Dos semanas después de la celebración del I Congreso Internacional de Vivienda y Ciudad, la Cátedra Barcelona d’Estudis d’Habitatge (CBEH) presenta el decálogo de conclusiones y propuestas para hacer frente al problema de la vivienda. El documento nace de las reflexiones del congreso, pero también de toda la acción desarrollada por la Cátedra durante los últimos tres años.
Según explicó, es fruto del estudio transdisciplinar e internacional de la materia, y formula diez propuestas con vocación transformadora, fundamentadas en la evidencia y orientadas a la aplicación real.
Las propuestas se han diseñado con la voluntad de contribuir desde el conocimiento riguroso y aplicado, elaboradas con vocación de servicio público y desde el espíritu de la autonomía universitaria. Con el compromiso de nutrir el debate social, técnico y de políticas públicas con propuestas viables y basadas en la abundante evidencia acumulada a lo largo de los años.
En este sentido, la dirección de la Cátedra ha compartido este decálogo, así como el documento que lo fundamenta con entidades del sector y con responsables políticos. Es el caso de la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda en la Unión Europea del Parlamento Europeo, que solicitó reunirse con la Cátedra en el marco de su visita a la ciudad a finales de mayo. En los próximos días, el decálogo se presentará también a los patronos de la Cátedra — Generalitat de Catalunya y Ajuntament de Barcelona— así como instituciones y agentes del sector. El objetivo de la Cátedra es que sus investigaciones, conclusiones y propuestas concretas se traduzcan en políticas públicas específicas que mejoren la situación habitacional.
El decálogo propone medidas para hacer efectivo el derecho a la vivienda como pilar del Estado social. Defiende reforzar la función social de la propiedad, garantizando un retorno económico justo, y afirma que el uso residencial estable debe prevalecer sobre la rentabilidad financiera. También plantea mejorar la calidad regulatoria y establecer una duración indefinida para la calificación de las viviendas de protección oficial.
Además, plantea incrementar el liderazgo de la Unión Europea en materia de vivienda, justificando la existencia de competencias en el Derecho de la UE que permiten su intervención; fomentar la innovación aplicada —como el uso de aportaciones conductuales, por ejemplo los nudges ya utilizados en otros países europeos en el ámbito de la vivienda vacía, con el fin de evitar, entre otros, las ocupaciones sin título legítimo—, así como avanzar hacia un urbanismo más inclusivo y sostenible.
También aborda la necesidad de una financiación estable, de una fiscalidad justa alineada con el interés general, y de un impulso decidido a la colaboración público-privada con finalidad social. El texto defiende una gobernanza cooperativa entre administraciones y una gestión pública moderna, digital y transparente, que haga efectivo el derecho de la ciudadanía a una buena administración, al mismo tiempo que reivindica la vivienda como una política clave para la salud, el bienestar y la justicia urbana.
NUEVO MARCO NORMATIVO
El documento parte de la necesidad de hacer efectivo el derecho a la vivienda, que ya ha sido reconocido por el Tribunal de Justicia de la UE y, recientemente, por el Tribunal Constitucional español, incorporando normativamente obligaciones de resultado concretas para la ciudadanía. Esto exige evitar regulaciones de baja calidad y mejorar el marco normativo existente, reforzando así la seguridad jurídica, un elemento crucial para el desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social y ambiental.
En este sentido, se propone restablecer un mandato legislativo claro para que el gobierno catalán simplifique y armonice la caótica normativa vigente. Asimismo, se reclaman medidas frente a la concentración de la propiedad con fines especulativos, con el fin de favorecer un acceso asequible a la vivienda.
SERVICIO PÚBLICO
La Cátedra reclama un liderazgo claro por parte de las instituciones públicas, empezando por la Unión Europea, y evitar una posible “parálisis por análisis”, es decir, acumular datos sin desarrollar políticas públicas eficaces y decididas, así como evitar mensajes poco realistas y declaraciones vacías.
