La Confederación de Asociaciones de Personas con parálisis Cerebral (Aspace) exigió este viernes «medidas específicas» para la protección de las personas con parálisis cerebral contra los efectos de la pandemia de coronavirus y reclamó que las ayudas para los padres que deban pedir permisos en el trabajo por cuidado de hijos se extiendan a las familias de los usuarios con discapacidad de centros cerrados por la crisis.

Según esta entidad, el 80% de las 120.000 personas con parálisis cerebral que viven en España tienen grandes necesidades de apoyo y de atención sociosanitaria. «Son, por lo tanto, un colectivo especialmente vulnerable, que no ha sido mencionado de forma expresa en las medidas propuestas hasta el momento frente a la pandemia», lamentó. En su opinión, las personas con parálisis cerebral y sus familias han quedado expuestas a grandes dificultades para garantizar su salud y bienestar social.

En un comunicado, Aspace Denunció que el cierre de centros de día, centros educativos y otros centros de atención que han decidido las entidades de Aspace «de forma responsable deja solas a las personas con parálisis cerebral y a sus familias, porque las ayudas planteadas para el cuidado de hijos en el hogar no contemplan a usuarios y usuarias de entidades de la discapacidad».

Por tanto, es necesario que la financiación de la Administración Pública continúe, a fin de evitar una situación de quebranto económico para las entidades que gestionan estos servicios.

DEMANDAS

Criticó que hasta el momento, las entidades del Movimiento Aspace trabajan según las indicaciones de las Administraciones Públicas competentes que, en muchas ocasiones, no consideran la discapacidad como un colectivo de alto riesgo.

Según Aspace, «resulta indispensable» que la posible prestación transitoria de la Seguridad Social destinada a los progenitores que deban permanecer en domicilio cuidando a sus hijos cuyos colegios hayan cerrado se extienda e incremente a los familiares de personas con parálisis cerebral y discapacidad en general. «Esta medida debería incluir a las familias afectadas por el cierre de centros de día, ocupacionales, atención temprana y otros centros y servicios ofrecidos por las entidades del movimiento asociativo de la discapacidad», especificó.

Aspace reclamó que «en las próximas horas se tenga en cuenta a las entidades del sector de la discapacidad, para establecer prioridades en la acción y ayudas concretas que permitan garantizar la salud y la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y sus familias en el tiempo que dure esta crisis de salud pública».

Asimismo, se ofreció a la administración pública estatal, autonómica y local para colaborar y establecer medidas conjuntas que permitan superar esta crisis.

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La Fundación José Manuel Lara, Fundación ONCE y el Comité Paralímpico Español (CPE) -en colaboración con el Instituto Cervantes y la Embajada de Japón en España- han presentado el certamen literario ‘Haikus, Poemas de oro, plata y bronce’, con motivo de la celebración de los XVI Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

El concurso pretende fomentar la lectura y la escritura, así como potenciar los valores deportivos y paralímpicos con la creación de la pieza poética japonesa denominada haiku. El primer premio sería un viaje para dos personas para presenciar los Juegos Paralímpicos de Tokio.

Las instituciones que participan en este proyecto comparten su interés por incrementar la relación entre cultura y deporte, aprovechando las sinergias que se pueden establecer entre estos dos mundos con el objetivo de lograr una sociedad mejor y más formada. Al mismo tiempo, es un intento por mejorar el conocimiento y las relaciones entre los dos países.

Se trata de un certamen a nivel nacional en el que podrán participar residentes en España mayores de 18 años. Para ello, cada concursante deberá escribir y presentar un haiku, una pieza poética corta de origen japonés que consta de tres versos que, por lo general, tienen 5/ 7/ 5 sílabas. El haiku pretende lograr la mayor simplicidad y generalmente incluye referencias a la estación del año. Exige intimidad, conciencia, libertad emocional y trata de captar el asombro o la emoción que produce en el poeta la contemplación de la realidad.

