El líder de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, ha asegurado que mientras el PNV participa en la política española para «mendigar» y para «sostener el régimen en beneficio de unos pocos», la coalición soberanista «va a Madrid a tumbar definitivamente ese régimen en beneficio de las mayorías y de los pueblos».

Por su parte, la parlamentaria del PNV Itxaso Berrojalbiz ha reprochado a EH Bildu que ponga «zancadillas» a la aprobación de las cuentas vascas mientras «no tiene problema» en apoyar unos Presupuestos Generales del Estado que «aumentan» el dinero destinado a la Casa Real.

Este intercambio de reproches se ha producido en el transcurso del pleno que celebra este jueves la Cámara vasca, en el que Rodríguez y Berrojalbiz se han referido al anuncio efectuado este pasado miércoles por la coalición soberanista sobre su posible apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.

La Cámara debatía, en ese momento, una iniciativa acordada por Podemos-IU y por la propia EH Bildu, que planteaba la necesidad de acometer una «profunda» reforma fiscal y de aprobar unas cuentas vascas «expansivas».

El texto de ambas formaciones ha sido rechazado y, en el turno de intervención de Rodríguez, este ha reprochado al PNV que pese a los acuerdos a los que han llegado los ‘jeltzales’ a lo largo de los años con los sucesivos gobiernos del Estado, el Estatuto de Autonomía de Euskadi «permanece incumplido».

Además, ha asegurado que EH Bildu no tiene ninguna intención de «imitar» al PNV a la hora de intervenir en la política española. No te equivoques; vosotros vais a Madrid a mendigar ‘vacaciones fiscales’; y nosotros, a arrancar derechos sociales y laborales», ha advertido a Berrojalbiz.

Rodríguez ha acusado a los ‘jeltzales’ de haberse pasado «décadas» participando en la política española, a través del Congreso de los Diputados, «para sostener el régimen en beneficio de unos poquitos de los vuestros». Por el contrario, ha asegurado que EH Bildu «va a Madrid a tumbar definitivamente ese régimen en beneficio de las mayorías y de los pueblos».

Por su parte, Berrojalbiz ha reprochado a EH Bildu las «zancadillas» que ha puesto en los últimos años a la aprobación de los presupuestos vascos. La parlamentaria del PNV ha contrastado esta actitud con la que la coalición mantiene ante los PGE.

En respuesta a las críticas de Rodríguez a la posición del PNV en materia de defensa del autogobierno y de los derechos sociales y económicos de los ciudadanos, Berrojalbiz ha acusado al parlamentario de EH Bildu de no tener «vergüenza». La ‘jeltzale’ ha denunciado que Rodríguez realice este tipo de afirmaciones cuando EH Bildu ha anunciado el voto «favorable» a los presupuestos estatales «sin todavía ver los números» de los mismos.

«¿QUÉ HAY DETRÁS DE ESE VOTO?»

¿»Qué hay detrás de ese voto? ¿Qué habéis conseguido vosotros? Por lo que veo, no creo que lo que habéis conseguido sea en beneficio de toda la sociedad vasca, aunque espero que sí lo sea», ha manifestado Berrojalbiz.

La ‘jeltzale’ ha reclamado a EH Bildu que mantenga una cierta «honestidad intelectual», y ha cuestionado que la coalición argumente su rechazo a apoyar las cuentas vascas en los últimos años por el hecho de que tiene un «modelo distinto» al del Gobierno Vasco. La parlamentaria del PNV ha dado por hecho que EH Bildu tampoco estará «de acuerdo» con todo lo que se recoge en los PGE que está dispuesta a apoyar.

De esa forma, ha destacado que las cuentas del Estado incluyen un «aumento» de la partida destinada a la Casa Real, así como la asignación necesaria «para mantener a la Guardia Civil» en Euskadi y para financiar la Delegación del Gobierno en el País Vasco. «Ese es un modelo distinto que no tenéis problema en aceptar», ha manifestado.