Un objetivo que puede alcanzarse mediante un pacto político mínimo sobre vivienda o, al menos, mediante un incremento de la colaboración y la cooperación administrativa: más financiación pública, una mejor articulación entre los distintos niveles de poder y una apuesta decidida por la innovación y la colaboración público-privada.
Indica que es necesario reforzar el papel de los ayuntamientos dotándolos de competencias claras y de recursos técnicos y económicos suficientes, atendiendo a las diferencias de tamaño y capacidad de los municipios. Asimismo, se propone establecer una gobernanza multinivel basada en la cooperación también con niveles supralocales inferiores al autonómico. La Cátedra pide evitar el conflicto competencial permanente entre el Estado y las Comunidades Autónomas, dada la existencia de una doctrina clara del Tribunal Constitucional en materia de vivienda.
También se plantea que las administraciones gestionen la vivienda de forma más eficaz y eficiente, con compromisos claros en cuanto a estándares de calidad del servicio público de vivienda, y con mayor transparencia, haciendo uso de herramientas digitales e inteligencia artificial para agilizar los trámites administrativos.
FINANCIACIÓN Y FISCALIDAD
Hacer efectivo el derecho a la vivienda pasa por superar el infrafinanciamiento histórico y alcanzar la media de inversión europea del 0,6 % del PIB. Actualmente, la inversión a nivel estatal se sitúa en torno al 0,14 % del PIB (34 euros por habitante, frente a los 160 euros anuales de media en la UE). En el caso concreto de Cataluña, la inversión ronda el 0,08 % del PIB, mientras que en otras comunidades como Euskadi, se sitúa en torno al 0,50 %.
En este sentido, la CBEH aboga por establecer líneas de financiación estables y plurianuales, así como fondos específicos para promoción, rehabilitación y gestión. En el ámbito fiscal, se reclama una política coherente con la función social de la propiedad, con incentivos y penalizaciones orientadas a garantizar el acceso al uso residencial. En esta línea, se propone la aplicación del IVA correspondiente a actividades económicas para viviendas de uso turístico.
La colaboración público-privada y con el tercer sector se contempla como deseable y necesaria, siempre que se garantice el liderazgo público y criterios de equidad, transparencia y permanencia en la asequibilidad del parque público. Se proponen fórmulas como el derecho de superficie (con un tratamiento fiscal adecuado que actualmente no se da) o sociedades mixtas de capital público-privado. Fórmulas que deben estar reguladas, con un liderazgo institucional claro y mecanismos de rendición de cuentas.
La Cátedra sitúa la vivienda en el centro de una visión integral de la ciudad, en la que se vinculan, por ejemplo, vivienda, planificación urbana, seguridad, salud, servicios, equidad y cohesión social. Por ello, propone integrar la perspectiva del urbanismo y la vivienda para evitar procesos de gentrificación, segregación y turistificación que rompan el equilibrio territorial. Esto incluye la reserva de vivienda protegida en todo tipo de suelo, la regulación de los usos turísticos y del alquiler temporal, con una normativa adecuada.
Finalmente, el decálogo concluye que las condiciones residenciales afectan directamente a cuestiones como la salud, la seguridad o la calidad de vida. Por ello, es necesario promover modelos de convivencia mixta adaptados a las necesidades de las personas, como la vivienda compartida, especialmente para jóvenes, familias monoparentales o personas mayores. Dichos modelos generaran entornos urbanos más cohesionados, resilientes e inclusivos.
Con este documento, la Cátedra Barcelona de Estudios de Vivienda reafirma su compromiso como espacio de referencia en la generación de conocimiento útil para mejorar la acción pública y la colaboración con el sector privado y el tercer sector. Explica que el decálogo es una invitación a actuar, a regular y a planificar la vivienda en ciudades y pueblos ante la crisis de la vivienda que nuestras ciudades enfrentan desde hace décadas.