El plazo de admisión de originales está abierto desde el 12 de marzo y finaliza el 30 de abril de 2020. Los autores de los haikus seleccionados por el jurado –categorías de oro, plata y bronce- asistirán a una gala que se celebrará en Madrid, acto que contará con una representación de los deportistas paralímpicos seleccionados para Tokio 2020.

El jurado estará compuesto por representantes de las cinco entidades promotoras, como son Mónica Carrillo, novelista y presentadora de los informativos de fin de semana de Antena 3; Esther Peñas, periodista de Inserta y poeta; Luis Leardy, director de Comunicación del Comité Paralímpico Español; Joan Pahisa, gestor de proyectos de Tecnología Accesible e I+D de Fundación ONCE, y Yoshiharu Fujiwara, periodista cultural del ‘Yomiuri Shimbun’, especialista en haikus y traductor japonés/español.

Las bases, disponibles en la web de la Fundación José Manuel Lara, contienen toda la información relativa a este certamen (www.fundacionjmlara.es), que también puede consultarse a través de redes sociales y canales de difusión del resto de las instituciones organizadoras y colaboradoras.

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El grupo empresarial ILUNION ha puesto su cadena de hoteles a disposición de las autoridades políticas y sanitarias de la Comunidad de Madrid para acoger en ellos a enfermos leves de coronavirus que necesiten vivir aislados durante las próximas semanas y no puedan hacerlo en sus casas.

Con esta iniciativa, ILUNION Hotels «da un paso al frente» tras el Plan de Acción contra el Coronavirus presentado el jueves por la Comunidad de Madrid, que contempla crear hospitales de campaña en pabellones e incluso hoteles para atender a los contagiados con menos síntomas que tienen que aislarse de sus familiares pero no necesitan ser ingresados en centros sanitarios.

El presidente de ILUNION, Alejandro Oñoro, y el director general de ILUNION Hotels, José Ángel Preciados, adoptaron ayer mismo esta decisión tras conocer el Plan de Acción de la Comunidad de Madrid.

Fuentes de la empresa indicaron a Servimedia que ILUNION, perteneciente al Grupo Social ONCE, ha demostrado en todas sus líneas de negocio que siempre «se preocupa de las personas y de la sociedad» en su conjunto, por lo que está dispuesto a aportar soluciones de alojamiento a quienes lo necesitan en un momento de crisis sanitaria como el actual.

En este sentido, ya ha trasladado a la Consejería de Sanidad de Madrid que los hoteles de ILUNION «están a disposición» de las autoridades si los necesitan, como corresponde al «compromiso con la sociedad» que el Grupo Social ONCE ha demostrado durante sus más de 80 años de existencia.

La compañía considera que «ahora mismo la sociedad necesita que todas las instituciones y empresas estemos a la altura de las circusntancias» y con este gesto pretende demostrarlo al «dar un paso al frente para ayudar a la sociedad ante una situacion gravísima» como la extensión del contagio de coronavirus, que ha llevado a la OMS a reconocer la situación de pandemia mundial.

Además, ILUNION Hotels tiene previsto realizar el mismo ofrecimiento a otras comunidades autónomas que sigan el ejemplo de la Comunidad de Madrid para trasladar a enfermos leves a otro tipo de recintos donde puedan cumplir con el aislamiento sin poner en riesgo a sus familias.

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Adif ha aprobado la adjudicación del contrato para la ejecución de nuevas actuaciones para mejorar la accesibilidad en la estación de Cercanías de Recoletos (Madrid), con un presupuesto de 1.361.155,64 euros y un plazo de ejecución de trece meses.

Según informa Adif, el contrato, adjudicado a la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras, se refiere en particular a la realización de actuaciones relacionadas con la accesibilidad tren-andén.

En este sentido, está previsto adecuar la cota de borde de andén, situándola en 68 centímetros desde la cota de cabeza de carril, y la pendiente transversal, que será inferior al 2%. Para ello se realizará una capa de recrecido en toda la longitud útil del andén, de manera que las nuevas piezas de acabado mantengan una cota constante.

