La formación que lidera Santiago Abascal confirmó este jueves, además, que Pedro Fernández, vicesecretario jurídico de Vox, será el número dos en la lista que encabeza Javier Ortega Smith y José María Marco en la lista de Monasterio.

Según informó este miércoles el Ministerio del Interior, la Policía Nacional está procediendo al registro de su domicilio en la capital andaluza. Cabe recordar que el propio Ministerio acordó la pasada semana el reforzamiento de los dispositivos de seguridad y de las capacidades de información, de control y de seguimiento antiterrorista por parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado, así como del resto de los cuerpos policiales, con motivo de la celebración de la Semana Santa y de las próximas elecciones.

Como consecuencia de esta decisión, se están desarrollando dispositivos específicos en cada una de las ciudades españolas para garantizar la seguridad ciudadana y el normal desarrollo de estos actos.

Este refuerzo se concentra, fundamentalmente, en los espacios y medios de transporte, acontecimientos religiosos, de ocio o lúdicos con alta afluencia de personas y en aquellos lugares estratégicos que son imprescindibles para el normal funcionamiento de la actividad ciudadana.

Incluido en ese refuerzo de la seguridad, el Ministerio del Interior puso en marcha el pasado 12 de abril un amplio dispositivo de Policía Nacional y Guardia Civil en coordinación con policías autonómicas y locales en toda España.

Son las palabras de uno de un subinspector de policía que declaró este miércoles ante la sala del Tribunal Supremo que juzga a los líderes del ‘procés’ por la convocatoria y celebración del referéndum. Este testigo relató que, el día 2 de octubre, en un colegio que había junto a la comisaría de Lleida los profesores sacaron a los niños al patio para que les insultaran.

Es el testimonio de uno de los siete agentes del Cuerpo Nacional de Policía que declararon durante la sesión de tarde ante el tribunal. Todos relataron los incidentes ocurridos en varios centros de votación de Lleida. Aquello “fue un infierno”, explicó un agente, “era imposible salir de forma segura de allí”.

Los agentes que intervinieron en el centro de formación de adultos Juan Carlos I relataron que los ciudadanos estaban “colocados en barrera”, cortando el paso. De manera que “utilizamos técnicas de control de masas para acceder al centro”, para ello “empleamos la fuerza mínima indispensable”. “Recibimos patadas, puñetazos, todo tipo de agresiones…”. Precisamente este fue el centro en el que un hombre sufrió un infarto. “No nos movimos de allí hasta que esta persona fue atendida”, aseguró un agente, pero “la ambulancia no podía acceder porque la gente pensaba que era para nosotros”.

Preguntados por las defensas por este episodio, los agentes rechazaron haber visto a agentes que cargaban contra los manifestantes que estaban en torno a la persona que estaba siendo atendida en el suelo.

Uno de los agentes destacó que en este centro había dos mossos “pasando olímpicamente de la intervención”. Otros dos testigos explicaron que dos agentes de la policía autonómica estaban detrás de unos contenedores que estaban impidiendo el paso de la policía al centro, pero “no hicieron nada”.

En el IES Caparrella de Lleida dos agentes reconocieron el empleó de la defensa reglamentaria para desalojar a la gente, “porque no colaboraban” y para auxiliar a un compañero que estaba siendo agredido. Sin embargo, apuntó uno de ellos, “no vi ningún herido de importancia”. “Vi a un ciudadano en el suelo”, aunque, “no sé si estaba herido realmente”, apuntó.

El subinspector explicó que cuando retiraba a los ciudadanos que bloqueaban el acceso “un hombre de gran envergadura” le golpeó en la mano y le arrastró al interior del patio. “Allí recibí patadas, codazos…de todo” hasta que dos compañeros le auxiliaron y se llevaron detenida a esta persona. Como resultado de este episodio, agregó, sufrió una luxación en la muñeca.

“ME CAÍA SANGRE POR LA CARA”

El último testigo de la jornada explicó que acudió con su unidad a la comisaría de Lleida porque había aproximadamente 2.000 personas congregadas. El aviso de la concentración lo recibieron sobre las 16 horas y aproximadamente sobre las 22.30, cuando estaba en el exterior de la sede policial, un ciudadano le lanzó una piedra que le dio en la cabeza, “justo en la zona acolchada de la gorra, si no hubiera sido mucho más grave”.

“Me caía sangre por la cara”, dijo, así que entró en la comisaria, se replegaron, y fue atendido por los compañeros. Esta concentración “en principio fue espontanea, pero los grupitos que corrían por las calles adyacentes parece que estaban organizados”, apuntó.

Todos los agentes relataron ante el tribunal las contusiones, hematomas y arañazos que sufrieron como consecuencia de su intervención en los centros de votación. Los agentes lesionados de mayor gravedad sufrieron luxaciones, en muñeca y dedos. Uno de ellos explicó que se tuvo que retirar, cuando “trataba de reconducir a la gente”, a causa de la lesión. “Tuve que protegerme y defenderme, ya que recibía golpes por todos los lados”. Preguntado si estuvo de baja, el agente explicó que “en ese momento hacíamos falta todos, y salvo que fuese una lesión tremendamente grave, seguimos trabajando”.

