El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha dicho sobre los indultos en trámite a los dirigentes condenados por el 1-O que "todos los gestos que se hagan para normalizar y favorecer la convivencia en Cataluña deben ser bien recibidos".

En una entrevista este domingo en 'El Periódico' recogida por Europa Press, el ministro ha sostenido que "volver a los cauces de la política como vía para la resolución de los conflictos exige judicializar al mínimo".

"Son medidas que restablecen y normalizan las situaciones", y ha añadido que se compromete a estar siempre del lado de las políticas de pacificación y convivencia, aunque ha advertido de que la gestión queda en manos del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Sobre las gestiones de Campo, ha dicho que "rara vez se cuestiona el trabajo que un ministro lleva al Consejo" y ha sostenido que no hay situaciones de normalización, apaciguamiento y convivencia que no vengan acompañadas de gestos.

ALQUILERES Y CONFINAMIENTO

Sobre la limitación de los precios de los alquileres, ha dicho que el Gobierno quiere presentar en breve al Consejo de Ministros una ley de vivienda que tiene el propósito de "garantizar la función social del derecho a la vivienda".

Preguntado por si esta ley puede dar cobertura a la ley catalana de alquileres, Ábalos ha criticado que esta última tiene "riesgos de inconstitucionalidad" que la ley estatal va a intentar eludir, por lo que no descarta abrir un plazo de acuerdo y negociación antes de plantearse presentar un recurso contra la catalana.

CORREDOR MEDITERRÁNEO, RODALIES Y DÉFICIT

Para Ábalos, los fondos europeos van a permitir "seguir desarrollando los corredores estratégicos" --entre ellos el mediterráneo-- y en cuanto al traspaso de Rodalies a la Generalitat de Cataluña ha asegurado que el Gobierno está abierto a que se cierre pronto.

Sobre el déficit inversor de Cataluña, ha explicado que el Gobierno intentó remediarlo con los presupuestos del 2019 y cumplir con las sentencias que obligan a compensarlo: "Vamos a ver si este presupuesto sale".

AEROLÍNEAS Y RENFE

Preguntado por si habrá un fondo específico de rescate para las aerolíneas, el ministro dice que Air Europa ha pedido uno y que prácticamente están en la recta final para poder "resolverlo en breve.

En cuanto al servicio Avlo, el tren 'low cost' de Renfe, ha asegurado que pretenden ponerlo en marcha a principios del 2021 si las condiciones sanitarias lo permiten.

AYUSO "BUSCA LA CONFRONTACIÓN"

En el contexto de la pandemia, cree que un confinamiento total "tiene unos costes evidentes para la economía y para la moral del país" por lo que sostiene que hay que evitarlo y, en sus palabras, empezar a trabajar con seriedad.

Según Ábalos, la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, busca la confrontación por la confrontación y cree que debería haber concedido "una tregua" al Gobierno central en la lucha contra la pandemia.

Cree que las nuevas medidas anunciadas por la presidenta son muy difíciles de seguir: "Es la misma línea que empleó cuando delimitó algunos barrios que eran de los más vulnerables en población. Sigue con la idea de las áreas de salud, pero nadie conoce su ámbito.

Y ha añadido que con la pandemia el Gobierno no está para hacer mociones, si bien no la descarta si "no quedara más remedio por incapacidad para gestionar y asumir la responsabilidad", aunque haría falta mucha mayoría, en sus palabras.

RUPTURA PP-VOX Y MONARQUÍA

Sobre la posición del PP en relación con la moción que Vox presentó en contra del Gobierno central esta semana, ha dicho que "se supone que hay un giro estratégico y que el PP se ha dado cuenta de que la estrategia no era correcta".

Está en la línea, según Ábalos, de hacer "lo que se le ha pedido siempre, que actúe como sus colegas europeos: que se enfrente a la extrema derecha" y ha pedido al PP que tenga claro que no tiene, literalmente, una deuda con Vox.

Por otro lado, se muestra abierto a sumarse con el PP en algunas comunidades para que "no dependan tanto de Vox" y, preguntado por la monarquía, sostiene que el Gobierno no puede hacer debates sobre ella.

Bosques Sostenibles ha puesto en marcha el proyecto 'La Verdad de los Árboles', que contará con el plan de reforestación de 280.000 árboles autóctonos en el Valle de Iruelas (Ávila) y publicará una serie de podcasts que narrarán las historias en primera persona de estos para concienciar a la sociedad acerca de la importancia de luchar contra el cambio climático.

El Valle de Iruelas es una Reserva Natural que en 2019 vivió un gran incendio que arrasó con 180 hectáreas y la mayor parte de la vegetación, tanto arbolada como arbustiva. La responsable de la organización, Elena Álvarez, ha explicado en una entrevista con Europa Press, que replantarán 140 hectáreas de una zona con "alto valor ecológico" en la que era "fundamental actuar".

"La iniciativa es un homenaje a nuestra primera línea de batalla contra la crisis climática. Un árbol llega a eliminar de la atmósfera unos 180 kilogramos de CO2 en 40 años, una cantidad equivalente a las emisiones generadas por un recorrido de unos 1.800 kilómetros de un coche", ha recalcado la responsable.

Así, asegura que este proyecto es el de mayor envergadura desarrollado por la organización en los últimos años y, para ello, han desarrollado de manera previa un estudio científico del Instituto Universitario de Gestión Forestal Sostenible de la Universidad de Valladolid para conocer con más detalle el terreno.

El estudio, cuyos resultados se publicarán próximamente, ha analizado una muestra representativa tanto de los árboles quemados como de los que siguen en pie en zonas próximas, para analizar mediante los anillos qué perturbaciones han sufrido por el cambio climático.

Los árboles más longevos, que van desde los 22 años hasta los 127 años, han demostrado que la temperatura media anual de la zona ha aumentado 3ºC. Además, se ha corroborado que el aumento de las temperaturas y la reducción de las lluvias en verano ha propiciado que los árboles tengan un menor crecimiento.

"Esto demuestra la necesidad de intervenir en masas forestales para mejorar su adaptación al cambio climático. El estudio ha determinado que las condiciones más extremas sobre estos árboles han tenido lugar en los últimos años", ha reconocido el ingeniero de montes de Bosques Sostenibles, David Sánchez Labrador.

