Ciudadanos ha convocado esa manifestación, como también han hecho el PP y Vox, en defensa de una ‘España unida’ ante lo que consideran cesiones inaceptables del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los independentistas catalanes, sintetizados en la figura de un relator en la mesa de partidos catalanes.

Según confirmó este jueves Ciudadanos, además de Rivera, Girauta y Garicano, han confirmado su asistencia el diputado Toni Cantó; la portavoz en el Parlamento de Cataluña, Inés Arrimadas, y los portavoces en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, y en el Ayuntamiento de la capital, Begoña Villacís.

El partido que lidera Albert Rivera ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para que la Cámara considere «una humillación y un chantaje inaceptable el nombramiento de un ‘mediador’ para negociar con los partidos separatistas fuera de las instituciones democráticas legítimas reconocidas por nuestra Constitución, como son las Cortes Generales y los parlamentos autonómicos, donde están representados todos los españoles».

Además, quiere que se rechace expresamente «que se legitime a aquellos que han dado un golpe de Estado, perseveran en su intención de romper la convivencia entre los españoles y constantemente intentan desprestigiar a las instituciones democráticas de nuestro país, y con ello al conjunto de los españoles».

Otro de los puntos reclama rechazar «la deriva del Presidente del Gobierno de España de realizar concesiones al separatismo, como las reflejadas en el documento de las 21 exigencias separatistas aceptado por el Sr. Sánchez y ocultado a la opinión pública, con el único fin de mantenerse en el poder, incumpliendo su promesa de convocar elecciones.

La proposición pretende que el Congreso exija al Gobierno que «aplique la Constitución, proteja a los ciudadanos catalanes de las vulneraciones constantes de sus derechos por parte del separatismo, alentadas por el Sr. Torra, integrantes de su Gobierno y de los partidos que le dan apoyo, y reconozca que el diálogo solo cabe con aquellos que aceptan el cumplimiento de la ley», y considere que «la única salida digna a una negociación que supone una humillación para la mayoría de catalanes y para el conjunto de españoles es que el Presidente del Gobierno de España cumpla al fin su promesa y convoque de manera inmediata elecciones generales».

En la exposición de motivos, Ciudadanos acusa a Sánchez de «ser capaz de todo con tal de aguantar unos meses más en el Palacio de la Moncloa, aunque ello suponga romper la unidad de España, mermar nuestro sistema democrático y quebrar la igualdad entre todos los ciudadanos», y por eso coloca a España «en una terrible encrucijada institucional que, lejos de cumplir el compromiso de una convocatoria inmediata de elecciones, está haciendo pagar a los españoles el alto precio de su ambición personal, que adolece de todo sentido de estado».

La «coacción» de los independentistas, denuncia, se resume en los 21 puntos «inasumibles» que Torra presentó a Sánchez y que éste «asumió y ocultó a los españoles», entre ellos la figura de ese «mediador» para negociar con quienes perpetraron «el golpe más grave a la Constitución desde el golpe de Estado del 23F». «Solo un gobierno acabado y en descomposición puede asumir un documento como el de las 21 exigencias del Sr. Torra», sentencia Ciudadanos, y permitir esas «injerencias externas en una relación con representantes de las instituciones de su propio país».

Si el Gobierno se ve incapaz de defender los intereses de todos los españoles, añade, debe «dar un paso atrás y convocar a los españoles a las urnas para que elijan un gobierno que sí sepa defender con firmeza nuestros valores constitucionales y nuestro Estado de Derecho».

Bajo el título ‘El paciente, en el ADN de los ensayos clínicos’, la presidenta de esta plataforma, Carina Escobar, reunió al director de comunicación de Farmaindustria, Francisco Fernández; al jefe del departamento de medicamentos de uso humano de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), César Hernández; al representante de la Academia Europea de Pacientes (Eupati) Roberto Saldaña; y al investigador Ignacio Santos, del Hospital Universitario La Princesa de Madrid.

Los cinco expertos coincidieron en la importancia de que los pacientes cobren más protagonismo en la investigación clínica. “Es muy importante porque son ellos quienes conocen sus necesidades y es fundamental que nos las comuniquen”, explicó el representante de la Eupati.