En total 20 agentes han declarado este miércoles ante el tribunal que juzga el ‘procés’, todos ellos intervinieron en centros de votación de Lleida. El juicio se reanudará el próximo martes, día 23, a las 10 horas.

Atresmedia explicó en un comunicado que "el candidato del Partido Popular, Pablo Casado; el de Unidas Podemos, Pablo Iglesias; y el de Ciudadanos, Albert Rivera, ya han confirmado su presencia en el debate del 23 de abril" y que mantiene la invitación al candidato del PSOE, Pedro Sánchez, que ya ha confirmado que irá al debate propuesto por RTVE para el 23 de abril.

La cadena de San Sebastián de los Reyes reitera que "durante las últimas semanas y durante todo el periodo de campaña, todos los partidos han tenido y tendrán la oportunidad, a través de entrevistas, informaciones e, incluso, otros debates -como recoge el escrito de la Junta Electoral Central- de trasladar sus mensajes a la sociedad desde Atresmedia".

A juicio de la sala, la interpretación de la Junta es “perfectamente razonable” y se basa en la instrucción 1/2015 de la Junta Electoral, de interpretación del artículo 66 de la Ley de Régimen Electoral General, sobre la consideración como grupo político significativo en los planes de cobertura informativa de los medios públicos de comunicación.

De esta manera, el tribunal rechaza la suspensión cautelarísima del acuerdo de la Junta, sin pronunciarse sobre el fondo de recurso de Vox, y tramitará ahora la medida solicitada como cautelar ordinaria, dando un plazo a las partes para pronunciarse sobre la suspensión.

La sala recuerda a los acusados, en relación a la petición de salir del centro penitenciario para acudir a actos de campaña, que los preceptos que alegan para justificar su salida se refieren a “permisos extraordinarios” referidos a acontecimientos que afecten a un familiar, como “fallecimiento, enfermedad grave o alumbramiento”. Fuera de estas causas, agrega, los permisos solo tienen cabida respecto de “importantes y comprobados motivos”.

Asimismo, para el tribunal la condición de candidatos de Sànchez, Turull y Rull “no es un acontecimiento inesperado y extraordinario”, sino fruto de una decisión “libre y voluntaria” tomada cuando ellos ya estaban en prisión provisional, de modo que esta situación obliga al partido político al que pertenecen, dice el tribunal, “a aceptar la singularidad” de las circunstancias.

En cuanto a la petición subsidiaria de conceder entrevistas y ruedas de prensa y grabar ‘spots’ publicitarios durante los recesos del juicio o antes del inicio de las sesiones, la sala recuerda que los recesos “forman parte del acto procesal del juicio oral” establecidos para “posibilitar el descanso de los propios acusados” y, así, “permitir que acudan a las sesiones en las mejores condiciones para ejercer su derecho de defensa”.

A juicio del tribunal, aceptar esta petición “incidiría de manera patente sobre las condiciones de custodia” de los procesados y convertiría la sede del Supremo en una suerte de “administración electoral paralela”.

Además, el tribunal apunta en el auto que está realizando “una interpretación flexible”, ya que ha permitido a los acusados en situación de prisión provisional “tener ciertos espacios y momentos de comunicación durante los recesos”, como comunicación con los letrados.

Por último, el auto señala que el calendario del juicio oral está definido y el juicio se interrumpe en los próximos cinco días, de modo que quedarán solo cuatro para el fin de la campaña electoral, de los cuales en solo tres hay sesiones del juicio.

Según informó este miércoles la Policía Nacional, la investigación comenzó gracias a la colaboración ciudadana, después de que un vecino de la localidad de Los Garres (Murcia) notificase a la Policía que había descubierto, en un descampado de la zona, una nevera portátil semienterrada con billetes de 20 euros en su interior. Tras las primeras pesquisas los agentes corroboraron que los billetes encontrados pertenecían a una peligrosa falsificación debido a su gran calidad, comprobando que la cantidad encontrada ascendía a 18.000 euros.

Después de varias semanas se consiguió identificar a una persona relacionada con la actividad ilegal de falsificación de moneda. Este sospechoso “mantenía un nivel de vida totalmente injustificado ya que no disponía de ingresos legítimos en su unidad familiar”, indicó la Policía. Poco después los agentes localizaron a un segundo individuo que colaboraba estrechamente con el principal investigado.

Avanzada la investigación, los agentes acreditaron la actividad delictiva de los falsificadores en toda la Región de Murcia y también en puntos de la Comunidad Valenciana. Asimismo, averiguaron que para dar salida a los billetes falsos al mercado legal utilizaban pequeños comercios. De esta forma, y al ser billetes de menor cantidad, evitaban levantar sospechas por parte de sus receptores, quienes suelen examinar con mayor precaución los de 50, 100 o 200.

