La ministra de Defensa, Margarita Robles, lanzó este domingo un mensaje al presidente de la Generalitat, Quim Torra, al avisarle de que se desplegará a los miembros de las Fuerzas Armadas “donde sea necesario” con tal de garantizar la salud pública durante el estado de alarma.

En una rueda de prensa conjunta en La Moncloa con los ministros de Sanidad, de Interior y de Transportes, Robles señaló que “cuando sea necesario e imprescindible se procederá” al despliegue de efectivos militares en cualquier enclave de todo el territorio español.

La ministra cargó contra el presidente catalán cuando se le preguntó por el hecho de que Torra no ha firmado el comunicado conjunto de los presidentes autonómicos y el Gobierno para combatir la expansión de virus, y si eso puede suponer que va por libre y no va a seguir las mismas pautas que el resto de España.

Robles señaló que alguien que en esta situación de crisis sanitaria por una pandemia mundial «hace un planteamiento puramente político no merece ser llamado responsable político” porque la “prioridad de todos, sin excepción, es la sanidad de cada uno de los ciudadanos”.

“Es esencial que estemos todos unidos para vencer al virus», dijo por su parte el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quién remarcó que “hasta la fecha” las comunidades autónomas han hecho una magnífica labor y que “siguen haciéndolo”. “Unidad por un único objetivo”, remarcó el ministro, que es “vencer al virus lo antes posible y en esto estamos todos llamados a un único frente común”.

“No concibo”, agregó después la ministra Robles, que Torra se salga de esta unidad y quede “muy por detrás” de los derechos de los ciudadanos catalanes. “Esto no es un tema político”, sino sanitario, y hay que “dejar otros planteamientos al margen”. «No concibo ese posicionamiento y si se lidera tiene que quedar al margen de la vida pública», sentenció.

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El rey Felipe VI anunció este domingo que renuncia a la herencia de su padre, tras publicarse que supuestamente es beneficario de una fundación en la que Juan Carlos I habría ingresado 65 millones de euros de Arabia Saudí, y acordó retirarle la asignación pública que recibe de los presupuestos de la Casa Real.

En un extenso comunicado, La Zarzuela informó de que el rey Felipe VI desconoce por completo los hechos publicados que le sitúan como beneficiario de una fundación que podría haber ingresado 65 millones de euros de Arabia Saudí a su padre.

Desveló que el Rey «quiere que sea conocido públicamente» que su padre tiene conocimiento de su decisión de renunciar a la herencia que personalmente le pudiera corresponder, así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona.

Recuerda, asimismo, que el Rey en su discurso de proclamación ante las Cortes Generales el 19 de junio de 2014 dijo lo siguiente: “La Corona debe (…) velar por la dignidad de la Institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social. Porque, sólo de esa manera, se hará acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones. Hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan con toda razón que los principios morales y éticos inspiren –y la ejemplaridad presida– nuestra vida pública. Y el Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no sólo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de los ciudadanos».

SIN SU CONSENTIMIENTO

El comunicado explica que, además de desconocer su vinculación con la Fundación Zagatka, don Felipe tampoco estaba al tanto de lo que era la Fundación Lucum. En este sentido, el Monarca indica que el 5 de marzo de 2019 tuvo conocimiento, «sin ninguna justificación documental», de su supuesta designación como beneficiario de la Fundación Lucum cuando muriera su padre.

Lo que hizo entonces don Felipe fue trasladar copia de dicha carta al rey Juan Carlos, así como a las autoridades competentes y al despacho de abogados que se puso en contacto con él, para comunicarle que no «tenía conocimiento, participación o responsabilidad alguna en los presuntos hechos que mencionaba, por lo que carecía de toda justificación lícita su involucración en los mismos, ni designaría representante legal para iniciar negociación alguna».

También compareció Felipe VI ante un notario, el 12 de abril de 2019, para manifestar que «ha dirigido una carta a su padre, el Rey don Juan Carlos, a fin de que si fuera cierta su designación o la de la Princesa de Asturias como beneficiarios de la citada Fundación Lucum dejara sin efecto tal designación, manifestando igualmente que no aceptaría participación o beneficio alguno en esa entidad, renunciando asimismo a cualquier derecho, expectativa o interés que, aún sin su consentimiento o conocimiento, pudiera corresponderles ahora o en el futuro en relación con la Fundación Lucum».

Asimismo, y en el mismo acto notarial, manifestó no haber tenido conocimiento ni prestado consentimiento a participar, en nombre propio o en representación de terceros, en particular de su hija, en ningún activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad pudieran no estar en plena y estricta consonancia con la legalidad o con los criterios de transparencia, integridad y ejemplaridad que informan su actividad institucional y privada.

En la hipótesis de que, aun sin su consentimiento ni conocimiento, hubiera sido unilateralmente designado como heredero, legatario o beneficiario en relación con cualesquiera activos inversiones o estructuras, manifestó no aceptar participación o beneficio alguno en dichos activos y renunciar a cualquier derecho, expectativa o interésque pudiera corresponderles en el futuro.

Por último, concluye el comunicado que don Juan Carlos nunca informó a su hijo de que era beneficiario y que ha designado para su representación al abogado Javier Sánchez-Junco Mans. Recuerda que Juan Carlos I no tienen ninguna actividad institucional u oficial desde el pasado 27 de mayo.

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El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, fue el único responsable autonómico que no firmó este domingo el comunicado conjunto de todas las comunidades y el Gobierno central sobre el coronavirus, en el que se destaca la “unidad” para afrontar la situación “excepcional” que es el combate contra esta pandemia.

Después de la conferencia telemática de cuatro horas que mantuvo el presidente Pedro Sánchez con todos mandatarios autonómicos, desde el Palacio de la Moncloa se difundió un comunicado conjunto que firmaron todos menos Torra.

En el texto se remarca que “la respuesta contra el virus debe garantizar una atención a todas las ciudadanas y ciudadanos en condiciones de igualdad”, tras poner en valor el “gran sistema de salud” que tiene España y del que las comunidades autónomas “tienen un papel fundamental”.

Sánchez y los presidentes de las comunidades autónomas y de las dos ciudades autónomas -menos el catalán- aseguran que “es necesario que adoptemos todas las medidas necesarias para controlar la expansión del virus en el menor tiempo posible, y minimizar sus consecuencias sobre las personas y las instituciones, empleando todas las posibilidades que ofrece nuestro marco jurídico”.

