Vox ha solicitado diligencias al Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid para recabar información de Podemos y una serie de empresas vinculadas al partido, en el marco de la causa en la que se investiga la financiación de la formación morada tras las denuncias de su antiguo abogado José Manuel Calvente por posible malversación y administración desleal, entre otros delitos.

Según ha explicado Vox, el objetivo es "aclarar las cuentas de Podemos y las empresas vinculadas", después de que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas haya apreciado un posible delito en la contabilidad de la campaña para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

Así, ha pedido que se libre oficio al Registro Mercantil de Madrid para obtener una certificación completa, con todos los actos que consten desde su fundación hasta ahora, de cinco empresas: Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones, Motiva 2 Herramientas de Pensamiento SL, Kimena Sociedad Cooperativa Madrileña, Revolt Clothing y Creative Advice Interactive Group.

Ha pedido lo mismo del Registro Mercantil de Sevilla respecto a Neurona Comunidad SL, la empresa de comunicación política que ha trabajado en varias campañas electorales de Podemos y sobre la que recaen las sospechas de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

Asimismo, busca que el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid entregue certificaciones completas de #404 Comunicación Popular y de la Asociación Cultural Producciones con Mano Izquierda.

De modo más general, Vox pretende que se aporte información sobre las empresas en las que Juan Carlos Monedero aparezca como miembro de la administración societaria y apoderado.

El presidente de la Región de Murcia, el 'popular' Fernando López Miras, se ha preguntado este miércoles "de qué sirve el Ministerio de Educación" si no es capaz de coordinar el inicio del curso escolar en una situación como la actual.

"Si en una situación de pandemia el Ministerio de Educación no ejerce una mínima coordinación, ¿de qué sirve el Ministerio? ¿Para qué tenemos una ministra de Educación?, ha dicho en una entrevista en Telecinco.

En su opinión, si bien las comunidades tienen las competencias en esa materia, en un escenario "extraordinario" como el actual, las actuaciones deben estar coordinadas desde la Administración del Estado y el Gobierno de la Nación "va tarde" al convocar reuniones con las administraciones autonómicas para abordar la vuelta a las aulas a pocos días del inicio del curso.

De hecho, cree que "un ejemplo" del éxito de la colaboración entre el Estado y las comunidades fue la reunión mantenida hace unas semanas entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y los consejeros del ramo, en el marco del Consejo Interterritorial.

En ese encuentro, el ministro "propuso medidas de forma global", como la prohibición de fumar en la calle si no se puede respetar una distancia de seguridad de dos metros, y "no hubo ningún problema" por parte de las administraciones implicadas.

"Ese es ejemplo que hay que seguir tanto en el inicio del curso escolar como en otras medidas, la coordinación, porque desde las comunidades no podemos luchar cada uno por nuestra cuenta frente a un virus que tiene un incidencia mundial", ha agregado.

De hecho, ha asegurado que esa exigencia de coordinación no es solo una posición de los presidentes autonómicos 'populares', sino que también lo quieren en el seno del PSOE: "Lo que pedimos es de sentido común", ha defendido.

Para López Miras, la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que sean los presidentes autonómicos quienes pidan la declaración del estado de alarma cuando lo consideren necesario en su territorio "cae por su propio peso".

A su juicio, "no tiene sentido" que la respuesta a un virus que es "letal" y "que afecta a todo el mundo" sea que las comunidades autónomas españolas soliciten el estado de alarma para sus territorios, sino que hay que actuar "de la forma más global posible", y eso pasa por la coordinación.

No creo que la solución para enfrentarnos al covid-19, que está atacando al mundo entero, sea que la Región de Murcia, que la Comunidad Valenciana o que Madrid soliciten la aprobación de un estado de alarma", ha comentado el jefe del Ejecutivo regional.

"MEDIDAS EXCEPCIONALES" DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Así, ha insistido en que un contexto como el actual, marcado por una "extraordinaria dificultad", requiere una respuesta basada en "medidas excepcionales" desde la Administración estatal.

"Qué sentido tiene, por ejemplo, que entre la primera comunidad que aprobó el uso obligatorio de la mascarilla y la ultima pasasen 37 días. ¿Esto es eficaz? ¿Ayuda a luchar contra esta pandemia? Sinceramente no", ha comentado al respecto.

Preguntado sobre si los presidentes autonómicos del PP se han puesto de acuerdo en no pedir el estado de alarma para sus respectivos territorios, López Miras ha afirmado que "no hay una posición común".

RASTREADORES MILITARES

En relación con la disposición de militares para las labores de rastreo en las comunidades, López Miras ha explicado que la Región de Murcia "cumple con la cantidad" de profesionales recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque ha matizado que "cuantos más refuerzos vengan y recursos haya, mucho mejor.

Así, "una vez que todas las comunidades estén cumpliendo estos parámetros", la Región de Murcia no tendrá "ningún problema" en materializar la propuesta del Gobierno central para incrementar el número de rastreadores y combatir así el avance del covid-19.

Navarra se encuentra en la "fase final" de la implementación de la App de rastreo de contactos de Covid-19, según ha asegurado el vicepresidente primero del Gobierno foral, Javier Remírez, que ha explicado que se está realizando un trabajo conjunto entre los departamentos de Salud y de Innovación y el Gobierno central.

Actualmente, según ha señalado Remírez, se está trabajando en la "compatibilización entre la App y el Servicio Navarro de Salud, se está definiendo cómo proporcionar los códigos de contagio que la persona que ha dado positivo deba introducir en la aplicación, la integración de la carpeta de salud para incluir los resultados del test o los protocolos de acción en caso de usuarios que hayan sido expuestos al virus dos veces en un breve espacio de tiempo".

Remírez ha afirmado que "la App está en la fase final de implementación" y "la semana que viene se dará cuenta de ellos por parte de la consejera de Salud y del consejero de Innovación".

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, se reunirá el próximo día 2 de septiembre con el líder del PP, Pablo Casado, una cita con la que dará inicio la ronda con la oposición que anunció este martes para afrontar la pandemia del coronavirus y la renovación pendiente de órganos constitucionales.

Según Moncloa, los ejes principales de estos contactos de la Moncloa serán la despolitización de la lucha contra la pandemia y el desarrollo de las medidas de cogobernanza, la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado, unos presupuestos de país, así como el refuerzo institucional y la renovación de cargos de las altas instituciones del Estado, como el CGPJ, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, así como RTVE.

