La reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria para eliminar los aforamientos llegará el martes, 8 de septiembre, al Congreso de los Diputados, donde será defendida por los diputados regionales Pedro Hernando (PRC); Íñigo Fernández (PP), y Noelia Cobo (PSOE).

También asistirán a la sesión tanto el presidente del Parlamento de Cantabria, el socialista Joaquín Gómez, como el resto de portavoces de los grupos Ciudadanos y mixto-Vox, Félix Álvarez y Cristóbal Palacio,respectivamente.

La iniciativa llega al Congreso después de que el 4 de diciembre de 2017 el Parlamento de Cantabria acordara por unanimidad reformar el Estatuto de Autonomía para suprimir los aforamientos y que tanto los diputados como el presidente y los miembros del Gobierno sean juzgados por los mismos jueces que el resto de los cántabros.

Se trata de una modificación que requiere la aprobación del Congreso y del Senado.

Sin embargo, el fin de la XII legislatura en mayo de 2019 y lo corta que fue la siguiente --duró menos de siete meses-- impidieron que dicha reforma del Estatuto de Cantabria se materializara.

Ahora, ya en la XIV legislatura, se debatirá el martes como primer punto del orden del día de la sesión plenaria, que comenzará a las 15.00 horas.

Los tres ponentes cántabros intervendrán cinco minutos cada uno y, seguidamente, será el turno para los grupos parlamentarios.

La votación sobre la toma en consideración de la iniciativa se realiza al final del Pleno. La reforma pasará por el Senado antes de su aprobación definitiva, ha informado en un comunicado el Parlamento regional.

VOX AVANZA QUE VOTARÁ A FAVOR

De cara a este debate, Vox ya ha anunciado este viernes que votará a favor de la reforma del Estatuto de Cantabria.

Así lo ha indicado su diputado nacional por Cantabria, Emilio del Valle, que participará el martes en el debate y que, en un comunicado, ha opinado que los aforamientos de los políticos "no tienen sentido en pleno siglo XXI". De hecho, ha señalado que Vox ya lleva esta supresión en su programa electoral.

SEO/BirdLife y GREFA han destacado en el Día Internacional de los Buitres, que se celebra cada primer sábado de septiembre, la recuperación de la especie en España desde los primeros censos realizados a principios de la década de 1970, cuando había solo 206 parejas.

Así, según el último censo realizado en 2017, la población de buitre negro en España se reparte en 43 colonias y 6 parejas aisladas, que reúnen 2.548 parejas. Éstas se extienden por 7 comunidades autónomas y 14 provincias. Las mayores colonias de la especie se sitúan en la Sierra de San Pedro (Cáceres y Badajoz), Monfragüe (Cáceres) y Sierra de Guadarrama (Madrid y Segovia) todas ellas con más de 300 parejas, según SEO/BirdLife.

Además, los trabajos de seguimiento intensivo de una de las colonias más importantes de España realizado por el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y SEO/BirdLife indican que esta tendencia positiva continua tras el censo del año 2017. En la colonia de Rascafría en el año 2017 se censaron 123 parejas de las que nacieron 83 pollos y en 2020 se han censado 152 parejas y se ha constatado el nacimiento de 98 pollos.

SEO/BirdLife subraya que estas cifras son las más altas conocidas en esta colonia y son un indicativo de la tendencia favorable de la especie gracias a los esfuerzos de conservación de esta especie que presenta en la actualidad casi todas sus áreas de cría incluidas en espacios protegidos.

En el caso de la colonia de buitre negro de Rascafría (Madrid), detalla que se lleva a cabo un detallado seguimiento de su población desde el año 1997, primero para el Parque Natural de Peñalara y posteriormente para el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. La población ha pasado de las 42 parejas en 1997 a las 152 en la actualidad.

Cada año se localizan todos los nidos y se sigue semanalmente lo que ocurre en cada uno de ellos, prosigue la ONG. Esto permite establecer con gran detalle la población de parejas reproductoras, no reproductoras y sus parámetros reproductivos. Además, toda esta información se utiliza para la gestión y conservación de la especie.

En España, su hábitat de nidificación se distribuye exclusivamente en ambientes boscosos, masas de pinares o monte mediterráneo. Las principales colonias se asientan en bosques densos de encina y alcornoque pino silvestre, pino resinero y pino negro y menos frecuentemente en pino carrasco y pino piñonero. En ocasiones también utilizan otros ambientes cercanos a las masas forestales, pero siempre con pies arbóreos de gran porte donde ubicar el nido.

Las altitudes en que instalan sus nidos oscilan entre los 400 y los 1.900 metros en la Península, mientras que en Baleares se encuentran en acantilados costeros de muy escasa altitud. Eligen para la nidificación arboles maduros, situados a menudo en claros de bosque, en zonas de pendiente en la parte media o alta de las montañas y alejados de molestias humanas.

Las 43 colonias de cría censadas en 2017 se extienden por siete comunidades autónomas y 14 provincias. Los trabajos de reintroducción de la especie en Cataluña han originado que el área de ocupación de la especie en época reproductora ahora incluya una pequeña zona del noreste peninsular, en la provincia de Lleida. Aun así, se mantiene su principal área de ocupación, como ocurría hasta hace muy pocos años, en el cuadrante suroccidental de la Península. Destaca la importancia de la comunidad autónoma de Extremadura y más concretamente de la provincia de Cáceres.

Extremadura acumula 964 parejas, que suponen el 37,9% de la población española y Cáceres, con 854 parejas, el 33,6%. Es de destacar que solo dos comunidades (Extremadura y Castilla y León) de las siete que tienen población reproductora de buitre negro en la actualidad, acumulan el 56% de la población. Si a éstas se le añaden dos más, cuatro comunidades las que acumulan casi el 92% de la misma (Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía). Madrid, Islas Baleares y Cataluña tienen el 8% restante de la población y de ese porcentaje, la mayoría reside en Madrid, especifica SEO/BirdLife.