Atendiendo a que “el compromiso y la disciplina social, así como la colaboración que la ciudadanía ha mostrado hasta el momento es esencial e indispensable para superar con éxito esta situación”, todos los presidentes apelan “a toda la población para que continúe con su comportamiento cívico”.

“Queremos recordar al conjunto de la ciudadanía que es imprescindible que se mantengan en casa y se evite cualquier desplazamiento, salvo en casos de extrema necesidad”, reza el texto conjunto.

LABOR SANITARIOS

Se reconoce también a la profesión sanitaria pues, dice el comunicado, “están haciendo un trabajo magnífico y sacrificado”. En este sentido, los presidentes coinciden en que se “debe facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios poniendo a disposición del sistema todos los recursos económicos y materiales que sean necesarios”.

Así las cosas, Sánchez y los presidentes autonómicos firmantes compartirán “todas aquellas iniciativas que puedan contribuir a controlar la expansión del virus y a minimizar sus efectos sobre la salud de las personas”.

“Reforzaremos la acción conjunta de todas las administraciones, y en colaboración con las organizaciones privadas, afrontaremos con determinación las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de esta grave crisis de salud pública y les daremos respuesta”, señala el texto.

Los firmantes, entre ellos el presidente Sánchez, admiten la “necesidad urgente de adoptar medidas económicas y de apoyo a empresas, autónomos y trabajadores, las cuales se comenzarán a adoptar en el Consejo de Ministros del próximo martes”.

Por último, “queremos transmitir a toda la ciudadanía nuestro convencimiento de que superaremos juntos esta grave situación, colaborando estrechamente con firmeza y cooperación” porque “este virus lo paramos unidos”, concluye el texto firmado por todos los presidentes autonómicos, de las ciudades autónomas y el presidente del Gobierno.

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La ONCE ha decidido suspender a partir de este lunes, 16 de marzo, los sorteos de sus tradicionales loterías, incluidos los cupones y el cupón extraordinario del Día del Padre, hasta que se recupere la situación generada por el coronavirus y finalice el estado de alarma declarado por las autoridades.

Según informó la ONCE este domingo a través de un comunicado, mientras dure la crisis sanitaria generada por la expansión del covid-19 centrará su labor “en la atención a personas ciegas o con otra discapacidad”.

Esta organización indicó que, tras decretar el Gobierno el estado de alarma, ha tomado “todas las decisiones posibles en defensa de sus trabajadores y trabajadoras, así como para garantizar los derechos de los consumidores y mantener la cobertura de sus 72.000 afiliados y el resto de personas con discapacidad”.

Las medidas, recogidas en una resolución del Director General de la ONCE, incluyen todas las realidades que se refieren a las actividades de comercialización, pago de premios y sorteos de lotería de esta organización.

DIVERSOS SORTEOS

Así, por esta resolución se suspende la venta de todos los productos de lotería de la ONCE, en cualquiera de sus tres modalidades, en todos los puntos de venta de carácter presencial, tanto agentes vendedores como establecimientos del Canal Físico Complementario.

También se suspende la comercialización de todos los productos de lotería por el canal internet en la web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.es), con la excepción del producto de juego activo ‘Eurojackpot’ y de los productos en soporte electrónico de la modalidad ‘Lotería Instantánea de boletos la ONCE’.

Desde este lunes, incluido, se suspende la celebración de los sorteos de todos los productos periódicos y extraordinarios de la modalidad de lotería denominada ‘Cupón de la ONCE’. También se suspende la celebración de los sorteos de los productos de juego activo sorteados en España: ‘Triplex de la ONCE’, ‘7/39’ y ‘Super ONCE’. Los sorteos del producto de juego activo ‘Eurojackpot’ continuarán celebrándose en Helsinki, conforme dispone el reglamento regulador de los productos de juego activo.

Una vez finalice el estado de alarma, se impartirán instrucciones sobre los cupones y boletos adquiridos en relación con los sorteos no celebrados. Los plazos de caducidad para el cobro de premios quedan en suspenso durante el período que dure el estado de alarma. La ONCE comunicará oportunamente el día en que se levantará esta suspensión, al tiempo que se indica que los premios se podrán seguir cobrando en aquellos centros colaboradores y sucursales de entidades de crédito colaboradoras que permanezcan abiertas.

SERVIMEDIA

La videoconferencia de cuatro horas de este domingo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con todos los mandatarios autonómicos para hablar del estado de alarma por el coronavirus se saldó con una imagen de unidad, aunque con fuertes reticencias por parte de los responsables de Cataluña, Quim Torra, y del País Vasco, Íñigo Urkullu.

Fuentes presentes en el encuentro explicaron a Servimedia que esta cita concluyó con una “sensación global buena y de apoyo al Gobierno”, aunque con algunos presidentes, en referencia a Torra y Urkullu, “dando la nota”.

No obstante, desde el Ejecutivo se emplazó a todos los asistentes a una nueva reunión virtual el próximo domingo, con vocación de que este encuentro se repita cada semana. Ademas, Sánchez y los presidentes acordaron crear un grupo de trabajo Gobierno-CCAA para empezar a trabajar ya en la recuperación económica, social y del empleo, propuesta que lanzó el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Los mandatarios autonómicos coincidieron en pedir al Gobierno que garantice los suministros de aparataje y protección para los sanitarios, aspecto que entendían que debía liderar el Ejecutivo. Las comunidades reclamaron que no deban ser ellas individualmente las que negocien con las empresas la compra de mascarillas o respiradores.

También hubo cierto debate en la videoconferencia sobre el hecho de que las peluquerías puedan abrir durante el estado de alerta. El presidente gallego propuso “servicios mínimos” para los servicios de peluquería y la presidenta madrileña resumió su oposición diciendo que prefiere gente sucia que muerta.

RESERVAS DE TORRA Y URKULLU

Tanto Torra como Urkullu expresaron su disconformidad con el real decreto de estado alarma, al entender que invade sus competencias. A este respecto, Sánchez respondió, como ya hiciera en su comparecencia pública de este sábado, pidiendo altura de miras para dejar a un lado colores políticos y territorios, porque el coronavirus no entiende de fronteras.

De hecho, según fuentes consultadas, los presidentes Aragón, Cataluña, Extremadura y Galicia coincidieron en reclamar al Gobierno “más medidas” para los extranjeros que cruzan las fronteras terrestres.