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, descargue la responsabilidad de combatir la pandemia a las comunidades autónomas, cuando precisamente se requiere ahora el "liderazgo y coordinación" del Gobierno.

"La sensación que tienen los españoles hoy es, bueno, sálvese quien pueda; 17 soluciones distintas para la pandemia, 17 soluciones diferentes. No, esto va de que esto tiene que ir de todos y para todos y eso se tiene que hacer desde el Gobierno de la nación, al gobierno de las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, por supuesto", ha subrayado Almeida.

Tras visitar el Centro de Servicios Sociales Eduardo Minguito de la capital, el dirigente popular ha insistido en que la lucha contra el Covid-19 concierne a todos y se necesita un esfuerzo "conjunto" de todas las administraciones y la sociedad.

LA SOLUCIÓN NO SON LOS ESTADOS DE ALARMA LOCALES

Por tanto, se requiere un liderazgo por parte del Gobierno y no puede ser que la solución que da Sánchez al resto de administraciones es aplicar la ley que regula el estado de alarma, que tiene 35 años de vigencia, cuando se anunció por su parte "todo un conjunto legislativo" para frenar la pandemia sin recurrir a este mecanismo excepcional.

Y es que para Martínez-Almeida el presidente del Gobierno "no ofrece nada" a las autonomías con la opción de solicitar la declaración del estado de alarma singularizado al territorio.

"Es que no es ni un ofrecimiento que hace el presidente del Gobierno, es que es el mecanismo que existe desde hace 35 años, pues el artículo cinco (de la Ley Orgánica 4/1981) viene que el presidente de una comunidad puede solicitar al presidente del Gobierno la declaración del estado de alarma. No es un ofrecimiento sino lo que dice la ley", ha desgranado Almeida.

En consecuencia, Almeida ha replicado a Sánchez que la coyuntura actual exige a todos "arrimar el hombro", colaborar entre las distintas administraciones y ser "leales". Pero en su lugar, el mensaje que lanza el presidente del Gobierno, a su juicio, es que desde el estado de alarma que decretó "ya no tiene que decir nada más ni tiene nada más que hacer".

El portavoz del PP ha alertado del planteamiento erróneo que supone la actitud del jefe del Ejecutivo con su posición de derivar a las autonomías la responsabilidad de gestionar la crisis sanitaria.

"¿Qué esfuerzo y responsabilidad vamos a pedir a los españoles, qué les vamos a decir a los españoles desde las instituciones? ¿Que no hay que escurrir el bulto? ¿Que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad y que todos tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos?", ha cuestionado.

Además, Martínez-Almeida se ha preguntado qué pueden esperar los españoles de un Ejecutivo que opta por trasladar a las autonomías todo el peso del combate contra la pandemia, que "no entiende de personas ni territorios y lo único que conoce es hacer daño".

SÁNCHEZ PIDE UNIDAD MIENTRAS EL PSOE QUIERE CENSURAR A AYUSO

La única solución para el portavoz del PP es apelar a la unidad institucional y asumir cada administración su responsabilidad para sumar "esfuerzos" en el camino frente al Covid-19, algo fundamental para un otoño que apunta "difícil".

Tampoco ve de recibo que Sánchez apele en Moncloa a la unidad institucional y a que no haya partidismo cuando "a los dos minutos" dice que hay comunidades progresistas que "lo han hecho mejor que otras".

También ha añadido que "nadie entiende" que se exhorte a esa unidad y a desplegar "grandes esfuerzos" cuando en Madrid el PSOE, el mismo partido del Gobierno, pide una moción de censura contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

El número de positivos en coronavirus se ha incrementado en las últimas 24 horas con un total de 700 positivos en coronavirus, 223 más que la jornada anterior cuando se contabilizaron 477 nuevos casos. Osakidetza ha informado de que la semana pasada se han registrado 19 fallecimientos con covid como causa directa y 30 personas con coronavirus han ingresado en las últimas 24 horas en hospitales vascos donde las UCI atienen a otros 30 pacientes covid.

En un comunicado, el Departamento vasco de Salud ha informado de que ayer se realizaron un total de 8.355 pruebas PCR, de las que 700 fueron positivas.

Por Territorios, se han detectado 96 en Álava (41 más que ayer), 363 en Bizkaia (92 más), 215 en Gipuzkoa (83 más) y 26 en personas con residencia fuera de la Comunidad Autónoma Vasca.

Además, en las últimas 24 horas 30 personas han ingresado por coronavirus en planta, y en las UCIs hay actualmente 30 personas con covid-19, una más que en el día de ayer.

Por otra parte, tras analizar los datos acumulados en la semana del 17 al 23 de agosto, Osakidetza ha informado de que ha habido 19 fallecimientos con covid-19 como causa directa.

El Gobierno de Cantabria no descarta tener que recurrir a los rastreadores militares que ofreció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha señalado este miércoles a preguntas de la prensa el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, quien ha señalado que Cantabria ha hecho "un esfuerzo inmenso" para contratar a rastreadores pero "no descarta tener que recurrir a esa medida".

Por un lado, ha explicado, porque "las listas de empleo del Gobierno de Cantabria se están agotando para determinadas profesiones y ya no encontramos, por ejemplo, biólogos o farmacéuticos". Y por otro lado, porque si sigue creciendo el número de casos, seguirá creciendo también el número de contactos "y vamos necesitar más personas dedicadas a ello".

"Por lo tanto, no descarto solicitar que también a Cantabria se le adjudiquen rastreadores de origen militar", ha señalado Rodríguez, quien ha explicado que actualmente hay más de 2.000 personas en seguimiento. Los rastreadores en plantilla son 128 y esta semana está previsto que se incorporen 10 más.

ENLACE PARA COMUNICAR CONTACTOS

El consejero ha anunciado que para ganar tiempo y facilitar el trabajo de los rastreadores, a partir de ahora se va a proporcionar a las personas que den positivo un enlace, "por supuesto con todas las medidas de seguridad", para que faciliten sus contactos estrechos y sus números de teléfono, de forma que los rastreadores se puedan poner en contacto con ellos más rápido.

Por otro lado, Rodríguez ha pedido a los ciudadanos que si saben de personas que tienen que estar confinadas y no cumplen la cuarentena, que "nos lo comunique o se lo comuniquen a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado, porque en esos casos tenemos que actuar".

No podemos permitirnos que gente que tiene que estar confinada esté por la calle danzando y por lo tanto, transmitiendo la infección; es un aspecto en el que nos gustaría que toda la población, si lo conoce, pueda colaborar", ha señalado.