Por el momento, la acción de reforestación ya ha comenzado con las primeras limpiezas del terreno y el momento de reforestar será durante el mes de noviembre. Este suelo, en la actualidad, es muy susceptible, y es que como ha explicado el técnico, debido al incendio el suelo ha quedado muy dañado y se ha erosionado gran parte del terreno por lo que era urgente abordar esta acción.

La segunda parte de 'La Verdad de los Árboles' cuenta con la participación de la escritora Nagore Suárez, que ha elaborado historias en primera persona sobre algunos de los árboles del Valle de Iruelas para contar, mediante una serie de podcasts, cómo vivieron y murieron estos ejemplares para lanzar un mensaje de concienciación a particulares y empresas.

El líder del PP, Pablo Casado, ha convocado este martes a su Comité Ejecutivo para lanzar al partido a la reconquista del centro-derecha tras romper lazos con Vox en el debate de la moción de censura. Esta reunión --que será por vía telemática por el Covid-- servirá para visualizar también un cierre de filas con su presidente nacional tras el "éxito" cosechado esa moción, que marca un antes y un después en su liderazgo, según han informado a Europa Press fuentes de la dirección del partido.

Los 'barones' territoriales del PP han aplaudido estos días la intervención de Casado asegurando que con su discurso "centrado", "contundente" y "a la altura de lo que demandan los españoles" ha demostrado que es la "única alternativa" al Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos. En las filas del Grupo Popular también se han repetido los elogios a su líder y su "inyección de moral".

La dirección del PP quiere aprovechar esta sintonía y unidad interna para lanzar a todo el PP en la labor de reconstrucción del centro-derecha, uno de los compromisos de Casado cuando asumió el liderazgo del partido en julio de 2018 en un congreso extraordinario celebrado tras un proceso interno de primarias.

El propio Casado se mostró convencido este jueves en el Pleno del Congreso que el PP volverá a conseguir la mayoría absoluta en las urnas porque los electores que le dejaron volverán a otorgarle su confianza. "Tenemos que conseguir el reagrupamiento de todos los constitucionalistas", remató.

"NOS HEMOS SITUADO EN EL TABLERO DE JUEGO"

Fuentes de la dirección nacional del PP consultadas por Europa Press consideran que el discurso de Casado marca un "punto de inflexión" y que se han situado "en el tablero de juego. Ahora, añaden, el objetivo es que todos los votantes de centro-derecha que se fueron a Vox y los votantes del PSOE "descontentos" con Pedro Sánchez confíen en el proyecto de Casado porque es la "única alternativa real al Gobierno del caos y la mentira".

En la dirección del Partido Popular esperan que, pese al visible enfado de Vox por el triunfo de Casado en el debate --Macarena Olona ha asegurado que el PP ya no es solo "la derechita cobarde, ahora es la derechita traidora"-- al final no llegue a bloquear en Andalucía, Murcia o Madrid iniciativas que defienden sus votantes, como los Presupuestos.

"Creo que a partir de este momento todas las fuerzas van a tener que dar cuenta de lo que hacen en los territorios donde nos han dado representación. Si Vox considera que hay que tumbar los Presupuestos de una autonomía porque se ha sentido ofendido en el Parlamento, que los ciudadanos sepan que a Vox le importa más lo que digan de él en el Parlamento que mejorar la vida de los ciudadanos", avisó el viernes el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

LA PANDEMIA Y LA RENOVACIÓN DEL CGPJ, TAMBIÉN SOBRE LA MESA

La renovación del Consejo General del Poder Judicial será otro de los asuntos que, previsiblemente, formará parte del orden del día de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP. Los 'populares' ya han dejado claro sus tres condiciones para sentarse a negociar: dejar fuera a Podemos, despolitizar la Justicia y retirada de la reforma exprés de PSOE y Unidas Podemos para rebajar la mayoría parlamentaria en la elección del Consejo.

Pese a que a Sánchez aseguró este jueves que "detiene el reloj" para tramitar su reforma judicial, los 'populares' consideran que la pelota sigue en su tejado porque "lo que tiene que hacer es renunciar y retirar esa reforma", en palabras de su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra.

La situación de la pandemia también centrará la reunión de Casado con su Comité Ejecutivo. Los 'populares' se han mostrado reacios a volver a un estado de alarma y consideran que lo que hay que hacer es dotar a las comunidades autónomas de un marco legal estable para darles certidumbre a la hora de limitar la movilidad de los ciudadanos.

El PP considera que si el PSOE quiere, pueden aprobar inmediatamente esa reforma del ordenamiento jurídico. De hecho, sostienen que el Grupo Popular ya presentó en agosto una proposición de ley de reforma de la Ley 3/86 que podría tramitarse esta misma semana por "urgencia y en lectura única" en el Parlamento, según han indicado a Europa Press fuentes de la dirección del partido.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación dedicó en 2019 un total de 1,74 millones de euros a asistir a españoles vulnerables en el extranjero, según consta en el informe de seguimiento de su plan estratégico de subvenciones para 2019.

De esa cantidad, 499.000 euros se destinaron a 64 instituciones asistenciales que prestan ayuda a españoles en situación de necesidad y de ella se beneficiaron 1.902 personas. Se trata de instituciones que prestan ayuda social o sanitaria y la subvención va destinada a paliar el déficit que no pueden cubrir con sus aportaciones privadas.

En estas subvenciones está incluida la destinada a españoles condenados a pena de muerte, una medida que se creó en 2009 para Pablo Ibar pero que en 2019 solo recibió Artur Segarra, condenado a muerte en Tailandia por el asesinato del tambiérn español David Bernat.

A través de la Asociación pro-derechos humanos y contra la penade muerte ASP, ha recibido 10.451 euros. Pablo Ibar, que estuvo 16 años en el corredor de la muerte, vio suspendida su condena en 2016 y en 2019 fue condenado a cadena perpetua.

Por su parte, los Consulados de España en el extranjero han concedido ayudas a personas en situación vulnerable por importe de 1,15 millones de euros. Aunque el informe no facilita el desglose concreto, parte de este importe son ayudas a 2.107 detenidos en el extranjero por parte de 103 oficinas consulares y el resto son ayudas individuales de menos de 200 euros, que son las que pueden conceder directamente los Consulados.