No obstante, la reunión se desarrolló con “muy buen tono”, debido a que todos los presidentes mostraron ser conscientes de la situación, aunque algunos, afirman fuentes consultadas, no dudaron en aprovechar la reunión para diferenciarse del resto.

Según informó La Moncloa, en la reunión que comenzó pasadas las 10.40 horas y concluyó sobre las 14.30 horas, Sánchez realizó un llamamiento a la unidad de acción para ganarle la batalla al coronavirus. En la situación actual, trasladó el Ejecutivo, los máximos responsables de las autonomías han hecho saber al presidente Sánchez que actuarán en sus territorios con responsabilidad y lealtad en la aplicación del Real Decreto de Estado de Alarma, que entró en vigor la pasada medianoche.

MÁS MEDIDAS

Públicamente, Urkullu garantizó a Sánchez su “total disposición” para colaborar y coordinar las acciones durante el estado de alarma, aunque a la vez le reprochó su “disconformidad con el procedimiento seguido para la aprobación y comunicación del decreto” de estado de alarma, al entender que supone “una invasión de las competencias exclusivas de Euskadi”, especialmente al asumir de forma “innecesaria” el mando de la Ertzaintza y Osakidetza. “No son entendibles desde el punto de vista de la eficacia práctica y profesional”, dijo.

Urkullu pidió, además, que se apliquen “cinco acciones muy concretas” para combatir el coronavirus, como aprobar cuanto antes un paquete de medidas económicas pactadas con los agentes empresariales y sindicales; priorizar medidas de apoyo a autónomos y comercios; subsidiar a las empresas que mantengan el empleo; solicitar a la UE un “ambicioso” plan de estímulo económico; y “compensar” a los profesionales de la sanidad y los servicios esenciales con un “plus de esfuerzo, entrega y compromiso que están demostrando ante esta crisis”.

Por su parte, Torra reclamó -aspecto en lo que coincidió con la de Madrid, Isabel Díaz Ayuso- que se incida en el confinamiento en casa imponiendo medidas más restrictivas.

El responsable catalán calificó de “insuficientes” las medidas y aseguró que hay que “aislar” Cataluña, Madrid y todo los “focos de mayor riesgo” y reclamó que se puedan hacer pruebas generalizadas y universales a las personas para saber si están contagiados por el covid-19.

Según varias fuentes, sólo Cataluña y País Vasco caminaron por la senda crítica, aunque muchas otras regiones se sumaron a pedir más medidas y más contundentes. De hecho, presentes en la videoconferencia trasladan a Servimedia que la Ayuso dio la sensación de ser algo “excesiva en la gravedad de la descripción” del virus.

A su vez, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, aprovechó la reunión con el resto de dirigentes autonómicos para reclamar a todos “estar muy preparados para tomar decisiones difíciles” y al Gobierno central “mayor implicación” a la hora de actuar en el conjunto del territorio, pues considera que debe haber “unanimidad en toda España”. Además, dijo en una comparecencia posterior haber exigido a Sánchez “más recursos económicos, humanos y materiales” en materia sanitaria para atender a los afectados.

«UNIDAD, LEALTAD Y COORDINACIÓN»

Desde Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró en su intervención en la videoconferencia que la “unidad, lealtad y coordinación” con el Gobierno de España está “absolutamente garantizada” desde su gabinete y reprochó a otros dirigentes nacionalistas que “no es momento de ver lo que se podría haber hecho y no se hizo, sino de ver qué podemos seguir haciendo juntos”. “No hay discusión, seguiremos las instrucciones del presidente y de los cuatro ministros”, dijo en una comparecencia posterior.

Feijóo solicitó a Sánchez una aclaración sobre “quién es la máxima autoridad en cada comunidad autónoma” y el jefe del Ejecutivo le replicó que lo siguen siendo los presidentes regionales, pero “dependiendo y en coordinación» con los ministros de Defensa, Interior, Sanidad y Transportes.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, prometió “trabajar en coordinación” con el Gobierno de España frente a las críticas de los nacionalistas por el estado de alarma y la centralización de algunas competencias. En este sentido, pidió al resto de dirigentes autonómicos “estar a la altura y no desperdiciar ni un minuto en batallas estériles”. “Las comunidades tenemos que entender que la cadena de mando tiene que tener un mando único. No se pueden aceptar 17 escenarios de decisiones porque nos hacen más ineficaces e ineficientes”, dijo al terminar en una rueda de prensa.

‘PLAN MARSHALL’

Desde Baleares, su presidenta, Francina Armengol, se alineó con Sánchez, pero reclamó medidas para que las empresas no puedan despedir a trabajadores durante esta crisis y poder aplazar algunos pagos como el de las cuotas de las hipotecas. La mandataria balear solicitó al Gobierno una serie de ayudas directas para los ciudadanos afectados por este confinamiento.

En esta línea también se expresó el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, quién reclamó un ‘Plan Marshall’ desde la Unión Europea para reactivar la situación económica ante los “tiempos difíciles” que se avecinan, durante la videoconferencia.

La presidenta de Navarra, María Chivite, reclamó unidad para abordar la coyuntura e hizo especial hincapié en estar pendiente de los más vulnerables y caminar todos tras el Gobierno.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también puso el foco en «empezar a pensar en la reconstrucción» y abogó por poner políticas activas de empleo al máximo nivel, algunas medidas concretas para el sector económico que no requieren dilación y disponer fondos públicos que estén fuera no de la ortodoxia, que está fuera de lugar, y flexibilizar, por tante, el marco de la Unión Europea.

Por su parte, el responsable de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció en una comparecencia que será “más restrictivo que el Gobierno” en la reducción del transporte colectivo de viajeros, medida que pidió al Ejecutivo central. De hecho, Fernández Mañueco avanzó que Castilla y León publicará hoy una orden por la que establece una reducción del 75% del servicio de transporte metropolitano e interurbano de la comunidad con una ocupación máxima del 25%, “cumpliendo las medidas establecidas para la separación de viajeros” y exigiendo a las empresas concesionarias “las medidas de desinfección” adecuadas.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, transmitió en la reunión al presidente del Gobierno “todo el apoyo, lealtad y colaboración” para aplicar las medidas adoptadas dentro del Estado de Alarma para combatir la pandemia del covid-19 y pidió ante el resto de dirigentes autonómicos “hacer frente juntos” al coronavirus. Además, pidió a Sánchez “celeridad y claridad” en la toma de decisiones tras lo vivido esta semana.