Según ha explicado, en estos casos desde la Consejería no sólo se abre expediente sancionador sino que además se pone en comunicación de la autoridad judicial porque "es también un posible delito.

Por otro lado, ha vuelto a incidir en la imposibilidad de contratar médicos de familia porque no hay profesionales en las listas de empleo.

Las reestructuraciones anunciadas por empresas del sector aeronáutico en España ante la crisis provocada por la pandemia del coronavirus podrían afectar en torno a unos 2.500 puestos de trabajo directos y 20.000 indirectos, según las estimaciones del sindicato USO.

"A la situación conflictiva de Airbus, se han sumado en los últimos días empresas como el Grupo Aciturri, Alestis o Aernova, que han anunciado medidas de reestructuración de las plantillas que tienen repartidas por todo el territorio nacional, con el impacto que este hecho puede ocasionar tanto en el empleo de dichas empresas como en el conjunto de la industria auxiliar. Estas reestructuraciones podrían afectar en torno a unos 2.500 puestos de trabajo directos y 20.000 indirectos", ha señalado el sindicato en un comunicado.

Por ello, la Federación de Industria del sindicato USO (FI- USO) ha pedido este miércoles al Gobierno que adopte las soluciones industriales que fueran necesarias para garantizar la actividad productiva y el mantenimiento de la totalidad del empleo del sector aeronáutico.

El sindicato ha solicitado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) una reunión urgente para realizar un diagnóstico de la situación por la que atraviesa el sector aeronáutico en España y determinar una serie de medidas que lo refuercen.

"Estamos asistiendo a una pérdida del tejido industrial y productivo de nuestro país. Situación que se está viendo agravada por la tremenda crisis por la que atraviesa casi toda la industria ligada al transporte y la movilidad, de la que no escapa el sector aeronáutico, uno de los sectores tradicionales y más estratégicos de nuestro sistema productivo", ha explicado Raúl Montoya, secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de FI-USO.

El 23% de los españoles estaría dispuesto a recibir su sueldo en 'B', según se desprende de un informe realizado por Infojobs, en el que se señala que son los hombres lo más predispuestos a recibir su sueldo en negro (25%).

Teniendo en cuenta la edad, los encuestados más jóvenes, de entre 16 y 24 años, son los que constituyen el colectivo con mayor voluntad para recibir su sueldo de esta forma.

Además, también son el grupo de edad que declara en un mayor porcentaje haber recibido este tipo de ingresos en los últimos tres años (30%).

No obstante, tan solo un 20% de los que tienen entre 45 y 65 años aceptaría recibir su sueldo en negro. Tan solo el 9% de los encuestados en este grupo de edad afirma que ha recibido su retribución así en los últimos tres años.

Los que cuentan con una formación no reglada están más dispuestos a percibir un salario en B (41%) y también quienes solo han cursado estudios básicos (30%).

Una predisposición que, según Infojobs, "está alineada con la realidad ya que del informe se desprende que el 30% de los encuestados con estudios no reglados afirma haber cobrado en negro una parte de sus ingresos en los últimos tres años". En concreto, el 31% de ellos señala haber recibido entre el 21% y el 60% de sus ingresos en 'B'.

La directora de comunicación de Infojobs, Mónica Pérez, ha señalado que los resultados muestran que son los más jóvenes quienes entran al mercado laboral con trabajos ocasionales poco regularizados y que también son las personas con titulaciones no reconocidas o con una formación básica las que corren "más riesgo de acceder al mercado laboral en condiciones más precarias".

De hecho, el estudio muestra que la situación laboral también influye a la hora de plantearse recibir ingresos en 'B'. Así, se observa una mayor disposición a recibir este tipo de salarios entre los desempleados (31%) en comparación con los ocupados (21%).

Según Infojobs, llama la atención el porcentaje de encuestados que ocupan cargos directivos y que muestran su predisposición a recibir una parte de su salario en negro, según lo han afirmado un 29%.

En esta línea, dice que un 15% de los encuestados en posiciones de liderazgo confirma haber cobrado este tipo de ingresos en los últimos tres años y un 38% de ellos asegura además haber recibido entre el 21% y el 60% de su salario en B.

El motivo principal que aluden es que necesitan completar su salario (el 40% de ellos así lo afirma). "Un dato que vuelve a sorprender por ser un grupo que está arriba en la pirámide salarial", dice la plataforma de empleo.

NECESIDAD DE COMPLETAR SU SALARIO

Preguntados por los motivos, la población activa española que afirma recibir este tipo de ingresos alude que la empresa no le da otra opción (50%).

No obstante, también destaca, según el 29% de los encuestados, la necesidad de completar su salario. Por otro lado, un 7% apunta a no querer pagar impuestos desproporcionados y un 4% señala no querer perder la prestación por desempleo o bien porque se trata de trabajos interpersonales de pocas horas.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha aplazado hasta el próximo 28 de septiembre la declaración de la empresaria Corinna Larsen como investigada un supuesto encargo al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.

Pese a autorizar a que ésta se realizara por videoconferencia el próximo día 8 ahora deja esta posibilidad en el aire al no ver razones de seguridad ni orden público que justifiquen que no se desplace a España para prestar declaración en persona.

El juez señala que no se razona qué interés de utilidad o conveniencia para la causa puede presentar la declaración desde "su despacho de abogados en Londres", que resulta especialmente problemática cuando se trata de un investigado.

"Pues no solo impide asegurar a este instructor que en efecto la declaración se vaya a realizar donde se afirma, sino que además no se aclara en qué modo se puede dar fe alguna de la efectiva identidad de aquella, de sus letrados, intérpretes, asistentes o cualquier otra persona o circunstancia concurrente, en términos que permita garantizar que la declaración se acomoda a las exigencias previstas en la ley procesal penal española", añade.

No obstante, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 admite que no se puede obviar la situación sanitaria concurrente y la evolución de la pandemia del Covid-19, así como las restricciones a la movilidad vigentes o que puedan acordarse por los diferentes Gobiernos.

"De este modo, queda siempre a salvo la posibilidad que la investigada pudiera alegar razones de salud u otras de orden público para justificar los peligros inherentes al desplazamiento a la sede del órgano judicial".

En ese caso, de cursarse la petición, "se valoraría la oportunidad de la realización de la declaración por medio de videoconferencia, en condiciones que permitan garantizar la salvaguarda del derecho de defensa, en todo caso, en lugar distinto al despacho de abogados de la investigada, como pudiera ser, por ejemplo, en la Embajada de España en el Reino Unido, y en presencia del Magistrado Instructor".

