La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) informó este viernes de que trabaja en distintos frentes para permitir a los hoteles de la comunidad acoger a sus empleados y huéspedes cumpliendo los protocolos más seguros.

Por un lado, la asociación colabora con la Dirección General de Turismo, que depende de la Consejería de Cultura y Turismo, en la difusión de ‘webinars’ impartidos por Instituto de Calidad Turística de España.

En estas sesiones formativas digitales se pretende ofrecer asesoramiento técnico dirigido a la implantación de las distintas medidas necesarias para minimizar las posibilidades del contagio por el coronavirus de acuerdo con las directrices del ICTE para alojamientos turísticos, en cuya elaboración participó la AEHM.

Las sesiones comenzarán a partir de la segunda quincena de junio, serán gratuitas para los inscritos y se dirigen a hoteles, apartamentos turísticos, hostales, pensiones, hostels y alojamientos rurales.

Por otra parte, la asociación señaló que firmó un convenio de trabajo con Bureau Veritas para ofrecer condiciones especiales a sus asociados a la hora de acceder a los servicios de la entidad certificadora.

El objetivo de dicho acuerdo es que Bureau Veritas, como entidad homologada, pueda auditar y certificar a los establecimientos que así lo requieran con el sello “Safe Tourism” del ICTE.

Este certificado, al que pueden optar los hoteles voluntariamente, sirve como garantía de que tienen en marcha los protocolos necesarios para reducir al mínimo los riesgos de contagio del Covid-19.

Estas iniciativas se complementan con el acuerdo anunciado esta semana entre la AEHM y los laboratorios Eurofins Megalab para poner a disposición de los hoteles asociados las pruebas neccesarias para detectar posibles contagios por Covid-19.

“Tras una fase en la que hemos puesto mucho de nuestra parte para superar la crisis derivada del coronavirus con hoteles medicalizados, para sanitarios… en la AEHM nos toca ahora apostar firmemente por avanzar. Queremos que nuestros hoteles puedan retomar la actividad en las mejores condiciones y, por ello, hemos buscado sólidos compañeros de viaje como la Consejería de Cultura y Turismo, el ICTE, Bureau Veritas o Eurofins Megalab. Sabemos que la seguridad y la confianza juegan un papel fundamental para volver a operar y queremos ofrecer las mejores herramientas a nuestros asociados”, comentó la secretaria general de la AEHM, Mar de Miguel.

Con esta serie de acciones, la AEHM indicó que muestra su «firme compromiso» para reactivar el sector en las mejores condiciones tanto para el personal de los establecimientos hoteleros, como para los clientes. «Su colaboración con administraciones y entidades líderes en sus respectivos ámbitos se enmarca en una apuesta por la excelencia como medida necesaria para llegar a la “nueva normalidad”, concluyó el comunicado.

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El Ministerio de Sanidad informó este viernes de una nueva muerte por coronavirus notificada ayer en Asturias, y que eleva el total de fallecidos a 27.134. Los contagios, por su parte, ascienden a 240.978 tras detectar 177 nuevas infecciones diagnosticadas en las últimas 24 horas.

En la última semana han perdido la vida 52 personas a causa de la Covid-19, según el informe diario que publica el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que dirige el doctor Fernando Simón en el Ministerio de Sanidad.

Según este parte, en los últimos siete días se han diagnosticado 2.177 contagios, en su mayoría en Madrid (713), Cataluña (638) y Castilla y León (224). Son precisamente estas regiones donde se registran las tasas más altas de transmisión del virus en relación a la población.

Asimismo, Sanidad informa de que en la última semana han tenido que ingresar en los hospitales españoles un total de 162 pacientes con coronavirus. La comunidad con más hospitalizaciones nuevas es Madrid (38), seguida de Castilla y León (30). En los últimos 14 días sólo han desarrollado síntomas de coronavirus 985 personas, según el informe diario.

DATOS POR REGIONES

Las regiones con mayor tasa de transmisión del coronavirus, que se calcula con el número de infecciones por cada cien mil habitantes en las últimas dos semanas, son Cataluña (26,93), Castilla y León (23,38) y Madrid (21,58). La ciudad autónoma de Ceuta registra una tasa de 44,82 tras identificar un rebrote del virus.

La Comunidad de Madrid suma 94 contagios y ya son 69.423 los casos positivos en esta región. Según Sanidad, en la última semana sólo ha muerto una persona con coronavirus en esta comunidad, que suma 8.691 fallecidos desde que comenzó la pandemia.

Cataluña, por su parte, identificó ayer 16 nuevos contagios, por lo que ya son 29.175 los casos positivos en coronavirus en esta comunidad autónoma cuyos muertos ascienden ya a 5.587, tras notificar siete muertes en la última semana.

La región con más muertes en los últimos días es también la que más transmisión del virus sigue registrando, Castilla y León. En la última semana, han fallecido 21 personas que elevan el total de muertes a 1.928. No obstante, ayer sólo registró dos nuevos contagios que elevan a 19.042 el total de infectados.

Este viernes se han registrado muchas menos hospitalizaciones de las que se registraban hace diez días. Si hoy Sanidad informa de 162 ingresos hospitalarios en la última semana, el 26 de mayo se notificaron 256 en los siete días previos, casi un centenar más.

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La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y Plena Inclusión lamentaron este viernes que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) discrimine a las personas con discapacidad intelectual adultas con la capacidad modificada jurídicamente, al impedirles ser titulares de la prestación.

En un comunicado, afirmaron que la nueva ayuda supone «una conquista para las personas en situación de pobreza y exclusión » y «un avance en la reducción de las desigualdades socioeconómicas que existen en España».

Sin embargo, mostraron su preocupación, ya que señalaron que la ley «no tiene en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, pese a que estas sufren más situaciones de pobreza y vulnerabilidad y su discapacidad conlleva un elevado sobrecoste».

Denunciaron que al impedir que las personas con la capacidad modificada jurídicamente sean titulares de la prestación, la medida ignora lo establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas en 2006.

El Ingreso Mínimo Vital establece que las personas titulares de la prestación deben solicitarlo para sí mismas o para su unidad de convivencia, es decir, para las personas con las que viven. Este requisito supone ignorar la situación particular de muchas personas con discapacidad intelectual que, al no contar con apoyo familiar, lo reciben de las fundaciones tutelares a través de una tutela o curatela, explicaron. Las personas apoyadas y las fundaciones no conforman una unidad de convivencia, prosiguieron, situación que impone al colectivo «una nueva barrera de acceso al IMV y puede conllevar discriminaciones».

MÁS PROBLEMAS

Por otro lado, La AEFT y Plena Inclusión destacaron el riesgo de la desaparición de las actuales prestaciones de hijo a cargo que, en muchos casos, constituyen el único ingreso para numerosas personas con discapacidad.

Finalmente, indicaron que el texto en el que se basa la regulación de el IMV «es complejo, remite con frecuencia a desarrollos reglamentarios posteriores e incide en importantes modificaciones de la legislación de la Seguridad Social», que regulaba otras prestaciones, como la de hijo a cargo.