64 REPATRIADOS

Por encima de esa cantidad, su concesión corresponde a la Subdirección de Protección y Asistencia Consular. En 2019 ascendieron a 80.426 euros, de los que 55.133 euros fueron para repatriar a 64 españoles en situación de vulnerabilidad.

El resto fueron 39 ayudas extraordinarias o de subsistencia, para españoles mayores de 65 años, incapacitados y menores de edad sin medios ni pensiones del Ministerio del Trabajo.

Estas ayudas individuales son puntuales y, como norma general, reintegrables, con la excepción de las ayudas de subsistencia, ayudas a detenidos y ayudas para inhumación o incineración --de estas no hubo ninguna en 2019--. En 2019 también se realizó un envío de medicamentos para españoles a los Consulados Generales de Moscú y de La Habana por 5.114 euros.

Los hospitales andaluces vuelven a registrar este domingo 25 de octubre un aumento de su presión asistencial con 1.970 pacientes ingresados por coronavirus (Covid-19), 21 más en 24 horas y 671 más que hace una semana, de los que 249 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos (UCI), 23 más que este sábado y 68 más que hace siete días.

Estos datos figuran en un gráfico difundido en redes sociales por la Junta de Andalucía, consultado por Europa Press, que refleja la evolución diaria de los ingresos hospitalarios por Covid-19 en la comunidad autónoma.

Los ingresos hospitalarios registran este domingo el menor aumento diario de esta semana después de que el sábado la cifra se incrementara en 155, el viernes en 119, el jueves en 108, el miércoles en 61, el martes en 108 y el lunes en 99. Los 1.970 hospitalizados contabilizados este domingo son 671 más que los 1.299 registrados hace siete días.

El número de pacientes en UCI experimenta en esta jornada su séptima subida consecutiva y la mayor de la semana tras crecer en siete el sábado, en 18 el viernes, en tres el jueves, en cinco el miércoles y el martes y en siete el lunes. Los 249 pacientes en UCI contabilizados esta jornada son 68 más que los 181 hospitalizados en estas unidades hace una semana.

En cualquier caso, el número de hospitalizados sigue siendo significativamente menor si se compara con los datos del 30 de marzo, cuando se registró el pico de la pandemia en Andalucía con 2.708 hospitalizados --738 más que este domingo--, de los que 438 se encontraban en una UCI --189 más--.

La Audiencia Nacional juzgará este miércoles al etarra José Ignacio Guridi Lasa, alias 'Xabi', por haber colocado en noviembre de 2000 un artefacto explosivo en la jardinera ubicada en el alfeizar de la ventana de una vivienda, creyendo que en el domicilio, en la localidad navarra de Cintruénigo, vivía un agente de la Guardia Civil.

Fiscalía pide por este hecho, que no llegó a producirse por un fallo en el mecanismo eléctrico del artefacto, 38 años de cárcel por dos delitos de asesinato en grado de tentativa, más otros 14 años de prisión por un delito de estragos terroristas en grado de tentativa, de conformidad con el Código Penal de 1995, vigente en la fecha de comisión de los hechos.

En el escrito de acusación, el Ministerio Público relata que Guridi, que formaba parte del comando 'Totto' de ETA, junto con otros dos componentes del mismo y siguiendo las órdenes del responsable del mismo, colocaron el artefacto en la ventana que daba al salón comedor de la vivienda, en la primera planta, "con el objetivo de causar la muerte de un miembro de la Guardia Civil que residió en la misma en régimen de alquiler hasta el mes de marzo de 1996".

Los etarras desconocían que el agente se había trasladado a otra localidad, y que la casa estaba habitada en esa fecha por una persona adulta --que no era de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado-- y su hijo menor de edad.

En el escrito de calificación de Fiscalía se explica que el artefacto estaba en una fiambrera de plástico que colocaron dentro de la jardinera. Dentro de la maceta ubicaron también dos chapas metálicas, para que sirvieran de metralla al estallar, y 10,4 kilogramos de explosivo 'titadyne'.

El montaje, que camuflaron poniendo tierra en la parte superior y las plantas habituales de dicho macetero, disponía de un sistema de retardo por relojería que contaba con un reloj Casio a modo de interruptor.

UN FALLO EN EL CABLEADO

Pero la bomba no llegó a explotar debido a la interrupción del fluido eléctrico del circuito, ocasionado por la rotura de los hilos conductores del cableado. El artefacto fue hallado al año siguiente, en enero de 2001 y los especialistas del GEDEX de la Guardia Civil de Navarra lo desactivaron.

Dada la potencia del mismo, habría causado la muerte a cuantas personas se encontraran en la vivienda y hubiera ocasionado la destrucción tanto de la fachada lateral como posterior de la vivienda.

El acto fue reivindicado en diciembre de 2000 en un boletín interno de la organización terrorista (Zutabe) ETA y posteriormente mediante un comunicado en Gara en enero de 2001. También fue reivindicado en 2004 en la publicación de ETA denominada Zuzen.

Fiscalía recuerda además que Guridi ya ha sido condenado previamente por un delito de atentado y daños terroristas en 2000, por subversión del orden constitucional o alterar la paz pública en 2002, por estragos terroristas y detención ilegal en 2004, por delitos de atentado terrorista y estragos terroristas en 2004, por delito de colaboración con terroristas, falsedad documental con fines terroristas, robo de vehículo, detención ilegal y tenencia ilícita de armas en 2005, y por estragos y lesiones de carácter terrorista también en 2005.

Los otros miembros del comando 'Totto' así como su responsable en la organización no son juzgados en esta causa al estar pendiente la resolución de la orden europea de detención (OEDE) por las autoridades francesas.

Los positivos por COVID-19 detectados en Galicia han bajado en casi un centenar en la última jornada y se sitúa en los 597 diarios, que sin embargo es la segunda cifra más alta de toda la crisis sanitaria, por detrás de la de este sábado. A pesar del descenso en casi todas las áreas sanitarias, la de Ourense y, en menor medida, la de Pontevedra son las que han anotado ligeros repuntes.