Desde Cantabria, el presidente Miguel Ángel Revilla reclamó incentivos económicos más allá de las “medidas restrictivas” del estado de alarma, porque “no podemos convertir esta crisis sanitaria en una crisis económica que se lleve más gente que el problema del virus”. A su juicio, el dinero solo es “papel” y “hay recursos y dinero suficiente” para ayudar a quienes pierdan el empleo o a los pequeños empresarios, a los que pidió expresamente “eximirles de pagar impuestos e IVA”. Tras la Conferencia de Presidentes por videoconferencia, Revilla declaró que es imprescindible evitar que la gente quede “depauperada y en condiciones peores” cuando “hayamos corregido la enfermedad”.

El presidente de las Islas Canarias, Ángel Víctor Torres, explicó en rueda de prensa tras la videoconferencia que la prioridad en estos momentos debe ser “abastecer a los profesionales sanitarios” con mascarillas, guantes y otros medios materiales para actuar contra la pandemia. También hizo “énfasis” en que el archipiélago debe seguir abierto para la llegada de mercancías que garanticen el abastecimiento en este territorio insular.

SERVIMEDIA

El Ministerio de Defensa decidió este domingo facultar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para llevar a cabo, desde las 15.00 horas de hoy, “reconocimientos previos” en las ciudades donde puede haber más riesgo de contagio por el coronavirus situadas en aquellas zonas donde cuenta con contingentes: Madrid, Valencia, Sevilla, León, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

Según informó Defensa, esta decisión se tomó durante la reunión de coordinación para abordar las medidas que tomarán las Fuerzas Armadas con motivo de la pandemia de coronavirus, un encuentro que estuvo presidido por la ministra Margarita Robles y que contó con la asistencia del secretario de Estado Defensa Ángel Olivares, el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), general Miguel Ángel Villarroya, el subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, el secretario de Política General, almirante Juan Francisco Núñez, el comandante del Mando de Operaciones, general Fernando López Del Pozo, y el Jefe de la Unidad Militar de la UME, general Luis Martínez Meijide.

Durante la reunión, se dictó una instrucción que desarrollará el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, en el ámbito del Ministerio de Defensa.

MANDO ÚNICO

También se acordó activar un mando único que recaerá en la figura del Jemad, quien, a través del Mando de Operaciones, integrará las capacidades operativas, sanitarias, logísticas y de infraestructura pertenecientes a la UME, a la Inspección General de Sanidad de la Defensa (Igesan), a los ejércitos y a la Armada, que se pondrán a disposición de las autoridades competentes.

A la espera de la reunión de coordinación que tendrá lugar en el Ministerio del Interior y que servirá para activar el Centro de Coordinación Operativa, se decidió activar a la UME para que, a partir de las 15.00 horas, lleve a cabo “reconocimientos previos” en aquellas ciudades donde puede haber más riesgo de contagio por el coronavirus en aquellas zonas donde cuenta con contingentes: Madrid, Valencia, Sevilla, León, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

A su vez, se procedió a la activación de médicos militares en la reserva y se dio instrucciones a la farmacia militar para que incremente la elaboración de la solución desinfectante hidroalcohólica y cualquier medicamento genérico que fuera necesario.

Por último, desde las 17.00 horas se celebrará en la sede del Mando de Operaciones la reunión inicial de planeamiento operativo.

SERVIMEDIA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo este domingo una videoconferencia de cuatro horas con todos los presidentes autonómicos para coordinar las medidas restrictivas que han entrado en vigor con el estado de alarma en toda España, que busca frenar la expansión del coronavirus.

La reunion fue «muy bien”, trasladaron a Servimedia fuentes presentes en la comunicación de Sánchez con todos los mandatarios autonómicos. De hecho, en la reunión virtual, que se inició a las 10.30 y terminó sobre la 14.30 horas, intervinieron todos los mandatarios regionales, que cerraron filas con el Ejecutivo con más o menos entusiasmo.

Se trata de la primera vez que dialogan a la vez todos los presidentes autonómicos durante el mandato de Sánchez y, en la reunion, se acordó crear un grupo de trabajo Gobierno-autonomías para empezar a trabajar -en paralelo a la crisis sanitaria- en la recuperación económica, social y del empleo, según trasladaron a Servimedia.

«NO HAY COLORES POLÍTICOS»

El objetivo de esta reunión telemática, que inicialmente se había previsto para el sábado por la tarde, era garantizar una coordinación del más alto nivel en la respuesta urgente y necesaria a la expansión del coronavirus, como aseguró Sánchez en su comparecencia para informar del confinamiento.

Sánchez reclamó “unidad y máxima coordinación” y pidió expresamente que “todos y cada uno de los presidentes deberán dejar a un lado sus diferencias, situarse detrás del Gobierno de España y centrarse en una única misión: entre todas y todos vencer al virus” porque “no hay colores políticos, no hay ideologías, no hay territorios”.

Este planteamiento, que repitió en varios momentos de su comparecencia nocturna, con mensaje también a todos los partidos políticos, lo repitió este domingo ante los presidentes autonómicos, entre los que estaban el catalán Quim Torra y el vasco Iñigo Urkullu que han cuestionado las medidas centralizadoras impuestas del el Ejecutivo.

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BDO, una de las mayores organizaciones internacionales de servicios profesionales ha decidido incorporarse a la Fundación Seres con el fin de reforzar su compromiso social. El acuerdo contribuirá al trabajo conjunto de ambas organizaciones para fomentar modelos de negocio sostenibles y responsables que ayuden a impulsar el componente social como eje estratégico de la empresa.

BDO es una de las mayores organizaciones globales de servicios de Auditoría & Assurance, Abogados, Advisory y Outsourcing que, a través de más de 88.000 personas en 167 países, garantiza un servicio basado en la proximidad, la flexibilidad, calidad y rigor.

Se trata de la firma del sector que más ha crecido en la última década, y como parte de ese crecimiento, con la firma del acuerdo de colaboración con Fundación Seres, refuerza su compromiso por trabajar manteniendo la RSC como parte fundamental de la estrategia de la compañía y alcanzar así un patrón de negocio sostenible.

Fundación Seres lleva desde 2009 colaborando con empresas españolas para incorporar la dimensión social dentro del negocio y la estrategia de las compañías. Para BDO este paso significa abordar de forma transversal y como parte de la estrategia de negocio el componente social de su actividad y el impacto en la sociedad.