«Esto genera inseguridad jurídica, incertidumbres e imprecisiones que pueden conllevar dificultades en su aplicación e incluso la pérdida de derechos ya reconocidos para el colectivo», concluyeron.

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El presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), Florentino Pérez Raya, destacó este viernes que el Sistema Nacional de Salud (SNS) debe cambiar y dejar de estar centrado en la enfermedad para orientarse hacia las personas, ya que la pandemia por Covid-19 «ha puesto de relieve importantes vulnerabilidades del modelo sanitario».

Pérez Raya hizo estas declaraciones durante su comparecencia en el grupo de trabajo de Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados.

Durante su intervención, el presidente del CGE recordó el papel fundamental que están desarrollando las enfermeras en la pandemia, demostrando su compromiso con la salud de los ciudadanos, dejando patente la necesidad de contar con todo el potencial de la profesión enfermera a la hora de planificar la reconstrucción del país.

“Nuestro compromiso ha estado por encima de los problemas y las carencias que la profesión viene sufriendo y, precisamente por ello, la reconstrucción social y económica no puede hacerse de espaldas a todo lo que, en el ámbito de la profesión enfermera, es preciso corregir y modificar».

VULNERABILIDAD DEL SNS

A ello añadió que “nuestro sistema sanitario ha funcionado razonablemente bien hasta ahora, pero que, ante las vulnerabilidades que ha puesto de manifiesto la crisis del Covid-19, precisa de ciertas reformas para dar una respuesta adecuada a las necesidades actuales y futuras de sus usuarios en función de factores tan importantes como el envejecimiento poblacional, el aumento de la cronicidad o la atención sociosanitaria, entre otros”.

Entre las propuestas para establecer una hoja de ruta para la reconstrucción social y económica, Pérez Raya pidió un cambio de enfoque en el SNS para pasar de estar centrado en la enfermedad a orientarse hacia las personas, hacia la atención de las necesidades de la población en su conjunto y de cada individuo en particular, de manera que la asistencia sanitaria resulte adecuada y eficiente.

«Resulta necesario coordinar los recursos existentes hacia un nuevo modelo sanitario orientado hacia el paciente, donde el centro sea la persona y la atención sea integral y continua”.

DECÁLOGO DE PROPUESTAS

Para alcanzar estos objetivos, el presidente del CGE presentó una batería de propuestas como llevar a cabo un análisis y planificación de los recursos humanos del sistema sanitario, con una apuesta firme por incrementar el número de enfermeras: mejorando la actual ratio enfermeras pacientes que hay en España (6 enfermeras cada 1.000 habitantes) muy por debajo de los países de nuestro entorno (8,5 cada 1.000) y con grandes diferencias entre CC.AA.

Junto a ello, modificar el modelo asistencial para pasar del «curar» al «cuidar» ante el envejecimiento de la población, así como fortalecer la Atención Sociosanitaria para cuidar de forma adecuada de los mayores implementando una gran coordinación entre los servicios sanitarios y sociosanitarios.

Pérez Raya también señaló la necesidad de potenciar el perfil profesional enfermero como responsable de los cuidados; el desarrollo plenamente de las especialidades de Enfermería y los Diplomas de Acreditación y Acreditación avanzada y la potenciación de la Atención Primaria y la Salud Pública.

A estas propuestas se incluyen el fortalecimiento de la coordinación sanitaria entre CC.AA. dotando al Consejo Interterritorial de una capacidad más ejecutiva y haciendo sus decisiones vinculantes; implementar la transformación digital y mejora de los Sistemas de Información e impulsar la investigación enfermera.

El presidente del CGE también señaló la necesidad de garantizar las medidas de protección del personal sanitario, profesionalizar la gestión sanitaria y mejorar las condiciones sociolaborales de las enfermeras y enfermeros.

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EL presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, pidió este viernes la creación inmediata de «un fondo de rescate de emergencia pospandemia de 225 millones de euros» para el sector de la discapacidad, dentro «de uno más amplio y global de 1.000 millones para todo el Tercer Sector de acción social.

Así lo expuso Pérez Bueno durante su comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social del Congreso de los Diputados, dentro del grupo de trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados.

En concreto, el responsable del Cermi estimó en 225 millones de euros el fondo de rescate que precisa el ámbito de la discapacidad para hacer frente a los efectos de la Covid-19 que, a su juicio, debe enmarcarse en otro más amplio de 1.000 millones para todo el Tercer Sector de acción social.

Dijo que este fondo esta justificado ante “la devastación de la pandemia», ya que «ha sido intensa y extensa en nuestro grupo de población y en sus estructuras y redes de apoyo, siempre precarias, y ahora ya exhaustas”.

Además, a medio plazo, planteó la necesidad de que se establezca un marco de financiación del Tercer Sector que le dé estabilidad y le permita abandonar “la agonía perpetua” en la que vive, para lo que ha llamado a “poner las luces largas” y a usar como marco la Ley del Tercer Sector aprobada en 2015.

RECUERDO A LAS VÍCTIMAS

El presidente del Cermi inició su intervención con un recuerdo “sentido y dolido” a las personas que han perdido la vida por la pandemia y a las que se han visto damnificadas por una crisis sanitaria que, como ha expuesto, ha castigado “en proporción desorbitada” a las personas con discapacidad, al igual que a las personas mayores, y “no solo por factores de salud, sino sociales, políticos, económicos y legales que nos colocan en posiciones de fragilidad extrema”.

Precisamente, al ser las personas mayores el colectivo más afectado por la pandemia, ha solicitado que el movimiento asociativo de mayores sea llamado a intervenir en esta comisión, porque “nos lo debemos como país”.

Igualmente, ha reprobado las situaciones de discriminación que se han producido hacia personas con discapacidad y mayores en los peores momentos de la pandemia a la hora de tener que decidir quién recibía o no un determinado tratamiento médico. Así, aunque ha reconocido “los momentos de colapso del sistema”, ha advertido de que no se puede dar “menor valor” a determinadas vidas, y “contra eso nos revelamos”.

En la enumeración de propuestas del sector de la discapacidad, Pérez Bueno ha urgido a elevar a categoría de fundamentales los derechos sociales en la Constitución y en los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas; aprobar un nuevo marco legal de inclusión laboral, para elevar la tasa de actividad de las personas con discapacidad al 50% en cinco años, con especial atención a las mujeres con discapacidad, y reforzar la apuesta por la asistencia personal y por fórmulas que permitan la vida en comunidad, con los apoyos necesarios.

En esta línea, se ha detenido para pedir soluciones habitacionales diferentes, dado que se ha demostrado la especial vulnerabilidad de las personas que viven en entornos colectivos tradicionales.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Asimismo, ha exigido mejorar en todos los ámbitos la accesibilidad universal (cognitiva, física y sensorial) para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de los entornos, bienes y servicios en igualdad de condiciones.