El Sindicato de Estudiantes ha anunciado una huelga en toda España los días 16, 17 y 18 de septiembre en protesta por las condiciones con las que se va a iniciar el próximo curso escolar 2020-2021, marcado por la Covid-19.

A las puertas del Ministerio de Educación, el sindicato ha hecho un llamamiento al derecho "a una educación pública presencial, de calidad y con aulas seguras". También ha reclamado una bajada de las ratios y una contratación masiva de profesorado.

Parece que todavía no hay consenso en lo que la 'vuelta al cole' se refiere, y desde diversos sindicatos educativos denuncian la "inacción" y "falta de liderazgo" de la ministra Celáa.

El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, ha defendido que el independentismo debe marcarse como objetivo su internacionalización porque "un referéndum reconocido, el ejercicio de la autodeterminación y la independencia de Cataluña es inevitable".

En su intervención este miércoles en la conferencia 'Recuperación económica. Poniendo las bases a la Cataluña del 2030' en el ciclo de la Associació d'Empresàries i Directives de l'Empordà, Aragonès ha asegurado que ERC sólo dejará de ser independentista cuando Cataluña sea independiente.

Asimismo, según el vicepresidente, la reactivación de la economía catalana tras la crisis del coronavirus requiere un "cambio cultural y un replanteamiento de algunas maneras de hacer", como la substitución de la desconfianza entre administraciones y el sector económico por la cultura de la colaboración y una visión emprendedora.

En ese sentido, ha instado a los sectores económicos a apostar por el talento pese a que Cataluña no cuente con grandes infraestructuras, fuentes de energía baratas o reservas de materias primas: "Los que somos independentistas estamos obligados a pensar en grande y en cómo lo gestionaríamos si fuéramos un estado independiente".

Ha defendido un cambio en la orientación del mercado interno hacia la diversificación y hacia el aumento de volumen de la demografía empresarial para competir en el mercado global, además de apostar por la "economía del valor y calidad", que permite ganar en competitividad.

Asimismo, ha hecho una "apuesta inequívoca" por la equidad de género y por medidas concretas para favorecer la conciliación y el acceso de mujeres directivas a mayores cargos de responsabilidad para aportar bienestar a las personas y rentabilidad a las empresas.

La ratio de carriles para bicicleta en Madrid es 15 veces menor que en Bilbao, Sevilla, Valencia y Barcelona, según un análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en colaboración con Datadista.

Madrid cuenta con un kilómetro de carril bici por cada 100 de vía pública abierta al tráfico; mientras que en ciudades como Bilbao, Sevilla, Valencia y Barcelona la ratio es de 15.

OCU ha analizado la "satisfacción" con las condiciones de usar la bicicleta en diez capitales, mediante una encuesta a 4.394 personas de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas y Bilbao.

Los madrileños fueron los más descontentos respecto a las facilidades de la ciudad para usar este medio de transporte, con una nota de suspenso: un 47 sobre 100. Apenas un 14% de los encuestados cogen la bici al menos una vez por semana, menos de la mitad que sevillanos y valencianos.

Precisamente, los ciudadanos de Sevilla y Valencia son los más satisfechos entre los encuestados, con una nota de notable, un 71 sobre 100. Esta calificación se atribuye a la extensión, la calidad de sus carriles bici, la presencia de aparcamientos específicos para asegurar la bici y el sistema público de alquiler, que tiene una ratio de 35 bicis por cada 10.000 habitantes, cinco veces más que Madrid.

OCU considera que los ayuntamientos tienen "una oportunidad única para promover el uso de la bicicleta como un medio de transporte limpio y sostenible, que además reduce el riesgo de contagio por coronavirus".

De hecho, entre quienes no utilizan la bicicleta en la ciudad, un 22% lo haría si hubiera infraestructuras suficientes como una densa red de vías ciclistas protegidas del tráfico, un amplio servicio público de alquiler de bicis y sistemas de aparcamiento seguro.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha prorrogado casi un año, hasta el 29 de julio de 2021, el periodo de instrucción del caso conocido como los 'Papeles de Bárcenas' o la 'Caja B' del PP por la presunta financiación irregular del partido.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 ha decidido "establecer el plazo de investigación judicial en esta causa en doce meses computados desde el día 29 de julio de 2020, de modo que el plazo ordinario de investigación judicial finalizará el día 29 de julio de 2021", aunque "sin perjuicio de las prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses que puedan acordarse, si procediera, antes de la finalización de este plazo".

Hasta este auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el plazo de investigación llegaba hasta el 28 de agosto de 2020, si bien De la Mata se ha servido de la reforma del artículo 324.1 de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que establece un nuevo sistema de plazos para la instrucción de los procesos penales.

De la Mata reabrió esta pieza en marzo de 2017 para seguir indagando sobre la presunta financiación irregular del PP, después de que el 'cabecilla' de la Gürtel, Francisco Correa, revelara en el juicio por la primera época de actividades de la red corrupta que algunas constructoras recurrían a sus servicios para que mediase por ellas ante los ministerios de Fomento y Medio Ambiente, entre otros, a cambio de comisiones.

Gobierno, sindicatos y empresarios retomarán las negociaciones para la regulación del trabajo a distancia el próximo 1 de septiembre tras el parón vacacional, y lo harán con un nuevo texto sobre la mesa, remitido hace unos días a los agentes sociales, según indicaron a Europa Press en fuentes de la negociación.

El nuevo borrador, al que ha tenido acceso Europa Press, incorpora algunas novedades. Así, deja claro que la regulación del trabajo a distancia no será de aplicación para el personal laboral de las Administraciones Públicas, que se regirá por su normativa específica.

Al mismo tiempo, el texto da más poder a las empresas para controlar y vigilar que los trabajadores a distancia cumplen con sus tareas, pero respetando su "dignidad" y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad para cumplir con sus obligaciones y deberes.

En el borrador anterior se establecía que las empresas podrían ejercer su derecho de control sobre el trabajo a distancia mediante el uso de medios telemáticos, en los términos previstos en la Ley de Protección de Datos.

El último texto sustituye este párrafo por otro en el que se especifica que la empresa podrá adoptar "las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar" que el trabajador a distancia cumple con sus obligaciones y deberes, "guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad".

Respecto a la no aplicación de esta futura regulación al personal laboral de las Administraciones Públicas, el borrador aclara que, hasta que no exista una normativa específica para este colectivo, se regirá por lo dispuesto en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores.