Francisco Román, presidente de Fundación Seres, ha remarcado que “en SERES trabajamos poniendo el foco en las personas y somos conscientes de que en este cambio de paradigma, que vivimos, los mejor posicionados no serán los más fuertes, sino los más ágiles, los que sepan ser pioneros y abrazar el cambio».

«Tenemos un desafío colectivo en el que el papel de las empresas es esencial para el progreso económico y social. Comprobar que cada vez más organizaciones quieren impulsar la dimensión más exigente en las compañías -la social- es una gran satisfacción para Seres”, dijo.

Por su parte, Alfonso Osorio, presidente de BDO ha mostrado un gran entusiasmo con el inicio de la colaboración entre ambas organizaciones destacando el valor del trabajo conjunto y el impacto de los proyectos que se llevarán a cabo para las personas que formamos BDO y para la sociedad.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva más de tres horas de videoconferencia con todos los presidentes autonómicos para coordinar las medidas restrictivas que han entrado en vigor con el decreto de estado de alarma en toda España, que busca frenar la expansión del coronavirus.

“Va muy bien la reunión”, trasladaron a Servimedia fuentes presentes en la comunicación de Sánchez con todos los presidentes autonómicos. De hecho, en la reunión virtual están interviniendo todos los mandatarios regionales, exponiendo la situación en su zona y sus medidas, y manteniendo un cierre de filas tras el Ejecutivo con más o menos entusiasmo.

Desde pasada las 10:30 horas está el marcha esta videoconferencia de Sánchez con todos los responsables de las 17 comunidades autónomas y los de las dos ciudades autónomas –Ceuta y Melilla-, según confirmó La Moncloa.

El objetivo de esta reunión telemática, que inicialmente se había previsto para el sábado por la tarde, es garantizar una coordinación del más alto nivel en la respuesta urgente y necesaria a la expansión del coronavirus, como aseguró Sánchez en su comparecencia para informar del confinamiento.

Sánchez reclamó “unidad y máxima coordinación” y pidió expresamente que “todos y cada uno de los presidentes deberán dejar a un lado sus diferencias, situarse detrás del Gobierno de España y centrarse en una única misión: entre todas y todos vencer al virus” porque “no hay colores políticos, no hay ideologías, no hay territorios”.

Ese mantra, que repitió en varios momentos de su comparecencia nocturna, con mensaje también a todos los partidos políticos, lo repitió este domingo ante los presidentes autonómicos, entre los que estaban el catalán Quim Torra y el vasco Iñigo Urkullu que han cuestionado las medidas centralizadoras impuestas del el Ejecutivo.

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La organización empresarial Hostelería de España ve una «medida positiva» que el Gobierno flexibilice los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Ertes) mientras se combate el covid-19, aunque esta patronal pide más apoyo administrativo y fiscal para «salvaguardar» negocios y puestos de trabajo.

En un comunicado emitido este domingo, Hostelería de España reclamó al Gobierno que las medidas económicas anunciadas contra el coronavirus vengan acompañadas de decisiones concretas, «todas ellas absolutamente necesarias para asegurar la viabilidad de los negocios hosteleros de nuestro país», apuntó la entidad.

Por un lado, esta patronal solicita la suspensión de cualquier obligación de pago de los establecimientos hosteleros a las administraciones, de impuestos y cotizaciones sociales, así como de tasas, entre las que se encuentran las tasas de autónomos, «todo ello con la finalidad de minimizar el impacto en los casi 300.000 establecimientos hosteleros que conforman nuestro sector».

Además, esta organización empresarial instó al Gobierno a que ordene la paralización de las obligaciones económicas de los establecimientos hosteleros con los arrendadores de sus negocios, para que éstos no se vean sobrepasados por el pago de dichos alquileres mientras sus negocios no estén en su normal funcionamiento.

De la misma manera, estos empresarios hosteleros instaron al Ejecutivo a suprimir todas las tasas e impuestos en todos los suministros de energía, así como la paralización de las obligaciones de los negocios hosteleros con los bancos de préstamos, de las hipotecas y créditos, entre otros.

Hostelería de España aprovechó para apelar a la sensibilidad del Gobierno español y le pidió «que tenga en cuenta la delicada situación a la que se enfrentan los negocios hosteleros españoles».

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El nuevo rector de la Universidad Camilo José Cela (CJC), Emilio Lora-Tamayo, considera «injusto» afirmar que los doctorados españoles están devaluados por «casos puntuales» de presuntas irregularidades, en referencia a lo ocurrido al respecto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, la ex ministra de Sanidad Carmen Montón o el líder del PP, Pablo Casado.

En una entrevista con Servimedia Lora-Tamayó, doctorado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), reivindicó la formación de los doctores españoles, porque «en la mayoría de los casos hacen un buen trabajo». Agregó que la tesis de Sánchez, que se presentó cuando él no era rector de la UCJC, «cumplía con la normativa», que fue revisada por más de 30 periodistas y que ahora se han reforzado más los controles.

En la escuela de doctorado de la UCJC se están elaborando este curso 50 tesis. «No ha bajado el número de tesis por lo que se publicó el año pasado sobre la de Sánchez», afirma Lora-Tamayó.

Este rector explica que cada año sólo en la UCM, por ejemplo, se presentan más de 4.000 tesis y que «entra dentro de la estadística que alguna sea más floja», aunque sostuvo que el nivel general de las tesis de las universidades españolas es bueno.

El número de matriculaciones en la universidad CJC sigue en los mismos niveles que antes de que los medios se centraran en analizar la tesis de Pedro Sánchez» y de los otros casos de irregularidades universitarias de políticos que salieron a la luz, remarcó el rector, quien sugirió «aunar las investigaciones de las universidades públicas con las privadas» para ser mas eficientes y tener más peso y relevancia internacional.

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Los bancos centrales pretenden incorporar los riesgos medioambientales y de cambio climático en las pruebas de resistencia de las entidades financieras, pero su evaluación se plantea complicada ante la dificultad para medir un riesgo todavía sin definir de manera clara y el tiempo de análisis que debería comprender.

Así lo advirtió el director de Consultoría para el Sector Financiero de KPMG, Pablo Vañó, durante un foro sobre ‘Finanzas Sostenibles’ celebrado en Servimedia, junto a las directoras de Banca Responsable del Santander, Lara de Mesa, y de Caixabank, Sandra González, y el socio responsable de Sostenibilidad y Buen Gobierno de KPMG en España, Ramón Pueyo.