En este sentido, ha denunciado que existen muchas personas con movilidad reducida (unas 100.000 en España) que viven un “confinamiento permanente” por barreras arquitectónicas en edificios de viviendas, que les impiden entrar y salir libremente de sus domicilios.

Para ello, ha instado a modificar la Ley de Propiedad Horizontal, de manera que las comunidades de vecinos no puedan negarse a acometer las reformas necesarias.

También ha puesto en valor el papel de las nuevas tecnologías para la inclusión de las personas con discapacidad, como se ha demostrado durante la pandemia, si bien ha lamentado que todavía existan importantes carencias de accesibilidad para que puedan ser utilizadas por todas las personas con discapacidad, incrementándose así la brecha digital.

Además, ha indicado que “la tecnología no es barata”, pero tiene que estar al alcance de las personas con discapacidad y ha planteado que el auge de la inteligencia artificial debe tener en cuenta a las personas con discapacidad.

Por otra parte, ha reclamado la creación, “sin más excusas ni demoras”, de un sistema sociosanitario común que atienda de forma global las necesidades de las personas con discapacidad, como las personas con enfermedad mental, daño cerebral adquirido o enfermedades poco frecuentes, entre otras.

Ha apremiado también a fortalecer notablemente el apoyo a las familias de personas con discapacidad, “principal soporte y resorte de inclusión”, así como a prestar especial atención a las personas con discapacidad que residen en el entorno rural.

INGRESO MÍNIMO VITAL

Respecto del Ingreso Mínimo Vital (IMV), Pérez Bueno ha calificado la medida de “hito histórico” y de “mejora colectiva”, aunque ha instado a que sea tramitado como proyecto de ley para que se puedan introducir mejoras para que tenga una “mayor sensibilidad” con las personas con discapacidad, dada su situación objetiva de mayor vulnerabilidad.

Mejorar la fiscalidad en materia de discapacidad y reforzar la herramienta de la contratación del sector público para promover la iniciativa social han sido otras de las propuestas formuladas por el presidente del Cermi.

En el turno de intervenciones de portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, las formaciones políticas han planteado cuestiones como la necesidad de terminar con los problemas de accesibilidad existentes; la importancia de dotar de suficiente financiación al tercer sector de acción social para que pueda desarrollar su labor, o la necesidad de reforzar el Sistema de Asistencia Personal y Atención a la Dependencia.

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La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, advirtió este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que “la solidaridad europea sólo puede llegar con responsabilidad”. “No cae del cielo, viene con reformas ambiciosas y cuentas públicas saneadas”, subrayó.

Montserrat compareció ante el grupo de trabajo de Unión Europea de la comisión de reconstrucción creada en el Congreso y ante los portavoces los grupos políticos defendió “el diálogo, el consenso y, sobre todo, el respeto institucional” para “poner por delante a Europa y a los españoles” en vez de los intereses partidistas.

“En todo diálogo o acuerdo tiene que haber siempre respeto institucional y confianza”, recalcó la portavoz de los populares en la Eurocámara. “Cuando las fuerzas políticas moderadas y de tradición europeísta construimos juntos, los resultados siempre son positivos”, arguyó.

Incidió en que todo país necesita un Presupuesto y que, “ahora más que nunca”, se necesita que sea “ambicioso” para impulsar la economía con la creación de empleo, ayudas a las familias e incentivos al emprendimiento. “Claro que se necesita un Presupuesto que cumpla también con las reformas que se tienen que hacer en España”, aseveró.

Pero avisó de la importancia de “entender que el plan de recuperación” que proporciona la Unión Europea ha de acompañarse de “reformas nacionales” y que éstas han de ser “ambiciosas”. En este sentido, replicó a Unidas Podemos que “sus políticas comunistas siempre que se han implementado en cualquier país han repartido pobreza”.

Según Montserrat, el “problema” en España “no es el Ingreso Mínimo Vital” aprobado por el Ejecutivo de coalición, sino la falta de reformas para impulsar el empleo en España y querer derogar la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy y que “nos trajo 3 millones de puestos de trabajo”.

En este contexto, sostuvo que cuando la izquierda llega al poder suelen “llegar las colas del paro” porque “sus políticas no impulsan ni el crecimiento económico ni la creación de empleo”. Lanzó aquí la principal advertencia al presidente del Gobierno: “La solidaridad europea sólo puede llegar con responsabilidad”.

“Jamás habíamos tenido una ayuda tan potente” por parte de la Unión Europea, reconoció, y en base a ello ahondó en que esta “solidaridad no cae del cielo”. “Sí quiero dejar bien claro que desde Europa se escuchan las declaraciones de los ministros de todos los Estados miembros. Los pactos se leen en Europa”, enfatizó.

A este respecto, Montserrat señaló que “las actuaciones del Gobierno de España no ayudan en futuras negociaciones en el Consejo”. “El presidente Sánchez tiene que ir solvente, dando confianza, con las reformas necesarias ambiciosas, sin derogar la reforma laboral y tiene que tener muy claro que la solidaridad europea no es un cheque en blanco”, insistió.

“Van a estar mirando a Sánchez”, se reafirmó Montserrat, y tirando de hemeroteca recordó que el jefe del Ejecutivo “en 2019 pidió aumentar el déficit del 1.8 al 2 para posteriormente elevarlo al 2.6 y que luego tuvo que venir Bruselas para señalarnos que el Gobierno mentía y que el déficit había subido al 2.8”, además de que “nos gastamos 35.000 mil millones de más de lo que ingresamos”.

En este sentido, preguntó a los portavoces de los distintos grupos si “son conscientes de del terrible daño que hace [esta situación] a la imagen de España». También consideró que “no ayuda el último espectáculo del baile de cifras de fallecidos” por coronavirus. “¿Qué está pensando Europa de la seriedad de España?”, planteó.

“Pienso sinceramente que Sánchez tiene que ir a Europa acompañado de fuerzas europeístas y que tiene que trabajar por la Unión Europea con reformas ambiciosas, con las cuentas públicas ordenadas y con rigor fiscal”, defendió Montserrat, alegando que justo esto “es lo que necesita ahora Europa oír de España”.

En materia sanitaria, Montserrat propugnó dar “más competencias a la UE para mejorar la coordinación” y que pueda “actuar con poder operativo y ayudar a frenar el riesgo” de situaciones como la vivida a raíz de la pandemia del Covid-19. Por ello, el PP europeo aboga por “una Unión Europea sanitaria”.

Además, garantizó que si ella hubiese estado en el Gobierno en el momento que estalló la crisis del Covid-19 hubiese seguido “a pies juntillas lo que dijo la UE” desde el primer momento en cuanto a manifestaciones y aglomeraciones se refiere, al tiempo que puso en duda que el actual ministro de Sanidad, Salvador Illa, y otros altos cargos hayan estado “a la altura” de sete momento.

Por último, incidió en que los estados de alarma “sólo pueden ser excepcionales” y explicó que su grupo ha comentado en la UE “todos los abusos” que durante este periodo excepcional se han dado en España, “como puede ser el cierre o suspensión del Portal de Transparencia”, algo que tildó de “inaceptable”.