El jefe del departamento de medicamento de uso humano de la Aemps, además, especificó que la participación de los pacientes es necesaria a tres niveles distintos. “El nivel macro: cómo legislar y qué nivel de participación necesitan; el nivel medio: que los pacientes participen en estos procesos; y el nivel micro: la participación individual de cada paciente en un ensayo clínico”, resumió.

Los contertulios coincidieron en este punto de vista y recalcaron que es importante que la participación de los pacientes vaya más allá de que sean meros voluntarios en un ensayo clínico y destacaron que se debe contar con ellos para decidir la orientación de las investigaciones. Los representantes del sector explicaron que es importante que los pacientes ayuden a decidir qué hay que investigar, ya que ellos son quienes conocen sus necesidades, problemas e inquietudes.

La representante de la POP, Carina Escobar, denunció que “los pacientes seguimos siendo un sujeto pasivo con lo importantes que somos para la investigación y deben tener en cuenta nuestras necesidades e inquietudes”.

Además, los cinco explicaron que los pacientes no tienen pegas para participar de esta toma de decisiones y que esto no causaría ningún problema. “Hay todo un movimiento por parte de los pacientes de que quieren ser más partícipes”, resumió el director de comunicación de Farmaindustria.

Varios de los ponentes explicaron que los pacientes incluso participan en ensayos clínicos a sabiendas de que estos no vayan a hacer mejorar su salud. “El paciente acostumbra a pensar en mejorar su salud, pero también hay que contarle que luego ese ensayo va a ayudar a otras muchas personas. Los pacientes que llevamos muchos años luchando también vamos aprendiendo sobre la patología y como funciona todo”, explicó Carina Escobar.

El investigador Ignacio de los Santos destacó que los enfermos crónicos acostumbran a tener esto más claro y son más sensibles en este sentido. “Muchos aceptan participar en ensayos clínicos sólo para ayudar a los demás enfermos, ya que se apuntan a investigaciones que están en una fase muy preliminar y probablemente a ellos no les beneficie en absoluto”, remachó el médico del Hospital de la Princesa de Madrid.

LA COMUNICACIÓN MÉDICO-PACIENTE

El doctor también hizo hincapié en la importancia de la comunicación entre médicos y pacientes, algo en que todos coincidieron en definir como fundamental. Además, tanto Ignacio de los Santos como Carina Escobar incidieron en la importancia de que los enfermos se organicen a través de asociaciones de pacientes.

“Los pacientes acostumbran a asociarse en las enfermedades raras, pero no en las más habituales. Entonces es más difícil hablar y comunicarnos con ellos, por ejemplo, para pedirles que participen en un ensayo clínico”, contó el doctor del Hospital de la Princesa.

Además, los ponentes recalcaron que la decisión final de tomar un tratamiento o participar en un ensayo clínico debe tomarla el paciente. “Hay que negociar entre las dos partes, médico y paciente, cual es la mejor solución entre las viables que pueden funcionar. Pero el paciente no puede informarse y decidirlo todo por sí mismo. La decisión final tiene que tomarse en consulta. Se puede informar donde quiera pero al final tiene que ir al médico y resolver sus dudas en consulta y que su médico le plantee las posibilidades que tiene”, explicó Roberto Saldaña, representante de la Eupati.

LOS ENSAYOS CLÍNICOS

Participar en un ensayo clínico no tiene por qué mejorar la salud de un paciente, pero, aun así, los resultados siempre se consideran positivos, tal y como explicó César Hernández.

“Todos los estudios triunfan siempre porque el objetivo de los ensayos clínicos y la investigación es generar conocimiento. Tanto si el resultado es que damos con un descubrimiento superútil o concluimos que lo que estamos investigando no vale para nada se genera conocimiento clínico que sirve de base para la práctica”, detalló el representante de la Agencia Española del Medicamento y los Productos Sanitarios.

Ignacio de los Santos, doctor del Hospital de la Princesa, además, quiso destacar que la investigación en España “es muy buena; cada vez mejor”. “Los trámites de aprobación de los ensayos son cada vez más cortos también y nos estamos manejando muy bien”, remachó.