Esta obra se añade a las actuaciones de mejora de accesibilidad que están realizándose actualmente en esta estación, enfocadas en la instalación de ascensores que faciliten al usuario un itinerario accesible desde el exterior, a nivel de calle, hasta el nivel de andenes.

En concreto, el proyecto contempla el montaje de un ascensor que conecte el nivel de calle con el vestíbulo y otros dos ascensores entre éste y los andenes. Este contrato, adjudicado en diciembre de 2018 por 4.827.339,18 euros prevé también el acondicionamiento de nuevas salidas de evacuación, así como la ejecución de un nuevo centro de transformación.

Las obras ahora adjudicadas, que forman parte del Plan de Cercanías de Madrid, incluyen asimismo la renovación de los acabados existentes en el andén (solado, paquete de borde de andén, paramentos verticales) siguiendo el criterio de actuaciones anteriores. También se dará continuidad a la impermeabilización de la bóveda y se colocará un nuevo revestimiento.

Por último, el contrato también prevé la adaptación de los elementos de detección de incendios a los nuevos acabados, así como la renovación del sistema de megafonía en andenes.

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La Dirección General de Tráfico (DGT) anunció este viernes que a partir del próximo lunes se suspenden temporalmente y «hasta nuevo aviso» los exámenes teóricos y prácticos para la obtención del permiso de conducir tanto en todas las categorías de vehículos como en todas las jefaturas provinciales de Tráfico, en el marco de un paquete de medidas de prevención para frenar la expansión del coronavirus.

De esta forma, Tráfico amplía a toda España la medida adoptada este jueves de que desde este viernes se suspenden los exámenes en la Comunidad de Madrid, La Rioja y la provincia de Álava.

Además, la DGT ha decretado la suspensión de los cursos de sensibilización y recuperación de puntos, lo que ha tomado de común acuerdo con el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE).

La atención presencial a los ciudadanos en las jefaturas provinciales y locales de Tráfico se realizará manteniendo servicios esenciales, en función de las necesidades particulares de cada uno de los centros.

La DGT indicó que el servicio público al ciudadano se seguirá realizando a través de la atención telefónica y telemática, ya que un número importante de gestiones administrativas relacionadas con vehículos y conductores se pueden realizar a través de la sede electrónica del organismo y a través de colaboradores terceros.

Por último, Tráfico ha decidido levantar las restricciones a la circulación de vehículos de transporte de mercancías desde el 14 al 28 de marzo, prorrogable en función de la evolución de la situación, como medida para garantizar el suministro de bienes esenciales y abastecimiento a las ciudades.

La DGT anualmente establece límites de circulación a este tipo de vehículos por razones de seguridad vial, movilidad y de fluidez durante los fines de semana y días de operaciones especiales de tráfico. Esta medida se ha adoptado en coordinación con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, y se ha dado a conocer a las asociaciones de transporte.

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Grandes empresas del Íbex-35 como Naturgy y Telefónica han anunciado medidas de responsabilidad social a raíz de la crisis sanitaria del coronavirus, con las que buscan ayudar al tejido empresarial, productivo y al público en general a sobrellevar la situación actual y que se añaden a las ya adoptadas en materia de seguridad respecto a sus trabajadores, proveedores o clientes.

En concreto, Naturgy aplazará las facturas de luz y gas de pymes y autónomos que se emitan a partir de ahora con el objetivo de que empresarios y emprendedores puedan hacer frente a la crisis del coronavirus y ayudar a paliar el impacto en sus ingresos.

En concreto, las facturas de las pymes, micropymes, autónomos o pequeños negocios como restaurantes o peluquerías, que se acojan al nuevo plan de ayuda, podrán ser abonadas en la segunda parte del año.

Naturgy se hará cargo del coste de estas facturas durante estos meses, financiando a sus clientes a 6 meses sin intereses, y permitiendo así flexibilidad el pago de la energía. Hasta 250.000 clientes, pymes o autónomos, podrán acogerse a esta ayuda que pone a su disposición el grupo.

