Grande-Marlaska, que estuvo acompañado por la subsecretaria del Interior, Isabel Goicoechea, y el director general de Protección Civil y Emergencias, Leonardo Marcos, valoró muy positivamente el funcionamiento de este Protección Civil durante la crisis sanitaria.

"Todos habéis dado muestra de los mejores valores de solidaridad y compromiso con la sociedad española, en especial con los colectivos más vulnerables", destacó.

El Sistema Nacional de Protección Civil estuvo activado en su totalidad durante el estado de alarma, funcionando bajo la dirección funcional del ministro del Interior, en auxilio del Sistema Nacional de Salud. Ha sido la primera vez en su historia en la que se activa en su totalidad, en todo el territorio nacional y durante un prolongado periodo de tiempo.

El Pleno del Consejo Nacional de Protección Civil ha decidido crear un grupo de trabajo que evalúe las distintas actuaciones llevadas a cabo por el Sistema Nacional de Protección Civil durante el estado de alarma con el objetivo de detectar las fortalezas y los ámbitos susceptibles de refuerzo ante situaciones de crisis transversales como la generada por el Covid-19.

A uno de los detenidos se le imputan también los delitos de estafa, usurpación de estado civil y corrupción entre particulares, según el comunicado de la Benemérita que, también, informa de la investigación de a otras 18 por el supuesto delito de falsedad documental.

En esta operación se han realizado 3 registros en una academia de formación de la provincia de Jaén, donde se han intervenido 244 diplomas de la rama de la construcción supuestamente falsificados, otros 1.500 diplomas vírgenes con la marca de agua de la academia dispuestos para ser impresos, así como 1.630 diplomas o certificados de cursos de formación ya redactados sin que supuestamente el gerente de la empresa pudiera acreditar que los cursos se hubiesen impartido de forma presencial y conforme a la normativa específica.

Además, se han localizado sellos, material informático, y diversa documentación que se están analizando las autoridades policiales.

La operación se inició tras tener conocimiento la Guardia Civil de que habían intentado homologar en la Fundación Laboral de la Construcción diplomas/certificados que acreditaban la realización de un curso de encofrador, impartidos supuestamente por una academia de formación de Puente Genil.

Las primeras investigaciones, según el comunicado, permitieron comprobar que en la citada academia no se había realizado ningún curso de encofrador, ni habían tenido como alumnos a las personas que figuraban en los diplomas.

Asimismo, según expone la Guardia Civil, se pudo averiguar que estos diplomas habían sido confeccionados por una academia de formación con sede en la provincia de Jaén, quien los había remitido a la empresa constructora que había solicitado ante la Fundación Laboral de la Construcción su homologación.

Tras más de dos años de investigación, la Guardia Civil ha podido constatar la existencia de una academia de formación, ubicada en la provincia de Jaén, dedicada supuestamente a la falsificación de diplomas/certificados para acreditar la realización de cursos de formación.

Además, el desarrollo de la investigación ha permitido constatar que la academia investigada ha podido emitir unos 2.300 diplomas de certificación profesional fraudulentos de todo tipo (riesgos laborales de la construcción, sanidad, minería, conducción de mercancías peligrosas y vehículos de grandes dimensiones, etc.) a unos 1.300 trabajadores de más de 50 empresas nacionales, así como que el montante estafado podría alcanzar los 300.000 euros.

El gerente de la academia de formación investigada, ayudándose de una de sus trabajadoras, supuestamente ofrecía y publicitaba a empresas de distintos sectores y bajo pago de entre 40 y 240 euros por título y trabajador, certificados fraudulentos a nombre de sus empleados, sin que éstos asistieran presencialmente a ningún tipo de formación. De esta manera podían obtener la certificación de formación en riesgos laborales requerida para poder ejercer trabajos en su mayoría de construcción.

Los cursos, que debían ser presenciales, nunca se llegaban a realizar, ya que la academia investigada fabricaba los diplomas de forma propia y casera, emitiéndolos a los trabajadores sin que éstos cursaran presencialmente las horas exigidas para adquirir la formación profesional necesaria.

Las empresas interesadas también se beneficiaban de la actividad fraudulenta de la academia de formación, ya que éstas se lucraban de las bonificaciones de los bonos sociales que recibían al invertir en la realización de cursos de formación para sus trabajadores.

La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), organismo público estatal encargado de gestionar fondos económicos para ayudar a las empresas a formar a sus trabajadores, también detectó irregularidades en los diplomas.