En todo caso, ha dado la «bienvenida» a EH Bildu a este tipo de acuerdos, pese a que –según ha recordado– la coalición acusaba al PNV de «venderse por un plato de lentejas» cuando este llegaba a acuerdos con los sucesivos gobiernos del Estado. «A vuestras descalificaciones respondemos con nuestro aplauso; aunque tarde, sois bienvenidos», ha afirmado.

La federación de IU en el Exterior comienza hoy a través de las distintas agrupaciones de base que la componen el proceso para que la emigración participe de forma activa en los debates de los documentos y propuestas de cara a la XII Asamblea Federal, que definirá la estrategia del partido de cara a los próximos años.

Así, será la de Luxemburgo la primera de las asambleas en mantener este debate a través del encuentro telemático al que están convocados esta tarde sus integrantes, ha informado la formación en un comunicado.

La dirección federal de IU decidió el pasado lunes retrasar al menos dos meses la culminación de la XII Asamblea, prevista inicialmente para el fin de semana del 15 de enero próximo, debido a las restricciones vigentes derivadas de la pandemia del Covid-19.

No obstante, la Colegiada Federal (órgano ejecutivo donde se tomó la decisión) dejó claro que este aplazamiento, al que aún faltan por concretar las nuevas fechas, «no supone paralizar el proceso de debate de los documentos de la XII Asamblea Federal, ni que se tengan que volver a aprobar otros documentos».

«A pesar de haberse ampliado el plazo, dada nuestra lógica dependencia previa de las herramientas telemáticas para realizar los debates como militancia repartida por el mundo, desde IU Exterior hemos decidido mantener el calendario inicial previsto», confirma la corresponsable de Organización de la federación Noa Román.

CALENDARIO DE REUNIONES

El proceso de las reuniones de cada una de las asambleas de base de IU Exterior se desarrollará hasta el próximo 30 de noviembre y culminará con un encuentro también por medios telemáticos de la Comisión Coordinadora ampliada de la federación, previsto para el 12 de diciembre.

Será en este órgano, en el que participarán cinco delegadas por cada asamblea de base más la dirección colegiada de la federación, donde se deben votar las enmiendas a los documentos presentados por la dirección federal y otras ponencias alternativas, así como la designación de las tres personas delegadas que defenderán las propuestas de la emigración en la parte final de la XII Asamblea Federal, cuando se determine su fecha.

A la reunión de hoy de la asamblea de Luxemburgo le seguirá la de Berlín, el próximo día 14 a las 18 horas. Luego vendrán Bruselas, el 21 a las 10 horas; Toulouse, el 22 a las 10 horas, así como la Asamblea Global para toda la militancia sin asamblea local cercana, prevista para el día 26 a las 21 horas. Las asambleas de Buenos Aires Ciudad y Provincia, Frankfurt, Lyon y Zúrich están aún pendientes de confirmar sus fechas.

Cada español gastará este año una media de 65,66 euros en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebrará el próximo 22 de diciembre, un total de 2,82 euros menos que en 2019, según la cifra de consignación por habitante de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Esta cantidad es estimativa ya que el dato será definitivo cuando se reciban las devoluciones de boletos no vendidos durante la campaña de este tradicional sorteo, cuyo anuncio publicitario se ha presentado este jueves 12 de noviembre en Museo de la Real Casa de la Moneda. El año anterior, la consignación por habitante previa fue de 68,48 euros de media.

De este modo, los más de 65 euros de gasto por persona corresponden a las estimaciones de venta que hace SELAE a la hora de enviar los boletos a las administraciones de lotería, aunque más tarde siempre hay una proporción de décimos que se quedan sin vender.

En este sentido, el presidente de Loterías, Jesús Huerta, ha lamentado este jueves que las ventas «se están resintiendo «bastante» y ha mostrado su «preocupación».

«Es pronto para dar una cifra porque, es a partir de este momento y hasta el 22, donde tenemos la hora de la verdad», ha declarado, al tiempo que ha augurado que va a ser «un mal año». Sin embargo, ha asegurado que se están estudiando distintas posibilidades para que «el año salga lo mejor posible» y ha animado a la ciudadanía a participar en este sorteo.

