El Gobierno ha remitido tres cartas a la Generalitat de Cataluña alertándole de su inacción ante la actuaciones de los autollamados Comités para la Defensa de la República durante este fin de semana en Cataluña y advierte de que “se ordenará la intervención” de Policía y Guardia Civil si no actúa.
En concreto, así lo avisa el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la misiva que –fechada este lunes- le envía al consejero de Interior, Miquel Buch. En ella, según la carta facilitada por Moncloa, le recuerda su “condición de superior responsable” del Cuerpo de los Mossos, y cuyo “mando supremo ostenta”, para que informe de las medidas que se adoptaron “a fin de evitar que se produjeran sucesos” como los de este fin de semana y de los “que ya existían precedentes”.
Le recuerda también la “misión” de “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “bajo la dependencia del Gobierno de la Nación, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas”.
Así, concluye en su escrito que, “ante acontecimientos que suponen tan graves alteraciones del orden público y de la seguridad ciudadana”, como los de los últimos días, se “dicten las “instrucciones necesarias” para que los Mossos ejerzan sus “funciones”.
“En caso contrario», advierte Marlaska, «por exigencia de la superior responsabilidad en el mantenimiento de la preservación del libre ejercicio de derechos y libertades y del mantenimiento de seguridad ciudadana que corresponde al gobierno, se ordenará la intervención de las FCSE cuando preceda y en término de proporcionalidad y necesidad”.
La de Marlaska a Busch es la más larga y contundente de las tres cartas que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha enviado en las últimas horas al Govern que encabeza Quim Torra.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, remitió un escrito a Damiá Calvet, consejero de Territorio y Sostenibilidad, en la que en cuatro párrafos le traslada el “profundo malestar” por los altercados en los peajes de las autopistas estatales AP-7 y AP-2.
Lamenta lo ocurrido, dice Ábalos, porque “daña la imagen tanto de España como la de la comunidad autónoma de Cataluña” y de las “instituciones que las representas”.
Le recuerda que la Generalitat tiene la competencia de “promover las acciones que permitan el pacífico y ordenado uso de las infraestructuras”. Y confía en que “no vuelvan” a producirse “situaciones o hechos similares”.
Y le pide que “se tramiten con la mayor diligencia” las “medidas necesarias” ante las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que puedan presentar los afectados.
CALVO A ARAGONÈS
Pero de mayor rango institucional es la carta que la vicepresidenta Carmen Calvo al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en la que reclama al Govern explicaciones por la ausencia de órdenes a los Mossos en los incidentes de los CDR.
Tras trasladarle su “inquietud” por lo ocurrido, Calvo le dice que “aparentemente ha existido una dejación de funciones que tiene atribuidas ese gobierno, con consecuencias tanto de carácter económico y social como para la seguridad pública».
Le pide que aclare lo ocurrido, después de recordarle que es «obligación» del Ejecutivo «evaluar los posibles incumplimientos del ordenamiento jurídico que se hayan producido».
En cuatro párrafos, la ‘número dos’ del Ejecutivo de Sánchez, concluye señalando a Aragonès que “todos somos conscientes de nuestras respectivas obligaciones para evitar este tipo de sucesos”
Antes del conocimiento público de estas cartas, la propia Calvo alertaba de que el Ejecutivo estaba estudiando medidas que puede tomar dentro del marco constitucional, tras los incidentes de este fin de semana, donde los CDR han cortado al AP-7 durante 15 horas y levantado varios peajes.
Desde el Gobierno se ha lanzado a la Generalitat la advertencia de que están estudiando medidas que se puedan aplicar en el caso de que se materialice la espiral verbal más violenta de los últimos días. Aunque fuentes socialistas y gubernamentales consultadas por Servimedia no precisaron qué medidas están estudiando los servicios jurídicos, sí coincidieron en que ahora se trata más de una advertencia que de una intención clara de aplicar ninguna decisión política que ponga en riesgo la política de apaciguamiento y cercanía que se puso en marcha con la llegada de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa.
(SERVIMEDIA)
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, acompañado de una amplia representación del grupo de gobierno, dio la bienvenida en el salón de plenos del Ayuntamiento a los 102 beneficiarios de este proyecto, vecinos de la capital que cada ejercicio encuentran una oportunidad para formarse y trabajar en actuaciones de interés general de los cinco distritos del municipio.
Firmaron el convenio el Rector de la ULPGC, Rafael Robaina, y al Médico Coronel Ibrahima Diouf, Director de Sanidad del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Senega,l con la presencia del Catedrático y Director del Grupo de Tecnología Médica y Audiovisual (GTMA) del Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias (IUIBS) de la ULPGC, Juan Ruiz Alzola.
Con esta experiencia se pretende vincular la conservación del medioambiente a los animales, en este caso a los burros, siendo ellos los encargados del mantenimiento de los desbroces.
Estos cooperativistas deciden las características del inmueble, el modelo de convivencia y las actividades que quieren compartir, y aportan un capital inicial para poner en marcha el proyecto. Posteriormente pagan una cantidad económica mensual para hacer frente a la hipoteca solicitada para construir el edificio, en la mayoría de las ocasiones a través de bancas éticas. En el caso de que una persona decida abandonar la cooperativa puede recuperar lo que aportó, pero no obtener ganancias, ya que no es el propietario del inmueble.
Esta jornada titulada ‘Libres para elegir profesiones sin estereotipos de género’ que se desarrollará en las instalaciones del Instituto Canario de Igualdad en el Edificio de Usos Múltiples II de la capital grancanaria incluye además una sesión de juego con un grupo de jóvenes de Gran Canaria con la colaboración de IDEO, actividad que tendrá lugar a partir de las 15.00 horas.
El proyecto ‘Free to Choose’ fue financiado por la Comisión Europea a través de la convocatoria de subvenciones del programa ‘Justice’, cuyo objetivo es apoyar proyectos transnacionales que promuevan buenas prácticas para superar los roles y estereotipos de género en el ámbito educativo, formativo y laboral. Su andadura se inició en enero 2017 y finalizará en julio 2019, teniendo por tanto una duración de 30 meses, periodo en el que se realizarán acciones en cinco países (España, Italia, Portugal, Chipre y Eslovenia).
