Un eventual adelanto de las elecciones generales frustraría la reforma que el Congreso está tramitando de las leyes de seguridad ciudadana y de indultos, cuya actualización podría ser muy distinta si hay nuevos comicios y surgen otras mayorías en las Cortes.
Fuentes parlamentarias informaron a Servimedia de que la reforma de ambas leyes se encuentra en estos momentos en fase de ponencia o informe en las comisiones respectivas del Congreso. Estos trabajos se suspenderían si el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, fija elecciones de forma inminente o para los próximos meses tras rechazarse este miércoles su proyecto de Presupuestos para 2019.
El adelanto electoral impediría la reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la Seguridad Ciudadana, a la que determinados partidos vienen calificando como ‘ley mordaza’ desde su aprobación.
Las fuentes consultadas indicaron que esta ley, que promovió el PP cuando era presidente Mariano Rajoy, está en trámite de modificación a partir de dos iniciativas planteadas por PNV y PSOE. Estos trabajos se encuentran en la fase de ponencia, lo que quiere decir que un grupo de diputados tienen pendiente elaborar un informe que debería ser llevado al Pleno del Congreso.
CRITERIOS PARA INDULTAR
Los tres meses de trabajos que vienen realizando al respecto los miembros de la Comisión de Interior de la Cámara Baja se suspenderían si no se aprueba el cambio legal antes de un eventual adelanto electoral.
Se da la circunstancia de que la mayoría que hizo a Sánchez presidente el pasado mes de junio -PSOE, Podemos, PNV, ERC, PDeCAT y Bildu- venía planteando cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 que difieren del planteamiento de Ciudadanos, pero también del PP, que impulsó esta norma con Rajoy en La Moncloa.
Por lo que se refiere a la Ley de 18 de junio de 1870 de reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto, su proceso de modificación en el Congreso se encuentra desde febrero de 2018 en fase de informe.
Sin embargo, en noviembre pasado el PSOE y los partidos que venían apoyando al Ejecutivo de Sánchez aprobaron un turno de comparecencias, lo que ha retrasado las conclusiones finales. Respecto a esta ley, la formación socialista venía planteando establecer contactos más estrictos para conceder el derecho de gracia, mientras que el PP propuso que no se pueda indultar a los condenados por rebelión, lo que impediría suspender una eventual condena a los encausados en el sumario del proceso independentista en Cataluña.
