El Ministerio de Política Territorial y Función Pública suscribió en todo 2018 un total de 603 convenios o acuerdos en los que participaron el Estado y una o varias comunidades autónomas, según el Informe anual sobre los convenios de cooperación entre el Estado y las autonomías. Los pactos prevén compromisos financieros del Estado por valor de más de 2.900 millones de euros y de las comunidades autónomas por más de 624 millones.
Según el Gobierno, estos convenios garantizan la actuación coordinada y complementaria de las diferentes administraciones públicas en el desarrollo de sus respectivas atribuciones con el objetivo de desarrollar políticas públicas de interés compartido entre el Estado y las autonomías, así como asegurar que el interés común es tenido en cuenta en la actuación de todas las administraciones pública.
“Estos instrumentos de cooperación resultan necesarios para asegurar el mejor uso de los recursos materiales y humanos de las diferentes administraciones públicas, evitando posibles duplicidades administrativas y respetando las competencias de cada administración, y ello con el fin de que los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos se desarrollen de forma concertada y que sus objetivos sean compartidos por los tres niveles administrativos: estatal, autonómico y local”, explicó el Ministerio de Política Territorial.
El 20% del total de convenios firmados corresponden a dos departamentos, que han desplegado una actividad de cooperación más intensa: Agricultura, Pesca y Alimentación (10,96%) y Fomento (9.97%). Otro 25% corresponde a otros tres departamentos: Ciencia, Innovación y Universidades (8,97%), Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (8,64%) y Cultura y Deporte (8,14%).
De esta forma, la actividad más intensa de colaboración se corresponde con materias en las que coinciden competencias del Estado y autonómicas, aunque todos los ministerios han firmado al menos uno.
La media de convenios firmados por las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía ha sido de 32, si bien destacan los firmados con la Comunidad de Madrid (108 convenios) y Andalucía (58). Las comunidades autónomas con menor actividad en este terreno en 2018 han sido País Vasco (14) y Navarra (19) y la ciudad de Ceuta (18).
El contenido de los convenios se ordena en tres grupos. En un primer caso, el Estado y las comunidades autónomas firman convenios para articular el ejercicio de sus competencias cuando ambas partes tienen responsabilidad sobre la materia que se analiza. Es el caso de los convenios firmados para el soterramiento o integración de redes ferroviarias de ADIF en el desarrollo urbano de las ciudades.
En un segundo lugar, el Estado suscribe convenios para promover e impulsar el desarrollo de actuaciones que corresponden a las comunidades autónomas pero que el Gobierno tiene interés de impulsar. Por ejemplo, el Plan Estatal de Vivienda impulsado durante el pasado año. También se incluyen en esta categoría convenios como los de desarrollo rural sostenible, incentivos de la actividad investigadora o el apoyo financiero para atender situaciones y necesidades especiales como las que existen, por ejemplo, en Canarias.
Por último, el Estado y las comunidades autónomas alcanzan acuerdos que suponen que los medios dependientes de una administración se ponen al servicio de otra administración diferente que requiere de este tipo de colaboración al no disponer de medios propios para atender por sí solo las demandas y necesidades ciudadanas. Son instrumentos de cooperación que aseguran el auxilio mutuo entre las diferentes administraciones públicas. Es el caso de los convenios de cesión del uso de programas informáticos entre administraciones, para la implantación de servicios digitales en el ámbito de la educación o la justicia, o los relativos al sistema cartográfico nacional.
(SERVIMEDIA)