"PAPEL DECISIVO"

En el caso de la asociación conservacionista GREFA, señala que ha dedicado a la conservación y recuperación de los buitres gran parte de su trabajo consagrado a la fauna autóctona y sus hábitats. "Inmersos en una pandemia como la que estamos sufriendo somos cada vez más conscientes de los vínculos entre salud humana, salud animal y salud ambiental, una ecuación en la que los buitres juegan un papel decisivo", recuerda el presidente de GREFA, Ernesto Álvarez.

En este sentido, desde GREFA mencionan los avances obtenidos este año por el Proyecto Monachus, que agrupa las acciones de GREFA en favor del buitre negro. De gran éxito puede calificarse el nacimiento de los dos primeros pollos de buitre negro en el sector burgalés de la Sierra de la Demanda. Se trata de un hecho de gran relevancia ya que esta especie, incluida en la categoría de 'Vulnerable' en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, no se reproducía en el extenso ámbito geográfico del Sistema Ibérico desde hace más de medio siglo.

"En cualquier caso, el nacimiento de estos buitres negros y el hecho de que nada menos que seis parejas de esta especie hayan incubado su puesta en 2020 confirman las grandes expectativas en la Sierra de la Demanda del Proyecto Monachus cuando solo han transcurrido dos años y medio desde las primeras liberaciones de ejemplares", afirma la bióloga de GREFA Lorena Juste, responsable de estas actuaciones.

Además, destacan la colaboración de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de la Rioja, entre otras entidades, gracias a las cuales GREFA está reintroduciendo desde 2017 buitres negros en este sector del norte del Sistema Ibérico. A principios de octubre de 2020 una nueva remesa de estas aves, compuesta por trece ejemplares, será liberada en la Sierra de la Demanda.

Por este motivo el próximo 11 de septiembre a estos buitres negros, que actualmente viven en un jaulón de aclimatación en el término municipal de Huerta de Arriba (Burgos), se les colocará un emisor GPS para poder seguir sus movimientos cuando sean liberados pocas semanas más tarde.

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha asegurado que es "esencial" que no haya una guerra de precios ni de países por la vacuna contra el coronavirus, de manera que pueda llegar lo "más rápido posible" y que sea "accesible" para todos.

"La vacuna es imprescindible y debe ser para todos, por lo que no debemos caer en guerras de ese tipo", ha señalado durante su intervención telemática en una mesa redonda organizada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo sobre la 'Estrategia europea y española contra el cáncer'.

Montserrat también ha señalado que la vacuna dará protección y prevención, y permitirá eliminar el riesgo y la incertidumbre para establecer de forma estable nuevas pautas de conducta y relación en la sociedad, si bien ha recordado que la nueva realidad no va a ser la misma que antes de marzo de 2020.

"Por eso es un error de diagnóstico vincular exclusivamente la solución a la situación de crisis generalizada mundial (económica, sanitaria y social) a la aparición de la vacuna. Por desgracia, la vacuna no va a devolver la vida a los 50.000 fallecidos en España, ni el diagnóstico tardío a los enfermos de cáncer, ni va a devolver el 18 por ciento que ha caído el PIB ni la destrucción de empleo", ha recordado además la portavoz popular.

Dicho esto, ha lamentado que el Gobierno reaccionara "tarde" y no atendiera a las peticiones de la OMS para gestionar la crisis, que consistían en hacer acopio de material; realizar test masivos; y disponer de datos y estadísticas fiables.

Respecto a la 'nueva realidad', la también exministra de Sanidad ha aludido al "desafío" de combinar el combate contra el coronavirus con la actividad sanitaria normal y la lucha contra el resto de patologías y enfermedades crónicas como el cáncer. "Porque convivir con el covid-19 implica que lo demás funcione", ha subrayado Montserrat.

Al respecto, ha señalado que la lucha contra el cáncer es una prioridad absoluta para el Partido Popular Europeo (PPE), que ha impulsado la reciente creación de una comisión especial en el Parlamento Europeo para la lucha contra el cáncer, de la que la propia Montserrat será miembro.

También ha recordado que la UE presentará antes de que acabe este año un plan de lucha contra el cáncer, con la intención de impulsar una mayor cooperación al respecto entre los 27 países de la UE, y que abordará cinco áreas principales: la prevención y la planificación estratégica; la detección precoz de la enfermedad; la atención multidisciplinaria integrada, prestando especial atención al apoyo psicológico y a la rehabilitación oncológica; las políticas sociales que aborden las condiciones vulnerables de los pacientes de cáncer y sus familias; y la equidad en el acceso a los tratamientos y curación.

"La acción conjunta de la UE en la lucha contra el cáncer puede marcar la diferencia, proporcionando un marco común para supervisar y coordinar la prevención, así como medidas de planificación estratégica más allá de las fronteras nacionales, y haciendo que la prevención sea aún más eficaz. La UE no va a abandonar a los pacientes de cáncer", ha asegurado la portavoz popular", ha zanjado.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tibunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha acordado denegar la medida cautelar solicitada por el Ayuntamiento de Valladolid consistente en la suspensión de la aplicación de las medidas sanitarias preventivas que se recogen en el Anexo de la Orden SAN/810/2020, de 1 de septiembre.

El fallo, al que ha tenido acceso Europa Press en fuentes del TSJCyL, se produce después de la denegación inicial este jueves de la petición del Ayuntamiento de que cautelarmente se dejaran sin efecto las medidas restrictivas impuestas por la Junta para evitar el incremento de contagios por la COVID-19.

La decisión se tomó sin escuchar a las partes, a las que se citó este viernes para escuchar sus argumentos, tras lo que la Sala ha decidido ratificar la denegación de las medidas.

Entre otras cuestiones, el fallo rechaza los daños irreparables que podrían suponer las medidas en la programación de actividades para la tradicional semana de fiestas, que se han suspendido, pero además considera que se sabía que la evolución de la enfermedad impide hacer previsiones y no podían descartarse restricciones.