Dicho artículo consta de cinco apartados que, en términos generales, establecen que el acuerdo para el trabajo a distancia se formalizará por escrito y que los trabajadores de esta modalidad tendrán derecho a percibir, como mínimo, la retribución total establecida para su grupo profesional y funciones; a una adecuada protección en materia de seguridad y salud, y a la formación profesional para el empleo, entre otros aspectos.

El resto del borrador apenas sufre cambios de calado respecto al texto anterior, en el que ya se habían suavizado algunas medidas que, sobre todo, no gustaron a los empresarios, como los costes que tendrían que asumir por el trabajo a distancia, eliminándose la referencia a costes directos e indirectos.

El anteproyecto de Ley de Trabajo a Distancia, que tiene como marco el acuerdo europeo sobre teletrabajo, será de aplicación a las relaciones laborales que se desarrollen a distancia con carácter regular, entendiéndose por regular cuando, en un plazo de referencia de tres meses, un mínimo del 20% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato, sea prestada bajo esta modalidad.

SERÁ VOLUNTARIO Y REVERSIBLE

El texto distingue entre trabajo a distancia (actividad laboral desde el domicilio o el lugar elegido por el trabajador, con carácter regular); teletrabajo (trabajo a distancia realizado exclusivamente o de manera prevalente por medios y sistemas informáticos o telemáticos), y trabajo presencial (el que se presta en el centro de trabajo o en el lugar que elija la empresa).

Según el anteproyecto, los empleados que trabajen a distancia tendrán los mismos derechos que los presenciales y no podrán sufrir perjuicio de sus condiciones laborales, incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y promoción profesional.

El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y el empleador y requerirá la firma de un acuerdo. Será reversible y no constituirá causa justificativa de despido o de modificación sustancial de las condiciones laborales la negativa del trabajador a desempeñar su actividad a distancia, su falta de adaptación o ineptitud, o el ejercicio de reversibilidad (volver a la modalidad laboral anterior).

Las personas que trabajen a distancia tendrán prioridad para ocupar puestos que se realizan total o parcialmente de manera presencial, por lo que la empresa deberá informar de las vacantes disponibles. Tendrán derecho a la formación en términos equivalentes a los trabajadores presenciales; a la promoción profesional; a la desconexión digital; al derecho a la intimidad y protección de datos; a la seguridad y salud en el trabajo, y a recibir de la empresa los medios adecuados para desarrollar su actividad.

Según el anteproyecto, el desarrollo del trabajo a distancia "deberá ser sufragado o compensado por la empresa", sin que pueda suponer costes para el trabajador relacionados con equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad. La negociación colectiva o un acuerdo entre la empresa y sus representantes legales determinará el modo de compensación y abono de los mencionados gastos.

Los trabajadores a distancia podrán flexibilizar el horario de prestación de servicios establecido y el sistema de registro horario "deberá reflejar fielmente" el tiempo de trabajo realizado, debiendo incluir el momento de inicio y finalización de la jornada y de los tramos de actividad.

El Gobierno de coalición entre conservadores y socialdemócratas alcanzó a última hora de este martes un acuerdo para extender de los 12 meses inicialmente previstos, hasta 24 meses, llegando en algunos casos hasta finales de 2021, la duración de los 'kurzarbeit', el mecanismo que permite a las empresas reducir la jornada de sus empleados, mientras que el Estado se hace cargo de entre el 60% y el 87% del salario del trabajador.

Después de más de ocho horas de negociaciones en Berlín, los partidos que forman la coalición que soporta el Gobierno de Angela Merkel acordaron ampliar la duración del programa de protección del empleo hasta final de 2021, lo que implicará un coste adicional de unos 10.000 millones de euros para las arcas públicas.

Esta prestación por reducción de la jornada asciende de manera regular al 60% del salario neto y al 67% en el caso de trabajadores con hijos, aunque tras el acuerdo del martes será incrementada hasta el 70% del último salario neto a partir del cuarto mes y hasta un máximo del 87% desde el séptimo mes.

"En estos momentos se trata de estabilizar la economía", dijo el ministro de Finanzas de Alemania, Olaf Scholz, este miércoles en una entrevista con la televisión 'ZDF. "Debido a que actuamos con rapidez y de manera integral, Alemania ha superado la crisis mucho mejor que otros países", añadió.

En este sentido, el ministro alemán destacó que se están viendo algunos datos bastante positivos sobre el estado actual de la economía. "Las cosas van mejor de lo que se temía hace unas semanas", subrayó.

Por su parte, el ministro alemán de Empleo, Hubertus Heil, defendió en la emisora 'Deutschlandfunk' la extensión del 'kurzarbeit' al considerar que Alemania se está enfrentando a la crisis más profunda en generaciones, advirtiendo de que "no habrá terminado para el 1 de enero".

La Oficina Federal de Estadística de Alemania (Destatis), informó este martes de que el conjunto de las administraciones públicas de Alemania registró un déficit financiero de 51.600 millones de euros en los seis primeros meses de 2020 como consecuencia del impacto de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, lo que equivale al -3,2% del PIB, en contraste con el saldo positivo de 46.500 millones o un superávit del 2,7% contabilizado en la primera mitad de 2019.

Destatis destacó que todas las partidas de gasto afectadas por la pandemia de coronavirus mostraron aumentos sustanciales, aunque especialmente significativo fue el gasto en ayudas de emergencia y el pago de cotizaciones a la seguridad social durante la jornada reducida, que contribuyeron al fuerte aumento de las subvenciones (+ 177,5%).

Cataluña ha registrado hasta este miércoles 124.068 casos confirmados acumulados de coronavirus -102.231 por prueba PCR-, 866 más que en el recuento del martes, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra de fallecidos totales asciende a 12.972, 13 más que los registrados hasta el martes: 7.139 en hospital o centro sociosanitario, 4.131 en residencia, 823 en domicilio y 879 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 662, lo que supone tres menos respecto al martes.

Un total de 136 pacientes se encuentran ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), dos menos que en el balance anterior.

La tasa del riesgo de rebrote ha subido ligeramente: el martes alcanzaba un nivel de 186,53, y 24 horas después está en 186,88.

En las residencias de ancianos ha habido hasta ahora 17.237 personas que han dado positivo -22 más que en el balance anterior-, de las que 6.407 han muerto y 31 se encuentran actualmente ingresadas.