César Hernández, además, quiso desmentir que haya grandes desigualdades en materia de investigación entre los pacientes de distintas comunidades autónomas. “Lo que hay que buscar es la equidad en los resultados, no que todo el mundo haga los mismos ensayos o tratamiento. Y hay un falso mito, hay más desigualdad dentro de las propias comunidades autónomas, que entre ellas”, explicó.

El debate de las enmiendas a la totalidad comenzará el próximo martes y se prolongará al miércoles, cuando tendrá lugar la votación que determinará si el proyecto de cuentas públicas continúa su tramitación o, por el contrario, es rechazado y devuelto al Gobierno.

Ante la negativa de PP y Ciudadanos al proyecto de Presupuestos elaborado por el Gobierno de Pedro Sánchez, para conseguir que éstos salgan adelante el Ejecutivo necesita recabar los apoyos que le dieron la presidencia en la moción de censura del pasado mes de junio de 2018, entre los que se encuentran los votos de ERC y PDECat, en el aire por el conflicto catalán.

Precisamente el primer grupo parlamentario en registrar su enmienda fue ERC, quien el pasado martes la presentó en el Congreso de los Diputados criticando que “el Gobierno se haya dejado arrastrar por la derecha española y niegue la posibilidad de encontrar una vía de solución» a la situación política en Cataluña. En la rueda de prensa posterior al registro de la enmienda, su portavoz en el Congreso, Joan Tardà, insistió en la doble petición de ERC de que la Fiscalía retire sus acusaciones en el juicio del 1-O y en establecer una mesa de diálogo entre los partidos soberanistas catalanes y el PSOE y Unidos Podemos, «a ser posible» con un mediador internacional.

Ese mismo día el Gobierno anunció la creación de una figura, la del “relator”, que actúe como coordinador de las reuniones de la mesa de partidos impulsada por el Ejecutivo para dialogar con la Generalitat y las formaciones independentistas. ERC respondió a dicho anuncio señalando que no es suficiente, al considerar, según señalaron fuentes del partido a Servimedia, que “eso es un notario” y que lo que ellos piden es un “mediador”.

Por su parte, aunque el PDECat aún no ha presentado su enmienda a la totalidad, el pasado lunes anunció que lo haría si el Gobierno español no ofrece a la Generalitat de Cataluña «una mesa de diálogo bilateral» sobre el conflicto político que incluya «un mediador neutral».

«Mientras no llegue esta oferta en forma de diálogo, el Partit Demòcrata se mantiene en la no aprobación de los Presupuestos y presentaremos una enmienda a la totalidad», señalaron fuentes de la formación a Servimedia sobre este aspecto. De esta forma, el PDECat tiene hasta las 14.00 horas de este viernes para presentar su enmienda, mientras que ERC también podría retirar la suya.

Por otro lado, formaciones como PNV y Compromís anunciaron a lo largo de esta semana que no presentarían enmienda a la totalidad, algo descartado también en el caso de Unidos Podemos, formación que en octubre de 2018 cerró un acuerdo presupuestario con el Gobierno y que esta semana sí señaló que presentará enmiendas parciales al articulado, y de Nueva Canarias, socio electoral del PSOE.

En cuanto al PP, la formación liderada por Pablo Casado registró este jueves su enmienda al considerar que los PGE son de “dudosa constitucionalidad y nula credibilidad” y que con ellos el Gobierno busca “perpetuarse en el poder a costa del interés general”. Para los populares, el proyecto de Presupuestos supone “más impuestos, menos crecimiento y menos empleo”, a la par que “más déficit, más deuda y suben el gasto por encima de lo que puede permitirse nuestra economía”.

En cuanto a Ciudadanos, este jueves anunció que en la mañana del viernes registrará su enmienda.

En una nota de prensa, la CEE asegura que «nos extraña enterarnos por los medios de esta petición» y añade que «las diócesis, congregaciones religiosas y demás instituciones eclesiales están obligadas a cumplir las normas legales y protocolos establecidos. Así, han puesto en manos de la Santa Sede y de las autoridades judiciales españolas los casos de los que han tenido conocimiento».

Además, expone que «una sincera inquietud por las víctimas, exige preocuparse de todos los ámbitos e instituciones en donde se producen los abusos para abordar conjuntamente la atención a las víctimas y las medidas adecuadas para afrontar este grave problema que afecta a toda la sociedad».