Además, apunta a que el daño que podría producirse es patrimonial y, por lo tanto, "reparable", pero además incide en que en la vista se han presentado informes que "muestra datos suficientes, al menos indiciariamente, para entender adecuadas las medidas propuestas".

Los magistrados de la sala consideran que no se ha justificado qué perjuicios de "imposible o difícil reparación" causa al Ayuntamiento la limitación del aforo en reuniones familiares u otras actividades que nada tienen que ver con los servicios que presta la corporación o incluso que son enteramente privados, como es el caso, por ejemplo, de hoteles y alojamientos turísticos u otras instalaciones privadas.

"No se justifica ni siquiera indiciariamente los perjuicios de difícil o imposible reparación que causan las medidas, limitándose a alegar en términos generales, la competencia municipal para promover y prestar determinadas actividades y servicios de interés general, lo que no nos parece suficiente por su generalidad y ambigüedad", recoge el fallo.

DAÑOS A LA PROGRAMACIÓN

La Sala entiende que "en realidad, la principal razón de la medida que se solicita descansa en los daños que se causan por la imposibilidad de llevar a cabo la programación prevista para la tradicional semana de fiestas patronales de la ciudad".

Así, y ante la relación de las actividades previstas y su importe económico expuestas por la representación del Ayuntamiento, que ha argumentado con ello los daños y perjuicios derivados de esa limitación de aforo, el fallo considera que no se ha acreditado "mínimamente" la "irreparabilidad" de los daños y perjuicios en términos tales que la denegación de la medida haga perder al recurso su finalidad legítima.

Los magistrados entienden que todas esas actividades se han organizado conociendo la situación de pandemia y, por lo tanto, "se conocía la intrínseca precariedad de esa organización" y, aunque la organización se hizo respetando las normas de seguridad vigentes e, incluso, siendo aún más estrictos en cuanto a la limitación de aforo y demás medidas, como reconoce la sentencia, señala que es "de todos conocido" que la evolución de la enfermedad "impide hacer previsiones y más a largo plazo, de modo que la posibilidad de restricciones mayores no podía descartarse".

En todo caso y, como argumento determinante, añade que si bien se ha dejado constancia del importe económico de esas actividades, se desconoce en qué términos se han hecho las contrataciones y, como apuntó la representación de la Junta, "cabe pensar" que se han suscrito seguros u otras cláusulas que limiten o excluyan posibles responsabilidades municipales y, en todo caso, "el daño que cabe apreciar es patrimonial y, por ello, reparable".

En este contexto, la Sala añade que la duración inicial de las medidas sanitarias es de una semana y se desconoce igualmente si esas actividades pueden ser reprogramadas, algo que de ser así no permitiría hablar de "imposibilidad de realización", sino de que se llevasen a cabo en otro momento.

La alegación de que los daños derivados de la limitación de aforo y con ello la suspensión de actividades (extremo que considera no acreditado), la Sala considera que van más allá del aspecto económico por referirse a la cultura, al deporte, e incluso a las actividades de ocio, "necesarias, sin duda para los ciudadanos", pero cree que es una alegación "difusa" que no permite tener por acreditado el presupuesto necesario para acceder a la medida cautelar que se solicita.

"PROPORCIONALIDAD Y COHERENCIA"

En cuanto al argumento del Ayuntamiento de que el marco de la medida cautelar no era confrontar el derecho a la salud de los ciudadanos y el derecho al desarrollo de las actividades económicas, sino examinar la "proporcionalidad y coherencia" de la medida, considera que el planteamiento no es correcto

Este planteamiento no es correcto, ya que la medida cautelar ha de hacer una valoración de los intereses en conflicto como exige la ley e incide en que la finalidad declarada de la norma es evitar la propagación de la enfermedad e impedir un empeoramiento de la situación, frente a la cual hay que valorar las consecuencias (daños) de las medidas que allí se regulan.

A este respecto, el fallo explica que en el acto de la vista se han presentado y admitido dos informes de donde resulta cómo ha evolucionado la enfermedad en la provincia de Valladolid y que "muestra datos suficientes, al menos indiciariamente, para entender adecuadas las medidas propuestas".

El Ayuntamiento no ha cuestionado el mismo, sino que ha sostenido que las medidas (aun siendo loables en cuanto al fin que persiguen) resultan "desproporcionadas e incoherentes" y afectan "de manera injustificada" al aforo de las distintas actividades, algo planteado de modo "incorrecto" desde el punto de vista de las medidas cautelares, insiste el fallo.

Además, añade que, según los informes, "existe una transmisión comunitaria muy elevada" y por ello se pretende evitar el contacto y el número de personas que se reúnen y de ahí que "la limitación del aforo se haga, sin atender al lugar donde se proyecte la reunión".

Por otro lado, apunta que la medida tiene una duración máxima de siete días, "que no se juzga desproporcionada, ya que se trata de evitar tener que adoptar medidas más restrictivas".

Frente al argumento del Ayuntamiento de incoherencia de la orden con el argumento de que las medidas se aplican solo a Valladolid y no a otros municipios y que no se limite el aforo en los centros comerciales o en otros lugares, a juicio de los magistrados los ejemplos dados quedan al margen de este incidente y se carece de datos para valorarlos, por lo que no constituye un argumento suficiente para la adopción de la medida.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha admitido este viernes, en una comparecencia en Les Corts, que ha habido "alguna dificultad" con obtener los resultados de las PCR en algún departamento de salud de la Comunitat porque se estropearon aparatos que han obligado a repararlos, pero también con la falta de fungibles porque el presidente de EEUU, Donald Trump, hizo "acopio" de producción del laboratorio Roche.