La operación culminó con la detención de los dos investigados y la incautación, en el momento del arresto, de varios billetes falsos escondidos en el vehículo que conducían. Además, los agentes registraron una vivienda donde intervinieron otros 600 billetes falsos de 20 euros preparados para su distribución. En total se han intervenido billetes falsos de 20 que suman una cantidad de 30.540 euros.

Rivera se refirió a esta cuestión tras presentar esta mañana en Madrid una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra el acoso que su partido sufrió el pasado domingo en Rentería (Guipúzcoa), donde celebró un mitin.

Al mismo tiempo, sobre la polémica por los debates para las generales del 28-A, el líder de la formación naranja señaló que irá al debate a cuatro en TVE, que ya ha sido aceptado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que la JEC impidiese el de Atresmedia por la presencia de Vox sin los independentistas.

“Quiero todos los debates los debates que hagan falta”, afirmó Rivera, quien añadió que parece bien que este contaste de pareceres “se haga en la pública y en la privada” y que participen “todos los partidos que concurren a las elecciones”.

SÁNCHEZ, “CANDIDATO INDEPENDENTISTA”

Señaló que, a diferencia de Sánchez, quiere un debate en TVE, pero también en Atresmedia, al tiempo que criticó que el líder del PP, Pablo Casado, parezca reacio a participar en el encuentro a cuatro de la cadena pública, una opción que es la única que parece viable en estos momentos.

Por este motivo, Rivera instó a PP y PSOE a que “no impidan” ni pongan obstáculos a que se celebren todos los debates, lo que supondría celebrar uno “con todos los líderes políticos de todos los partidos nacionales”, en referencia al de Atresmedia en el que iba a estar Vox.

Al mismo tiempo, el responsable de Ciudadanos se preguntó “por qué tienen que ir los separatistas al debate” de Atresmedia, “cuando Sánchez ya les representa”. A su juicio, “si Sánchez representa a todos los separatistas, no hace falta que los separatistas estén en el debate”.

De esta manera, según los datos publicados por el Banco de España este miércoles, la deuda registró un nuevo máximo al situarse en los 1.188.919 millones. Así suma además 58 meses por encima del billón de euros.

Con respecto a febrero de 2018, la deuda subió en 30.767 millones, lo que representa un alza del 2,65%.

Los datos del Banco de España detallan que de los 1,188 billones de euros de deuda pública en el segundo mes del año, algo más del billón corresponde al Estado, 31.415 millones a otras unidades de la Administración central, 293.288 millones a comunidades autónomas, 26.130 millones a corporaciones locales y 41.193 millones a la Seguridad Social.

Por tipo de instrumento, casi 1,03 billones son valores representativos de deuda y 157.181 millones son préstamos.

Según informó este miércoles la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en el momento de la detención los agentes se percataron de que los arrestados poseían un poder “ruinoso” para poner la vivienda a su nombre con la intención de sacarla a venta. A dos de los detenidos se les impuso una orden de alejamiento sobre la víctima.

La investigación se inició a finales de marzo, cuando los investigadores tuvieron conocimiento de ciertos movimientos inusuales en la cuenta bancaria de una mujer de 84 años. Los movimientos sospechosos, advertidos por la entidad bancaria donde tenía sus ahorros, fueron analizados por los agentes, quienes comprobaron que habían aumentado considerablemente los reintegros muy por encima del promedio normal que venía realizando la mujer.

Varias averiguaciones permitieron comprobar que la mujer presentaba problemas cognitivos y que, tras ser aislada de su entorno familiar y social, fue ingresada en una residencia por los presuntos delincuentes. Éstos, posteriormente, la iban a recoger al centro para acudir a la entidad bancaria donde tenía los ahorros y realizar reintegros de dinero del que se apoderaban. La suma superaba los 10.000 euros en efectivo.

En la detención, llevada a cabo el pasado jueves, los agentes descubrieron que los arrestados habían cambiado la cerradura de la vivienda de la víctima y habían conseguido un poder “ruinoso” para adjudicarse el piso y poder venderlo.

En la operación se detuvo a cuatro personas, tres hombres y una mujer, a los que les fueron intervenidas una cartilla bancaria de la víctima, dinero en efectivo, escrituras de autotutela sobre la mujer y una fotocopia de su documento nacional de identidad.

Finalmente fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, quien decretó una orden de alejamiento de dos de los presuntos autores sobre la víctima y revocó los poderes notariales que habían obtenido.

En un comunicado, la aerolínea francesa lamentó “el trágico incendio” y señaló que “todos los equipos de Air France y Air France-KLM” se entristecieron por el “duro golpe”.

Por ello, el director general de Air France-KLM, Benjamin Smith; la presidenta de Air France-KLM, Anne-Marie Couderc, y la directora general de Air France, Anne Rigail, han tomado la decisión de proporcionar transporte gratuito para todas las personas involucradas oficialmente en la reconstrucción de la catedral.

Asimismo, la aerolínea indicó que en los próximos días habilitará un fondo de donaciones voluntarias para que sus clientes puedan participar en la financiación de los trabajos de reconstrucción.