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El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez, pidió este viernes en el Congreso de los Diputados que, «ahora que hemos superado el confinamiento», la sociedad no se olvide de las 100.000 personas que «viven en un confinamiento perpetuo» por la falta de accesibilidad en sus viviendas.

Pérez realizó estas afirmaciones ante el grupo de trabajo de políticas Sociales y Sistema de Cuidados de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social del Congreso, donde exigió una reforma urgente de la Ley de la Propiedad Horizontal.

Según explicó, en España hay más de 100.000 personas con grandes discapacidades y dependientes que no pueden salir de su casa porque en sus edificios no hay rampas, ascensores, etc.

De ahí la «necesidad urgentísima de reformar» la Ley de Propiedad Horizontal, declaró, a fin de que el sobrecoste en las obras de accesibilidad no sea un obstáculo para llevarlas a cabo. En la actualidad, las comunidades de vecinos están obligadas a ejecutar obras de accesibilidad si su coste no pasa de las 12 mensualidades corrientes, un límite que las grandes reformas suelen superar con creces.

Se trata de «acabar con la hostilidad del entorno», apuntó Pérez, o dicho de otra manera, «garantizar la accesibilidad universal» en el espacio urbano, los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, etc.

Esta fue, de hecho, una de las diez propuestas que el Cermi presentó a la citada comisión de reconstrucción, de cara a mejorar la situación de las personas con discapacidad tras la pandemia causada por el Covid-19.

Asimismo, pidió regular la accesibilidad cognitiva y garantizar la accesibilidad audiovisual. «En este último caso, se trata de algo tan revolucionario como cumplir la ley», concluyó.

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Las ONG de acción social llamaron este viernes a los contribuyentes a marcar la ‘X Solidaria’ en su declaración de la renta para “unir” su “solidaridad” al trabajo y el esfuerzo que realizan a diario el tercer sector y el tejido empresarial para atender a personas en riesgo de exclusión.

Así se puso de manifiesto en el transcurso de la ‘Mesa Redonda sobre la X Solidaria’, organizada por Servimedia, presentada y moderada por su director general, José Manuel González Huesa y en la que participaron la directora de la Plataforma de ONG de Acción Social, Marisa Gómez; la vicepresidenta de la ONCE Patricia Sanz; la directora de la Plataforma de Voluntariado, Mar Amate; la vicepresidenta de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), Rosalía Guntín; el presidente de la Plataforma de la Infancia, Carles López; Mari Carmen Sacacia, madre de una niña con sordera beneficiaria de Fiapas; la profesora de pedagogía terapéutica Eva Guijarro, del CEIP Bolivia y el presidente de la Fundación 26D, Federico Armenteros.

A este respecto, la responsable de la Plataforma de ONG de Acción Social utilizó el lema de la campaña de este año para defender que existen “un millón de razones para marcar la X y ninguna para no hacerlo” y calculó que, si el ejercicio pasado se recaudaron 360,4 millones de euros a través de la casilla 106, si todos los contribuyentes la marcaran este año, se podrían recaudar más de 600 millones, por lo que llamó a toda la ciudadanía a “que corra la voz”.

Además, advirtió de que la campaña de este año “va” a por el 35% de contribuyentes, casi ocho millones, “que se quedan en blanco” y aún no marcan ninguna casilla. “Es una opción voluntaria y una acción responsable, un ejercicio de unidad y una oportunidad para unir la solidaridad ciudadana al trabajo del tercer sector”, sentenció, al tiempo que subrayó la importancia de “convencer” a estos contribuyentes “mostrando los proyectos, la cara y el trabajo” de estas organizaciones, que atienden a millones de personas en riesgo de exclusión.

No obstante, reconoció que todavía “hay personas que no saben que no cuesta más ni te devuelven menos”, al tiempo que insistió en que la actual pandemia es “un reto social” y, frente a ella, la ‘X Solidaria’, representa una “oportunidad de unir todas las fuerzas y actores para superar esta crisis y paliar las necesidades que nos plantea”.

En la misma línea, la vicepresidenta de ONCE aseguró que las consecuencias de la pandemia “no se concentran en estos tres meses sino que va más allá y tendrá más efectos socioeconómicos y sanitarios”. “Por eso es importantísimo que las personas no solo marquen la ‘X Solidaria’, sino que se lo cuenten a otras tantas personas y, si conocen a alguien a quien vayan destinados los proyectos de las 28.000 ONG, sea lo primero que den a conocer”, abundó.

Tras confirmar el “apoyo claro” de la ONCE a esta iniciativa y desear que haya “muchos millones de personas que sean conocedoras de ese millón de razones por el que hay que marcar la casilla”, advirtió de que “nadie está durante toda su vida en posición de ayudar ni en posición inamovible de ser ayudado”. “Pensemos en los demás, porque cualquier día nos puede tocar a nosotros y lo mejor que nos puede pasar es contar con entidades con proyectos que nos puedan ayudar a salir adelante”, manifestó, convencida de que marcar la casilla solidaria es “un gesto que no nos detrae dinero y ayuda a muchos miles de personas con nombres y apellidos que se están beneficiando de ellas”.

Por estos motivos, animó a marcar esta casilla pero también a “difundir” la campaña, porque, “cuanto más amplio sea el altavoz, a más personas vamos a llegar” así como los proyectos en los que se traduce esa solidaridad ciudadana, que, a su entender, “nos ayuda y nos beneficia a todos”.

En el mismo sentido, la directora de la Plataforma de Voluntariado reivindicó el papel de la plataforma y de sus entidades para “visibilizar la solidaridad e implantar el voluntariado como una identidad más en la ciudadanía” y reafirmó que a su trabajo también contribuye la ‘X Solidaria’ a través de proyectos que “ponen en marcha esta identidad voluntaria y esta solidaridad”.

Mar Amate también hizo referencia al principio “circular” del voluntariado, puesto que las personas “podemos ser beneficiarias de un programa en un momento, pero, rápidamente, podemos pasar y debemos pasar al otro lado”. “La pandemia ha puesto de manifiesto que sin la solidaridad y el voluntariado la sociedad se nos hunde”, sentenció, al tiempo que valoró que tanto los 1,5 millones de voluntarios que ya colaboraban con alguna organización como la “fuerza de solidaridad” que ha mostrado buena parte de la comunidad “han salido al rescate de la crisis social que ha llevado aparejada”, por lo que, de cara al futuro, llamó a “seguir implicándonos en este objetivo solidario”.

Por su parte, la vicepresidenta de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) reconoció que existen proyectos que, sin la ayuda de la ‘X Solidaria’ “sería imposible llevar a cabo” y consideró “fundamental” la colaboración ciudadana mediante la marcación de esa casilla para “tratar de paliar la pobreza en España”. “Más que nunca, pido a la ciudadanía que se involucre personalmente en su declaración de la renta”, espetó.