Por otro lado, la academia investigada emitía también diplomas falsificados a particulares, quienes los presentaban en oposiciones de concurso público para obtener más puntos en el baremo. Se ha localizado a 10 aspirantes que pretendían acceder de forma irregular a la bolsa de empleo de un hospital presentando certificados por cursos de formación baremables falsificados.

Los agentes han investigado a una decena de conductores de camiones, autobuses y vehículos de grandes dimensiones quienes, siéndoles obligatorio estar en posesión del CAP (Certificado de Actitud Profesional) para poder conducir dichos vehículos, carecían del mismo. De esta forma, los investigadores descubrieron que estos conductores estaban ejerciendo como tal sin tener habilitación alguna para ello.

Los detenidos, junto con los investigados y diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Durante la investigación, la Guardia Civil ha contado con la colaboración de la Fundación Laboral de la Construcción (Sevilla), la Fundae (Madrid), la Empresa Pública de un Hospital de la provincia de Jaén, así como diversas empresas de formación en riesgos laborales y rama sanitaria de las provincias de Jaén, Granada y Sevilla.

Según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea recogidos por Servimedia, pese a este repunte, la gasolina es todavía un 12,5% más barata que hace un año, mientras que el diésel tiene un coste un 12,6% inferior.

El precio de la gasolina esta semana en España es de 1,164 euros por litro, lo que supone un repunte del 0,26% con respecto a los 1,161 euros de hace una semana.

Por su parte, el del gasoil es de 1,061 euros por litro, un 0,39% más alto que los 1,057 euros de la referencia anterior.

Con los precios de la última semana, llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta 64,02 euros, 16 céntimos más que hace una semana, mientras que un depósito de un vehículo de gasóleo conlleva un gasto de 58,36 euros, 22 céntimos más.

El importe medio de ambos carburantes en España sigue por debajo tanto de la media de la Unión Europea como de la zona euro. En la última semana, en la UE-27 el precio de la gasolina se situó en 1,271 euros por litro, mientras que el del diésel lo hizo en 1,138 euros.

Asimismo, en la zona euro el precio de venta al público del litro de gasolina se fijó en 1,318 euros por litro y el del gasoil en 1,159 euros.

El informe revela que, pese a que el incremento de junio fue el mayor de los últimos doce meses, “el volumen de contratos fue un 31,8% menor al registrado el mismo mes de 2019, momento en el que se contabilizaron 219.160 firmas en el comercio”, explicaron desde Randstad.

Randstad destacó a su vez que el 12,9% de los contratos firmados en junio en España pertenecieron al comercio, lo que convierte al sector en el segundo empleador del país, solo por detrás del primario (208.583). De este modo, superó a los sectores de hostelería (127.823), industrias manufactureras (123.690), actividades administrativas y auxiliares (102.181), construcción (100.112), sector sanitario (84.199) y logística (79.045).

El director de Randstad Research, Valentín Bote, aseguró que “el aumento de la contratación en el comercio, hasta el punto de convertirse en el segundo empleador durante junio, es sin duda una buena noticia, no solo para el sector, sino para toda nuestra economía”.

Además, según datos publicados recientemente por el INE, la facturación de las empresas de este sector fueron las más que más crecieron en el mes de mayo frente a abril, concretamente un 21,9%, 6,6 puntos porcentuales por encima de la media de todos los sectores (15,3%), lo que nos anima a pensar que el sector comercial tendrá un papel muy relevante en la recuperación de la economía en la que estamos inmersos”, añadió Bote.

El incremento de la contratación en el sector comercial durante el mes de junio (61,5%) se situó 34,8 puntos porcentuales por encima del crecimiento conjunto de todos los sectores (36,3%), y supone un incremento similar a suministro energético y eléctrico (75,5), sector inmobiliario (71,1%), sector sanitario (58%), y actividades administrativas y auxiliares (53,3%).

Los mayores incrementos se produjeron en las actividades recreativas y artísticas (538,3%), la hostelería (315,5%), educación (139,2%), información y comunicación (89,5%), y financiero y seguros (86,7%).

La proliferación de certificaciones "Covid-free" (libre de Covid, en inglés) y las "dudas respecto a la legitimidad de algunas de ellas" ha llevado a los parques a "acelerar" la obtención del sello "Safe Tourism Certified" (turismo seguro certificado, en inglés), que es el elegido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo como "elemento de confianza para recuperar cuanto antes la normalidad del sector turístico", aseguró AEPA.

Este sello supone un "paso más" en las garantías para los consumidores, puesto que obliga a una auditoría externa con una empresa homologada por el Instituto para la Calidad Turística Española y sigue las "estrictas recomendaciones" incluidas en la guía elaborada por este organismo, detalló la asociación.