Así lo ha indicado ante las críticas de la oposición sobre los problemas para obtener los resultados de las pruebas, que se demoran días. La consellera ha defendido que al inicio de la pandemia se reaizaban entre 3.000 y 4.000 pruebas diarias --solo a personas con sintomatología-- y ahora se ha pasado a 11.000, 12.000 y 13.000, por el cambio de criterio del Ministerio y porque se realizan a los contactos estrechos de los casos positivos para frenar la evolución de virus, lo que ha permitido detectar un 40% de casos asintomáticos en la Comunitat.

En todo caso, ha apuntado que ha habido "alguna dificultad" con aparatos "estropeados" que ha obligado a repararlos y se ha podido producir un "decalaje mayor del deseado" a la hora de obtener los resultados, pero ha subrayado que no se trata de un "problema de planificación" el hecho de que haya habido "cierta tensión" con las PCR "sino de Trump, que dice que reserva quiere para EEUU y qué reserva deja para los demás".

Así, ha indicado que "hizo un acopio de la producción de Roche, que es una de las suministradas de muchos de los fungibles y ha tenido que aumentar su producción por muchas razones: porque el mercado ha quedado prisionero y porque ha crecido el número de países que están llevando a cabo rastreos", entre los que ha citado a Francia, Alemania, Reino Unido y España.

En todo caso, ha subrayado que detectar un 40% de casos asintomáticos es "una gran noticia" para la Comunitat Valenciana y significa que "se está haciendo bien las cosas" y que los profesionales de primaria y Salud Pública están contribuyendo a frenar la expansión del virus y los brotes.

CASO DE LA VILA

Sobre el caso del Hospital de la Vila Joiosa (Alicante), donde diez sanitarios permanecen en cuarentena tras practicar una intervención quirúrgica a dos pacientes que finalmente dieron positivo por coronavirus, Barceló ha precisado que cuando una persona entra en el quirófano y se le programa operación se le hace una PCR para realizar la intervención con garantías

"Lo de la Vila se debe a que el primer resultado de la PCR es que es negativo y la segunda realizada es positiva", ha dicho, y ha subrayado que esto es algo que "puede ocurrir", aunque ha añadido: "Si hay dudas, los profesionales toman las decisiones que en ese momento consideran más acertadas".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha advertido este viernes a los partidos políticos de la comunidad la "grave irresponsabilidad" que, a su juicio, supone "tratar de generar incertidumbre, confusión o alimentar el miedo en la comunidad educativa" de cara a la próxima vuelta presencial de los escolares a las aulas "pensando en el beneficio político".

Así lo ha trasladado Juanma Moreno en una rueda de prensa tras participar en la Conferencia de Presidentes celebrada de manera telemática entre los dirigentes autonómicos y el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y en la que la 'vuelta al cole', marcada este año por la pandemia del coronavirus, ha sido uno de los principales temas tratados.

Al hilo de este asunto, el presidente de la Junta ha emplazado "a los partidos andaluces a que no abandonen la senda del acuerdo por la que transitamos todas las comunidades autónomas", y ha subrayado que "desde el Gobierno andaluz trabajamos con la mayor voluntad, y aportando todo lo que podamos aportar, para que el regreso a las aulas sea lo más seguro posible".

En ese sentido, ha destacado el "esfuerzo imponente" que, según ha defendido, está llevando a cabo la Junta "para que el inicio de curso se realice con la mayor seguridad posible", con medidas como la contratación de "casi 6.500 profesores", la realización de test de coronavirus a personal docente y no docente, o la inversión de 25 millones de euros en obras de adaptación de espacios en institutos y colegios.

"Hemos puesto encima de la mesa 600 millones de euros a medias con el Estado para reforzar la educación antes del inicio del curso", según ha enfatizado Moreno, quien, no obstante, ha reconocido que "seguramente" esa inversión "no es suficiente", pero "estamos estirando nuestros recursos al máximo, hasta donde podamos llegar", según ha incidido.

LLAMAMIENTO A LA "SERENIDAD Y CONFIANZA"

El presidente de la Junta ha dicho ser "muy consciente del temor de muchas familias" que actualmente se plantean "no llevar a sus hijos a los colegios", así como que puede "entender las dudas" de estos padres, pero al hilo ha querido realizar "un llamamiento a la serenidad y confianza en las instituciones".

En esa línea, Moreno se ha mostrado partidario de "intentar aportar certezas y seguridad jurídica", y ha resaltado que "todos los presidentes de comunidades autónomas hemos estado de acuerdo en que la educación, como derecho fundamental, es un servicio esencial que debe prestarse con carácter general de manera presencial".

Ha recordado el acuerdo alcanzado entre las comunidades autónomas y los ministerios de Educación y Sanidad en la conferencia sectorial del pasado 27 de agosto, en la que "fuimos capaces de acordar un modelo común de vuelta a las aulas con el mismo grado de seguridad y corresponsabilidad" que "ahora toca cumplir", según ha remarcado Moreno antes de advertir, no obstante, de que "esta situación extraordinaria" de la pandemia "nos presenta algunas situaciones que están sin resolver".

Al respecto, ha señalado que "debemos ser conscientes de que el riesgo cero no existe, ni en colegios ni en ningún otro sitio", y por eso apela "a la serenidad y la confianza de los padres en las instituciones" ante "el inicio de curso más complicado de nuestra historia reciente para el conjunto de Europa", que "no sólo pondrá a prueba la capacidad de adaptación y respuesta del sistema, sino también la responsabilidad de todos los que participamos en el inicio de curso escolar", según ha abundado.

Moreno ha concluido apelando a la "colaboración" del conjunto de la comunidad educativa ante "un reto colectivo" que "debe también motivarnos", y ha agradecido el "entusiasmo" que se está desplegando "para que este curso se inicie de la mejor manera posible".

El 68 por ciento de los españoles es favorable a recibir una futura vacuna del Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, según la encuesta de percepción social sobre aspectos científicos del Covid-19 realizada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, a 2.100 españoles procedentes de distintas comunidades autónomas con el objetivo de analizar el cumplimiento de las medidas de prevención y sus actitudes ante una futura vacuna.