El Ministerio de Justicia emitió hoy un comunicado en el que explicó que esta petición se encuadra en el marco de cooperación del Estado con la Iglesia recogido en la Constitución y en los Acuerdos con la Santa Sede y tiene como objetivo «arrojar luz sobre unos hechos que nuestra sociedad no puede permitirse seguir manteniendo ocultos si desea afrontar el futuro con dignidad».

En su misiva, Delgado subraya que estas denuncias «han tenido una enorme repercusión pública» y destacó su intención de «abordar conjuntamente» con la Iglesia el fenómeno de los abusos sexuales a menores por la «sincera preocupación» que mantienen ambas instituciones por estos hechos.

PROTECCIÓN DE LA INFANCIA

En la carta se indica que el Gobierno está tramitando el anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que tiene como objetivo «otorgar una especial protección a los niños, niñas y adolescentes frente a cualquier tipo de maltrato físico, psicológico y emocional.

Uno de los aspectos que esa norma abordará será la ampliación del régimen de prescripción de los delitos de agresión y abusos sexuales a menores, cuyo plazo comenzará a contar cuando las víctimas cumplan 30 años.

La ministra señala que estos delitos, «sean en el seno de la Iglesia como en cualquier otra institución, no pueden ser ocultados ni considerados como hechos privados», sino que merecen «el máximo reproche social y, cuando proceda, la contundente respuesta del ordenamiento jurídico penal».

También recuerda que este martes se dirigió a la Fiscalía General del Estado para que le informara sobre el número y estado de tramitación de todos los procedimientos penales abiertos por este tipo de infracciones en instituciones religiosas.

Delgado reconoce los esfuerzos de la Iglesia por erradicar estos hechos delictivos de su seno mediante el desarrollo del ‘Protocolo de actuación de la Iglesia en España para tratar los casos de los delitos más graves cometidos contra la moral por parte de los clérigos’ o el ‘Protocolo de actuación según la legislación del Estado’, que obliga a denunciarlos aun cuando hayan tenido conocimiento de ellos en el ejercicio de su ministerio.

COMPROMISO

A su vez, alaba el compromiso de la Conferencia Episcopal por haber creado una comisión que actualice los criterios a seguir.

Al mismo tiempo, reconoce «la voluntad del Santo Padre por denunciar esta situación y atajar este tipo de conductas desde su reconocimiento y la compasión hacia las víctimas», que se evidencia en la convocatoria de los presidentes de las conferencias episcopales para un encuentro en Roma dentro de dos semanas, «en el que abordarán conjuntamente el tratamiento de este grave problema que afecta a numerosas Iglesias en todo el mundo».

La ministra añade que «más allá de la depuración de responsabilidades penales, en su caso, es necesario arrojar luz sobre unos hechos que nuestra sociedad no puede permitirse seguir manteniendo ocultos si desea afrontar el futuro con dignidad».

Por último, afirma que «se lo debemos a las víctimas, que merecen una reparación moral a través del reconocimiento de su dolor. Conocer la dimensión de este problema nos ayudará al esclarecimiento de unos hechos que repugnan a toda la sociedad, incluida sin duda la propia Iglesia, evitando extender injustamente la sospecha a toda la institución».

En la sesión de este jueves, prácticamente todos los valores registraron pérdidas. Las mayores caídas se las anotaron Meliá Hotels (-6,27%), Arcelor (-4,6%), Mediaset (-4,47%) y Técnicas Reunidas (-4,31%).

Únicamente Cellnex terminó en terreno positivo, al revalorizarse un 0,04%, y en tablas cerraron Enagas y Merlin Properties.

Entre los grandes del selectivo español, todo fueron pérdidas. El Santander se dejó un 3,16%, seguido de BBVA, que perdió un 3,13%. Telefónica retrocedió un 2,31%, Inditex lo hizo un 1,73% e Iberdrola un 0,06%.

Por su parte, la prima de riesgo oscilaba en el entorno de los 113 puntos.

De este modo, la titular de Defensa recoge el guante lanzado ayer por las distintas asociaciones con representación en el Coperfas que exigieron la convocatoria de una reunión extraordinaria de este órgano para abordar una mejora salarial de los militares.

