Desde su introducción en el Código Penal en 2015, la pena de prisión permanente revisable ha sido aplicada por los tribunales españoles en 10 de los 17 casos en los que había sido solicitada por alguna de las partes. Es decir, en el 58,8% de las sentencias dictadas.
Según informó este lunes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), este dato se extrae de las estadísticas de esta institución hasta el 31 de julio de 2019.
En los casi cuatro años transcurridos desde que la prisión permanente revisable entró en vigor, una de las veces fue aplicada en 2017, cuatro en 2018 y las cinco restantes en los primeros meses del año en curso.
Los condenados a la pena de prisión permanente revisable en las diez sentencias analizadas son diez hombres. Estos condenados asesinaron en conjunto a 16 víctimas, de las que 10 eran mujeres (62,5%), cinco de ellas niñas, y 6 eran varones, entre ellos dos niños. El número de menores asesinados (7) representa el 43,8% del total.
ALEVOSÍA Y PARENTESCO
En todos los casos, el tribunal apreció la existencia de alevosía en la comisión del delito y aplicó la agravante de parentesco entre la víctima y el condenado. En dos casos hubo agravante de género y en cinco, la condena incluyó al menos otro delito (en cuatro de esos cinco casos el otro delito era agresión o abuso sexual).
El tiempo medio de respuesta de los tribunales (los días transcurridos desde que ocurrieron los hechos hasta que se dictó la resolución por el tribunal del jurado) fue de 745 días en la sentencia de 2017; de 780 días en las de 2018 y de 844, en las de 2019. En esos procedimientos intervinieron órganos judiciales situados en las provincias de La Coruña, Almería, Barcelona, Guadalajara, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Toledo, Valladolid y Vitoria.
Además de esas diez resoluciones, se dictaron otras siete sentencias en las que la pena de prisión permanente revisable fue solicitada por alguna de las partes, pero el tribunal no la impuso. Una de estas ocasiones fue en 2016 (la petición fue de la acusación particular); dos en 2017 (en ambos casos fue la acusación popular la que formuló la solicitud de pena máxima); tres en 2018 (las peticiones las realizaron bien las acusaciones particular y popular bien la Fiscalía); y una última sentencia en 2019 (con petición de la acusación particular).
(SERVIMEDIA)