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, considera que “las empresas debemos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos de apoyar nuestro entorno en momentos coyunturales de alta incertidumbre. Esta propuesta permitirá a pymes y autónomos a gestionar su liquidez a medio plazo y puedan sobrellevar este periodo”.

Por su parte, Telefónica asegura y garantiza que la conectividad y la red de telecomunicaciones funcionará a pleno rendimiento, de una manera fiable, estable y segura. Las comunicaciones indispensables en una emergencia sanitaria global, tanto para que las administraciones públicas puedan coordinarse debidamente e informar en tiempo real a los ciudadanos; que los centros sanitarios y hospitales tengan siempre disponibles sus comunicaciones y puedan hacer uso de diagnósticos en remoto para los pacientes; que los centros educativos mantengan una continua conexión con las familias y alumnos y puedan hacer uso de herramientas de e-learning; que las pequeñas y medianas empresas puedan tener aseguradas sus comunicaciones, claves para su funcionamiento, y puedan estar conectados con sus clientes y con sus equipos; y que los trabajadores puedan hacer uso del teletrabajo.

Además, la compañía que preside José María Álvarez-Pallete ha decidido tomar medidas en beneficio de los clientes mientras dure la crisis. Entre otras cosas incrementará sin coste adicional alguno los GB que disfrutan sus clientes Fusión y clientes móvil de Movistar con 30 GB adicionales cada mes, durante dos meses.

Con el fin de facilitar el recreo y entretenimiento en el hogar, incrementarán también de manera gratuita su oferta de entretenimiento mediante el refuerzo de los contenidos, especialmente contenidos infantiles y eventos deportivos, accesibles a través de la aplicación Movistar + Lite donde los clientes y no clientes podrán disfrutar de un mes gratis. Pondrán a disposición de los clientes Fusión, de forma gratuita, la aplicación Movistar Junior con contenido especial para los más pequeños de la casa.

Además, en función de la evolución del brote en cada país, adoptarán medidas similares en otras regiones donde operan. También desde la Fundación Telefónica se reforzarán los contenidos educativos a través de la tecnología y las plataformas de aprendizaje online Scolartic y Conecta Empleo dirigidas tanto a docentes como a padres y estudiantes.

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La ONCE ha decidido no celebrar la 17 Bienal de Música que tenía previsto desarrollarse en la comunidad de Aragón entre el 25 y el 28 de marzo.

Así lo anunció este viernes la organización a través de un comunicado urgente en el que también precisó que ha tomado esta decisión como medida de precaución en aplicación de las medidas preventivas transmitidas por las autoridades sanitarias y por el Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud, ante el actual escenario de contención provocado por la expansión del coronavirus en España.

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La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas) pidió este viernes que la información sobre el coronavirus sea accesible, ya que «las televisiones en abierto de cobertura estatal y algunas públicas autonómicas cuentan con subtitulado en sus emisiones, pero la mayoría de las autonómicas (públicas o privadas) incumplen la legislación que les obliga a ser accesibles».

Fiapas denuncia en un comunicado que «consultar telefónicamente no es posible para un gran número de personas con discapacidad auditiva que requieren del apoyo de texto escrito o de videoconferencia. Piensen en su inquietud por el momento, incluso en su propio miedo actual. Imagínense sin poder acceder a la información que ustedes ahora mismo sí tienen. No es solo que parezca que las personas con discapacidad auditiva sean consideradas ciudadanos de segunda o de tercera, es que son ciudadanos sin derechos. Invisibles… »

Concluye Fiapas indicando que «las administraciones públicas, estatales o autonómicas, no se están preocupando por eliminar las barreras de comunicación y de acceso a la información que transmiten en sus intervenciones. En un mundo en el que la información se comunica audiovisualmente, en una situación como la actual, con la información actualizada minuto a minuto, las personas sordas se preguntan dónde están los formatos accesibles, qué necesitan saber para reaccionar adecuadamente y a tiempo, a quién acudir….» .