Por regiones, la comunidad autónoma que previsiblemente más va a gastar por habitante este año es Castilla y León, con una media de 102,15 euros, seguida de Asturias (94,80 euros), La Rioja (92,49 euros), Aragón (90,56 euros), Cantabria (82,84 euros), Comunidad de Madrid (77,34 euros), País Vasco (77,09 euros), Comunidad Valenciana (73,96 euros), Castilla-La Mancha (72,18 euros) y Galicia (66,45 euros).

Mientras, según los datos recogidos por Europa Press, los que menos van a gastarse este año son nuevamente los habitantes de las ciudades autónomas de Melilla (14,68 euros) y Ceuta (16,39 euros), seguidos de los de Baleares (38,70 euros), Canarias (41,07 euros), Andalucía (52,07 euros), Cataluña (52,66 euros), Extremadura (54,75 euros), Navarra (55,19 euros) y Murcia (63,25 euros).

Respecto a las distintas comunidades autónomas, donde más Lotería de Navidad se va a vender previsiblemente es en Madrid (515,3 millones de euros consignados), seguida de Andalucía (438 millones de euros), Cataluña (404,1 millones de euros), Comunidad Valenciana (370 millones de euros), Castilla y León (245,1 millones de euros), Galicia (179,3 millones de euros), País Vasco (170 millones de euros), Castilla-La Mancha (146,7 millones de euros) y Aragón (119,4 millones de euros).

Por el contrario, los que menos Lotería de Navidad tienen consignada son Melilla y Ceuta con 1,2 millones de euros y 1,3 millón de euros, respectivamente, La Rioja (29,2 millones de euros), Navarra (36,1 millones de euros), Baleares (44,4 millones de euros), Cantabria (48,1 millones de euros), Extremadura (58,4 millones de euros), Canarias (88,4 millones de euros), Murcia (94,4 millones de euros) y Asturias (96,9 millones de euros).

El líder del PP, Pablo Casado, ha defendido este jueves una bajada del IVA de las mascarillas al 0%, ya que, según ha subrayado, se trata de un material de protección «indispensable para evitar los contagios» por coronavirus. «Habría que ver cuántas muertes se habría ahorrado si las mascarillas hubieran sido obligatorias en marzo y se hubieran hecho test masivos y PCR en Barajas», ha exclamado.

Así se ha pronunciado en el Congreso, al término de la votación de las enmiendas de totalidad de los Presupuestos, un día después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciase que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes un decreto ley para la rebaja del IVA de las mascarillas desechables del 21% al 4%. La portavoz del Gobierno dijo que adoptaban esta medida tras confirmar que la Comisión Europea no abrirá un procedimiento de infracción por este cambio legal.

El presidente del PP ha recordado que su partido lleva meses exigiendo al Gobierno que baje el IVA de las mascarillas y ha afirmado que llega «tarde y mal» con esa rebaja anunciada durante el debate de Presupuestos. A su entender, Pedro Sánchez «solo acierta cuando rectifica».

«Por cierto, ya que lo bajan al 4%, lo que pedimos es que lo bajen al 0%, ya que es un material de protección indispensable para evitar los contagios como venimos diciendo desde el mes de marzo», ha manifestado.

Casado ha señalado que el Gobierno recurrió este miércoles en el Pleno del Congreso al anuncio sobre las mascarillas como «cortina de humo» para «ocultar» el debate presupuestario tras el apoyo de Bildu a las cuentas publicas.

En ese contexto, ha enmarcado también las informaciones que, a su juicio, está difundiendo el Gobierno acerca de que se están produciendo conversaciones entre Gobierno y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «Por lo que veo lo que quieren es intentar tapar la reprimenda que obtuvieron de la UE con esta cuestión», ha manifestado, en alusión a reforma judicial exprés que registraron PSOE y Unidas Podemos.