Desde AEPA lamentan que las aperturas de los parques que se han producido a lo largo de las pasadas semanas están siendo "muy costosas" puesto que tiene niveles "muy bajos de demanda" mientras que sus costes operativos se mantienen como si las instalaciones estuvieran llenas.

Por este motivo, el sector ha solicitado al Gobierno que el IVA de las entradas de los parques de ocio vuelvan al tipo reducido del 10%, "como ya lo estaban antes de la subida general que se produjo en 2012", y debido también a las bajadas de impuestos que están aplicando la "mayoría" de socios europeos y que "afecta negativamente a la competitividad del sector", incidió AEPA.

Según informó este jueves el Ministerio del Interior, los agentes llevaron a cabo ocho inspecciones en diferentes establecimientos comerciales del Polígono Industrial de Cobo Calleja, ubicado en la localidad madrileña de Fuenlabrada, y detuvieron a siete personas por la presunta comisión de delitos contra la propiedad industrial e intelectual.

Las inspecciones se llevaron a cabo el pasado 16 de julio, siendo identificadas un total de 36 personas, entre las que se encuentran administradores, responsables y empleados de los establecimientos.

Tras localizarse numerosos ejemplares de productos textiles falsos, se procedió a la detención de siete de ellos, seis de nacionalidad china y uno de nacionalidad española, mientras que otros dos individuos están siendo investigados por su posible participación en los hechos.

Todos los efectos intervenidos carecían de cualquier tipo de autorización para su comercialización por parte de los propietarios de las marcas.

El elevado número de prendas intervenidas se debe al carácter mayorista de todos estos establecimientos, que vendían a su vez a pequeños comerciantes sin ningún tipo de identificación, etiqueta o característica distintiva de las prendas. Entre todos los productos requisados, destacan las camisetas, pantalones, sudaderas y mascarillas, entre otros muchos efectos.

Barragán añadió que "en lugar de darles voz en la crisis del coronavirus y en las grandes decisiones que afectan al funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, se las ignora y se las prohíbe recibir ayudas económicas para la información y la formación para millones de enfermos y sus familias por el mero hecho de que aquellas procedan de iniciativas solidarias del sector privado".

En su opinión, "bloquear la participación de los pacientes en el Comité Consultivo del Consejo Interterritorial y echar el cierre a las actividades de las asociaciones de pacientes tal y como plantea el dictamen del Congreso de los Diputados es un auténtico golpe contra la participación democrática de la sociedad civil y un recorte antisocial, basado en los prejuicios de una burocracia partidista e ideologizada".

Por ello, la presidenta de la Gepac advirtió en la carta abierta de que "si el Gobierno, haciéndose eco de este despropósito, nos siguiera ignorando, estaría justificando medidas de rechazo, protesta y respuesta, tanto en España como a nivel europeo".

Por todo ello, destacó, "pedimos al Gobierno que no dé acogida a la política de prohibiciones y que establezca, de una vez por todas, un diálogo con nosotros para garantizar lo que todos queremos: transparencia, independencia y apoyo solidario".

Así se recoge en tres órdenes ministeriales publicadas este jueves en el Boletín Oficial del Estado que afectan a las rutas Sevilla-Almería, Badajoz-Madrid, Badajoz-Barcelona y 15 enlaces entre islas en Canarias.

Durante el estado de alarma, el Gobierno ya rebajó dichas obligaciones ya que las medidas de restricción de la movilidad provocaron una caída drástica del número de viajeros, hasta el punto de hacer inviables las obligaciones de servicio público establecidas en las respectivas rutas aéreas.

Dichas obligaciones se fueron modulando a lo largo del estado de alarma, modulación que debería haber decaído cuando venció su vigencia y se entró en la fase de nueva normalidad.

Sin embargo, Transportes ha decidido mantenerlas dado que según todas las previsiones en la nueva normalidad la recuperación de la demanda de transporte aéreo será gradual por lo que el cumplimiento de los mínimos establecidos en las obligaciones de servicio público, para atender una situación de la demanda muy diferente a la actual, supondrá la inviabilidad económica de las operaciones.

Eso, según el Ministerio, puede implicar la pérdida de conectividad en tanto se procede a licitar la provisión de los servicios de transporte aéreo en las respectivas rutas y una restricción innecesaria al mercado.

