración que fue «emitida por numerosos medios de comunicación».
Sobre el hecho de que el resto de condenados por las ‘tarjetas black’ disfruten del tercer grado o se encuentren en libertad condicional desde hace tiempo, el juez Castro indica que Rato fue condenado a una pena mayor que el resto y que por ello ha estado sometido a «un mayor periodo de observación y tratamiento».
Con todo ello, el juez concluye que ya se dan «todas las circunstancias y variables que le hacen merecedor del tercer grado, debiendo unir a ello su avanzada edad que le permitiría, si se dan los requisitos legales, obtener la libertad condicional por esta causa, así como las enfermedades coronarias que padece».
LA INVESTIGACIÓN SOBRE SU PATRIMONIO NO IMPIDE LA CLASIFICACIÓN
Por último, el auto señala que Rato aún tiene una causa pendiente en los juzgados de Madrid, donde el titular del Juzgado de Instrucción número 31, Antonio Serrano-Arnal, investiga desde 2015 el presunto origen ilícito de su patrimonio.
El juez Castro señala que este procedimiento no es una «losa que impida la actual clasificación penitenciaria» porque cumpliría las tres cuartas partes de la condena en marzo de 2022. Aún así, apunta que «en caso de una eventual sentencia condenatoria, la legislación penitenciaria prevé mecanismos para reconsiderar la clasificación en grado».