LAS PCR: «SOLO ACIERTA CUANDO RECTIFICA»

Ante el hecho de que al final España vaya a imponer PCR a los viajeros que lleguen de países de riesgo desde el 23 de noviembre, Casado ha afirmado que «una vez más el Gobierno llega tarde y mal» y «solo acierta cuando rectifica» y «hace caso» al Partido Popular.

El líder del PP ha señalado que su partido lleva meses diciendo que el «modelo alemán y coreano» era el que debía seguirse para frenar la expansión del virus, con test masivos y medidas de protección a la población, sobre todo a los más vulnerables.

Casado ha asegurado que el PP ya anticipó que la incidencia en aeropuertos y estaciones «sería elevada» en esta segunda oleada del virus y exigió controles en aeropuertos como Barajas y las estaciones de Atocha y Chamartín.

En este sentido, ha subrayado que esa petición la lleva realizando desde hace meses la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero «le dijeron que no hacía falta, igual que le dijeron que las mascarillas eran contraproducentes o que los test no era medida correcta para contener la pandemia.

ELEVA A 70.000 LA CIFRA DE FALLECIDOS

«Pero la realidad se ha ido imponiendo y al final ocho meses después hacen lo que tenían que haber hecho hace ya muchos meses y, por desgracia habría que ver cuántas muertes se habría ahorrado si las mascarillas hubiera sido obligatorias en marzo, si los PCR en Barajas se hubieran hecho desde hace unos meses o los test masivos se hubiera impuesto desde hace semanas», ha resaltado.

Casado ha elevado a 70.000 la cifra de muertos que el Gobierno «no reconoce». «Son 70.000 muertos a los que debemos tributo, reconocimiento pero también eficacia y responsabilidad, que es justo lo que no está haciendo este Gobierno», ha concluido.

El abogado que representa a los cuatro acusados miembros del grupo de WhatsApp de ‘La Manada’ que fueron juzgados en noviembre de 2019 y han sido condenados por el Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba por abusar sexualmente en mayo del año 2016 de una joven en la localidad de Pozoblanco y de grabar los hechos con un teléfono móvil propiedad de uno de ellos va a presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia de la Audiencia Provincial que desestima su recurso.

En este sentido, fuentes de la defensa, que ejerce el letrado Agustín Martínez, han confirmado a Europa Press que en próximos días presentarán el recurso y entre sus fundamentos estará el hecho de que se haya admitido de nuevo como prueba en esta causa el vídeo que grabó uno de los procesados.

Al respecto, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha elevado de 13.150 a 25.000 euros la indemnización que deberán pagar los cuatro acusados, después de que los magistrados han desestimado los recursos de apelación interpuestos por el abogado defensor de los procesados y el de la acusación popular, que ejerce la Asociación Clara Campoamor, al tiempo que ha estimado en parte el recurso de la acusación particular, que representa a la víctima.

Así lo ha dado a conocer este miércoles en la lectura del fallo de la sentencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el ponente del recurso, el juez José Carlos Romero Roa, en presencia de procuradores, al no asistir los letrados, ni tampoco los acusados, internos en prisión tras la violación de los Sanfermines de 2016. Mientras tanto, la Fiscalía se opuso a todos los recursos.

De este modo, la Audiencia ha revocado la sentencia en el sentido de fijar la indemnización por daño moral a la víctima en 25.000 euros, de los que responderán cada uno de los cuatro acusados en un 25% solidariamente hasta alcanzar los 20.000 euros, a la vez que el procesado J.A.P.M. deberá hacer frente a 5.000 euros, por difundir el vídeo.

Por otra parte, se confirma «en todos sus demás pronunciamientos» la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 que condena a dos años y diez meses de cárcel a tres de los cuatro acusados y al cuarto le impone una pena de cuatro años y seis meses de prisión al considerar probado que fue quien difundió las imágenes grabadas a través de dos grupos de WhatsApp de los que formaban parte tanto los acusados, como terceras personas ajenas a los hechos enjuiciados.