POR COMARCAS

Respecto a la comarca del Segrià (Lleida), desde el inicio de la pandemia ha habido 7.118 casos confirmados acumulados de coronavirus, de los que 198 han muerto, mientras que actualmente hay 25 pacientes ingresados --10 de ellos en la UCI--; el riesgo de rebrote es de 279,77.

En la comarca del Barcelonès (Barcelona) se han contabilizado 47.739 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 5.367 muertes, mientras que actualmente hay 260 pacientes ingresados --58 de ellos en la UCI--; el riesgo de rebrote es de 240,82.

En el Vallès Occidental (Barcelona) se han registrado 13.040 casos confirmados acumulados de coronavirus desde que empezó la pandemia, con 1.442 muertes; actualmente hay 80 pacientes ingresados, de los que 13 están en la UCI, mientras que el riesgo de rebrote es de 170,71.

En el Vallès Oriental (Barcelona), desde el inicio de la pandemia ha habido 5.646 casos confirmados acumulados, de los que 611 han muerto, mientras que actualmente hay 40 pacientes ingresados --uno en la UCI--, y el riesgo de rebrote es de 263,68.

El Parlamento Vasco contempla un plan alternativo para la jura del Lehendakari prevista para el 5 de septiembre en la Casa de Juntas de Gernika, en caso de que llegue a decretarse un confinamiento en el municipio vizcaíno por la situación del coronavirus, lo que impediría el acto.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, esta es una de las cuestiones que ha analizado la Mesa de la Cámara vasca en la reunión telemática que ha celebrado este miércoles por la mañana. En principio, se mantiene el acto de jura del presidente del Gobierno Vasco para ese día ante el Árbol de Gernika, como ha sido tradicional con todos los Lehendakaris a lo largo de la historia.

En todo caso, en esta ocasión, se celebrará con restricciones de aforo y medidas de seguridad y prevención por la situación de pandemia del covid-19.

En previsión de que, la situación de Gernika, por el brote de las 'no fiestas', empeore y se decrete un confinamiento, se ha analizado un plan que pasaría por la celebración de la jura del Lehendakari en la Cámara legislativa.

El próximo 28 de agosto finaliza el plazo para la presentación de candidaturas para la sesión de investidura, que se celebrará el próximo día 3 en el Parlamento Vasco. Además de la del jeltzale Iñigo Urkullu, EH Bildu podría postular a su portavoz parlamentaria, Maddalen Iriarte, aunque hasta el mismo viernes la coalición soberanista no anunciará su decisión.

La candidatura de Iriarte no tiene posibilidades de prosperar, ya que se prevé que Urkullu sea investido en primera votación por mayoría absoluta, con los 41 votos que suman PNV y PSE-EE.

La búsqueda de vivienda con habitaciones "extra" para teletrabajar formará parte de la demanda de los que buscan inmueble tras el confinamiento, según Instituto de Valoraciones.

Asimismo, Instituto de Valoraciones cree que habrá nuevas tendencias en las búsquedas según el target, así los jóvenes seguirán "posiblemente" prefiriendo el centro de las grandes ciudades, mientras que las familias se decantarán por viviendas unifamiliares en el extrarradio de las ciudades.

Por otro lado, los expertos piensan que quienes tengan la capacidad económica de invertir lo harán de cara a evitar pagar más impuestos en el futuro y que otro motivo para que aumente el interés inversor sería el de beneficiarse de unas condiciones de financiación más atractivas marcadas por la tendencia negativa del Euribor y el interés financiero por aumentar el número de operaciones y la mejora de sus márgenes.

Además, dicen que las segundas residencias en zonas costeras o rurales se presentan como "la opción ideal" para disfrutar de las vacaciones o del tiempo libre en una vivienda propia y cómoda que ofrezca espacios amplios y exteriores.

El confinamiento también ha hecho que muchos potenciales compradores de vivienda se diesen cuenta de que su hogar actual no es tan cómodo o agradable como pensaban y han detectado necesidades que antes no tenían, lo que ha condicionado su proceso de búsqueda y ha dado lugar a una demanda más exigente.

También han visto cómo desde que se decretó el estado de alarma hasta la actualidad, el 20% del total de los alojamientos turísticos en alquiler se ha trasladado al alquiler tradicional, donde la rentabilidad bruta en el último trimestre ha sido del 3,7%.

Las sociedades españolas de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y Médicos Generales y de Familia (SEMG), con el apoyo de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), han desmentido las "falsas informaciones" sobre la falta de actividad en Atención Primaria durante la pandemia de COVID-19.

"La Atención Primaria desarrolla diariamente tareas que van desde la salud pública a la atención comunitaria, con atención a pacientes crónicos mediante seguimiento telefónico o presencial, atención urgente, visitas domiciliarias, cobertura de las residencias privadas y públicas, labores como rastreadores y otras muchas tareas propias de este nivel asistencial", defienden a través de un comunicado.

Asimismo, insisten en que desde el inicio del COVID-19 los profesionales de Atención Primaria han realizado el seguimiento de más de 900.000 pacientes con cuadro clínico probable de COVID-19 con sintomatología leve y sin prueba diagnóstica de confirmación, la mayoría de los cuales no precisaron atención hospitalaria.

"Si a esto se añade los escasos recursos humanos con los que contamos, que hace que tengamos que suplir, con el mismo personal, bajas, jubilaciones y ahora las vacaciones de los compañeros ausentes, nos convierte en el auténtico muro de contención de la sanidad, evitando, día a día, el colapso del sistema sanitario", reivindican.

Así, consideran que difundir informaciones falsas de falta de actividad "solo se puede hacer desde la ignorancia o desde un interés que no acertamos a comprender, pues no es momento de restar sino más bien de sumar". "Después de padecer y sufrir la insuficiencia de medios tanto técnicos, materiales como humanos, después de haber soportado con plantillas absolutamente mermadas, en ocasiones con centros cerrados por falta de personal, decimos '¡basta ya!'. Los profesionales de Atención Primaria han trabajado por encima de sus posibilidades y han demostrado su versatilidad y polivalencia sobradamente", afirman rotundamente.

Por otra parte, han expresado su preocupación por la evolución de la pandemia de la COVID-19, por lo que instan a "tomar medidas de forma urgente que reduzcan las nefastas consecuencias que se puedan derivar de la persistencia de la situación actual".

"Una evidencia clara es que la lucha contra esta pandemia, en el momento actual, está basada en la prevención personal (medidas higiénico-sanitarias y responsabilidad individual), la identificación de casos para su aislamiento preventivo, y la implantación y seguimiento de medidas de protección y seguridad en el ámbito personal y laboral", resaltan.