En concreto, un 32 por ciento de los encuestados se muestra totalmente favorable a recibirla, el 36 por ciento estaría en una posición favorable, aunque con algunas reticencias, y el 23 por ciento muestra un nivel de reserva alto. El 9 por ciento restante prefiere no responder.

Según la encuesta, las personas mayores tienen mayor predisposición a vacunarse por Covid-19 que las más jóvenes, pero los análisis muestran que son más determinantes otros factores sociodemográficos. En concreto, presentan mayores niveles de reticencia a la vacunación aquellas personas que trabajan por cuenta propia (autónomos), las que tienen niveles altos de estudios (particularmente primer ciclo universitario) y de ingresos así como las que consideran que tienen un buen estado de salud.

Asimismo, el estudio pone de manifiesto que un 32 por ciento de la población se muestra reticente a recibir vacunas contra el Covid-19 por reticencias relacionadas con la rapidez de la investigación y no desean ser los primeros en vacunarse, mientras que un 12,7 por ciento manifiesta temer efectos negativos para su salud.

Sin embargo, la confianza en las vacunas en general sigue siendo alta entre la población española, en línea con estudios previos a la pandemia: la gran mayoría de los españoles considera que las vacunas son eficaces para prevenir enfermedades (tan solo un 4,4% se muestra en desacuerdo) y que son seguras (6% en desacuerdo).

El cumplimiento de las medidas de prevención es un predictor de actitudes favorables a la vacunación contra el Covid-19. Además, las medidas han sido adoptadas por una amplia mayoría la población: 8 de cada 10 manifiesta tener un seguimiento riguroso de las tres medidas de prevención del coronavirus: mascarilla, distancia social y lavado de manos. Sin embargo, cerca de uno de cada diez españoles incumple ocasionalmente alguna de las tres medidas y un 10 por ciento adicional manifiesta tener un seguimiento bajo en el conjunto de las tres.

Del mismo modo, el estudio ha mostrado que el contexto social más cercano (familiares y amigos) influye fuertemente en el cumplimiento de las medidas de prevención del coronavirus, señalando así que el cambio de hábitos es en gran medida grupal, más que individual. Además, el trabajo ha puesto de manifiesto que existe una fuerte asociación entre los tres principales comportamientos recomendados para la prevención de la Covid-19 (distancia social, higiene de manos y uso de la mascarilla) ya que los niveles de seguimiento en una de las recomendaciones, con una alta probabilidad, se observan en las otras dos.

Las personas que tiene una enfermedad crónica o no gozan de una buena salud tienden a adoptar en mayor medida los cambios de hábito que ayudan a prevenir la Covid-19. Asimismo, los padres y madres de menores de edad presentan una mayor práctica de las medidas de prevención del coronavirus.

El estudio muestra que la edad no es un factor determinante en el seguimiento de las medidas de prevención. Por otro lado, se observa que la percepción de efectividad de las medidas de prevención, así como la preocupación por la evolución de la pandemia están relacionadas con un mayor cumplimiento de las mismas.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha informado de que el próximo miércoles se va a presentar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el que están representadas todas las comunidades autónomas, nuevas propuestas de salud pública contra el Covid-19.

En una rueda de prensa junto a la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, tras la celebración de la 22ª videconferencia de Presidentes, Illa ha informado de que las nuevas acciones que se van a proponer a las comunidades, y que complementan a otras ya aprobadas como, por ejemplo, el cierre del ocio nocturno, van a ser estudiadas a lo largo del fin de semana y se mostrará al CISNS la próxima semana.

En concreto, el ministro de Sanidad ha adelantado que alguna de estas medidas se refiere a la creación, en coordinación con las comunidades autónomas, y conforme lo hagan el resto de países europeos, de un registro de vacunación contra el Covid-19, así como de un grupo de trabajo que analice y estudie los planes de vacunación una vez que la vacuna esté disponible.

Además, y como así lo ha informado también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los presidente de las comunidades autónomas, Sanidad va a proponer seguir realizando el estudio de seroprevalencia en los meses de octubre, febrero y mayo con la misma cohorte de participantes del primer trabajo que se realizó y que concluyó que el 5,2 por ciento de la población ha padecido el Covid-19.

Otra de las nuevas medidas de coordinación de salud pública que baraja el Gobierno es la realización de cribados de Covid-19 comunitarios. "Hay una experiencia acumulada importante de cuándo y cómo hay que hacerlo, y queremos hacer un esfuerzo de compartirlas y fijar criterios comunes para sacar el máximo rendimiento a la hora de hacer cribados de este tipo", ha apostillado Illa.

Finalmente, el Ministerio de Sanidad va a proponer a las comunidades autónomas acciones para reforzar la coordinación con los municipios en materia de salud pública. "Este fin de semana empezaremos a trabajar y presentaremos los primeros borradores al pleno del CISNS la próxima semana", ha recalcado el ministro.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha propuesto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la puesta en marcha de un Plan Nacional de Movilidad de cara a los próximos meses para hacer frente al coronavirus, pensado sobre todo para las capitales de provincia.

En este Plan se incorporaría un estudio de movilidad que podría realizar tanto el Gobierno central como la Comunidad de Madrid, para conocer cuáles son los usos y costumbres de los ciudadanos en esta materia, y poder tener una idea de cuáles van a ser en las próximas semanas los lugares de mayor concentración.

Así se lo ha trasladado durante su intervención en la Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas celebrada este viernes de manera telemática, según ha recogido el Ejecutivo regional en un comunicado.

En este sentido, la dirigente ha recordado que lleva meses solicitando planes que afectan al transporte, y que, en el en caso de la región, se traduce en las estaciones de AVE, el kilómetro cero de las carreteras y el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Así, ha reiterado que este último es una entrada de personas de todas partes del mundo, que requiere de "una estrategia" para evitar los contagios exteriores. Por ello, Ayuso contempla también que, a nivel internacional, exista algún tipo de actuación conjunta que permita, por ejemplo, hacer obligatorio la realización de pruebas PRC en origen.