Una vez alcanzados niveles de demanda comparables a los previos a la crisis sanitaria, se restituirán las obligaciones de servicio público establecidas previamente o, en su caso, se establecerían unas nuevas adaptadas a las necesidades de conectividad que se determinen bajo la nueva normalidad-

Las rutas canarias afectadas son Gran Canaria-Tenerife Norte, Gran Canaria-Tenerife Sur, Gran Canaria-Fuerteventura, Gran Canaria-El Hierro, Gran Canaria-Lanzarote, Gran Canaria-La Palma, Tenerife Norte-Fuerteventura, Tenerife Norte-El Hierro, Tenerife Norte-Lanzarote, Tenerife Norte-La Palma, La Palma-Lanzarote, Gran Canaria-La Gomera y Tenerife Norte-La Gomera.

En un encuentro informativo organizado telemáticamente por Nueva Economía Fórum con el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, Ángel Asensio, Bonet intervino para destacar la importancia de los fondos europeos, sobre los que aseguró que son “absolutamente necesarios” y “fundamentales” para la reconstrucción de la economía española tras la crisis generada por la pandemia de Covid-19.

Para Bonet, los 140.000 millones de euros que recibirá España de los fondos europeos permitirán avanzar en aspectos como la digitalización, la formación, la sostenibilidad y la reindustrialización, siendo este un camino que “no es una novedad” y en el que, subrayó, ya venían trabajando las empresas españolas, pero que ahora podrán hacerlo “con más potencia de juego”.

Así, el presidente de la Cámara de Comercio de España apuntó que el proceso de digitalización de la economía española deberá estar “absolutamente preparado” en cinco años, para acto seguido añadir que, pese a que “la globalización puede tener problemas de proteccionismo y de ajustes”, “no va a parar”, por lo que las empresas españolas deben internacionalizarse.

En este sentido, Bonet resaltó que las cámaras de comercio pueden jugar “un papel fundamental” en dicha internacionalización, y puso en valor la labor desempeñada por estas instituciones durante la crisis del Covid-19, cuando “han estado acompañando y apoyando a los empresarios”.

Por último, Bonet aseguró que “la solución de todo esto pasa por las empresas” y que “si tienen el ánimo y el apoyo saldremos y ayudaremos a que el país vaya por el buen camino”, pero que “si la empresa es menospreciada, no saldremos”, por lo que animó a la colaboración público-privada entre administraciones y empresas.

En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, la portavoz gubernamental respondío así cuando se le preguntó sobre las peticiones del Gobierno madrileño al Ejecutivo central de reforzar los controles en el aeropuerto de Barajas para reducir los casos positivos que puedan entrar por esa vía.

A juicio de Montero, España se encuentra “en un protocolo común” de actuación y se está estudiando “cómo mejoramos nuestro sistema de detección” sin que se provoque a los viajeros burocracias “innecesarias”.

Subrayó que “nos encontramos ante unas fronteras que cuesta mucho trabajo limitarlas” y que el “problema” no deriva solo del tráfico aéreo, sino también del terrestre y el marítimo, por lo que “hay que poner el foco en global”.

Preguntada sobre la decisión que tome Francia respecto al cierre de la frontera con España por los rebrotes en dicha zona, Montero confió en que los protocolos adoptados “sean suficientemente seguros” para la circulación de ciudadanos y puntualizó que cuando se abrieron las fronteras se contaba con la posibilidad de volver a cerrarlas. “En nuestro país, los brotes están controlados”, dijo la portavoz, para lanzar un “mensaje de tranquilidad” a quienes lleguen a España porque es “un destino seguro”.

Así se recoge en una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado tras declararse firmes en vía administrativa estas sanciones. La multa al Banco Popular Español, actualmente, Banco Santander, es por un importe de un millón de euros.

Además, Ángel Ron, Francisco Gómez y Francisco Aparicio, en su condición de consejeros ejecutivos del Popular en las fechas en las que se cometió la infracción, reciben una multa de 25.000 euros.

Por su parte, Luis Herrando y Ana María Molins, en su condición de consejeros miembros de la Comisión de retribuciones de Banco Popular, afrontan una multa por importe de 18.000 euros; y Jorge Oroviogoicoechea, en su condición también de consejero miembro de la Comisión de retribuciones, otra de 16.000 euros.

La CNMC también multó a Unión Europea de Inversiones en su condición de consejero miembro de la Comisión de retribuciones del Popular en la fecha de aprobación del Informe Anual de Retribuciones de los Consejeros del año 2013, en el que se cometió la infracción, por importe de 14.000 euros.

La Resolución que impone estas sanciones únicamente es firme en vía administrativa, sin perjuicio de las potestades de revisión jurisdiccional que corresponden a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, competente para conocer de los recursos que en su caso puedan interponerse.

En una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, subrayó que la Justicia “está funcionando” y hay que dejar que trabaje en la causa abierta. “No vamos a admitir ningún tipo de impunidad por quien se demuestre que ha cometido un delito”, aseguró.

