En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Isabel Celaá, aseguró que se trata de unos Presupuestos “sociales que buscan equilibrio, convivencia y unión” y “redistribuir la riqueza y crecer”. Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó que el proyecto “recoge la voluntad del presidente de recuperar la confianza de la ciudadanía en la utilidad de la política” y de “resolver los problemas y necesidades de los ciudadanos”.
Asimismo, afirmó que el proyecto “marca un punto de inflexión claro en la política económica y presupuestaria” respecto a la de los últimos años, al considerar que hace compatible la recuperación de derechos sociales con el equilibrio presupuestario comprometido con la Comisión Europea”. “Estos Presupuestos pretenden corregir los desequilibrios con políticas que combaten la desigualdad y como antídoto frente al caldo de cultivo del que se están nutriendo los populismos”, añadió.
Las cifras presentadas hoy, y que serán entregadas por Montero el lunes al Congreso de los Diputados, varían ligeramente respecto a las anunciadas en octubre cuando el Ejecutivo remitió a la Comisión Europea el Plan Presupuestario que sirvió como primer esbozo de las cuentas. Entonces, dicho Plan estaba elaborado sobre una previsión de crecimiento de la economía española del 2,3% en 2019 y un objetivo de déficit del 1,8%, mientras que el anteproyecto aprobado hoy se ha presentado junto a un cuadro macroeconómico que prevé un crecimiento del PIB del 2,2% y con el objetivo de déficit del 1,3% que había dejado fijado el Gobierno de Rajoy y que el gabinete de Pedro Sánchez no ha podido modificar hasta ahora.
Sobre este punto, la titular de Hacienda criticó a PP y Ciudadanos por “anteponer su interés electoral” al negar en el Senado la ampliación del objetivo de déficit de 2019 “usando una capacidad de veto singular”. Así, recordó que las cinco décimas de diferencia entre el objetivo del 1,3% vigente y el 1,8% que propone el Gobierno supondrán destinar 6.200 millones menos a inversiones y Estado del bienestar. En cualquier caso, indicó que el Gobierno “no renuncia a sacar adelante esa senda de estabilidad” y que, en caso de lograr cambiarla, no supondría ningún cambio en unos PGE que ya estarían aprobados, “pero sí permitirá que la monitorización de las partidas presupuestarias puedan tener un mayor colchón”.
INGRESOS
Por el lado de los ingresos, el proyecto aprobado prevé unos ingresos de 227.356 millones de euros por ingresos tributarios antes de cesión a entes territoriales, un 9,5% más sobre el avance de liquidación de las cuentas de 2018 y un 8,3% sobre lo presupuestado. Dentro de dicha cifra, 86.454 millones corresponderían al IRPF (un 4,9% más respecto al avance de liquidación de 2018), 27.579 millones por Sociedades (un 14,1% más), 78.307 millones por IVA (+11,7%), 23.057 millones por Impuestos Especiales (+11,8%) y 11.959 millones por otros ingresos tributarios (+16,4%).
La previsión es que, una vez se ceda parte de los ingresos tributarios a los entes territoriales, éstos sean de 128.930 millones de euros. Por su parte, los ingresos no tributarios serían de 25.745 millones (un 2,6% menos), por lo que el total de ingresos no financieros tras la cesión de recursos a entes territoriales sería de 154.675 millones de euros, un 9,2% más.
MEDIDAS TRIBUTARIAS
Sobre las medidas tributarias incluidas en el proyecto de PGE, Montero indicó que “buscan redistribuir la riqueza, protegiendo a las pymes y a las rentas bajas y medias”. La estimación es que su impacto será de 5.654 millones de euros, de los cuales 1.776 millones corresponderían al establecimiento de un tipo mínimo efectivo del 15%, mientras que la rebaja de este impuesto a las pymes, de un 25% a un 23%, implicará una reducción de 260 millones de euros en su tributación.
Además, la estimación es que el nuevo impuesto sobre las transacciones financieras recaude 850 millones de euros, mientras que el impuesto sobre determinados servicios digitales, también conocido como ‘Tasa Google’, aporte 1.200 millones.
En el IRPF, la subida de dos puntos impositivos a la tributación a las rentas superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos a rentas superiores a 300.000 euros aportaría 328 millones, mientras que las medidas previstas de fiscalidad verde, como la equiparación del impuesto al diésel con el de la gasolina, recaudarían 670 millones. Respecto al cambio en el Impuesto de Patrimonio, por el que se incrementa la tributación a partir de los 10 millones de euros, arrojaría 339 millones a las arcas públicas.
Además, la rebaja en el IVA a los servicios veterinarios al 10% harán disminuir en 35 millones su recaudación, mientras que la rebaja aplicada a los productos de higiene femenina (al 4%) disminuirá la recaudación en 18 millones y la aplicada a los libros electrónicos (4%) lo hará en 24 millones.
GASTOS
Por la parte de los gastos, el proyecto aprobado este viernes presupuesta 472.660 millones, un 5,1% más respecto a los 449.785 millones del 2018. De dicha cantidad, 345.358 millones corresponderían a operaciones no financieras, mientras que 127.301 millones serían por operaciones financieras.
Asimismo, dentro del gasto, 209.510 millones de euros irán destinados a política social, lo que supone el 57,3% del total y un aumento del 6,4% respecto al Presupuesto de 2018, mientras que 20.962 millones irán a servicios públicos fundamentales (5,7% del total y 3,9% más respecto a 2018), 32.617 millones a actuaciones de carácter económico (8,9% del total y 9,9% más) y 102.431 millones a actuaciones de carácter general (28% del total y un 5% menos).
Por partidas, la de mayor volumen es la destinada a pensiones, con 153.864 millones de euros, ek 42,1% del total y un 6,2% más respecto al Presupuesto de 2018, mientras que a desempleo se destinarán 18.402 millones, el 5% del total y un 4% más y a fomento del empleo 5.985 millones, el 1,6% del total y un 4,7% más. La partida destinada a financiar la deuda pública es otra de las de mayor tamaño, con 31.398 millones, un 8,6% del total y un 0,5% menos respecto a 2018. Las partidas destinadas a sanidad y educación sumarán 7.014 millones.
MEDIDAS YA VIGENTES
Entre las medidas anunciadas por el Gobierno hay algunas que, debido al retraso de los PGE y la entrada en 2019, ya han sido aprobadas y entrado en vigor, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 900 euros y los correspondientes cambios en las cotizaciones, así como la subida salarial para los funcionarios y la revalorización de las pensiones en un 1,6% (un 3% en las mínimas).
Por otra parte, el Ejecutivo también trabaja en los proyectos de ley para la creación de los impuestos de transacciones financieras y a los servicios digitales, que al ser nuevos requieren ser aprobados de forma separada a los PGE, así como las medidas de lucha contra el fraude, que serán aprobados en Consejo de Ministros en las próximas semanas.