VÍDEO OBTENIDO DE FORMA «ILÍCITA»

En relación al recurso de la defensa, que pedía la absolución y subsidiariamente condenas por delitos leves de maltrato, contra la intimidad y la integridad moral, remarcando que la prueba del vídeo se ha obtenido de forma «ilícita», entre otros aspectos, los jueces destacan que los acusados prestaron «un consentimiento expreso y libre» para entregar sus móviles en la causa de Pamplona y «en el consentimiento no existió una limitación concreta o determinada para lo que sirviera a la aclaración de los hechos».

Al hilo, indican que «ante hechos de tan grave trascendencia –los de Pamplona–, se hace preciso bucear y contrastar, no ya respecto de la existencia de otros hechos similares pero distintos, sino en búsqueda de cualesquiera datos que sirvan de prueba de refuerzo o de indicio de los hechos investigados».

Además, aseveran que «en este caso no puede señalarse que nos encontremos ante una investigación meramente prospectiva, sino ante un hallazgo que se produce en el contexto de la investigación de la causa principal», y abundan en que «en ningún caso la investigación de los terminales para buscar datos o indicios que pudieran ser relevantes a la investigación puede considerarse prospectiva, sino que es el trabajo mismo de investigación de los agentes que tienen como labor el esclarecimiento de los hechos y, en este aspecto, claramente, venía avalada por la propia entrega de los terminales de forma voluntaria a los fines de la investigación».

Y agregan que «el Juzgado de Pamplona tampoco limita o acota de forma precisa la investigación a los agentes»; que «la propia naturaleza de la investigación y la gravedad de los hechos justifica la prospección de los terminales en busca de datos, no ya que avalen la culpabilidad, sino que puedan avalar la inocencia», y que «la falta de recuerdo de las imágenes de Pozoblanco, es decir, el descuido o negligencia de los autorizantes, no puede afectar al consentimiento previamente prestado». Así, apostillan que «no puede apreciarse vulneración de ningún derecho constitucional».

Igualmente, indican que «la actuación que se observa en el vídeo es conjunta» y «más allá de lo que previamente pudieran haber ideado los acusados, que en su arcano queda, lo que demuestran las imágenes es que, aprovechándose de la situación de la víctima, todos intervienen de alguna u otra forma», en «una acción conjunta que integra un delito de abuso sexual y no de maltrato», todo ello «en estado de sueño» de la joven que «le impedía prestar consentimiento», según exponen.

CONDENAS

En la sentencia del Penal 1, el magistrado condena a cada uno de los cuatro por delito de abusos sexuales a un año y seis meses de prisión, la prohibición de comunicarse o aproximarse a menos de 500 metros de la víctima durante cuatro años y libertad vigilada consistente en la fijación de estas mismas prohibiciones durante un año a cumplir tras la pena de cárcel.

El juez explica que el delito de abusos sexuales del artículo 181.1 del Código Penal contempla una pena de uno a tres años de prisión o multa de 18 a 24 meses, precisando que, en este caso concreto, «las circunstancias personales de los acusados, quienes con posterioridad a estos hechos llevaron a cabo una conducta ilícita de mayor gravedad aún, los hechos cometidos en Pamplona y cuya notoriedad pública ha sido muy importante, llevan a considerar que la consecución de los fines de prevención especial de la pena determinan la necesidad de una pena en extensión superior al mínimo legal», imponiendo así a cada uno de ellos un año y medio de prisión por dicho delito.

Asimismo, condena a tres de los acusados a un año y cuatro meses de cárcel, multa de 3.600 euros y la prohibición de comunicarse o acercarse a una distancia inferior a 500 metros de la joven por cuatro años por un delito contra la intimidad, por el que impone al cuarto de los encausados, J.A.P.M., tres años de prisión y la misma prohibición de comunicación y aproximación al aplicar en este caso el subtipo agravado por la difusión de las imágenes a través de los grupos de WhatsApp.

El juez condena a A.J.C.E. al pago de multa de 240 euros por un delito leve de maltrato. Y en concepto de responsabilidad civil, se fijaba que los cuatro deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la víctima con 13.150 euros –10.000 euros por el perjuicio moral causado y 3.150 euros por los días durante los que sufrió un perjuicio personal básico–. Contra la sentencia de la Audiencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que ya ha anunciado la defensa y la acusación popular lo estudia.