Sin embargo, juzgó “inadmisibles” las declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y de la ministra de Igualdad, Irene Montero, tratando de vincular la actitud de una persona concreta con el conjunto de la institución.

Edmundo Bal subrayó que la responsabilidad penal es siempre individual, y que el rey Felipe VI se ha comportado de manera “absolutamente ejemplar” desvinculándose de su padre, retirándole la asignación y renunciando a la herencia que le pudiera corresponder procedente de fondos “de dudosa procedencia”.

Por ello, si Iglesias quiere una “república plurinacional”, le emplazó a explicar ese concepto, “algo difícil de entender”, y a incluirlo en una propuesta de reforma constitucional, que requeriría, recordó, el respaldo de dos tercios del Parlamento, la disolución de las Cortes y después la aprobación por esa misma mayoría.

En una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia, Bal volvió a tender la mano al Gobierno para que cuente con Ciudadanos en esa negociación, y le pidió que “rectifique” y corrija el “error” de excluir a la educación concertada y especial de las ayudas para hacer frente a las consecuencias de la pandemia de Covid-19.

Esa exclusión, insistió, fue la que impidió sacar adelante el documento social de las conclusiones de la comisión de reconstrucción, a pesar de lo cual Bal se mostró “satisfecho” del “alto grado de acuerdo” alcanzado en el Congreso de los Diputados.

Agradeció por ello a quienes han pensado que en este momento “dramático” para la sociedad española era necesario abandonar “dogmas y sectarismos” y llegar a acuerdos.

Edmundo Bal reiteró que el acuerdo europeo es “satisfactorio” para España y ahora es necesario que el Gobierno afronte su responsabilidad para invertir correctamente esos fondos. “No podemos perder esta oportunidad histórica, no podemos perder ese tren”, insistió.

Afeó sin embargo que el Gobierno formara “un túnel” de aplausos para recibir al presidente, Pedro Sánchez, a su llegada de Bruselas, recordando que la muerte de decenas de miles de personas no es algo para “lanzar las campanas al vuelo”.

A pesar de todo, insistió en la necesidad de llegar a un gran acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado, y pidió al PP que sea “generoso” y participe en esa negociación.

Según las estadísticas publicadas este jueves por el INE, durante los seis primeros meses de 2020 las pernoctaciones descienden un 70,5% respecto al mismo periodo del año anterior, tras el parón total de la actividad en abril y mayo.

Durante el mes de junio estuvieron abiertos en España 5.896 establecimientos hoteleros, un 64,6% menos que en el mismo mes de 2019, lo que representa un 31,1% del total.

Atendiendo al país de residencia, las pernoctaciones de los viajeros residentes en España disminuyeron en junio un 87% en tasa anual al superar los 1,5 millones.

Por su parte, las de los no residentes bajaron un 98,8% con poco más de 310.000. Debe tenerse en cuenta que tras el fin del estado de alarma se prorrogó la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público, además de mantenerse también cerrada la frontera con Portugal.

Por otro lado, la estancia media bajó un 39,5% respecto a junio de 2019, situándose en 2 noches por viajero.

Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid son los destinos principales del total de viajeros en España en junio, con tasas anuales de variación en el número de pernoctaciones del –93,3%, –96,1% y –89,2%, respectivamente.

Cabe destacar la diferente distribución porcentual de pernoctaciones en Baleares respecto al año pasado. Así, en junio de 2020 se realizan en esta comunidad autónoma el 3,9% del total de pernoctaciones (con una tasa anual del –99,2%), frente al 24,8% del total (el 93% de no residentes) en junio de 2019.

En junio se cubrieron el 18,8% de las plazas ofertadas, con un descenso anual del 71,5%. El grado de ocupación por plazas en fin de semana se reduce un 71,9% y se sitúa en el 20,4%.

La tasa anual del Índice de Precios Hoteleros (IPH) se sitúa en el –11,1% en junio, lo que supone 14,6 puntos por debajo de la registrada hace un año.

La facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) es de 57,9 euros en junio, lo que supone un descenso del 37,8% respecto al mismo mes de 2019.

Por su parte, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación registrada en los establecimientos hoteleros, alcanza los 13,2 euros, con un descenso del 80,6%.

Por categorías, la facturación media es de 149,5 euros para los hoteles de cinco estrellas, de 75,2 euros para los de cuatro y de 57,3 euros para los de tres estrellas. Los ingresos por habitación disponible para estas mismas categorías son de 30,9, 17,3 y 13,4 euros, respectivamente.