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La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias (Fasican), denunció este viernes la nula accesibilidad en los contenidos informativos realizados desde el Gobierno de Canarias, como los producidos estas últimas semanas con motivo de la situación sanitaria y medidas a adoptar con respecto al Covid-19.

Fasican exige el cumplimiento de la legislación vigente ante la «reiterada vulneración de derechos». De hecho, señaló que el pasado 26 de febrero la federación realizó una reclamación pública pero, «sin embargo, los poderes públicos continúan sin facilitar las medidas necesarias para que los medios de comunicación sean accesibles a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas mediante la incorporación de las lenguas de signos españolas».

Una situación que la entidad califica como “discriminatoria”, ya que excluye a las personas sordas de un asunto de especial interés social. “Las personas sordas han visto cercenado su derecho a tener acceso a la información en una situación de emergencia social lo que supone un acontecimiento que interesa y preocupa a las personas sordas canarias”, señaló la entidad.

El presidente de la Fasican, Óscar Luis Hernández, manifestó al respecto que “tras la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias el pasado 24 de octubre de 2018 por las Cortes Generales, el cual incluye la lengua de signos española como objeto de enseñanza, protección y respeto, es inconcebible que la televisión pública canaria haya restringido el derecho de las personas sordas a acceder a la actualidad de este suceso ocurrido en nuestras islas”. En este sentido, instó al Gobierno canario “a velar porque la televisión pública garantice la accesibilidad en sus contenidos, el derecho a una información”.

La entidad recordó que tanto la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley 27/2007 por la que se reconocen las lenguas de signos en España, y la actual Ley General de Comunicación Audiovisual suponen un marco jurídico suficiente que obliga a adoptar las medidas necesarias para no continuar vulnerando los derechos de las personas sordas a acceder a la información en igualdad. Por ello, las televisiones tienen la obligación de garantizar que la retransmisión de sus programas cuente con sistema de subtitulado e interpretación a la lengua de signos española.

“La administración pública debe asegurar el pleno acceso a la información de las personas sordas, respetando nuestra lengua, la lengua de signos y nuestras distintas necesidades comunicativas, sólo de esta manera se nos tratará como ciudadanos y ciudadanas de pleno de derecho”, añadió el presidente de Fasican, defendiendo la inclusión de estas medidas de accesibilidad.

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La Obra Social ‘la Caixa’ ha permitido la contratación de 239 jóvenes madrileños en el marco del programa ‘la Caixa Empleo Joven’, cofinanciado entre la entidad y el Fondo Social Europeo, y el 81% de estas inserciones laborales, 194 contratos, han sido indefinidas.

Así lo precisó este viernes la entidad financiera a través de un comunicado en el que puntualizó que estas cifras han sido posibles gracias a 150 empresas madrileñas que se han interesado por el programa y por sus “incentivos” para el empleo juvenil.

Por su parte, en el conjunto de España se han conseguido 2.933 puestos de trabajo, de los cuales el 71 % han sido contratos indefinidos.

El programa ha facilitado una ayuda directa a empresas, incluidos empresarios autónomos, asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para la contratación de jóvenes desempleados de entre 16 y 29 años con el objetivo de “incentivar la contratación, estable y de calidad”, para contribuir, a su vez, a la “reducción” del desempleo entre los jóvenes y la dinamización de la actividad empresarial y el crecimiento económico.

Para el presidente de la Fundación Bancaria ‘la Caixa’, Isidro Fainé, con el programa se busca “dar igualdad de oportunidades a esos jóvenes que cumplieron edad de entrar en el mercado laboral en plena crisis económica”. Y ello, ofreciendo formación “especializada” a los jóvenes y “proponiendo incentivos a las empresas colaboradoras con las que “sumamos fuerzas para que todos seamos parte de la solución”.

Estas ayudas de la Fundación Bancaria ‘la Caixa’ y el Fondo Social Europeo han contado con dos convocatorias abiertas, correspondientes a los años 2017-2018 y 2018-2019, y culmina en 2020 con unas cifras “positivas” de inserción sociolaboral.