La complejidad surge del propio tiempo de análisis en la prueba, ya que el test de estrés para determinar la solvencia de las entidades se hace a tres años vista y los riesgos medioambientales “tienen un horizonte temporal mucho más amplio”, explicó.

“Tienes que ver qué pasaría si sube la temperatura un grado o un grado y medio en 30 años. Aquí lo que subyace, entonces, es la dificultad de poder anticipar qué ocurriría ante escenarios tan adversos y tan holgados en el tiempo”, resumió.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, anunció el verano pasado que estas exposiciones entrarían en las pruebas proyectados para este año, pero los ejercicios que preparaba la Autoridad Bancaria Europea (EBA) “finalmente no han podido introducir explícitamente los riesgos medioambientales”, refirió Vañó. En su defecto indicó que la intención era seguir una aproximación similar a la utilizada en la prueba del 2018 con su inclusión, de manera indirecta, entre los riesgos reputacionales.

El experto apuntó, por otro lado, la dificultad para las entidades de introducir este riesgo en la gestión de su balance como está demandando el supervisor y el regulador porque aún no se han fijado unos estándares sobre qué es verde y como se mide.

Según recordó, la EBA publicó recientemente unas guías para evaluarlo a la hora de conceder crédito, sin que haya cerrado la versión definitiva que se había anunciado para el pasado mes de diciembre. “Ligar el proceso de concesión de financiación a aspectos medioambientales queda bien decirlo, pero es muy complicado llevarlo a la práctica porque al final ¿cómo mides? ¿cómo evalúas si es una financiación es sostenible o no sostenible?”, reflexionó.

Sin la existencia aún de esas pautas estandarizadas las directoras de Banca Responsable del Santander y de Caixabank apuntaron a su vez la complejidad de incorporar estas exposiciones al cálculo de capital como ha sugerido que hará el BCE.

SIN EVIDENCIA DE QUE LO VERDE SEA MAS SOLVENTE

Lara de Mesa, del Santander, convino que su incorporación a los test de estrés “es algo para lo que nos tenemos que preparar y estamos trabajando en ello porque es importante”. Sin embargo, pidió prudencia sobre “la tentación de poner factores penalizadores”. “Ahí tenemos que ser cautos y tenemos que ver qué hacemos”, demandó, apuntando que para “ayudar en la transición” es preciso “fomentar que cada vez el flujo sea más verde y el reto no está en financiar solo lo verde, sino en enverdecer el resto de la economía”. “Lo que es verde y es marrón lo sabemos, pero el 95% la economía está en medio”, expuso.

Ante este desafío la directiva del Santander abogó por que la banca tiene ahí que “intentar acompañar a las autoridades a que, junto con las posibles penalizaciones, vengan también incentivos que premien comportamientos y que sean los que hay que fomentar”.

Sin embargo, las responsables del Santander y Caixabank son de la opinión de que antes de fijar incentivos o penalizaciones hay que clarificar conceptos, diseñar una ruta para alcanzar objetivos específicos y avanzar con el propio desarrollo de las finanzas verdes porque, en la actualidad, ni siquiera hay “una evidencia de que lo verde se comporte mejor desde el punto de vista del crédito o no”.

INCORPORAR A LAS PYMES EN LA TRANSFORMACIÓN

Entre los avances pendientes la directora de Banca Responsable de Caixabank, Sandra González, añadió junto a la directiva del Santander la necesidad de fomentar las finanzas sostenibles entre las pymes, aunque en la actualidad solo las grandes corporaciones están demandando financiaciones y emisiones verdes.

“Tiene que ser una solución global. Las pymes no dejan de ser parte de la cadena de valor de grandes compañías o de sectores que van a verse afectados por el cambio climático”, refirió, subrayando de manera particular que hay sectores como la agricultura “donde ya están viendo los efectos desde hace años del cambio”.

Entre otras iniciativas para su respaldo indicó que las autoridades están dando garantías o apoyando la financiación en líneas público-privadas para llegar a estas empresas, y ve una oportunidad para las pymes “con temas de economía circular”.

“Es importante no solo premiar las actividades que ya son verdes hoy en día, sino ver cómo podemos acompañar en este cambio a toda la economía. Nadie se puede quedar atrás”, defendió, convencida de que aquí el reto es también desarrollar para las pymes productos nuevos como créditos documentario verdes o líneas de avales ligadas a índices sostenibles.

“Las entidades de crédito desempeñan un papel muy importante también estableciendo un poco los incentivos que permitan a las pymes entender la importancia de todo esto y avanzar en la dirección correcta”, resaltó a su vez el socio responsable de Sostenibilidad y Buen Gobierno de KPMG en España, Ramón Pueyo.

El experto de KMPG quiso romper precisamente una lanza en favor del “papel que hacen los grandes bancos españoles para movilizar o sensibilizar a segmentos que se cruzan con esto con menos frecuencia que las grandes empresas”.

Según indicó, llevar a la práctica el Acuerdo de París sobre cambio climático implicará “que a lo largo de las próximas décadas todos los procesos y sistemas que hay en el planeta Tierra que se alimentan con combustibles fósiles tendrán que cambiar hacia otra cosa”, y eso es un evento transformacional que afectará a todos.

SERVIMEDIA

La Fundación ONCE está liderando la puesta en marcha de una red Europea de universidades inclusivas, cuyo objetivo es facilitar el acceso de los alumnos con discapacidad a la enseñanza en toda la UE y fomentar su movilidad internacional.

Junto a la fundación, participan en esta iniciativa el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), la Universidad Oriental de Finlandia, la Universidad de Porto (Portugal), la Universidad del Estudio de Trieste (Italia), la Universidad Politécnica de Lublin (Polonia), así como las universidades de Murcia, Sevilla y la Autónoma de Madrid.

En declaraciones a Servimedia, la directora de Programas con Universidades y Promoción del Talento Joven de Fundación ONCE, Isabel Martínez Lozano, explicó que «el proyecto busca definir unos estándares mínimos para identificar qué universidades en Europa pueden ser calificadas de inclusivas para estudiantes con cualquier tipo de discapacidad».

«Esa información será accesible en una plataforma de uso público, especialmente dirigida a estudiantes con discapacidad», prosiguió Martínez, quien dijo que el objetivo es que «conozcan y puedan informarse sobre el mejor lugar para realizar sus estudios».

En su opinión, esto permitirá también «superar algunos miedos y dudas con los que estos estudiantes se enfrentan» a la hora de iniciar una nueva etapa educativa.