El ministro presidirá las sesiones ordinaria y extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y en la que se analizará el “Futuro de la PAC", después de que martes pasado asegurase que “hemos conseguido, al menos, los mismos fondos” que en la actualidad: un total de 47.500 millones de euros entre 2021 y 2027.

Su afirmación la efectuó horas después del acuerdo alcanzado por los jefes de Estado y Gobierno europeos sobre el presupuesto plurianual de la UE y la creación del megafondo para la reconstrucción de 750.000 millones de euros.

“Es una excelente noticia para nuestro sector primario, para nuestros agricultores, ganaderos y para el medio rural”, afirmó Planas en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros donde analizó el impacto en la PAC del acuerdo del Consejo Europeo.

De hecho, para el ministro se trata de “una Jornada histórica” ya que, según recordó, obtener un buen resultado en esta negociación era “una prioridad fundamental en la defensa de los intereses de España”.

“Hemos cumplido plenamente ese objetivo”, reiteró el ministro, quien valoró que las ayudas directas, los fondos de desarrollo rural y las medidas de mercado alcanzarán los 6.800 millones de euros anuales que se inyectarán en el sector, repartiéndose entre unos 700.000 perceptores.

Además, destacó que las ayudas de la PAC se complementarán con fondos aportados por la Administración General del Estado (AGE) y las comunidades autónomas, con lo que se elevarán por encima de los 50.000 millones.

En la misma línea, apuntó que el sector agroalimentario se podrá beneficiar también de parte de las ayudas del fondo de reconstrucción que en el caso de España alcanzarán un importe de 140.000 millones de euros, que podrán beneficiar también a la industria alimentaria.

A pesar de la caída, la entidad subrayó este jueves que sus cuentas muestran “la fortaleza de un modelo de negocio que alcanza cifras de ingresos récord pese a las dificultades provocadas por el coronavirus”; y al mismo tiempo, un “máximo nivel de prudencia” que trata de anticipar, con elevadas provisiones, el impacto económico de la pandemia.

La entidad presenta ahora dos cuentas separadas: la de la actividad bancaria y la de Línea Directa Aseguradora, como resulta preceptivo una vez que su Junta aprobó distribuir el capital de la filial aseguradora entre sus accionistas como paso intermedio a sacarla a Bolsa.

Conforme a dicha formulación, su actividad bancaria reportó un beneficio antes de impuestos que cae un 82,1% interanual, hasta los 61,8 millones de euros, tras restar esos 192,5 millones de dotaciones calculados “según el escenario central que plantea el Banco de España a tres años”.

Sin tener en cuenta dichas provisiones ni el extraordinario que se anotó el año pasado por efecto de la compra de EVO, dicho resultado limitaría su caída al 11,6% y se situaría en 254,3 millones. Para tener el resultado total del grupo habría que compendiar, por otro lado, las cuentas de su filial aseguradora que alcanzaron a su vez un beneficio antes de impuestos de 78,5 millones.

De cara a la situación creada por la crisis, el banco detalló que enfrenta la situación con un ratio de solvencia de máxima calidad CET1 fully loaded del 11,8%, 1.400 millones de euros por encima del requerimiento mínimo del Banco Central Europeo (BCE).

Las elevadas provisiones bajaron su rentabilidad sobre recursos propios o ROE desde los dos dígitos hasta el 7,56%, pero aun así continúa entre las más altas de la industria. En cuando a la calidad de los activos refirió que, pese al Covid, también ha reducido su morosidad hasta el 2,50%, inferior al 2,58% que tenía el trimestre anterior o el 2,71% de un año atrás.

En cuando a la liquidez, otro indicador que cobra importancia en escenarios de tensión e incertidumbre en los mercados como los actuales, el banco cubre con depósitos de clientes al 99% los créditos que otorga a clientes y solo prevé vencimientos de deuda por valor de 800 millones para este año.

CUENTA DE RESULTADOS

En lo que se refiere a la propia cuenta de resultados, registró crecimientos en todos sus márgenes: el financiero aumentó un 10,1% pese al escenario de bajos tipos de interés, el bruto subió un 7,6% y el margen de explotación un 9,8%, aunque los costes crecieron un 5,9% por la integración de EVO Banco y Avantcard. “Son fiel reflejo de que la actividad de negocio se mantiene a un nivel muy alto, con un volumen de ingresos récord a pesar de las dificultades del entorno”, refirió el banco.

Esa evolución se tradujo en un incremento del 12,2% en los activos totales del grupo, que alcanzaron los 92.829 millones de euros; con expansiones del 7,4% en la inversión crediticia a clientes y del 10% en los recursos minoristas de clientes administrados.