El presidente de la Plataforma de la Infancia aseveró que mucha gente concibe la marcación de la X como un “pequeño gesto”, pero afirmó que se trata de un “gran gesto para la plataforma y sus entidades”, ya que, de las 68 que la integran, 28 reciben fondos y pueden desarrollar sus proyectos y programas gracias a ella, teniendo en cuenta, además, que atienden a un colectivo “especialmente vulnerable” y que ha sufrido “especialmente” la pandemia y entre el cual destacó a los niños con discapacidad o de etnia gitana.

A este respecto, Mari Carmen Sacacia, madre de una niña con sordera beneficiaria a través de los proyectos de Fiapas, estimó “muy importante que se marque la ‘X Solidaria’ siempre, pero hoy todavía más”. “Es una forma de ayudar a las entidades sociales que ayudan a las personas y, de otra manera, el Gobierno decidirá dónde va ese dinero”, apostilló.

En este punto, la profesora de pedagogía terapéutica Eva Guijarro, del CEIP Bolivia, beneficiaria de esta iniciativa a través de proyectos de educación inclusiva de Cocemfe, que ha prestado tablets para los alumnos con discapacidad y menos recursos, explicó que son “muchos los que nos beneficiamos de estos programas si se marca la ‘X Solidaria’”.

Finalmente, el presidente de la Fundación 26D confirmó que, cuando se marca esta casilla, “estamos ayudando a visibilizar y ayudar a un colectivo que históricamente ha sido excluido, abandonado y estigmatizado por intentar amar en diversidad”, como es el de los mayores LGTBI, que se encuentra en situación de “vulnerabilidad y exclusión” y al que la ‘X Solidaria” está “nivelando en derechos con respecto al resto de la sociedad”.

SERVIMEDIA

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez, aplaudió este viernes en el Congreso de los Diputados la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y pidió a todos los grupos políticos que «lo apoyen».

«No podemos más que saludar» esta medida, dijo Pérez en el grupo de trabajo de Políticas Sociales y del Sistema de Cuidados de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social del Congreso.

Sin embargo, el presidente del Cermi pidió ´que la medida se tramite como proyecto de ley, porque «es susceptible de mejorar». «Entendemos que ha sido una legislación de urgencia», aunque esto «no es ninguna crítica», declaró.

Pérez dijo comprender la rapidez con que el IMV ha salido adelante pero, por este mismo motivo, «han faltado consultas a las personas con discapacidad y a otros colectivos sociales».

«Por esto queremos que se tramite como proyecto de ley, porque la respuesta que ofrece a las personas con discapacidad puede tener mayor sensibilidad y mejorar», concluyó.

SERVIMEDIA

EL presidente del Comité Español de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez, pidió este viernes la creación inmediata de «un fondo de rescate de emergencia pospandemia de 225 millones de euros» para el sector social de la discapacidad, dentro «de uno más amplio y global de 1.000 millones para todo el Tercer Sector de acción social».

Pérez realizó esta petición ante el grupo de trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social del Congreso de los Diputados, donde presentó un decálogo de propuestas de cara para afrontar la situación que ha generado la pandemia.

Asimismo, defendió una reforma de la Constitución para que los derechos sociales sean considerados derechos fundamentales y reciban la misma protección.

Pidió también atribuir al Estado el carácter de regulador y garante último de esos derechos sociales y hacer lo mismo con las comunidades autónomas en su respectivo nivel.

En cuanto al empleo de las personas con discapacidad, reclamó «un nuevo marco legal para su inclusión laboral, que nos lleve en 5 años a aumentar hasta el 50% la tasa de actividad laboral de este grupo», que es 40 puntos inferior a la media nacional.

Esto supondría «la creación de más de 200.000 nuevos empleos dignos y decentes, con particular intensidad en aquellas personas de especiales dificultades de inserción».

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La ONCE dedicará a la ‘X Solidaria’ su cupón “confinado” del 9 de junio, que se presentó este viernes en el transcurso de la ‘Mesa Redonda sobre la X Solidaria’, organizada por Servimedia y en la que se puso de manifiesto que este cupón estará cargado de simbolismo dado que no podrá comercializarse todavía por las medidas sanitarias decretadas en el estado de alarma para contener la pandemia del Covid-19.

Así lo expresó la vicepresidenta de la ONCE, Patricia Sanz, durante su intervención en esta mesa de diálogo presentada y moderada por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, donde recordó que se trata del segundo cupón en el que la organización «anima» a marcar la ‘X solidaria’ tras el emitido el 21 de abril, que tampoco pudo salir a la calle ni ser sorteado.

Sanz reconoció que la ONCE tiene “clarísimo” su apoyo a esta causa, al tiempo que subrayó que lo que “más le une” a la sociedad son sus cupones, incluidos esos “cupones confinados” que se han producido igualmente y que, a su juicio, “apoyan el motivo que llevó a dedicarle 11 millones de cupones que hubieran estado en manos de otras tantas personas”. “No podrá ser así”, reconoció, al tiempo que consideró “importante hacer la máxima difusión posible” para que, en un momento de “especial vulnerabilidad de muchas personas, pero también de especial solidaridad de muchas otras”, Grupo Social ONCE continúe apoyando esta iniciativa.

En este punto, recordó que, “simplemente con marcar esa casilla, con independencia de que se haga en solitario o en combinación con la otra casilla, podemos ayudar a muchísimos millones de personas”. “Teniendo en cuenta, además, que esta declaración de la renta se hace con ingresos del ejercicio anterior, con lo cual van a ser, previsiblemente, unos mejores resultados de recaudación de los que, a lo mejor, pueda haber el año que viene”, deslizó.

Sanz juzgó “fundamental que nos acordemos de apoyar la marcación de esa casilla 106” y animó a “no dudar en ningún momento de que la recaudación de esa casilla, que no nos cuesta más a ninguno de los que la marcamos, va destinada a apoyar a muchas personas con nombres y apellidos y con situaciones especialmente vulnerables ahora, pero vulnerables siempre”, sentenció.

En este punto, hizo referencia, entre otras, a las personas con discapacidad, a personas que han recibido un trasplante o que padecen cáncer y puntualizó que el Grupo Social ONCE “no se cuestiona seguir estando ahí siempre y ser un altavoz para llegar hasta el último rincón del país”.

En el actual contexto de pandemia, valoró como “fundamental” marcar la casilla solidaria, dado que existen situaciones “excepcionales» que, dijo, «a todos nos afectan de una manera u otra durante los meses que llevamos ya desde el 15 de marzo y lo que nos queda”. “Pero, desde luego, siempre afecta más a los más vulnerables”, lamentó, para, a continuación, instar a “imaginar lo que será en los próximos meses encontrar empleo para cualquiera y lo que puede suponer para una persona con discapacidad”, teniendo en cuenta que sólo una de cada cuatro trabaja en España y, por tanto, “ya tienen difícil encontrar empleo habitualmente”.