Según la actualización de la web de la Consellería de Sanidade con datos recabados hasta las 18,00 horas del viernes, el área sanitaria de Ourense-Verín-O Barco ha detectado en 24 horas un total de 94 infecciones por coronavirus, 11 más que el día anterior. Así, aunque encadena varios días en los que ya no es el epicentro de la pandemia en Galicia, es la que más ha aumentado este domingo.

Por su parte, el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés también ha subido, pero solo en una, las PCR positivas diarias, hasta el total de 53. Esta cifra también la sitúa entre las que menos contagios nuevos ha contabilizado.

De este modo, en el resto del territorio gallego ha caído la incidencia de la pandemia, con el área de Vigo como epicentro, con 121 nuevas infecciones (-4 con respecto a un día antes); seguida de A Coruña-Cee, con 110 (-25); y de Santiago-Barbanza, con 103 (-15). También han descendido los casos de COVID-19 diarios en Lugo-A Mariña-Monforte, a 64 (-20), y en Ferrol, a 52 (-38).

En cuanto a las altas, en las últimas 24 horas se han curado 345 personas, lo que coloca el total desde el inicio de la pandemia en 25.315. Además, hasta el momento han fallecido 860 personas con coronavirus en la Comunidad gallega, tras añadirse al cómputo la última víctima notificada en la tarde del sábado.

Así, la cifra de casos activos --personas que todavía padecen la enfermedad-- está este domingo en el total de 6.431, un ascenso de 261 en un día. El área sanitaria que más pacientes concentra todavía es la de Ourense, con 1.299, pero es la única que desciende, en una veintena.

Siguen a esta la de Vigo, con 1.186 pacientes (+89); A Coruña-Cee, con 1.122 (+65); Santiago-Barbanza, con 1.089 (+42); Lugo-A Mariña Monforte, donde hay 651 casos activos (+35); Pontevedra-O Salnés, 639 (+17); y Ferrol, con 445 (+33).

PCR REALIZADAS

Asimismo, según los datos actualizados este domingo por Sanidade, hasta la fecha se han realizado en Galicia un total de 633.494 PCR, lo que refleja que en 24 horas se han hecho 8.490 pruebas, en el entorno de días pasados. De todas ellas, el 7,2% ha arrojado un resultado positivo, una cifra todavía por encima del 5% que marca la Organización Mundial de la Salud.

Todas las áreas sanitarias salvo la de Pontevedra (2,4%) sobrepasan este umbral, pero la de Ferrol sigue como la que más destaca, con una positividad del 12,6%. Tras esta, están Ourense (11,4%), Lugo (9,6%), A Coruña (7,7%), Santiago (7,3%) y Vigo (6,6%).

La Policía Local de Valencia ha levantado durante la primera noche de restricción de la movilidad nocturna un total de 83 actas por infringir el toque de queda y ha denunciado a tres locales. Además, agentes de la Unidad de Convivencia y Seguridad (UCOS) han detenido a cuatro personas.

Asimismo, la sala Cise del 092 ha recibido 24 reclamaciones por ruidos en domicilios que fueron atendidas por patrullas de la Unidad de Convivencia y Seguridad, ha informado la Concejalía de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València.

A partir de las 01.00 horas, momento en el que ha entrado en vigor el decreto aprobado por la Generalitat Valenciana, todas las patrullas operativas han circulado con prioritarios y paneles indicadores en los que han informado del inicio del toque de queda.

Así, se han establecido controles en diferentes emplazamientos. En concreto, en el situado en el puente de l'Assut d'Or, los agentes ha controlado a 18 vehículos y ha levantado siete actas.

El concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, ha destacado que la primera noche "ha sido francamente tranquila" y "la ciudadanía ha demostrado una vez más un comportamiento ejemplar y responsable que será decisivo durante las próximas semanas para frenar la propagación de la pandemia".

Cano ha remarcado la necesidad de "reducir la movilidad" y ha señalado que "es casi obligatorio reducir al mínimo nuestras relaciones sociales, porque, si no somos capaces, pasaremos a una fase con muchas más restricciones, mucho más complicada y eso es algo que no queremos".

El edil ha indicado que el aumento de contagios de Covid-19 "tiene que ver con un modelo de comportamiento", por lo que ha alertado de que "si desplazamos esos comportamientos a otras horas del día no estaremos avanzando nada".

El concejal de Protección Ciudadana ha apelado a la "responsabilidad individual": "Es fundamental porque nos estamos jugando mucho en la lucha contra la pandemia, no solo la presión hospitalaria sino la presión sobre nuestro futuro".

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a declarar este viernes en calidad de investigado al exgerente de la extinta Convèrgencia Democrática de Cataluña (CDC) Germà Gordó por el presunto blanqueo de capitales en pequeñas cantidades del partido que se investiga dentro del caso conocido como '3 por ciento'.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha dictado un auto en el que acuerda atribuir la condición investigado en esta pieza separada al que fuera gerente de CDC después de que el extesorero del partido Daniel Osàcar asegurara que el sistema de blanqueo en pequeñas cantidades, conocido como 'pitufeo', lo controlaba Gordó.

Así, acepta la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción, que considera que la declaración de Osàcar puso de manifiesto que "el sistema de afloramiento de dinero en efectivo", que ya se había descrito en anteriores informes de la Fiscalía en esta pieza separada, "fue ideado por Germà Gordó".

Para conocer su versión de los hechos, el juez le ha citado el próximo 30 de octubre, a las 10.00 horas, para que comparezca por videoconferencia desde los juzgados de Barcelona. Para el lunes 26 de octubre está previsto que declare, también como investigado, el extesorero de CDC Andreu Viloca, cuya comparecencia tuvo que ser aplazada el pasado 16 de octubre porque su abogado se encontraba confinado.

En la resolución, con fecha del pasado 23 de octubre, el juez explica que en esta causa se investiga la presunta estructura puesta en marcha y las distintas vías ilegales de "allegamiento de recursos". Una primera vía serían los pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de fundaciones vinculadas a CDC, CATDEM y Fundació Forum Barcelona.

La segunda forma, sería mediante la recepción de grandes cantidades de dinero en efectivo y, por último, mediante la triangulación con empresas que asumían pagos directos a terceras personas por servicios prestados al partido.