Solo en España y, sin tener en cuenta la aportación de EVO Banco, el negocio crediticio aumentó un 6,9%, frente a un crecimiento del sector del 2,3% con datos a mayo del Banco de España, y subió un 11,5% en recursos minoristas de clientes, frente a un 8,5% de crecimiento del sector con datos a mayo.

Por divisiones, la cartera crediticia con empresas aumentó un 18,4% con el auge de la demanda por la pandemia y solo en España creció un 16,9%, frente al 8% al que lo hacía el conjunto del sector también con datos de mayo del Banco de España. Bankinter ha sido especialmente activo en la financiación a empresas, pymes y autónomos con préstamos avalados por el ICO, con 6.600 millones de euros en garantías asignadas, lo que supone una cuota de mercado del 5,9% en los primeros tramos y del 7,1% en el último tramo.

Incluso en hipotecas indicó que creció un 3,2% en España y sin considerar EVO Banco cuando este negocio caía un 1,2% en el conjunto de la banca, y pese a que nueva producción hipotecaria ha sido un 13% inferior en comparativa interanual en el “este complicado semestre”.

En su negocio de banca privada elevó un 2% el patrimonio gestionado, hasta los 39.000 millones y en banca personal un 3%, hasta 23.700 millones. Por productos, destacó su cartera de cuentas nómina sumó 11.431 millones de euros, que es un 20% más que a 30 de junio de 2019. En financiación al consumo, donde opera a través de Bankinter Consumer Finance y Avantcard, elevó un 8% su negocio, hasta los 2.800 millones, pese a caer un 16% la nueva producción, y mantiene la morosidad limitada al 7,2%.

Su filial EVO Banco captó 36.500 clientes en el semestre y ya alcanza los 508.000, con 3.300 millones de euros gestionados en depósitos y 927 millones de euros en hipotecas - 156 millones suscritas en el semestre-. Línea Directa Aseguradora logró a su vez un beneficio neto de 59 millones de euros, un 12% más, con un ROE del 34% y un ratio de solvencia del 238%.

Según informa la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), dichas caídas en las valoraciones son el reflejo del desplome del precio del crudo y del gas de referencia internacional, que sufrieron grandes descensos, sobre todo durante el segundo trimestre del ejercicio, en el que la demanda mundial experimentó el mayor colapso de la historia.

En concreto, el crudo Brent registró entre abril y junio un descenso medio del 57% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el del WTI fue del 53%, en ambos casos, con precios medios por debajo de los 30 dólares por barril. El gas reflejó también el difícil contexto, con una caída media semestral que rozó el 40% para el Henry Hub.

De hecho, Repsol obtuvo en el primer semestre de 2020 un resultado neto ajustado, que mide específicamente el desempeño de los negocios, de 189 millones de euros, un 83% menos que un año antes (1.115 millones).

La compañía valora que esta cifra se alcanzó en un contexto condicionado por la pandemia global, el derrumbe de los precios del crudo y del gas y la extraordinaria caída de la demanda.

Por ello, destaca que su modelo de negocio integrado, junto con su flexibilidad y resiliencia, fueron fundamentales para que en su conjunto los negocios obtuviesen un resultado positivo, en un escenario de recesión mundial.

Por otro lado, señala que ha priorizado la continuidad de su actividad sobre los habituales criterios de rentabilidad, aplicando en todo momento estrictas medidas para proteger la salud de sus trabajadores, clientes y proveedores, y ofreciendo todas sus capacidades humanas y técnicas para ayudar en la lucha contra el Covid-19.

El pasado 25 de marzo, tras analizar la situación macroeconómica y las condiciones excepcionales del entorno, el Consejo de Administración de Repsol aprobó un Plan de Resiliencia para 2020. La compañía ha aumentado su estimación inicial de reducción adicional de los gastos operativos hasta los 450 millones de euros (desde 350 millones), el recorte de las inversiones, hasta los 1.100 millones (desde 1.000 millones) y mantiene la optimización del capital circulante en cerca de 800 millones de euros.

El Plan de Resiliencia incluye como objetivo que la deuda neta del Grupo no se incremente en el ejercicio 2020, si bien, gracias a las medidas adoptadas, Repsol redujo su deuda neta en el último trimestre hasta los 3.987 millones de euros, cerca de 500 millones menos de la de 31 de marzo.

Con todo ello, la compañía dispone de una liquidez de 9.762 millones de euros, que cubre en 2,43 veces los vencimientos a corto plazo. Durante el primer semestre reforzó su posición financiera mediante cuatro emisiones de bonos que suman un total de 3.000 millones de euros, de los que 1.500 millones corresponden a bonos perpetuos subordinados, que fortalecen el patrimonio del Grupo, además de su liquidez. También se incrementaron las líneas de crédito comprometidas y no utilizadas en 1.602 millones de euros.