La Obra Social ha gestionado 20,1 millones de euros procedentes del Fondo Social Europeo y ha aportado cerca de 1,8 euros adicionales, de modo que se alcanzarán alrededor de 21,9 millones de inversión.

El proyecto se suma a las distintas iniciativas que impulsa ‘la Caixa’ con la voluntad de combatir el desempleo.

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La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) anunció este viernes que, con motivo de las dificultades y contratiempos provocados por la expansión del Covid-19, los plazos en los procedimientos tributarios de los contribuyentes se ampliarán mediante un cambio normativo “inminente”.

Así lo recoge un comunicado publicado en la página web de la Agencia Tributaria, en el que lanza un mensaje de tranquilidad asegurando al contribuyente que “no se preocupe si tiene un trámite pendiente”.

En este sentido, el mensaje de la AEAT asegura que “en tanto se aprueba el cambio normativo la Agencia es consciente de la situación y no considerará incumplido el plazo”.

En cuanto a las citas ya concedidas para realizar trámites, la Agencia indica que se pueden aplazar y que, en tal caso, llamarán al contribuyente para comunicarle la nueva fecha.

MEDIDAS

Por otro lado, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes el Real Decreto-Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros con medidas económicas para hacer frente al impacto del coronavirus.

Entre las medidas aprobadas, está el aplazamiento y fraccionamiento de algunas obligaciones tributarias por parte de pymes y autónomos, una medida que, según indicó ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, supondrá una inyección de liquidez de 14.000 millones de euros.

En concreto, el real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros establece que Hacienda permitirá hasta el 30 de mayo de 2020 que las empresas y los autónomos puedan aplazar hasta 30.000 euros en el pago de impuestos durante seis meses, con tres meses de carencia.

Así, estos aplazamientos se concederán por un plazo de seis meses, pero las empresas tendrán la opción de devolver el dinero a los tres y no abonar nada en intereses.

De esta forma, pymes y autónomos podrán solicitar el aplazamiento por conceptos que hasta ahora tenían la consideración de inaplazables, según la Ley General Tributaria. En concreto, el Real Decreto-Ley modifica dicha cuestión, y, con el objetivo de dotar de mayor liquidez a pymes y autónomos, permitirá aplazar las retenciones del IRPF, cuotas repercutidas de IVA y pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades.

Por otra parte, en lo que respecta al calendario de la campaña del IRPF 2019, ayer la Diputación de Álava decidió aplazar hasta septiembre las citas presenciales para declarar este impuesto.

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reclamó este viernes a los poderes públicos una “protección reforzada, más intensa”, a las personas con discapacidad y sus familias en las medidas que se adopten contra los efectos de la pandemia de coronavirus, por la “posición de mayor necesidad objetiva que este grupo social presenta”.

“Como medida instrumental, hay que garantizar la accesibilidad a los contenidos informativos y comunicacionales que las autoridades públicas están dirigiendo a la población general sobre la pandemia. Si la comunicación no es universalmente accesible, los mensajes de salud pública no están llegando a toda la ciudadanía en una situación de emergencia nacional, con lo que se perjudica a las personas con discapacidad”, afirma el Cermi.

Respecto de las medidas de fondo, el movimiento de la discapacidad exige a las comunidades autónomas, como responsables de los servicios sociales que, durante las clausuras, cierres y suspensiones de servicios, etc., la financiación de la Administración pública continúe, y no se haga recaer el “quebranto económico sobre las entidades que gestionan esos servicios sociales de atención a personas, por delegación pública, como si se las castigara cuando se trata de una situación de fuerza mayor”.

En relación con una posible prestación transitoria de Seguridad Social que se cree para los progenitores que deban permanecer en domicilio cuidando a sus hijos cuyos colegios o centros de atención social hayan cerrado, el Cermi pide que se incremente un 25% si estos tienen reconocida discapacidad, por el mayor sobrecoste que comporta la atención a las situaciones de discapacidad.