"Algunas de estas vías de acceso no fueron sino la evolución sofisticada de otras anteriores más elementales, pasándose de modo paulatino de un sistema basado en mayor medida en la entrega de cantidades en metálico a un sistema más complejo, en el que se beneficiaba ilícitamente a CDC mediante el abono directo de facturas por parte de determinadas empresas a terceros, por servicios prestados a CDC y no desde luego a estas empresas pagadoras", indica el magistrado.

Añade el auto que mediante esos manejos CDC generaba y poseía cantidades de dinero en efectivo, no declarado, procedente de empresas que buscaban, al entregarlas, ser beneficiadas en la contratación pública o congraciarse con los jerarcas del partido.

EL 'PITUFEO' CON SUPUESTOS DONANTES

Dado que esas cantidades de dinero debían aflorar de alguna manera, señala de la Mata que los directivos del partido buscaron la colaboración de personas próximas a CDC, y pusieron en marcha una operativa de blanqueo de capitales mediante un clásico sistema de 'pitufeo' que, aplicado al caso, consistiría en que cada una estas personas ingresaba en la cuenta del partido político CDC una cantidad de dinero equivalente a la que previa o posteriormente el propio partido le entregaba al, en principio, supuesto donante voluntario, con conocimiento de su origen ilícito.

"Una conducta como la descrita, de quedar acreditada, tiene sin duda relevancia penal, en cuanto los supuestos 'donantes' realizan esta actividad exactamente para ocultar el verdadero origen del dinero ingresado en la cuenta del partido", concluye el instructor.

En su escrito, De la Mata destaca también que, tal y como indica el fiscal, en las declaraciones de las personas investigadas se ha expuesto de manera coincidente que las donaciones se realizaron a solicitud tanto de Osàcar como de Viloca, quienes ostentaban la condición de tesoreros de CDC.

Para el juez, el avance de la instrucción ha permitido establecer que las donaciones podían ser actos de afloramiento de dinero que les había sido entregado por CDC, procedente del delito. Entre los elementos que lo sustentan, expone que las cantidades tenían una "sorprendente homogeneidad", de 3.000 euros, que las fechas en que se producen son próximas, que las cantidades no eran cuotas de afiliados, que tampoco eran pagos por aportaciones al partido realizadas por sus cargos electos con cargo a sus salarios públicos o que tampoco se correspondían con una campaña de donaciones que hubiera llevado a cabo CDC, solicitando un esfuerzo extra a sus militantes.

OSÀCAR, DECLARACIÓN CLAVE

El instructor apunta que a todo esto se añade la declaración de Osàcar, quien efectivamente confirma que "la operativa descrita correspondía a una operativa diseñada con la finalidad de lavar dinero generado por CDC de forma ilícita".

De esta forma, gracias a las donaciones conseguidas, lograban "cuadrar los déficits presupuestarios que cada año se generaban por la diferencia existente entre los ingresos previstos con los realmente generados por el partido".

"Afirma en su declaración que la persona que directa y personalmente ideó esta operativa, la planeó y dirigió su implementación fue el entonces Gerente del Partido, Gordó Aurabell", añade el juez.

Explica además el magistrado que Osàcar contó que con este afán, Gordó identificó cada año (al menos 2008 y 2010), una lista de potenciales "donantes" de entre miembros y simpatizantes de CDC, y le encomendó que les llamara personalmente, proponiéndoles que efectuaran una donación de tres mil euros al partido CDC mediante cheque bancario nominativo, a cambio de recibir la misma cantidad en dinero en efectivo de procedencia ilícita, que les entregaría en mano el propio Osàcar.

Para llevar a cabo la maniobra se facilitó a Osàcar, por una persona del Departamento de Contabilidad y Finanzas de CDC, que no ha sido por el momento identificada, una cantidad en efectivo equivalente aproximadamente a tres mil euros por cada una de las personas incluidas en la lista.

Una vez recibida esta cantidad, el gerente procedió conforme a lo ordenado por Gordó a las personas incluidas en la lista, recibió los cheques nominativos por importe de tres mil euros de aquellas que aceptaron participar en la operativa, y les entregó a cambio, a cada una, tres mil euros en efectivo.

Se extendieron y firmaron recibos por la entrega del cheque nominativo y no se hizo lo mismo con la entrega de la cantidad en metálico, que no se documentó en forma alguna. Seguidamente, Osàcar entregó personalmente y en mano la cantidad sobrante a Gordó, según el auto.

El Pleno del Congreso tiene previsto aprobar el jueves la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia con la que se eliminarán los aforamientos políticos en esta comunidad, un texto que será remitido al Senado sin haber sufrido ningún cambio a su paso por el Congreso.

Tras arribar al Congreso, en septiembre de 2017, la reforma murciana quedó 'congelada' durante año y medio, y luego las sucesivas convocatorias electorales la fueron aparcando. El Pleno aceptó tramitarla, por tercera vez, el pasado mes de febrero, y los partidos pudieron enmendarla el pasado mes abril.

En septiembre, con el arranque del nuevo curso parlamentario, se reactivó su tramitación al convocarse la ponencia y el pasado martes fue aprobada por la Comisión Constitucional que preside el socialista Patxi López.

La supresión de los aforamientos políticos, recogidos en la Constitución de 1978 y en numerosos estatutos autonómicos, ha sido bandera de Ciudadanos en las Cortes Generales y en los parlamentos regionales. También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció un acuerdo global a la oposición, pero no se llegó a dar ningún paso.

En el caso de los diputados autonómicos, es cada comunidad la que debe tomar la iniciativa y varias ya lo hicieron: Canarias, Murcia, Cantabria y Baleares reformaron sus Estatutos de Autonomía y los enviaron al Congreso para su aprobación, pero sólo la primera superó todos los tramites y tiene la reforma ya en vigor. La de Cantabria empezó su andadura parlamentaria en septiembre.

SÓLO LA ENMENDÓ Cs

El único grupo que enmendó la reforma murciana fue Ciudadanos, en su día promotor de la iniciativa regional. Lo hizo para corregirla con el objetivo de garantizar que, una vez desposeídos del fuero, los miembros del gobierno y de la Asamblea Regional no puedan ser detenidos como consecuencia de cualquier denuncia.