Los representantes de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (Asfaspro), la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), la Asociación de Militares de Tropa y Marinería (AMTM) y la Unión de Militares de Tropa (UMT) leyeron una declaración conjunta, con el título ‘Por el reconocimiento retributivo de la profesión militar’, en la que se subraya que los militares cumplen con la misión que les encomienda la Constitución: “Garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.

También se recuerda sus actuaciones en aras de la “seguridad” y “bienestar” de los ciudadanos y su participación en 15 misiones en el exterior. Este contexto les sirve para destacar su “asombro” ante las “grandes cifras” destinadas a programas de armamento cuando se carece de militares “mejor preparados y motivados” para su manejo.

Explican que en el Pleno del Coperfas de diciembre de 2017 la ministra de Defensa de la época, María Dolores de Cospedal, anunció la realización de un estudio de las retribuciones militares para actualizarlas en la línea de las del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un anuncio que se reiteró en la Pascua Militar de 2018.

En febrero de 2018 la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados emitió un dictamen a partir del informe anual 2016 del Observatorio de la Vida Militar, en el que se realizan 11 recomendaciones sobre retribuciones, calificándolas de “situación grave que debería ser revertida a la mayor brevedad”.

Al mismo tiempo, en diciembre de ese año dicha comisión aprobó por unanimidad una proposición no de ley sobre adecuación salarial de los militares, instando al Gobierno a concluir la realización del estudio para mejorar el actual modelo retributivo.

La semana pasada tanto el subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, como el jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), general Fernando Alejandre, se pronunciaron en la Cámara Baja sobre la conveniencia de abordar la mejora de las retribuciones de los militares.

Esta nueva funcionalidad permitirá a los usuarios utilizar esta aplicación de mensajería instantánea tanto para pedir un taxi como para reservarlo con antelación. Para ello, el usuario solo tendrá que indicar el lugar de recogida y la hora, en los casos en los que se trate de una reserva del servicio.

“Somos conscientes de que WhatsApp es una herramienta fundamental en el día a día de los ciudadanos. Por ello, firmes a nuestro compromiso con ofrecer un servicio público de calidad, nos vamos adaptando para facilitar que los usuarios puedan disponer de un taxi de una forma rápida y sencilla”, explicó la responsable de Tele-Taxi y miembro de la Junta Directiva de la FPTM, Azucena Cabezas.

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— TeleTaxi Madrid (@MadridTeletaxi) 7 de febrero de 2019

El Ministerio de Justicia emitió un comunicado en el que explicó que esta petición se encuadra en el marco de cooperación del Estado con la Iglesia recogido en la Constitución y en los Acuerdos con la Santa Sede y tiene como objetivo “arrojar luz sobre unos hechos que nuestra sociedad no puede permitirse seguir manteniendo ocultos si desea afrontar el futuro con dignidad”.

En su misiva, Delgado subraya que estas denuncias “han tenido una enorme repercusión pública” y destacó su intención de “abordar conjuntamente” con la Iglesia el fenómeno de los abusos sexuales a menores por la “sincera preocupación” que mantienen ambas instituciones por estos hechos.

PROTECCIÓN DE LA INFANCIA

En la carta se indica que el Gobierno está tramitando el anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que tiene como objetivo “otorgar una especial protección a los niños, niñas y adolescentes frente a cualquier tipo de maltrato físico, psicológico y emocional”.

Uno de los aspectos que esa norma abordará será la ampliación del régimen de prescripción de los delitos de agresión y abusos sexuales a menores, cuyo plazo comenzará a contar cuando las víctimas cumplan 30 años.

La ministra señala que estos delitos, “sean en el seno de la Iglesia como en cualquier otra institución, no pueden ser ocultados ni considerados como hechos privados”, sino que merecen “el máximo reproche social y, cuando proceda, la contundente respuesta del ordenamiento jurídico penal”.

También recuerda que este martes se dirigió a la Fiscalía General del Estado para que le informara sobre el número y estado de tramitación de todos los procedimientos penales abiertos por este tipo de infracciones en instituciones religiosas.