INSISTE EN MANTENER REUNIÓN BILATERAL

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a solicitar al Gobierno central una reunión bilateral para tratar de un plan específico de la región, por sus características concretas, también relacionadas con el mismo transporte o su densidad de población.

Además, ha planteado criterios comunes en la normativa para tratar aspectos como las bajas de los padres por las cuarentenas de sus hijos o la prohibición de fumar en espacios públicos.

En cuanto a la próxima convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Ayuso ha hecho hincapié en la necesidad de disponer de más financiación de cara al año 2021 para atender y dar continuidad a todas las contrataciones extraordinarias que se están realizando, tanto de profesores como de sanitarios, con motivo del Covid-19.

EDUCACIÓN Y SANIDAD

En la vuelta a las aulas, el Gobierno regional contempla la contratación de casi 11.000 profesores mientras que desde el inicio de la pandemia se ha contado con 10.000 sanitarios nuevos a los que se les ha prolongado sus contratos hasta diciembre. "No podemos perderles a mitad de curso porque no tenemos más presupuesto. Estamos anteponiendo la crisis sanitaria a todo lo demás", ha sostenido.

Por ello, ha recalcado la importancia de centrarse en estos momentos en todo lo relacionado con el coronavirus, su situación epidemiológica desde el punto de vista de atención sanitaria y la vuelta a los colegios.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha sido designada copresidenta del Consejo Consultivo Internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para impulsar la iniciativa "Acción Climática por el Empleo".

Tal y como ha informado Vicepresidencia cuarta, Ribera aceptó el pasado mes de junio la invitación del presidente de la OIT, Guy Rider, a formar parte de este órgano, que desde ahora y por un mandato de tres años, presidirá junto al ministro de Comercio, Industria y Trabajo de Samoa, Lautafi Fio Selafi Purcell.

Según explica, la iniciativa "Acción Climática por el Empleo" es un "ambicioso programa mundial" ejecutado por la OIT, que tiene como objetivo "proporcionar una hoja de ruta clara para poner en marcha planes de transición justa a nivel nacional a través del diálogo social, creando trabajo digno y empleos verdes".

La responsable de la política mediambiental en España ha agradecido su nombramiento y destacado "la importancia de avanzar en esta iniciativa para impulsar una recuperación que cree puestos de trabajo y acelere la acción climática, más necesaria que nunca como revulsivo a la crisis del Covid19".

UN APRENDIZAJE ENTRE PAÍSES

"España está comprometida con una recuperación verde y una transición justa. Haremos todo lo posible para impulsar esta agenda a nivel nacional e internacional, y quiero dar las gracias a la OIT por invitarnos a formar parte de ella", ha declarado la vicepresidenta cuarta.

En ese sentido, Ribera ha incidido en la importancia de compartir experiencias entre los países en torno a las transiciones en determinados sectores para aprovechar mejor el aprendizaje mutuo en el proceso de transición hacia un nuevo modelo de desarrollo que no deje a nadie atrás.

En este sentido, se ha referido a la Ley de Cambio Climático y Transición energética de España, que se encuentra en trámite parlamentario, y que, según ha indicado, es "la primera normativa de este tipo en el mundo que incorpora la disposición de aprobar estrategias de Transición Justa cada cinco años para optimizar los resultados y minimizar los efectos negativos en términos de empleo e impactos sociales de la transición hacia una economía con cero emisiones y 100 por 100 renovable en 2050".

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta ha dirigido una carta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones solicitando "de forma urgente" una reunión para tratar "los problemas generados por la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital con el objetivo de hacer más efectiva la Renta Mínima andaluza".

Según ha informado en un comunicado esta consejería, la prestación andaluza se sigue tramitando para que la población más vulnerable "no quede desprotegida en estos momentos de emergencia social por la pandemia de Covid-19".

La consejera del ramo, Rocío Ruiz, ha solicitado así con esta misiva al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, una reunión en la que se trate la firma de convenios o protocolos para la gestión compartida del Ingreso Mínimo Vital entre el Gobierno, las comunidades autónomas y las corporaciones locales.

La consejera, además, ha recordado que "es necesario reforzar a los servicios sociales comunitarios, como ya lo ha hecho la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que ha destinado recientemente más de 7,7 millones de euros, en concreto 7.771.376 euros, para el refuerzo de los servicios sociales comunitarios con 422 nuevos profesionales, con el objetivo de agilizar la tramitación de la Renta Mínima".

La consejera se ha referido al futuro de la prestación andaluza y su funcionamiento durante el periodo de convivencia con la estatal y ha subrayado que la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía "es subsidiaria" a cualquier otra prestación a la que los beneficiarios pudieran tener derecho, "pero este carácter se refiere al efectivo ingreso de dicha prestación, por lo que si no se percibe el Ingreso Mínimo, se puede solicitar la Renta Mínima andaluza".

En este sentido, la consejera ha aclarado que el Gobierno andaluz continúa trabajando para hacer llegar la prestación autonómica a todas aquellas personas y familias que lo necesitan. "Seguimos admitiendo todas las solicitudes de Renta Mínima que nos están llegando, ya que el Ingreso Mínimo Vital está teniendo importantes retrasos en su gestión, lo que podría ocasionar que una familia andaluza pudiera percibir antes la Renta Mínima que el Ingreso estatal".

Por otra parte, ha destacado la importancia de que la prestación andaluza dé cobertura a los casos de población vulnerable que no están contemplados en el Ingreso Mínimo del Gobierno de España, como las personas de entre 18 y 23 años en caso de orfandad de ambos progenitores, haber estado al menos un año en el sistema de protección de menores, tener un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, constituir una unidad familiar pluripersonal sin menores o encontrarse en una de las situaciones establecidas de urgencia o emergencia social.