En este sentido, admitió que “toda ayuda va a ser poca y todos los ciudadanos serán copartícipes del éxito del empleo que pueda encontrar esa persona con discapacidad” si, a través de esos proyectos que se subvencionan gracias a la contribución ciudadana que marca la casilla de interés social, “podemos ayudar a esa persona a formarla, a habilitarla en competencias digitales, a reorientarla en esa búsqueda hacia otros sectores que le puedan ofrecer trabajo”.

VUELVE EL CUPÓN

En otro orden de cosas, la vicepresidenta de la ONCE admitió que la “mejor noticia de todas” en la actual situación es que la venta del cupón y los premios de la ONCE regresan oficialmente en toda España a partir del lunes 15 de junio y, con ello, los vendedores vuelven a la calle.

“Para nosotros esa será la nueva normalidad, que a partir del día 15, con prudencia, volvamos a estar en la calle, transmitiendo mensajes y generando ilusión”, aseveró, convencida de que el actual “es un momento importante de generar ilusión y de generar confianza”.

Tras explicar que la organización proporcionará a sus más de 19.000 vendedores toda la equipación necesaria para protegerse, añadió que también les va a “animar” a que establezcan de nuevo esos lazos de comunicación con los vecinos de su barrio y su entorno, consciente de que también “hay gente que necesita recuperar ese momento de conversación y esa compañía con su vendedor de todos los días”.

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El Reino Unido está repensando el modelo de acceso de Huawei Technologies Co. a las redes móviles de quinta generación del país pero está encontrando serias dificultades para hacerlo y la exclusión tendría, además, repercusiones económicas negativas muy importantes.

Según ha informado Bloomberg, la creciente tensión con Pekín ha llevado al Gobierno del primer ministro, Boris Johnson, a buscar alternativas a las antenas, equipos de conmutación y otros dispositivos de Huawei, siguiendo así la consigna de Washington, que ha instado a sus aliados a prohibir el acceso de la compañía.

Sin embargo, Bloomberg indicó que operadores británicos ya están construyendo redes 5G con Huawei. Para cualquier otro proveedor, incluso los grandes rivales europeos de Huawei como Nokia Oyj y Ericsson AB, sería difícil compensar la exclusión.

Añadió que la ausencia de Huawei en el 5G provocaría un impacto en la cadena de suministro de telecomunicaciones del Reino Unido. El proveedor chino ya representa aproximadamente el 35% de las antenas que transmiten señales utilizando la tecnología 4G actual. Con BT, la compañía telefónica dominante del Reino Unido, es más de la mitad.

Desde que lanzaron los servicios 5G en Gran Bretaña, Huawei ha aumentado aún más su presencia. La mayoría de las antenas 5G utilizadas por BT y Three son de Huawei y la compañía china también representa una gran parte de la nueva red de Vodafone.

Las redes 5G están lejos de estar completas, y la industria está lista para instalar más equipos de Nokia y Ericsson más adelante. Pero la ventaja inicial de Huawei hace que sea más difícil y costoso dar marcha atrás ahora, expone Bloomberg.

Recuerda que BT dijo en enero que el límite del 35% impuesto para 5G y equipos de banda ancha de fibra costará 500 millones de libras (alrededor de 560 millones de euros). Ese es parcialmente el precio de desinstalar y reemplazar gran parte del equipo subyacente Huawei 4G heredado cuando compró EE.

La prohibición total de la tecnología 5G de Huawei multiplicaría esos costos en todo el sector e inflaría el gasto en adquisiciones, reduciendo la competencia y dejando efectivamente la porción del mercado de Huawei solo para Ericsson y Nokia, según un estudio encargado por el grupo Mobile UK, concluye Bloomberg.

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El 63% de las personas interrogadas sobre la importancia de disponer de dinero en efectivo en situaciones de crisis como la atual considera muy importante o importante el acceso a ese medio de pago, según los resultados de la ‘Encuesta de Percepción Social del Liderazgo en la lucha contra el Covid 19’ del Instituto Factual de Investigaciones Sociológicas Avanzadas (IFISA).

Algo más de 20% de los entrevistados considera que el uso del dinero en efectivo es más importante aún en situaciones de crisis y sólo el 16% de los encuestados considera nada importante disponer de efectivo en estas circunstancias.

De cara a los próximos meses, la encuesta revela que el 82% de los entrevistados considera que será importante disponer de dinero en efectivo, frente al resto que lo considera nada importante. En conjunto, la valoración del dinero en efectivo en estos momentos alcanza una puntuación de 6,4 sobre 10.

El uso conjunto del dinero en efectivo y de los pagos con tarjeta se considera la mejor fórmula por el 63% de los encuestados y sólo el 16% se decanta por el uso exclusivo de los pagos con tarjeta.

Por otra parte, la encuesta pregunta también qué líder político destacaría por una mejor gestión sanitaria de la crisis. Pedro Sánchez acapara el 33% de las respuestas favorables, seguido de Isabel Díaz Ayuso, 17%; y Salvador Illa, 16% y Alberto Núñez Feijoo, 15%. Les siguen Juan Manuel Moreno, 10%; Quim Torra, 8%, y cierran la lista Ximo Puig e Iñigo Urkullu, con el 7% cada uno.

La encuesta de IFISA se realizó en la segunda semana de mayo sobre una muestra de 1.000 encuestados, de los que el 68% tenía entre 35 y 65 años y el 32% restante entre 18 y 34 años, con igual porcentaje entre mujeres y hombres y una distribución territorial proporcional a la población.

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El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, advirtió este viernes en el Congreso de los Diputados de que medicalizar las residencias de mayores es “una trampa” en la que “no debemos caer” tras la crisis del coronavirus, ya que los residentes “tienen derecho a ir a los hospitales”.

“La medicalización (de residencias) es una palabra trampa. No caigan. Cuando lo pedíamos, era cuando no admitían a residentes en hospitales, por lo que decíamos que nos mandaran los cuidados paliativos de hospitales a las residencias”, dijo Ramírez en su comparecencia ante la Comisión de Reconstrucción Económica y Social de la Cámara Baja.

A su juicio, medicalizar las residencias de mayores supondría “retroceder un siglo” y, además, aseguró que “sería una discriminación en el acceso a la atención sanitaria universal” de los residentes.

En este sentido, explicó que, si en los momentos más críticos del coronavirus se pidió medicalizar los centros de mayores, fue porque los hospitales estaban rechazando a los residentes y estaban muriendo sin ser atendidos. Sin embargo, renegó de que ese sea el modelo que se imponga tras la pandemia.

Y es que, insistió Ramírez, los mayores “tienen el mismo derecho a la salud que cualquier persona, viva donde viva”. En esta línea, demandó una “mayor coordinación” entre los servicios de Atención Primaria y las residencias de mayores para que sean estos facultativos los que atiendan a los mayores.

Asimismo, pidió potenciar la atención domiciliaria para los mayores, también para los residentes cuyo domicilio sean las residencias de mayores “como a cualquier persona que vive en su casa”.

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Ibermutua, mutua colaboradora con la Seguridad Social, prevé realizar una inversión superior a los 5 millones de euros en su nuevo centro de servicios asistenciales y administrativos, que aglutinará y ampliará la oferta de las dos instalaciones que actualmente gestiona la entidad en esta ciudad asturiana.