El texto que envió la Asamblea de Murcia, de un único artículo, suprime las referencias al aforamiento de los miembros del Gobierno regional y de los parlamentarios autonómicos, equiparándoles al común de los murcianos.

Ciudadanos, que comparte Gobierno con el PP en esta comunidad, planteaba modular esa pérdida del fuero y asegurar que los consejeros y los parlamentarios regionales no queden completamente desprotegidos de un día para otro.

En concreto, proponía introducir dos párrafos para dejar claro que tanto los diputados autonómicos, como el presidente y los consejeros regionales, "no podrán ser detenidos ni retenidos por los presuntos actos delictivos cometidos sino en caso de flagrante delito, en tanto decide el juzgado o tribunal ordinario, competente y predeterminado por la ley, sobre su inculpación, prisión, procesamiento o juicio".

Aunque la enmienda fue rechazada tanto en la fase de ponencia como de la comisión, Ciudadanos ha decidido mantenerla viva para que se discuta de nuevo el jueves en el Pleno. En la Comisión sólo recabó el apoyo del PP.

El PSOE y Unidas Podemos rechazan corregir el texto en ese sentido, alegando que hay que respetar la iniciativa aprobada por unanimidad en la Cámara murciana. Vox dijo estar de acuerdo con la enmienda pero finalmente se abstuvo junto con ERC, Junts, PNV y Bildu.

Y lo mismo se prevé que suceda en el Pleno donde la reformará sí será avalada por PSOE, Unidas Podemos, PP y Ciudadanos para su remisión al Senado, donde continuará su tramitación.

La Guardia Civil, en el marco de la operación denominada 'Jarto', ha desarticulado una organización delictiva encargada de la preparación y montaje, así como del almacenamiento y botadura de embarcaciones de alta velocidad en un narco-embarcadero, las cuales eran utilizadas para transportar grandes cantidades de hachís que posteriormente son alijadas en las costas españolas.

En concreto, botaban embarcaciones de alta velocidad a través de un varadero seco ubicado en una playa de la Comarca malagueña de la Axarquía, han informado desde la Guardia Civil en un comunicado. En total, han sido detenidas 15 personas y se ha investigado a otras 19 por los supuestos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y contrabando de géneros prohibidos.

Durante el horario de cierre, la organización presuntamente aprovechaba las instalaciones y los recursos humanos y materiales de la misma para usarla como narco-embarcadero, siendo utilizada por varias organizaciones del Campo de Gibraltar y Málaga dedicadas al tráfico de drogas para introducir grandes cantidades de hachís en nuestro país procedentes de Marruecos.

La investigación se inició en septiembre de 2019 cuando los agentes tuvieron conocimiento de la presencia de varias personas que permanecían en un varadero permanente situado en una playa ubicada en la costa oriental de la provincia de Málaga durante horas nocturnas. Por ello, establecieron un dispositivo policial encaminado a descubrir posibles ilícitos relacionados con el tráfico de drogas.

A pesar de que la red extremaba la vigilancia de las instalaciones y alrededores de la misma al objeto de no ser descubiertos por los efectivos policiales, los investigadores pudieron determinar la actividad ilegal que allí se estaba realizando.

La orgánica de este grupo consistía en transportar en el interior de un camión de gran tonelaje una embarcación semirrigida de alta velocidad. Cuando los miembros que vigilaban la instalación y los alrededores detectaban que no había presencia policial en la zona, el camión entraba en el embarcadero donde descargaban la embarcación y la introducían en el mar para posteriormente dirigirse a Marruecos para cargar la droga.

Los investigadores detectaron varias células que trabajaban independientemente aunque coordinadas para lograr las botaduras de las embarcaciones de diferentes organizaciones.

Se han practicado nueve registros en las provincias de Málaga, Córdoba y Sevilla, en los que se ha incautado ocho embarcaciones de alta velocidad, valoradas en más de 1.500.000 euros; varios vehículos de alta gama, 600.000 euros en metálico, más de 10.000 litros de gasolina para el repostaje de las embarcaciones, maquinaria pesada y camiones utilizados para el transporte y posterior botadura de las embarcaciones y diez motores de embarcaciones de gran cilindrada.

La operación ha sido desarrollada por agentes pertenecientes a las Comandancias de la Guardia Civil de Málaga y de Pontevedra, además del OCON-SUR, siendo apoyados por agentes del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil (GAR).

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) más críticos con la reforma impulsada por el Gobierno para rebajar las mayoría parlamentaria necesaria para renovar este órgano no tienen previsto, por el momento, retirar la petición de celebración de un Pleno extraordinario fijado para el próximo miércoles, en el que se espera que el órgano de gobierno de los jueces elabore una respuesta institucional crítica con el proyecto legislativo.

Desde que siete vocales solicitaron esta reunión extraordinaria se han producido acontecimientos destacados en torno a la reforma, el más importante el anuncio de paralización de los trámites parlamentarios anunciado este jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en pleno debate de moción de censura en el Congreso, como gesto al PP para que pueda llegarse a un acuerdo de renovación de una institución que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018.

Por su parte, el PP ya ha señalado que mantiene su postura inicial sobre este asunto que pasa, según señaló el secretario general del partido, Teodoro García Egea, por excluir" a Podemos de las negociaciones de renovación, avanzar en la despolitización de la Justicia y retirar la reforma 'exprés'.

La reforma ha sido presentada como proposición de ley, lo que evita los informes preceptivos del CGPJ, el Consejo de Estado y el Consejo de Fiscal que deberían emitirse en caso de un Anteproyecto de Ley.

Además, y desde que se convocó el Pleno del día 28 -retrasado una semana frente a las fechas inicialmente fijadas para su celebración, tanto la UE como el Consejo de Europa, a través de su Grupo de Estado contra la Corrupción (GRECO), han mostrado su inquietud al Gobierno por el tenor de la reforma y han pedido información al respecto.