Para el diseño de esa red, los miembros del grupo de trabajo ya han empezado a definir criterios comunes y a analizar al menos 56 universidades de toda la Unión Europea que destacan por sus buenas prácticas de inclusión».

COMPARTIR «BUENAS PRÁCTICAS»

Se trata de fijar unos estándares comunes y reconocibles para todos», indicó Martínez Lozano, para que los jóvenes con discapacidad «pierdan el miedo a salir fuera y a estudiar en otras instituciones europeas.

Según explicó, la plataforma web ayuda también «a las universidades a compartir buenas prácticas».

«Vamos a identificar a las mejores», pero «el propósito es incentivar a todas a seguir su ejemplo para crear una auténtica red europea», recalcó.

En esta iniciativa, Fundación ONCE cuenta también con el apoyo de la Comisión Europea, que quiere que todos los programas Erasmus+ «sean inclusivos e incorporen a más colectivos vulnerables», algo «poco frecuente» en la actualidad.

«Hay que conseguir que más alumnos con discapacidad lleguen a la universidad y estudien fuera», porque «la formación es clave a la hora de encontrar un empleo y de ser independientes», destacó Martínez Lozano.

«Y también debemos lograr que la universidad europea sea más diversa e inclusiva», recalcó. «Todos los estudiantes se beneficiarán de ello», concluyó.

SERVIMEDIA

Las gestoras del Santander y Caixabank han escalado su participación en las empresas donde destinan recursos y asumen un rol “más activo” a la hora de opinar sobre su gestión en materia de políticas sociales, medioambientales y de buen gobierno (las llamadas ESG, por sus siglas en inglés).

Así lo revelaron las directoras de Banca Responsable de Caixabank, Sandra González, y del Santander, Lara de Mesa, en un foro sobre ‘Finanzas Sostenibles’ celebrado en Servimedia, junto al socio responsable de Sostenibilidad y Buen Gobierno de KPMG en España, Ramón Pueyo, y el director de Consultoría para el Sector Financiero de KPMG en España, Pablo Vañó.

“La gestora de pensiones y la de activos del banco están tomando este papel más activo como parte de su estrategia de ‘engagement’ en las Juntas de las entidades en las que ellas tienen alguna propiedad y usan ‘proxy advisor’ sostenibles para poder opinar en la gestión de las compañías”, explicó la directiva de Caixabank.

Los ‘proxy advisor’, o “asesores de voto” en español, son firmas contratadas por inversores institucionales para recomendarles votar a favor o en contra de distintos aspectos y que están cobrando protagonismo precisamente sobre el seguimiento regulatorio de las compañías en materia de gobierno corporativo y los citados ESG.

“Pero no se trata solo de excluir aquellas compañías que no estén haciendo prácticas óptimas, sino de ayudar a que todas las empresas viren hacia tomar mejores decisiones”, precisó González, quien auguró que “cada vez se va a ver muchísimo más un papel activo por parte de los inversores institucionales” en esta materia.

Una razón es que el cambio hacia una economía más sostenible y social no solo es un clamor general por la emergencia climática y desequilibrios sociales, sino que viene impuesto por la regulación. A título de ejemplo, detalló la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) aprobada en 2015 por el Consejo de Estabilidad Financiera y que es, explicó, “una iniciativa que parte también de los mercados y lo que pide es más transparencia para poder gestionar mejor sus inversiones, con lo cual creo que tiene todo el sentido”.

“Igualmente nuestra gestora de activos, Santander Asset Management, y lo que están haciendo todos los inversores es utilizan esos analistas ESG, que de alguna forma te rankea cuál es el ‘performance’ de las entidades, pero luego desarrollan metodologías propias y desarrollas un ‘engagement’ proactivo con las empresas, de forma que tu estrategia va más allá”, agregó a su vez la directora de Banca Responsable del Santander, Lara de Mesa.

Según coincidió, la estrategia es “intentar ejercer tu voz y participar de la agenda de las empresas en las que has invertido” con una relación “constructiva” donde se demanda información a las compañías sobre cuáles con sus objetivos, cómo los llevarán a cabo y posteriormente se ejerce un escrutinio sobre su cumplimiento.

“Impone más presión, pero también, de alguna forma, te marca el camino y eso ayuda a que, de alguna forma, todos avancemos en la misma dirección y hagamos esfuerzos”, valoró de Mesa. “Todo lo que sea que al inversor le transmitas hechos y realidades, compromisos tangibles de cómo quieres avanzar en tu agenda, el inversor lo espera, y si no lo haces y no lo asumes efectivamente, te vas a quedar fuera de la cartera de inversores relevantes”, auguró.

FINANZAS SOSTENIBLES EN EL BUEN GOBIERNO

El socio responsable de Sostenibilidad y Buen Gobierno de KPMG en España, Ramón Pueyo, explicó de manera particular que las finanzas sostenibles siempre han formado parte de las recomendaciones de buen gobierno.

A título ilustrativo recordó que el Código Cadbury inglés, que data de 1992, “ya ponía el foco en que una de las tareas básicas del consejo de administración consiste en asegurar que la compañía mantiene unas relaciones adecuadas con sus grupos de interés” e, incluso, el código de buen gobierno español de 2015 establecía en su recomendación 32 “cómo el consejo de administración debe estar informado, asimismo, de cuál es la percepción que tienen acerca de la compañía grupos de interés significativos, entre ellos los inversores”.

Sin embargo, reconoció que los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por Naciones Unidas, que son 17, con 169 metas y 255 indicadores, lo refuerzan, en la medida que “hay algo que subyace a todos ellos y es la necesidad de tener instituciones más fuertes y mejor gestionadas”.

“Este papel que tienen los inversores de ejercer no sólo su derecho a la salida, a vender las acciones, sino su derecho a la voz, a expresar un poco la opinión que tienen de la calidad del ‘management’ y de las prácticas de buen gobierno en materia de sostenibilidad, es algo que vamos a ver cada vez más y los consejos de administración tendrán que estar más pendientes de cuáles son sus preocupaciones”, auguró.

VENTAJAS PARA TODA LA PLANTILLA

“Esto es una carrera de fondo en la que efectivamente tenemos que involucrar a todos los clientes, inversores, empleados, reguladores y a la sociedad misma. Queremos que todos de la mano para avanzar en las finanzas sostenibles”, apuntó a su vez el director de Consultoría para el Sector Financiero de KPMG, Pablo Vañó.