Con tal fin, la entidad ha firmado hoy con el Ayuntamiento de Gijón y la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social el contrato de compra-venta de una parcela en Nuevo Roces (Gijón), por algo más de 475.000 euros.

En el acto de la firma participaron la alcaldesa de Gijón, Ana González Rodríguez; el director provincial de la Tesorería General de la seguridad Social en Asturias, Vicente Paredes, y el director territorial de Ibermutua asturiana, Valentín Sanz.

Está previsto que en inicio de las obras del futuro centro de servicios de Ibermutua asturiana en Gijón comiencen en el primer trimestre de 2021 y la apertura del mismo puede tener lugar a lo largo del año 2022.

Las instalaciones, cuya presentación se llevará a cabo en los próximos meses, estarán especialmente diseñadas y dotadas para el tratamiento de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y el seguimiento de la incapacidad temporal por contingencias comunes (enfermedad común y accidente no laboral) y será el centro de referencia para los trabajadores protegidos y las empresas mutualistas del sector de mutuas que actúan en Gijón, Villaviciosa, Colunga, Carreño, Gozón y el área oriental de la provincia.

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El presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Pedro Campo, expuso este viernes en el Congreso de los Diputados una batería de propuestas orientadas a la reactivación del pequeño comercio ante la crisis del Covid-19.

En la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara Baja, Campo presentó un documento en el que se recogen 26 medidas de índole fiscal, laboral, económica, institucional, en materia de formación y legislativas encaminadas a “proteger a un sector estratégico que la economía española, no solo por la dimensión y el empleo que genera (3,2 millones en su conjunto) sino porque en él se están manifestando los grandes cambios que están sucediendo en la economía global”.

En concreto, Campo resaltó la necesidad de adoptar medidas de apoyo fiscal y financiero que garanticen la liquidez a las empresas, las pymes y autónomos del sector; el aplazamiento del pago de la deuda tributaria y suspensión del pago de tributos; la reducción drástica del recargo de equivalencia; y garantizar las mismas normas de funcionamiento para todos los operadores de comercio con independencia de que el canal de venta sea offline u online.

ERTES SEGÚN DESESCALADA

En materia laboral, Campo planteó posibilitar la tramitación de nuevos ERTE en función a la evolución y fases del desconfinamiento, con el fin de garantizar la sostenibilidad y el empleo de las empresas a la salida de la crisis y asegurar las condiciones sanitarias y de higiene en el entorno de trabajo, garantizando el abastecimiento de Equipos de Protección Individual (EPI) y la realización prioritaria de test rápidos en todos los subsectores que lo soliciten.

Asimismo, la CEC también reclama que se fomente la formación profesional reglada para el sector, incrementar las medidas de control para luchar contra la falsificación y venta ilegal de productos, diseñar e impulsar campañas específicas orientadas a la dinamizar el consumo en subsectores, conforman también esta batería de propuestas.

Por último, el presidente de la CEC abogó por la constitución de un consejo consultivo del pequeño comercio para analizar conjuntamente y colaborar en el progreso de la desescalada y las medidas de reactivación del sector.

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El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, recordó este viernes desde Torrejón de Ardoz (Madrid) que lleva tres meses reclamando que se hagan pruebas masivas a la población y criticó que, en vez de optar por este camino, “el Gobierno falseó datos de test (como denunció CNN) y de muertos (como denuncia ‘Financial Times’)”.

Así lo expuso tras acudir hoy al recinto ferial del Ayuntamiento de Torrejón para conocer el estudio de seroprevalencia que ha realizado el Consistorio a los vecinos del municipio, con alrededor de 100.000 pruebas sobre una población de 130.000 personas.

Para conocer la metodología de la investigación, desde el PP informaron de que Casado estuvo acompañado por el alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez; el jefe de Proyecto de Seroprevalencia del Ayuntamiento, José David Ardoz, y la Jefa del Equipo Investigador, Pepa Soriano.

“Visito Torrejón de Ardoz con su alcalde, donde han hecho test de Covid-19 a toda la población. Llevo tres meses reclamando test masivos para proteger la salud y no arruinar el empleo. Pero el Gobierno falseó datos de test (como denunció CNN) y de muertos (como denuncia ‘Financial Times’)”, aseveró Casado en Twitter.

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Una delegación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) participó este viernes en el ensayo general de la reapertura del Museo Nacional del Prado de Madrid, un acto donde elogió la apuesta de esta institución cultural por la inclusión y la accesibilidad.

El Prado abrirá al público en general este sábado cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, en un nuevo itinerario denominado ‘Reencuentro’, que ha supuesto la reordenación completa de la colección que se exhibe en la galería central y en las salas adyacentes.

El Museo ha invitado así a una representación de la discapacidad a un emotivo acto en la víspera de su reapertura, junto a otros sectores de la ciudadanía que han desarrollado un papel fundamental en la lucha contra la pandemia, sobre todo en los momentos más duros de la crisis sanitaria.

Durante el acto, la plataforma representativa de la discapacidad en España trasladó su gratitud al director del Museo, Miguel Falomir, por esta invitación, tratándose, además, de una institución que el propio Cermi ha galardonado recientemente con uno de sus premios ‘Cermi.es’, reconociendo su “apuesta para que las personas con discapacidad puedan, cada vez más, acceder a la cultura en igualdad de condiciones que el resto del público”.

Precisamente, para el Cermi, el nombre de ‘Reencuentro’ es “muy acertado”, ya que apela a que “la cultura comienza a regresar a la normalidad y lo hace, además, contando con las personas con discapacidad que, tradicionalmente, han sido un grupo excluido de este bien social”.

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La Fundación Reina Sofía reestructuró su ‘Plan de Actuación 2020’ para ayudar a paliar la crisis del Covid-19 durante la reunión de la Junta del Patronato que se celebró en el Palacio de La Zarzuela.

Durante la misma, se aprobaron las cuentas anuales correspondientes al año 2019, auditadas externamente tal y como lo realiza anualmente de forma voluntaria la Fundación de Su Majestad la Reina doña Sofía desde el año 2004, y elaboradas, como procede, teniendo en cuenta las exigencias contables derivadas del Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, así como las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo de dicho Plan.

El gasto total realizado por la Fundación Reina Sofía en 2019 ascendió a 993.674 euros, de los cuales 516.279 euros correspondieron a proyectos de investigación y sensibilización en Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas; 269.705 euros a proyectos relacionados con la protección del medioambiente; 163.214 euros a proyectos sociales en ayuda a los colectivos más necesitados; 12.434 euros a proyectos de educación, y 32.042 euros no imputados a actividades (auditoría, gastos bancarios y otros servicios).