Delgado reconoce los esfuerzos de la Iglesia por erradicar estos hechos delictivos de su seno mediante el desarrollo del ‘Protocolo de actuación de la Iglesia en España para tratar los casos de los delitos más graves cometidos contra la moral por parte de los clérigos’ o el ‘Protocolo de actuación según la legislación del Estado’, que obliga a denunciarlos aun cuando hayan tenido conocimiento de ellos en el ejercicio de su ministerio.

COMPROMISO DEL EPISCOPADO Y DEL PAPA

A su vez, alaba el compromiso de la Conferencia Episcopal por haber creado una comisión que actualice los criterios a seguir.

Al mismo tiempo, reconoce “la voluntad del Santo Padre por denunciar esta situación y atajar este tipo de conductas desde su reconocimiento y la compasión hacia las víctimas”, que se videncia en la convocatoria de los presidentes de las conferencias episcopales para un encuentro en Roma dentro de dos semanas, “en el que abordarán conjuntamente el tratamiento de este grave problema que afecta a numerosas Iglesias en todo el mundo”.

La ministra añade que “más allá de la depuración de responsabilidades penales, en su caso, es necesario arrojar luz sobre unos hechos que nuestra sociedad no puede permitirse seguir manteniendo ocultos si desea afrontar el futuro con dignidad”.

Por último, afirma que “se lo debemos a las víctimas, que merecen una reparación moral a través del reconocimiento de su dolor. Conocer la dimensión de este problema nos ayudará al esclarecimiento de unos hechos que repugnan a toda la sociedad, incluida sin duda la propia Iglesia, evitando extender injustamente la sospecha a toda la institución”.

La FEDE anunció que va a reunirse con los principales partidos políticos de España para presentarles las demandas de las personas con diabetes, que suponen cerca de seis millones de ciudadanos.

Las principales demandas que FEDE presentará a los partidos políticos están plasmadas en la Declaración de Derechos de las Personas con Diabetes en España, aprobada en el primer Congreso Nacional de la federación. El primer apartado de esta es la necesidad de impulsar y mejorar la educación y la formación diabetológica que reciben las personas con diabetes en España.

La declaración también recoge la prioridad de conseguir un acceso real a las nuevas tecnologías y la inversión en investigación, “pues en la actualidad, existen sistemas para el control de la diabetes, cuya eficacia ha sido sobradamente probada y son coste-efectivos, pero el acceso real a los mismos es limitado”, según la propia FEDE. Por ello, pidieron una mayor apuesta por estas innovaciones, que beneficie a todas las personas con diabetes y no exclusivamente a colectivos concretos y limitados de pacientes.

La federación recogió en su declaración la necesidad de mejorar el acceso a materiales y servicios de calidad (tiras reactivas, glucómetros o material de inyección, entre otros) para las personas diabéticas.

El presidente de la federación, Andoni Lorenzo, reconoció que “si bien es cierto que la situación política actual es compleja, seguimos manteniendo el contacto con todas las fuerzas políticas para continuar con nuestra labor, de largo recorrido y de trasladarles la importancia de que se dé respuesta a las necesidades de las personas con diabetes de España”.

Las activistas de la Comisión 8-M explicaron este jueves en una rueda de prensa que repetir la movilización que el año pasado tuvo un alcance histórico es necesario porque “aunque los problemas de las mujeres ahora son más visibles, toda esta fuerza no ha tenido su reflejo en una mejora significativa de la vida de las mujeres”, por lo que reivindicaron la necesidad de que todas las mujeres paren 24 horas el próximo 8 de marzo.

“No hay mejor forma de resistir que avanzar”, señalaron las feministas, que a lo largo de los últimos meses han trabajado en la actualización de su argumentario, un documento de 30 páginas que recoge sus principales demandas. En esa actualización, se profundiza en algunas cuestiones, como las mujeres migrantes y el antirracismo, y otras relativas a la economía, la precariedad del mercado laboral y el consumo.

Durante las próximas semanas, llevarán a cabo diversas acciones que irán marcando ese camino hacia la huelga. Así, el 14 de febrero cobra nuevo protagonismo con ‘Enamoradas de la huelga feminista’; el 23 de febrero se celebrará, por segundo año consecutivo, el ‘Eventazo’, «con música en directo y muchas sorpresas», y el 3 de marzo organizan una carrera popular “para correr sin miedo, no por miedo”.