El Defensor del Pueblo ha pedido al Ministerio del Interior que facilite el traslado a la Península a los solicitantes de asilo vulnerables que se encuentran internos en el Centro de Internamiento Temporal de Extranjeros (CETI) de Melilla y que ayer se manifestaron a las puertas del edificio para manifestar su deseo de abandonar el sitio "por miedo" al coronavirus.

La institución que dirige Francisco Fernández Marugán respondió de esta forma en el mes de julio a una queja formulada sobre esta materia y, ahora, reitera esta misma recomendación a través de su página web, que dirige al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En concreto, el Defensor llama a facilitar los traslados a la península de los residentes del CETI de Melilla, solicitantes de protección internacional y en situación de especial vulnerabilidad, tales como personas enfermas y de riesgo frente al Covid19 o familias con menores y mujeres con un perfil altamente vulnerable.

Todo ello, explica, de conformidad con el criterio reiterado del Defensor del Pueblo, la Directiva de acogida 2013/33/UE, las Directrices de la Comisión Europea sobre asilo y retorno y reasentamiento de 17 de abril de 2020, la Convención sobre los Derechos del Niño y el interés superior del menor, en el marco de los artículos 10, 15, 39 y 43 de la Constitución española.

CENTROS SIN PREPARACIÓN Y SOBREOCUPADOS

El pasado mes de abril, Fernández Marugan ya defendió la necesidad de trasladar a la Península de los migrantes que están en los CETI de Ceuta y Melilla "para evitar que se puedan producir contagios en unas dependencias" que, en su opinión, "no están preparadas" para afrontar la situación excepcional por la pandemia. En este sentido, mostró a Interior su preocupación "por la tradicional sobreocupación de estos dos centros" en Ceuta y Melilla.

En estos centros, señalaba entonces, "suele encontrarse un número significativo de menores". De hecho, al Defensor "le preocupa especialmente la situación de las familias con menores a su cargo" que se encuentran en estas instalaciones.

El Papa ha denunciado una "economía enferma" donde "unos pocos muy ricos" poseen más que "todo el resto de la humanidad", un modelo "injusto" que ha sido agravado por la pandemia creando más desigualdad en la sociedad.

"En el mundo de hoy, unos pocos muy ricos poseen más que todo el resto de la humanidad. ¡Es una injusticia que clama al cielo!", ha manifestado el pontífice durante la audiencia general de este miércoles que ha celebrado en la sala de la Biblioteca Apostólica del Vaticano para evitar aglomeraciones de peregrinos en la plaza de San Pedro.

"Algunos pueden trabajar desde casa, mientras que para muchos otros esto es imposible. Algunos niños, a pesar de las dificultades, pueden seguir recibiendo una educación escolar, mientras que para muchísimos otros esta se ha interrumpido bruscamente. Algunas naciones poderosas pueden emitir moneda para afrontar la emergencia, mientras que para otras esto significaría hipotecar el futuro", ha señalado al analizar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia.

Asimismo ha evidenciado que la "desigualdad" es un "virus que viene de una economía enferma" y de un "crecimiento económico injusto" que prescinde de los "valores humanos fundamentales".

Del mismo modo ha instado a obrar un cambio en la sociedad para "salir mejores" después de esta crisis: "Que sea la imagen de los niños que no tienen nada para comer ni tampoco educación, nos haga darnos cuenta de que después de esta crisis tenemos que salir mejor.

Por otro lado, el Papa también ha incidido en que este modelo económico es "indiferente" a los daños infringidos a la casa común: "Estamos cerca de superar muchos de los límites de nuestro maravilloso planeta, con consecuencias graves e irreversibles: de la pérdida de biodiversidad y del cambio climático hasta el aumento del nivel de los mares y a la destrucción de los bosques tropicales".

Así, ha puesto de relieve que la desigualdad social y el degrado ambiental "van de la mano y tienen la misma raíz". A su juicio la causa está en el "pecado de querer poseer y dominar a los hermanos y las hermanas, la naturaleza y al mismo Dios".

En esta línea ha manifestado que si bien "las propiedades y el dinero son instrumentos que pueden servir a la misión" son transformados fácilmente "en fines, individuales o colectivos". "Cuando esto sucede, se socavan los valores humanos esenciales", ha señalado.

Ha subrayado que en ese momento el hombre "se deforma y se convierte en una especie de homo œconomicus -en un sentido peor- individualista, calculador y dominador". Y ha agregado: "Nos olvidamos de que, siendo creados a imagen y semejanza de Dios, somos seres sociales, creativos y solidarios, con una inmensa capacidad de amar".

Por ello ha invitado a refugiarse en la esperanza que viene de Cristo y, sobre todo, a no permanecer indiferentes frente a las injusticias. A este respecto ha especificado: "Cuando la obsesión por poseer y dominar excluye a millones de personas de los bienes primarios; cuando la desigualdad económica y tecnológica es tal que lacera el tejido social; y cuando la dependencia de un progreso material ilimitado amenaza la casa común, entonces no podemos quedarnos mirando". "No, esto es desolador", ha insistido finalmente.

El Papa ha retomado su agenda pública desde principios de agosto después de la pausa estival de julio. No obstante, la emergencia sanitaria ha impuesto una reducción drástica de sus encuentros en el Palacio Apostólico y, de momento, no hay ningún viaje previsto para los próximos meses.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha arremetido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "renunciar al liderazgo" que debe asumir ante la crisis del Covid-19 y reducir las opciones frente a la pandemia a "estado de alarma o la nada", algo que ha calificado de "cobardía política".

"Lo que esperaban ayer los españoles era un presidente del Gobierno y lo que dijo Sánchez a los españoles es que no va a ser el presidente del gobierno, que recibirá su nómina pero no va a ejercer las competencias que tiene ni su responsabilidades", ha afirmado en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press.

Y es que Gamarra ha lamentado que los españoles, ante una situación tan complicada como la crisis actual, no encuentran un "liderazgo que solo puede ejercer el presidente del Gobierno", quien se "lava las manos" y traslada la responsabilidad a las comunidades.

Con ello hacía referencia a la oferta avanzada ayer por Sánchez a los diferentes presidentes autonómicos para que, si lo consideran necesario, pidan la declaración del estado de alarma en sus respectivos territorios o en una parte de ellos, comprometiéndose a apoyarlo y defenderlo en el Congreso.