En opinión de este último experto de KPMG y centrando el debate de manera específica de las finanzas sostenibles, las empresas ya han cubierto una primera fase con “la implicación de la alta dirección y la concienciación de la alta dirección” como lo prueba que en todas las entidades se hayan creado comités y comisiones específicas.

Ahora toca, a su juicio, trabajar en una segunda etapa para “hacer que todos los empleados de la entidad piensen en verde”. “¿Esto qué significa? Significa que el ‘portfolio manager’ de la cartera de riesgo de crédito que está concediendo operaciones tiene que pensar en verde y este es el principal reto que tenemos en los próximos meses u años: que hasta el último empleado de la entidad piense en verde”, afirmó.

La clave a su juicio ahí será tener un programa de comunicación interno adecuado y alineado con el programa de cultura de riesgos de la entidad.

SERVIMEDIA

El Gobierno ha concedido el carácter de “agentes de la autoridad” a los miembros de las Fuerzas Armadas que sean movilizados para el cumplimiento de las medidas que recoge el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma en España para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19.

Así lo establece la disposición adicional quinta de esta norma, recogida por Servimedia, que firma la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.

Según explicaron fuentes gubernamentales, a los militares que sean requeridos por el Ejecutivo actuarán en “funciones de policía”, es decir, de vigilancia, porque se trata de una movilización ante el estado de alarma decretado por una crisis sanitaria.

Así, los miembros de las Fuerzas Armadas podrán realizar tareas de vigilancia de bienes, lugares o de personas para que éstas cumplan con las medidas que recoge el estado de alerta, pero nada más, remarcaron fuentes del Palacio de la Moncloa.

HOSPITAL GÓMEZ ULLA

Además, si así se requiere, las autoridades podrán ejercer “sus facultades a fin de asegurar que el personal y los centros y establecimiento sanitarios de carácter militar contribuyan a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional”.

El Hospital Central dela Defensa Gómez Ulla, que el Gobierno considera infrautilizado, podrá ser empleado ante esta emergencia si se mantiene la curva de contagios y de hospitalizados porque, desde las autoridades, quieren evitar por todos los medios el colapso de los sistemas sanitarios.

“Para el eficaz cumplimiento de las medidas incluidas en el presente real decreto, las autoridades competentes delegadas podrán requerir la actuación de las Fuerzas Armadas”, recoge el decreto, en el que también se menciona el papel de los militares para garantizar, en caso de necesario, del abastecimiento alimentario.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desmentido que el dinero en efectivo y, en concreto, los billetes transmitan el coronavirus y niega que quienes los tocan deben lavarse las manos porque el covid-19 puede “aferrarse” a su superficie durante varios días.

Así lo ha defendido, en declaraciones a ‘Market Watch’, la portavoz de la OMS, Fadela Chaib, quien ha negado que su organización haya dicho que las personas deban tener cuidado con el efectivo para contener la propagación del coronavirus y que es preferible que usen métodos de pago sin contacto.

Según precisó Chaib, esta información fue “tergiversada” por algunos medios británicos, ya que la OMS “no ha dicho que los billetes transmitían covid-19 ni ha emitido ninguna advertencia o declaración al respecto».

No obstante, señaló que la población “debería lavarse las manos después de usar dinero, especialmente si manipula o come alimentos» y que hacerlo “es una buena práctica de higiene» en general.

La portavoz de esta agencia internacional también aseguró que el coronavirus puede propagarse de persona a persona a través de pequeñas gotas de la nariz o la boca, que se expulsan cuando una persona infectada “tose o exhala. Por este motivo, recomendó mantener la distancia con alguien que haya podido contraer la enfermedad tras tocar un objeto o superficie infectados y, posteriormente, tocarse boca, nariz u ojos.

CUIDADO AL ESTORNUDAR

Para prevenir estos contagios, Chaib llamó a lavarse las manos “regularmente” con un desinfectante a base de alcohol o, al menos, con agua y jabón. También, sugirió limpiar las superficies “regularmente” con un producto desinfectante.

A aquellas personas con dificultad para respirar, les emplazó a llamar a su médico y buscar atención “de inmediato». También solicitó al conjunto de la población solicitó toser o estornudar sobre el codo o usando un pañuelo de papel, que es importante desechar inmediatamente para, a continuación, lavarse las manos.

Por otra parte, Chaib recordó la importancia de evitar viajar en caso de tener fiebre o tos y que, si se mantifiestan síntomas en el transcurso de un vuelo, hay que comunicarlo a la tripulación y, una vez en el domicilio, ponerse en contacto con un profesional de la salud.

Para las personas mayores de 60 años o con alguna patología previa, la OMS señala que hay que tomar “precauciones adicionales” y evitar áreas concurridas. En cuanto a las personas enfermas, se les aconseja quedarse aisladas en casa y usar diferentes cubiertos para comer. Por último, se insta a los ciudadanos a informarse a través de fuentes oficiales.

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Fundación ONCE e Inserta Empleo han acordado el cierre de todas sus sedes físicas y realizarán su actividad a través del teletrabajo para evitar contagios por el covid-19.

Así lo anunciaron este sábado ambas entidades a través de un comunicado, en el que precisaron que esta decisión se ha tomado de acuerdo con las medidas adoptadas por el Gobierno central para luchar contra el avance del coronavirus situando a España en estado de alarma.

Sin embargo, insistieron en que mantendrán su actividad de apoyo al colectivo de personas con discapacidad gracias al teletrabajo de su plantilla, parte de la cual ya venía realizándolo desde la pasada semana.

De este modo, seguirán ofreciendo su servicio a las personas con discapacidad y, en el caso de Inserta Empleo, como entidad de intermediación laboral, en la medida de lo posible, las entrevistas personales físicas se sustituirán por telefónicas.

Las áreas y departamentos de Proyectos, Programas Operativos, Convocatorias, becas, Ofertas de Empresas, Accesibilidad o Atención externa seguirán trabajando para dar apoyo a las organizaciones de personas con discapacidad y a sus asociados.

Fundación ONCE e Inserta Empleo son conscientes de la vulnerabilidad de este colectivo y por eso han decidido seguir con su apoyo en estos días de crisis. Además, durante las próximas semanas, su entorno va a cambiar de una forma desconocida hasta la fecha y tendrán que hacer cosas inusuales, pero tienen la cultura y la experiencia de la superación y la de enfrentarse a retos imposibles con éxito.

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