Más allá de este calendario común, las propuestas se multiplican en los barrios y pueblos de Madrid, donde multitud de colectivos y grupos de mujeres organizarán un “estado de agitación permanente”, a través de actividades informativas, espacios de encuentro, debate y acciones que se intensificarán durante los ocho días previos a la huelga.

Lo hizo ante el Comité de Ministros del Consejo de Europa, en Estrasburgo (Francia), en la primera visita de un presidente de España, con un discurso en el que defendió la democracia española y la Constitución como garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos.

“Cuando se prima la crispación sobre el acuerdo, cuando se prima la ruptura unilateral sobre la búsqueda de consensos, o cuando se defienden fórmulas simplistas, anacrónicas y ya fracasadas para resolver problemas complejos, la democracia se debilita y se resiente”, señaló.

En este sentido, el presidente remarcó que “cuando se recurre a la mentira o a la manipulación; cuando se promueven agravios o nostalgias inventadas, la democracia se debilita y se resiente”.

España, dijo Sánchez, cuenta con “una democracia plena”. “Una democracia moderna y avanzada, que asume como propios los principios de separación de poderes propios de un Estado de Derecho. Que defiende la independencia judicial y tiene uno de los sistemas más garantistas del mundo”.

El presidente desarrolló su discurso con el hilo de que España se inspiró en Europa después de apuntar que fue “la última dictadura de Europa Occidental”. Y señaló que la participación voluntaria de España en el Tribunal de Derechos Humanos supone “compartir soberanía con foros que nos ayudan a ser mejores en algo que es preexistente al propio Estado, como los derechos humanos”.

Esta “inspiración” europea, dijo, también sirvió “para reconocer nuestra diversidad territorial, cultural y lingüística como una riqueza frente a la uniformidad de antaño”, mensajes en clave catalana aunque sin mención a esta situación política.

Afirmó que España es “uno de los estados más descentralizados del mundo. Si nuestras comunidades autónomas gozan de amplias potestades legislativas; si las cuatro lenguas del Estado (castellano, catalán, vasco y gallego) y nuestras culturas tienen el mayor nivel de protección de toda su historia, por encima de otros países que cuentan también con estructuras federales semejantes es, en definitiva, primero por el compromiso democrática de la sociedad española, y e segundo lugar, por la inspiración que ha supuesto este Consejo y la construcción europea”.

DEFENSA JUSTICIA ESPAÑOLA

“En tiempos de ‘fake news’, de construcción de realidades aumentadas y hechos alternativos”, el presidente apeló “a la fuerza de los datos reales, objetivos y constatables”. Detalló que en el periodo 2013-2017, en cuatro años, el número de reclamaciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con origen en España estuvo “muy por debajo” de la media del conjunto de los estados miembros.

De esta manera, indican fuentes gubernamentales, se buscaba combatir la imagen de que España ha recibido varios varapalos del Tribunal de Derechos Humanos, la última cuando dictaminó que Arnaldo Otegi no tuvo un juicio justo en el caso de la reconstrucción de Batasuna.

Además, se lanzaba un mensaje ante el juicio por el ‘procès’ que se inicia la semana que viene en España y cuando los políticos catalanes ya avanzan que llegarán hasta Estrasburgo.

La visita de Sánchez, que aseguran que estaba prevista desde hace tiempo y no la enmarcan en el contexto judicial, servirá para que el Gobierno explique su política de derechos humanos” y el sistema judicial español ante la previsión de que tengan que revisar nuevas cuestiones.

JUSTICIA ESPAÑOLA

En su discurso, Sánchez reconoció que “a pesar del poder de los datos, siempre habrá quien sostenga sus proyectos políticos en base a relatos falsos para movilizar hacia el odio y hacia la división”.

Porque ese “es el sino de un tiempo líquido que debemos combatir con la fuerza de la razón y los hechos, y lo tenemos que hacer de forma emocionada”. Concluyó señalando que “es la propia democracia la que está en juego si permitimos que esos relatos divisivos y sesgados se impongan”.