El escrito que obligó a la convocatoria de este pleno extraordinario en el CGPJ lo suscribieron siete vocales designados a propuesta del PP, que son José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Nuria Díaz Abad, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández., Juan Martínez Moya y María Ángeles Carmona; si bien otros miembros del Consejo también creen necesario responder de algún modo a los planes del Gobierno, según fuentes de este órgano consultadas por Europa Press.

La reforma ha causado una fuerte respuesta tanto en la oposición como en el ámbito judicial, ya que todas las asociaciones excepto Jueces para la Democracia y también en ámbitos de la cúpula judicial -con manifestaciones formales de tres tribunales superiores de justicia- se ha calificado incluso de inconstitucional el intento de acabar con la mayoría reforzada para designar a los vocales del CGPJ.

Por su parte, el PP ha presentado su propio proyecto de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que propone que los doce vocales del Consejo de origen judicial sean nombrados por los propios jueces.

La Policía Nacional ha detenido en Almería a dos varones de nacionalidad argelina a los que le atribuyen la comisión un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por gobernar una embarcación rígida con diez personas desde las costas de Argelia hasta la playa del Hotel Indalo de Mojácar, en dónde fueron arrestados una vez desembarcaron, hechos por los que los detenidos, que cuentan con detenciones anteriores en España, han ingresado en prisión por orden judicial, acusados de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Según relata el Cuerpo Nacional de Policía en una nota de prensa, las investigaciones desarrolladas con el apoyo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), han permitido conocer respecto a la búsqueda de organizaciones criminales que introducen en España extranjeros de forma ilegal que el 18 de octubre arribó a la playa del Hotel Indalo de Mojácar una embarcación rígida de seis metros de eslora y 1,8 de manga, en la que viajaban diez migrantes.

Tras comprobar el estado de salud de todos los ocupantes, los agentes de la Policía Nacional comenzaron con los trámites administrativos recogidos en la Ley de Extranjería para estas personas llegadas en patera.

La información que manejaban los agentes, y el resultado de las pesquisas policiales, conllevaron a la detención de SB de 28 años como uno de los responsables en la organización previa del transporte marítimo y, posteriormente, el único encargado de los sistemas de navegación y orientación de la embarcación.

La Policía deduce que este, durante los días anteriores a la realización de la travesía, se encargó de reclutar a un contingente de personas que estuviesen dispuestas a embarcarse, y a quienes les exigió el pago previo de una cantidad en dinares equivalente a 1.400 euros, en concepto de reserva de plaza.

Los pasajeros, mientras no se producía la travesía, se hospedaban en su casa de Arzew en Argelia, la cual servía también de depósito y almacenaje de bidones de combustible, que posteriormente utilizarían durante el viaje.

Concertado el día de partida, el detenido cobró la otra mitad acordada (1.400) a cada uno de los ocupantes y los dispuso estratégicamente en el bote en función de su peso y altura.

El segundo de los arrestados es otro varón también de origen argelino, de 26 años, y que responde a las iniciales de K.T.C. Este ayudó repostando el motor de la patera para que no dejase de funcionar durante las 20 horas que duró la travesía. El estado de la mar, y una mala interpretación de los sistemas de posicionamiento, provocaron la demora del viaje.

Los detenidos, que cuentan con detenciones anteriores en España, han ingresado en prisión por orden judicial, acusados de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Unidas Podemos pedirá en el Congreso la adopción de una serie de medidas para prevenir la propagación de mensajes de odio en las redes sociales, facilitando la vigilancia y la eliminación inmediata, mientras que Vox planteará la urgencia de prohibir los homenajes a etarras que siguen teniendo lugar en País Vasco y Navarra. Son dos de las proposiciones no de ley que se debatirán y votarán este lunes en la Comisión de Interior.

Podemos y sus confluencias decidieron presentar su iniciativa tras comprobar que la irrupción del Covid ha generado "una creciente polarización" en la opinión pública que, organizada por diferentes grupos de opinión, utiliza las redes sociales, portales digitales u otras plataformas virtuales para señalar a determinados individuos o a grupos específicos como los causantes y responsables de la crisis sanitaria.

Sostienen que el dolor colectivo derivado del coronavirus se ha estado "instrumentalizando con fines ideológicos" lo que ha puesto en riesgo la seguridad física y la integridad moral de quienes han sido objetivo de estos "linchamientos" digitales.

Así las cosas, Unidas Podemos quiere que España siga el ejemplo de Alemania y Francia, donde ya tienen leyes que vigilan y eliminan los discursos de odio que circulan en el espacio digital, y adopte las medidas necesarias en este sentido.

24 HORAS PARA RETIRARLOS DE LA RED

En concreto, el grupo confederal insta al Gobierno a garantizar que los usuarios de las empresas tecnológicas dispongan de la información necesaria sobre cómo denunciar los contenidos que inciten al odio.

Singularmente plantean que se simplifiquen los mecanismos para denunciar este tipo de mensajes de odio o de violencia, que se reduzca el tiempo de procesamiento de esos contenidos y que los operadores de las empresas dispongan de 24 horas para eliminarlos de la red y de solo una cuando las víctimas sean menores.

Por último, y para aumentar la cooperación entre las empresas tecnológicas con las autoridades fiscales y policiales, sugieren la obligatoriedad de que los operadores almacenen temporalmente el contenido de incitación al odio denunciado y de ponerlo a disposición de la autoridad judicial.

De su lado, Vox someterá a discusión de la Comisión de Interior una iniciativa con la que insisten en la necesidad de que el Gobierno prohíba los actos que entrañen un enaltecimiento del terrorismo y/o justificación de los delitos terroristas y sus autores, así como de los que conlleven "descrédito" y "humillación" a las víctimas del terrorismo y sus familiares.

LOS ACTOS PROETARRAS SIGUEN SIENDO "NUMEROSOS"

Pese al cese definitivo de sus acciones terroristas hace ahora nueve años, los de Santiago Abascal subrayan que los homenajes y reconocimientos públicos a los miembros de ETA son "numerosos" todavía en País Vasco y Navarra, "sin que exista un régimen legal" que regule las sanciones e infracciones a quienes promueven este tipo de actos.

Por ello, y porque el compromiso de la sociedad y de las instituciones públicas con las víctimas del terrorismo ha de ser "inquebrantable", Vox pide al Gobierno que inste a sus delegados de gobierno en esas comunidades a llevar a cabo las actuaciones necesarias para impedir la celebración de este tipo de actos proetarras.