Para la portavoz del PP en el Congreso el problema radica en que Sánchez y el Gobierno han reducido todo "a estado de alarma o nada". "No podemos estar en confinamiento o nada, tiene que haber estados intermedios", ha añadido.

"QUEREMOS COORDINACIÓN"

Además, Gamarra ha precisado que el estado de alarma es un mecanismo "excepcional" y Sánchez se ha "inventado" un nuevo procedimiento al trasladar a los presidentes autonómicos la facultad de solicitarlo, cuando la ley actual pauta que debe pedirlo el presidente del Gobierno.

La portavoz popular ha ahondado que el mando único del que tanto se habla "lo tiene el gobierno" con toda una serie de competencias que debe ejercer. "Queremos coordinación (...) Queremos un gobierno que lidere", ha afeado a Sánchez, que ha renunciando a "tirar del carro" ante la crisis del Covid-19.

En contraposición, Gamarra ha trasladado que su formación ya ha planteado la opción de acometer reformas legislativas con el despliegue de medidas "flexibles" para el Estado y las comunidades autónomas, que ayuden a combatir la pandemia hasta lograr una vacuna que venza al virus, algo que "ningún político puede hacer por mucho ego que tenga Sánchez".

Por tanto, ha reiterado que tiene que haber otros instrumentos frente a la dicotomía de "limitar derechos o no hacer nada" y que en el contexto actual "hace falta dotarse de un plan B jurídico", aspecto que lleva solicitando el líder del PP, Pablo Casado, desde el mes de mayo.

EL GOBIERNO ESTÁ "DESAPARECIDO" Y GENERA "MIEDO"

De hecho, ha asegurado que en este punto "han tendido la mano" al Gobierno y que sus "diputados están ahí" para confeccionar nuevos instrumentos "constructivos" en el plano normativo.

Sobre la inminente 'vuelta al cole', Gamarra ha censurado que el Ejecutivo esté "desaparecido" en lugar de pautar unas "reglas claras", quebrando así el primer eslabón de la cadena de confianza que necesitan los españoles. Todo ello genera "miedo" y "desconfianza".

Salvamento Marítimo ha trasladado esta madrugada al Puerto de Motril (Granada) a 36 personas de origen subsahariano rescatadas de una patera que ocupaban en aguas de Alborán y que fue localizada a última hora de la tarde de este pasado martes.

Son 25 varones, nueve mujeres y dos menores, todos en general en aparente buen estado de salud. Según han indicado fuentes de Salvamento Marítimo a Europa Press, fue su embarcación Guardamar Concepción Arenal la encargada del traslado a la dársena granadina, donde llegaron a las 2,40 horas. Tras una primera revisión médica por Cruz Roja, han quedado, como está estipulado en estos casos, a disposición de la Policía Nacional y los servicios sociales.

El organismo dependiente de Transportes activaba en la tarde de este martes un dispositivo de búsqueda en el mar de Alborán, al tener conocimiento de una patera que habría partido del litoral de Marruecos con 36 personas a bordo. Y es que sobre las 14,20 horas, una ONG alertaba de la salida de esta embarcación neumática desde la playa de Bouyafar.

Dado el caso, fue alertado el Destacamento de la Armada en la Isla de Alborán y fue movilizado el avión Sasemar 101, mientras Marruecos se ha hecho cargo de la búsqueda en las aguas correspondientes a la zona de salvamento del país alauí, en el marco de un operativo en que también se avistó otra patera más en aguas de su jurisdicción con unas 20 o 30 personas.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha señalado este miércoles que no le constan las críticas de Unidas Podemos y que el vicepresidente Pablo Iglesias no habló con ella de 'la vuelta al cole' en el Consejo de Ministros, pero en todo caso ha querido dejar claro que no se va a "distraer" con estas polémicas porque tiene "mucho trabajo".

Desde Unidas Podemos admitieron este martes un desencuentro con Educación "en el seno del Gobierno" por lo que consideran "falta de liderazgo" de la ministra en la preparación del inicio del curso escolar, lo que se interpretó como una queja de Pablo Iglesias a Celaá en el Consejo de Ministros.

En una entrevista en la Cadena Ser Celaá ha indicado que no le constan tales críticas y que, además, durante el Consejo de Ministros habló con el vicepresidente segundo sobre este asunto. "Todo el Gobierno trabaja en la misma dirección", sostiene.

Los 'morados' defienden que los 2.000 millones de euros del 'fondo Covid' prometidos a las comunidades para Educación se deben dedicar a la contratación de nuevo profesorado y a alquilar o acondicionar espacios que permitan desdoblar las clases y, de esta manera, se reduzcan los ratios de alumnos.

La ministra ha indicado al respecto que ese fondo para las CCAA fue aprobado "por la totalidad del Consejo de Ministros" y que las competencias en educación están transferidas a las comunidades desde hace décadas.

A pesar de estas críticas, la ministra ha indicado que mantiene una buena relación con los compañeros de Gobierno aunque ha señalado que obviamente está compuesto por dos partidos políticos "con distintos acentos". "Pero lo importante es servir a la ciudadanía, eso es lo importante, ser leal a la ciudadanía", ha añadido.

La reserva hidráulica se encuentra al 52,3% de su capacidad total esta semana, tras perder en los últimos siete días un total de 891 hectómetros cúbicos (hm3), lo que representa el 1,6% del total, según datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que indica que en total los embalses guardan 29.111 hm3 de agua.

Por ámbitos, la reserva se encuentra al 74% en Cantábrico Oriental; al 77% en Cantábrico Occidental; al 70,8% en Miño-Sil; al 64,3% en Galicia Costa; al 76,2% en las cuencas internas del País Vasco; al 68,5%, el Duero; al 51% el Tajo; y al 32,7% el Guadiana.

Además, Tinto, Odiel y Piedras está al 67,2%; Guadalete-Barbate, al 40,4%; Guadalquivir, al 35,1%; la cuenca Mediterránea Andaluza al 48,8%; Segura, al 43,9%; Júcar, al 52,1%; Ebro, al 71%; y las cuencas internas de Cataluña al 87,1%.

Esta semana, la precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Atlántica, donde la máxima se ha producido en Santiago de Compostela con 60,2 l/m2. En cambio, han sido escasas en la vertiente Mediterránea.

En la actualidad, la reserva alberga un 10,9% más de agua que en las mismas fechas de hace un año (26.232 hm3), pero está un 13,2% por debajo de la media de agua embalsada en estas fechas en los últimos diez años (33.523 hm3).