Por negocios, la compañía destaca que todos lograron un flujo de caja operativo positivo, aunque el de Upstream (exploración) se vio penalizado, principalmente, por la extraordinaria caída de los precios del crudo y del gas, que llevaron a que registrase pérdidas de 51 millones de euros.

Por su parte, el negocio Comercial y Renovables obtuvo un resultado de 163 millones de euros en el semestre, lastrado por el parón en la demanda. Así, el confinamiento y las restricciones a la movilidad impuestas para combatir el covid-19 redujeron las ventas en la red de estaciones de servicio en el segundo trimestre un 48% respecto al mismo periodo de 2019, coincidiendo en gran parte con el estado de alarma en España.

En cuanto al resultado de Gas y Electricidad, fue superior gracias al mejor desempeño del negocio de generación y al incremento de la producción. Repsol siguió aumentando su número de clientes, que supera el millón, y apostando por alternativas de autoconsumo.

Por último, el resultado del negocio Industrial fue de 296 millones de euros, frenado por el descenso de la demanda y la paulatina reducción de los márgenes, que conllevó una menor actividad en los complejos industriales.

Garzón realizó este anuncio en la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones del Congreso de los Diputados donde explicó que, contando ya con el aval de la CE, el calendario previsto pasa por tener el dictamen del Consejo de Estado en septiembre. Así, la aprobación definitiva en Consejo de Ministros está prevista para el mes de octubre.

Sobre el real decreto, Garzón valoró que se trata de un proyecto que aborda, de manera integral, la problemática de la publicidad y que prohibirá hasta el 90% de los anuncios que hoy existen.

Recordó asimismo el titular de Consumo algunas medidas de este nuevo decreto como la "prohibición de los bonos de bienvenida, que conducen al consumo convulsivo y que la publicidad del juego sea solo de una a cinco de la madrugada, mientras que en internet está prohibida para siempre.

El ministro expuso ante la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones como en los meses de marzo y abril, durante el confinamiento, se produjo un récord histórico de consumo televisivo, con muchos anuncios sobre juego y "el consumo de juego creció un 58% respecto a las mismas semanas del año anterior y eso que no había apuestas deportivas" porque se paralizó el fútbol.

En este sentido reconoció que el decreto sobre la publicidad de juego no le ha gustado a la Liga. "Hemos hablado con todos los actores, con la Liga y con los equipos de futbol y no están de acuerdo con el real decreto", afirmó.

Por esto, agregó que el Gobierno dará un "tiempo suficiente" para que una vez entre en vigor el citado decreto "estas empresas adapten sus ingresos" a la nueva situación. Aunque precisó que el margen de tiempo no será muy grande. "Con ese tiempo indicamos que el decreto es inevitable aunque no les gusta a determinados actores", apostilló.

Por otra parte, y tras su aplazamiento por el estado de alarma, Garzón manifestó que prevé celebrar el Consejo de Políticas de Juego en los próximos meses, con objeto de abordar la problemática de la regulación del juego presencial, competencia de las comunidades autónomas.

El ministro resaltó, asimismo, que existe un interés mayoritario entre los gobiernos autonómicos en homogeneizar la regulación a lo largo de todo el país con el objetivo de reducir la exposición a la población vulnerable. También avanzó que su cartera propondrá a las comunidades autónomas una mayor cooperación administrativa en los registros de interdicciones de acceso al juego.

PREVENCIÓN

Por último, se refirió al trabajo que están desarrollando los Ministerios de Consumo y Hacienda para la reorientación de la tasa por la gestión administrativa del juego que pagan los operadores en línea. El fin es destinar un porcentaje a iniciativas preventivas, de sensibilización, de intervención y de control, así como de reparación de los efectos negativos producidos por la actividad del juego.

En este sentido, el ministro de Consumo aseveró que pretende que parte de lo recaudado se destine a minimizar las externalidades negativas que provoca la actividad del juego.

También se refirió a las 'Loot Boxes' o 'Cajas Botín' ya que su departamento estudia un paquete de medidas enfocadas a paliar fenómenos patológicos en menores a causa de videojuegos que incorporan el azar a cambio de dinero.

Por último, el ministro de Consumo dijo que, tras la aprobación del decreto de la publicidad sobre el juego, llegará una ley de juego responsable y seguro. "Hemos priorizado con la publicidad para conseguir el impacto más importante y lograr los objetivos", que es prevenir la ludopatía.