En este sentido, reclama al Ejecutivo que promueva la modificación de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo para incluir un régimen sancionador para quienes incumplan esta norma, y que atienda de "inmediato" las Recomendaciones del Informe sobre las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial de Terrorismo del Parlamento Europeo de 21 de noviembre de 2018.

El Tribunal de Cuentas presentará este martes en el Congreso el informe que certificó que tres de cada cuatro envíos del Ministerio del Interior para sufragar los gastos que afrontan los votantes que viven en el extranjero no llegan a su destino, sin que sepa dónde han ido a parar. La institución que preside María José de la Fuente ya ha aconsejado modificar el vigente sistema de compensaciones a los electores del exterior.

La ley establece que se devolverá a los electores residentes en el extranjero "el importe del franqueo, redondeado, en su caso, por exceso, hasta una unidad monetaria más de la divisa en que se abone" en un plazo no superior a los cien días a contar desde la celebración de los comicios.

Pero el colectivo Marea Granate viene denunciando, convocatoria tras convocatoria, que los electores del exterior no sólo tienen que desembolsar "cantidades importantes" para realizar los envíos de su voto sino que, además, suelen recibir una cuantía "notablemente inferior" a lo desembolsado.

¿VOTO GRATUITO?

En la práctica, y pese a que la ley establece que el voto debe ser gratuito, los votantes residentes en extranjero acaban pagando por ejercer un derecho. "Éste es un gravísimo factor de desmotivación y abstención que debe ser atajado con urgencia", señala Marea Granate en el informe que entregó al Defensor del Pueblo para que pida reformas al Ejecutivo.

En el informe que se presenta este martes, en el que se examinan los gastos del Ministerio del Interior en la gestión y desarrollo de procesos electorales 2015-2017, el Tribunal de Cuentas certifica las denuncias de los representantes del colectivo emigrado: "Aproximadamente el 73% de los giros postales enviados para reintegrar estas cantidades no son recibidas por los votantes, por causas no imputables al Ministerio del Interior", constata.

En el texto, recogido por Europa Press, el tribunal que preside María José de la Fuente concluye que "este sistema de devolución de reintegro ocasiona unos gastos al Ministerio que resultan ineficaces por no conseguir el objetivo que se pretende".

CORREOS RECUERDA QUE NO ES COSA SUYA

En sus alegaciones, la sociedad pública Correos señaló al Tribunal de Cuentas que "la gestión del reintegro para hacer efectiva la gratuidad del voto de estos electores en el exterior ya no corresponde a Correos y así lo entendió la Junta Electoral Central (JEC)".

En ese contexto, la institución fiscalizadora ha recomendado al Gobierno "la implantación de un sistema más eficiente para la devolución de los gastos de franqueo a los electores españoles residentes en el extranjero (voto CERA y ERTA), que garantice la recepción del reíntegro por el votante y una mayor economía.

La Universidad de Granada ha confirmado que se mantiene la suspensión de las clases presenciales tras la prórroga de las medidas temporales adoptadas por la Junta de Andalucía para la contención de los contagios de coronavirus en los centros docentes universitarios y en los colegios mayores y residencias universitarias de la capital y que estará en vigor desde este domingo y hasta el 7 de noviembre.

En un comunicado emitido este domingo, la Universidad de Granada ha reiterado que sus espacios siguen siendo "seguros, en los que se respetan con rigor todas las normas establecidas por las autoridades sanitarias".

Agradece "el esfuerzo humano y material que están realizando los responsables de los centros, el personal docente e investigador, de administración y servicios y el estudiantado, para afrontar esta nueva situación con la solvencia que corresponde a una institución de la talla de la Universidad de Granada".

En cuanto a las medidas que viene aplicando la Universidad ante las restricciones de la Junta se encuentran las suspensión de la impartición de clases presenciales en los títulos de Grado, Máster Universitario, Títulos Propios y Formación Permanente, que serán sustituidas, en su caso, por clases on line en el horario establecido.

Se mantiene la presencialidad de las prácticas experimentales y de laboratorio, las asignaturas de Practicum o Prácticas Externas, las prácticas de campo, las prácticas clínicas en centros del Sistema Sanitario Público Andaluz y, en general, todas aquellas prácticas, seminarios y talleres considerados insustituibles y no prorrogables.

Asimismo, se mantienen las tutorías y la atención al estudiantado, que se realizarán por medios telemáticos en el horario establecido para ello, al tiempo que se reanudan las pruebas de evaluación continua programadas durante el periodo en el que estará en vigor la mencionada prórroga de la forma en las que estuvieran previstas.

Las pruebas de evaluación correspondientes a la convocatoria especial por finalización de estudios (noviembre) se celebrarán con carácter presencial según el calendario previsto por los centros. Asimismo, las pruebas correspondientes a la acreditación lingüística programadas para este periodo se celebrarán con carácter presencial.

Se mantienen los actos institucionales y académicos (lectura de Tesis Doctorales, concursos de acceso a cuerpos docentes, defensa de TFG/TFM, etc.) programados para el periodo durante el que estará en vigor la mencionada prórroga. Las actividades de extensión universitaria y las deportivas se desarrollarán de acuerdo a las condiciones establecidas en la normativa general vigente aplicable a dichas actividades.

Se prorroga la suspensión de los siguientes servicios universitarios: Biblioteca General y bibliotecas de los centros (a excepción del servicio de préstamo de libros con cita previa), Salas de Estudio y Comedores Universitarios (a excepción del servicio de comida para llevar para los estudiantes becarios).

La actividad investigadora se seguirá desarrollando con normalidad, incluido el acceso a las bibliotecas con cita previa.Las actividades desarrolladas por el Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Granada no se verán afectadas por la entrada en vigor de esta orden.

En cuanto al personal afectado por las restricciones de movilidad en municipios de la provincia, podrá descargarse el certificado que acredite su pertenencia a la Universidad de Granada, mientras que los alumnos justificará su desplazamiento acreditando su condición de estudiante de la Universidad con el resguardo oficial de matrícula en el curso académico 2020/2021, que tiene disponible a través de Acceso Identificado.