“En este caso, no basta que la prestación esté pensada solo para cierres de colegios, también de centros de servicios sociales (servicios de atención temprana, centros ocupacionales, centros de día, etc.), pues muchas personas con discapacidad reciben asistencia en esa tipología de recursos, que deben tener la consideración asimilada a centros lectivos”, añade la plataforma representativa de la discapacidad en España.

En el ámbito de la inclusión laboral, y respecto de los centros especiales de empleo de iniciativa social que se vean cerrados o en cese de actividad obligada, el Cermi plantea que se eleve transitoriamente la subvención del salario mínimo interprofesional por cada trabajador con discapacidad de especiales dificultades de inserción al 65 %.

“En todo caso, el Cermi pide a los poderes públicos que extremen el diálogo civil y las consultas y escucha activa con el sector social de la discapacidad en la gestión de esta crisis de salud pública, para que esta parte de la ciudadanía no quede desprotegida o en posición de mayor exposición a los efectos de la pandemia”, concluye la entidad.

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El precio medio de los alquileres de vivienda en España subió un 1,4% en febrero de 2019 en comparación con el mismo mes del año anterior, incremento idéntico al de los registros interanuales de noviembre y diciembre de 2019 y enero de 2020, según el Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De esta manera, la evolución de los precios de los alquileres se mantiene al alza sumando 40 meses seguidos de subidas, tras encadenar tres meses de estabilidad en 2016.

Por su parte, el diferencial con la tasa de IPC general de febrero aumentó a seis décimas, ya que dicho índice fue del 0,8%.

Por su parte, la variación mensual del precio del alquiler de vivienda fue del 0,1%, idéntica a las registradas en los doce meses precedentes.

Por comunidades autónomas, el mayor incremento anual fue el de la Comunidad Valenciana (+2,2%). Le siguió la Comunidad Foral de Navarra (+2,1%), la Comunidad de Madrid (+1,8%) y Andalucía (+1,4%).

A continuación, Baleares, Galicia y La Rioja vieron subir el precio de los alquileres un 1,3%, mientras en Aragón, Asturias, Cataluña, Canarias aumentó un 1,2%.

Ya lejos de la media quedaron Castilla y León y Cantabria, donde los alquileres subieron un 0,9%, seguidas por Castilla-La Mancha (+0,8%), Murcia (+0,8%), País Vasco (+0,7%), Melilla (+0,4%) y Ceuta (+0,2%). Por último, Extremadura fue la única comunidad en la que el precio del alquiler no tuvo variación (+0,0%).

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La Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA) manifestó este viernes que “no va a permitir que ni un solo autónomo quede a la deriva” como consecuencia del impacto del nuevo coronavirus (Covid-19).

En declaraciones a Servimedia, el presidente de la organización, Eduardo Abad, valoró que las medidas económicas aprobadas por el Gobierno ayer, jueves, como el fraccionamiento y aplazamiento de impuestos para pymes y autónomos durante seis meses sin intereses “en nada colman las expectativas de nuestra organización”.

Abad explicó que los trabajadores por cuenta propia ya podían aplazar sus obligaciones fiscales hasta 30.000 euros y la novedad es que no se les cobrará intereses.

“Las medidas que desde UPTA hemos hecho llegar al Gobierno son inquebrantables”, afirmó, en referencia a que se bonifique el 100% de la cuota para los autónomos en cuarentena o contagiados por el coronavirus, facilitar el cese de actividad o paro de los autónomos para quienes se vean afectados indirectamente por el virus registrando una reducción de su facturación de al menos el 25%, que el periodo de cobro de esta prestación no descuente del periodo al que tiene derecho y establecer con urgencia el mecanismo de control y seguimiento del cese de actividad.

En el ámbito fiscal, UPTA pide líneas de financiación sin intereses y plazos extraordinarios para liquidar IRPF o IVA. Abad señaló su confianza en que “cuando se desarrollen medidas laborales” se llevan a cabo las medidas de protección social para los autónomos.

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