Estos proyectos se ejecutaron en 2019 conjuntamente con las siguientes organizaciones: Fundación CIEN, Federación Española de Bancos de Alimentos Fesbal, Fundación Banco de Alimentos de Madrid, Cruz Roja Española, Cáritas Española, Manos Unidas, Confederación Autismo España, Aldeas Infantiles, Mundo en Armonía, Sra. Rushmore, Ecoembes, AIDE, Anaa, Fundación IAR Indonesia, Fundación AFE, Fundación Deloitte, Fundación Laliga, Fundación Loro Parque, Fundación Mapfre, Fundación Palma Aquarium, Fundación Parques Reunidos, Acade, Alsa, Atresmedia, Balearia, FECE, Forta, Iberia, Mediaset, Metro Madrid, RTVE, Transmediterránea, Cottolengos y Comunidad de Madrid.

Asimismo, se analizaron los proyectos de 2020, junto a las actuaciones extraordinarias que a instancias de doña Sofía se han añadido al ‘Plan de Actuación’ desde el inicio del estado de alarma, con objeto de ayudar a paliar la situación de emergencia social provocada por la pandemia del Covid-19. Entre estas últimas se encuentra la donación, efectuada en marzo, de 318.000 litros de leche ya totalmente distribuidos entre los 54 Bancos de Alimentos de toda España, nuevos proyectos de ayuda a la alimentación a domicilio de mayores que viven en soledad y acciones a través de la plataforma Libera de sensibilización sobre el abandono de mascarillas y guantes y su consideración como resto de residuos domésticos.

Para incrementar estas actuaciones, el Patronato tomó la decisión de reestructurar el ‘Plan de Actuación de 2020’ aumentando los proyectos sociales en favor de los afectados por la crisis del coronavirus aplazando otros proyectos. Así, además de delegar en el Comité Ejecutivo el estudio y adopción de nuevos proyectos sociales con cargo al ‘Plan de Actuación’, la Fundación ha aprobado realizar una campaña de ayuda a los Bancos de Alimentos para que puedan adquirir aquella infraestructura que les permita la recepción, almacenamiento y distribución de productos frescos, junto a una donación inicial a tal fin de 50.000 euros.

Junto a estos nuevos proyectos, en 2020 se están ejecutando proyectos sociales que ya se contemplaban en el ‘Plan de Actuación’, ayudando a los colectivos más desfavorecidos con colaboraciones con diversas ONG, entre otras, con Cáritas y Cruz Roja, en apoyo a los mayores; Manos Unidas, en proyectos en África e Hispanoamérica; con la Fundación Bobath para la adquisición de tecnología de apoyo para niños con parálisis cerebral; con la Fundación Colores de Calcuta, en un programa de salud comunitaria en Calcuta; con la Confederación Autismo España, o con la Congregación Pureza de María para el abastecimiento de agua potable en escuelas de Camerún.

Entre los proyectos que se están ejecutando en 2020, en el ámbito de la Investigación en Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas destaca el ‘Proyecto Vallecas’ sobre diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer, ejecutado por la Fundación del sector público CIEN en el Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, al que este año la Fundación Reina Sofía destina de nuevo 300.000 euros.

Otro de los puntos del día que se expuso durante la reunión fue el seguimiento del acontecimiento de excepcional interés público ‘Enfermedades Neurodegenerativas 2020. Año Internacional de la Investigación e Innovación’ (Neuro2020), muy afectado en su programa de actuaciones por los efectos de la pandemia, propugnando trasladar a 2021 el congreso internacional previsto para este año en Salamanca.

El resto de proyectos que se realizan en 2020 tienen carácter medioambiental, con la continuidad del ‘Proyecto Libera’ de lucha contra la basuraleza junto a Ecoembes y Seo Birdlife, y proyectos relacionados con la atención a animales abandonados y su protección, entre los que destaca el proyecto junto a International Animal Rescue Indonesia de desarrollo de infraestructuras que posibiliten a la población local la producción sostenible de productos ecológicos derivados de la semilla del árbol endémico de la selva tropical de Borneo, como alternativa económica al cultivo de aceite de palma, desincentivando así la desforestación de la selva que amenaza el hábitat del orangután y de otra mucha biodiversidad.

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ILUNION ha calculado por primera vez la huella de carbono para la totalidad del grupo empresarial, en línea con su compromiso por un futuro sostenible y bajo en emisiones, según una nota de prensa difundida con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.

Este indicador permitirá a ILUNION calcular el impacto que las actividades de sus distintas empresas tienen sobre el cambio climático e identificar las posibilidades de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), explica la nota.

“Esto supone un avance significativo en el compromiso ambiental del grupo, en general, y en la lucha contra el cambio climático, en particular”, señala el director de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social Corporativa de ILUNION, Fernando Riaño, quien recuerda que “la lucha contra el cambio climático constituye uno de los pilares de la sostenibilidad ambiental en ILUNION”.

De hecho, ILUNION así lo refleja en su política de responsabilidad social corporativa y en el proyecto Compromiso Ambiental de su ‘Plan Director 2018-2021’.

Asimismo, la marca de las empresas del Grupo Social ONCE cree “firmemente” que las emisiones de GEI representan una consideración material para sus grupos de interés en la lucha contra el cambio climático.

EMISIONES TOTALES

La nota señala que el 14,7% de las emisiones totales de ILUNION proceden del consumo de electricidad mientras que el 85,2% son producto de la combustión fósil, móvil y de emisiones fugitivas.

Asimismo, el 90,6% de las emisiones totales del grupo proceden de ILUNION Lavanderías. “Conscientes del peso que representa su actividad en el grupo, la compañía se ha fijado un objetivo de reducción de emisiones de GEI para 2021 del 10% respecto al año 2018 y ha establecido un plan de reducción de su huella de carbono que contempla medidas como la sustitución de maquinaria por otra más eficientes o el cambio de iluminación”, agrega.

“ILUNION quiere pasar del compromiso a la acción para construir un mundo más sostenible para las generaciones futuras. Por ello, la sostenibilidad se integra en la estrategia de gestión del negocio para avanzar hacia un modelo más inclusivo y responsable”, señala Riaño.

El Día Mundial del Medio Ambiente fue designado por Naciones Unidas en 1974 para fomentar la acción ambiental. Desde entonces, cada 5 de junio gobiernos, empresas, celebridades y ciudadanos reclaman y tratan de tomar las medidas necesarias para la mejora colectiva del medio ambiente.

Una de las compañías especialmente comprometidas con el medio ambiente es ILUNION Reciclados, la primera de su sector en conseguir el Sello de Excelencia Europea EFQM 500+, el máximo nivel de reconocimiento que concede el Club Excelencia en Gestión y certifica Bureau Veritas.

ECONOMÍA CIRCULAR

Durante 2019, ILUNION Reciclados trató un total de 9.600 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), de las que 8.900 (el 93%) pudieron ser reintroducidas al circuito productivo para su reutilización como materia prima en la fabricación de nuevos productos.

Esta compañía de ILUNION, señala la nota, “realiza su trabajo con un enfoque empresarial único, alineando con los objetivos de sostenibilidad social y medioambiental e inclusión, pues el 91% de su plantilla tiene algún tipo de discapacidad”.

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