El abogado de la acusación popular ejercida por Vox Javier Ortega Smith reclamó este martes en la exposición de sus conclusiones en el juicio por el 1-O una sentencia “disuasoria” con penas “acordes” con los graves delitos que se juzgan para que “nunca nadie más se atreva a atentar contra el orden constitucional”.
Ortega Smith aseguró que confían en la justicia, pero advirtió de que “no podrá haber justicia si no se dicta una sentencia acorde con los mayores delitos que pueden cometerse en un ordenamiento constitucional. Esas penas tendrán que cumplir la finalidad del castigo, pero también la finalidad disuasoria para que nunca nadie más se atreva a atentar contra el ordenamiento constitucional. Con esa sentencia, quien habrá triunfado será la justicia, el Estado de Derecho, el ordenamiento constitucional, la democracia, la soberanía nacional y habrá triunfado la nación española”, aseguró.
En representación de la acusación popular de Vox intervino también el letrado Pedro Fernández, que se centró en justificar la acusación por rebelión, mientras que su compañero y ‘número dos’ del partido, Javier Ortega Smith, argumento para respaldar la acusación por el delito de organización criminal para los líderes independentistas.
«Los acusados pretendieron culminar el más novedoso proceso golpista que se ha llevado a cabo contra el Estado de Derecho en una sociedad moderna», inició Fernández su exposición. Los abogados de Vox se han adherido a las conclusiones de la Fiscalía que coinciden con sus tesis.
Tras recordar las sucesivas decisiones judiciales que impedían la celebración del referéndum, Fernández denunció que la escalada de tensión entre el Govern y el Tribunal Constitucional acabó trasladándose “consciente y deliberadamente” a la relación entre los ciudadanos de Cataluña aprovechando que los acusados ocupaban cargos públicos y llegando a provocar actos de violencia “que confirman los cargos de rebelión”.
El letrado de Vox indicó que esa actuación deliberada para incrementar la tensión desencadenó dos situaciones de “violencia concreta y determinada que llevaron a la consumación del delito de rebelión: el 20 de septiembre y el 1 de octubre”.
Entiende Vox que los acusados se escudan en el cumplimiento del mandato del pueblo catalán para eludir sus responsabilidades sobre los actos violentos que, a su entender, se convierten en un “alzamiento violento cuando se integra una fuerza y se muestra la intencionalidad de usarla».
Resumiendo, la acusación popular, explicitó que “la ocupación de calles, el asedio de edificios del Estado, el aislamiento de agentes o comisiones judiciales, así como las situaciones que llevarían a los letrados en cumplimiento de sus funciones teniendo que salir escoltados de los registros, o el asedio a los agentes de seguridad, la amenaza de muerte, etc. es una expresión clara y plural de la violencia. Todos estos procesos violentos fueron la culminación de un proceso en el que la amenaza de la determinación popular podría devenir incontrolable», concluyó.
Fernández revisó la tarea desempeñada por Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y aseguró que si «si sólo hubiesen recibido el apoyo de los ciudadanos no habrían cometido rebelión, pero recibieron el apoyo del Gobierno» de la Generalitat y el delito “quedó culminado los días 20 y 21 de septiembre y el 1 de octubre”. El letrado la concluyó su exposición afirmando que «democracia es respeto por las reglas del juego que, en este caso, es la Constitución española que los acusados prometieron cumplir».
La intervención de Ortega Smith estuvo dedicada a justificar el delito de organización criminal. Según dijo, la “organización criminal” que constituyen los acusados en esta causa y todos los demás inmersos en investigaciones judiciales en diversos tribunales “tiene una existencia prolongada y estable en el tiempo” con un objetivo en dos fases: “Primero el gobierno de transición y después a través del Ejecutivo del nuevo estado independiente”.
Su intención era, aseveró, “romper la Constitución, el Estatuto de Cataluña y, en definitiva, la unidad de la nación”. Ortega recurrió a la definición formal de organización criminal para respaldar su tesis: “Los acusados formaban una organización criminal porque eran más de dos, tenían un objetivo ilegal y una estrategia para llegar a él”.