Asimismo, también serían las familias que cuentan con una resolución denegatoria de Ingreso Mínimo Vital o las que, contando con resolución estimatoria, dispongan de unos ingresos totales inferiores a la cuantía que les correspondería de la Renta Mínima.

"En estos momentos, estamos estudiando cómo complementar la prestación estatal, tanto para incrementar la dotación económica a las familias con hijas e hijos menores de edad como para llegar a las personas vulnerables que no tienen acceso al Ingreso Mínimo con el fin de que ninguna persona o familia andaluza que lo necesite se quede atrás", ha señalado la consejera.

En este sentido, ha recordado que, por una parte, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha destinado 7,7 millones de euros para la contratación de 173 efectivos de trabajo social y 249 de administración con el objetivo de reforzar los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos. Y, por otra parte, el Gobierno andaluz "viene trabajando en la modificación del Decreto-Ley desde antes de la implantación del Ingreso Mínimo Vital con el objetivo de hacerla más ágil".

Ruiz ha subrayado de la nueva norma que pueda aprobarse de la Renta Mínima que tendrá un enfoque hacia la inserción sociolaboral de los perceptores, para lo que "se está trabajando conjuntamente con la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo".

Junto a ello, se ha referido a la apuesta por la inserción socioeducativa, promoviendo la parentalidad positiva como medio para prevenir las situaciones de riesgo y desprotección de menores, así como el abandono temprano del sistema educativo.

Todo ello, según ha agregado la Junta, "de forma participada contando con la Comisión Autonómica de Coordinación de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía en la que se encuentran representadas la Administración local, autonómica, los agentes sociales y económicos andaluces y el tercer sector".

Finalmente, ha recordado las medidas extraordinarias que se tomaron como consecuencia de la pandemia por Covid-19 "y que han posibilitado obtener notables resultados en estos últimos meses de gestión. "La nómina mensual de la Renta Mínima ha alcanzado máximos históricos en junio, con un importe de cerca de 17,4 millones de euros y 20.019 unidades familiares atendidas, lo que representa un incremento de casi un 200 por ciento respecto a la nómina del pasado mes de marzo al inicio de la crisis social y sanitaria", ha subrayado.

La Consejería de Educación y Deporte, partiendo del incremento de plantilla docente realizado y puesto en marcha tras un análisis previo de las necesidades en este curso excepcional por el Covid-19, ha compartido con los agentes sociales en la Mesa Sectorial su disposición a acordar un aumento de ese esfuerzo de 6.400 maestros y profesores --de los que más de 5.400 van a reforzar la educación pública--, dentro del Plan de Acción del Gobierno, presentado el pasado mes de junio, por valor de más de 600 millones de euros.

Así, la Consejería ha indicado en un comunicado que ha puesto sobre la mesa de negociación "la posibilidad de superar los 6.000 maestros y profesores de refuerzo de plantilla en la educación pública y en más de 7.000 en el total del sistema educativo andaluz para el curso 2020-21".

La viceconsejera de Educación y Deporte, María del Carmen Castillo, ha manifestado la voluntad del Gobierno andaluz de mantener abiertos "de forma permanente los cauces de diálogo y negociación con los representantes sindicales".

Por otra parte, Educación ha destacado el envió este jueves a los centros educativos una circular relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020-21, que "permitan aumentar la distancia interpersonal para ajustarse a las condiciones sanitarias establecidas por la Consejería de Salud y Familias.

Así, ha destacado que, según dicha circular, para el alumnado que curse tercero y cuarto de ESO, Bachillerato, Formación Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial, los centros docentes "podrán establecer, en el marco de su autonomía pedagógica y organizativa, medidas que permitan la asistencia del alumnado de forma presencial, telemática o semipresencial en las diferentes asignaturas, materias, ámbitos o módulos profesionales, garantizando tanto las condiciones de seguridad y salud de las personas como el derecho a una educación de calidad".

En Educación Infantil, Educación Primaria y para los cursos de primero y segundo de Educación Secundaria, los centros educativos "podrán agrupar las distintas asignaturas en ámbitos de conocimiento en función de la habilitación del profesorado disponible como medida para limitar el número de profesores que entran en contacto con los distintos grupos de alumnos".

Esta circular, precisa la Consejería, se enmarca en la propuesta que hizo al Ministerio de Educación y FP en la Conferencia Sectorial para que abriera la posibilidad de optar por modelos flexibles que permitiesen adoptar medidas para aumentar la distancia interpersonal en los centros educativos, y en los que el departamento de Educación "viene trabajando desde el mes de julio, abierta a las propuestas de los agentes sociales".

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha planteado en la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes de manera telemática tres grandes reflexiones, una de ellas vinculada a la economía y en la que ha puesto sobre la mesa la necesidad de mantener los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), un protocolo de movilidad único europeo y un marco normativo más ágil con procedimientos "exprés" que permitan acelerar las inversiones.

Así lo ha explicado en una declaración institucional emitida tras el encuentro, en la que ha detallado que es momento de mantener los ERTE porque "es el momento de salvar empresas" y puestos de trabajo. También ha defendido ese espacio único europeo con un protocolo único de movilidad "coherente" que permitiría mitigar los daños en el sector turístico y también en los negocios internacionales.

El 'president' también ha subrayado la necesidad de un nuevo marco administrativo español con una normativa "más flexible" que permita favorecer la inversión pública y privada, con "procedimientos exprés que hagan más ágil la contratación de proyectos vinculados a ayudas europeas". "No quiere decir pérdida de control: todo el control necesario pero con toda la agilidad necesaria", ha precisado.

Otra de las reflexiones que ha planteado se ha centrado en el espacio político, señalando que la política no puede solo mirar a los expertos, los técnicos y la ciencia: "En esta pandemia la política no puede dimitir de su responsabilidad".

Algunos de los retos que se le presentan, según ha indicado Puig, son el de dar seguridad y estabilidad, reforzar la institucionalidad y hacer que "el concepto de unidad de acción no sea una frase vacía".

En este punto, ha asegurado que los políticos tienen "la exigencia ética de que se aprueben unos Presupuestos Generales del Estado" y que se haga con el máximo consenso posible, con "acuerdos que superen la aritmética".

También ha aludido a la necesidad de ejecutar la renovación pendiente de los órganos constitucionales, cuyo bloqueo ha calificado de "inmoral". Y ha reivindicado la reforma del sistema de financiación para "garantizar la suficiencia financiera y la igualdad" de todos los españoles.

La tercera reflexión de Puig ha estado relacionada con la necesidad de "no confundir" con mensajes equívocos a la población en relación a la pandemia: "No estamos en una situación similar a la de marzo, no puede haber ninguna relajación, pero tampoco catastrofismo".

Así, ha incidido en que hay que ser "ponderados" y no dejarse llevar "por los altavoces de alguna comunidad en concreto y su situación particular, que está de alguna manera también contaminando actualmente la situación".

"Tampoco debe instalarse en la opinión pública la falta de previsión en la vuelta a los centros educativos", ha dicho, porque en julio se llegó a un acuerdo sobre la hoja de ruta con la comunidad educativa.

El servicio balear de Epidemiología ha notificado este viernes al Ministerio de Sanidad 230 contagios de coronavirus, un fallecido más y 298 nuevas altas, lo que rebaja la cifra de casos activos a 2.156, 69 menos que este jueves.

Según ha informado la Conselleria de Salud, el acumulado en las Islas desde el inicio de la pandemia alcanza los 9.297 casos. Siguiendo los criterios de contabilización del Ministerio de Sanidad -que excluyen las 105 serologías positivas anteriores al 11 de mayo-, se han notificado hasta 9.192 casos en Baleares.

Por Islas, 7.898 corresponden a Mallorca, 264 a Menorca, 961 a Ibiza y 69 a Formentera.

Hasta la fecha 6.892 personas se han recuperado del COVID-19 en Baleares y 249 han fallecido.

UNA DECENA DE BROTES EN LA ÚLTIMA SEMANA

Según los datos de Epidemiología, la última semana se han detectado diez brotes nuevos en la comunidad. De los 61 casos positivos detectados de forma precoz, 31 se encuentran asintomáticos mientras que 30 han manifestado síntomas (y de éstos, no hay ninguno que haya requerido hospitalización).

Otras 98 personas se encuentran en seguimiento al ser considerados contactos estrechos. Todos los brotes afectan a menos de 10 personas, excepto uno que incluye 11 casos positivos.

Cuatro de los nuevos brotes declarados esta semana se han localizado en Ibiza, tres en Mallorca y dos en Formentera, mientras que uno afecta dos islas conjuntamente: Ibiza y Menorca. De los nuevos brotes, cuatro son del ámbito social / familiar, tres laborales y tres mixtos (uno laboral-familiar y dos laboral-residencial).

Asimismo, además de estos diez brotes, quedan otros 84 abiertos (94 en total). Desde principios de mayo, el equipo de rastreadores de atención primaria del Centro Coordinador de Covid ha identificado 137 brotes en la comunidad, ha localizado 715 casos positivos y ha hecho seguimiento y pruebas a otras 1.000 personas identificadas como contactos estrechos.

Unidas Podemos ha registrado en el Congreso una proposición de ley con sus propuestas para la derogación de la reforma laboral en materia de contratación temporal, contratos a tiempo parcial, la jornada laboral o las horas extraordinarias.

Con esta iniciativa, el grupo confederal busca simplificar las causas para esta contratación por razones de carácter productivo y organizativo, y limitar la contratación temporal, para que esta modalidad pase a ser una excepción, en favor de la contratación indefinida.

De esta forma, Unidas Podemos quiere impedir que se pueda usar la contratación temporal para realizar actividades normales y permanentes dentro de la empresa, prohibir el contrato temporal para obra y servicio determinado y también la posibilidad de hacer coincidir la finalización de una contrata de servicios con el propio contrato de trabajo.

Otra propuesta también pasa por establecer la nulidad del contrato cuando esta contratación sea irregular, lo que a su juicio "garantiza de manera muy precisa la tutela de la estabilidad frente al fraude o al abuso".

La iniciativa recoge también cambios en la tipificación de las infracciones y sanciones en el trabajo, en materia de jornada, horas extraordinarias, descansos, la modalidad contractual, las discriminaciones directas o indirectas por razón de edad, discapacidad, sexo, origen, ideas políticas u orientación sexual; o la ausencia de afiliación o alta de trabajadores, considerándose infracción en este caso por cada uno de los trabajadores afectados.

REFORMA DEL REGISTRO DE JORNADA

En materia de jornada, el grupo confederal introduce cambios a la reforma realizada por el Gobierno de Pedro Sánchez, para que los trabajadores puedan recibir una copia cada mes de la suma de horas realizadas y, en su caso, los descansos compensatorios, y que así este registro sea de libre acceso tanto para el propio trabajador como de los representantes de los trabajadores.

Asimismo, la iniciativa eleva a infracción grave a cualquier incumplimiento referido al registro de jornada y de las horas de entrada y salida, o que este registro no se encuentre disponible para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

SIN HORAS COMPLEMENTARIAS EN UN CONTRATO A TIEMPO PARCIAL

En lo que respecta a la contratación a tiempo parcial, la propuesta elimina las horas complementarias en este tipo de contratos, obliga a especificar las horas de entrada y salida y también contempla la posibilidad de reducción de horario para el ejercicio de derechos.

Unidas Podemos justifica estas modificaciones para evitar que este tipo de contratos se utilice "como mecanismo de introducción de una flexibilidad abusiva por las empresas".