Familias con hijos con parálisis cerebral han pedido al Gobierno que la prestación que reciben por el cuidado de un menor con una enfermedad grave no se extinga cuando este cumple la mayoría de edad, como ocurre actualmente.

Este es el caso de familias como la de Lola, donde ambos progenitores trabajan y tienen un hijo, Luis, con una parálisis cerebral asociada a múltiples patologías y una discapacidad reconocida del 93%. Si bien, su madre precisa que esa «grave enfermedad» no ha desaparecido en el 18 cumpleaños del menor, sino que se ha agravado y más tras la aparición del coronavirus.

La dedicación que requiere Luis es tan alta que impacta en la situación laboral de Lola y su marido, pues tienen que acudir a numerosas citas médicas, visita a especialistas y tratamientos rehabilitadores, unos cuidados que son «incompatibles» con una jornada laboral de 40 horas semanales, según señalan.

Luis tiene 20 años y sus padres llevan dos luchando en los tribunales. «Desde el primer momento, nuestra empresa se mostró muy colaboradora, nos facilitaron todos los trámites e incluso han respetado la reducción de jornada que en nuestro caso fue del 50%. Sin embargo, la Mutua siempre quiso ponérnoslo difícil. Nos solicitaban mil papeles, informes médicos cada dos meses sobre la situación de nuestro hijo, sin querer aceptar que la situación de Luis nunca va a mejorar por desgracia», ha explicado Lola.

Ante esta situación, la Asociación de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE) Madrid ha pedido la modificación del Real Decreto 1148/2011 que recoge la Prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME), de tal manera que incluya a las familias con menores y adultos a cargo con discapacidad y grandes necesidades de apoyo y que dicha prestación se tenga en cuenta en los próximos Presupuestos Generales del Estado o desarrollos normativos correspondientes.

Según precisa la asociación, el Real Decreto protege la conciliación laboral y familiar de ambos progenitores, dando la posibilidad de una reducción de jornada laboral de entre el 50% y el 99% a uno de los progenitores, sin embargo, en su redacción solo recoge esta reducción de jornada y la consiguiente prestación por hijo a cargo en 106 supuestos de enfermedades graves y hasta el cumplimiento de la mayoría de edad del hijo.

La Alianza por la Educación Inclusiva y contra la Segregación Escolar, integrada por Save the Children, Fundación Secretariado Gitano y CERMI, han denunciado que la futura ley de educación, la LOMLOE, conocida como ‘ley Celaá’, «sigue sin garantizar la educación inclusiva como un derecho de todo el alumnado sin excepciones».

Así lo indican de cara a este viernes, cuando la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados aprueba el informe de ponencia de la nueva Ley de Educación estatal conocida como LOMLOE, paso previo para que el proyecto llegue al pleno de la Cámara para su aprobación y envío posterior al Senado.

Aunque las organizaciones reconocen «mejoras» en aspectos como «la posibilidad de titular al alumnado con adaptaciones curriculares significativas, el reconocimiento del alumnado socioeconómicamente vulnerable y la recomendación a las Administraciones de evitar la segregación», echan en falta «una perspectiva exigente de derechos humanos, donde la inclusión y la no discriminación sean los pilares en los que se sustente la escuela española».

Para Save the Children, Fundación Secretariado Gitano y CERMI, el texto de la nueva ley de educación «no ofrece garantías en la libertad de elección de las familias con hijas e hijos con discapacidad para elegir la modalidad educativa, siendo la última palabra la de la administración».

Esto provoca, según señalan, «situaciones completamente desgarradoras de madres y padres litigando contra el Estado porque piden escolarizar a sus hijos en el sistema ordinario».

Esta cuestión fue motivo de una condena al Estado español por parte de Naciones Unidas a raíz de una denuncia individual de una familia de León, a la que se negó que su hijo estudiase en el colegio que ellos querían. La ONU dictaminó que España incumplió sus obligaciones respecto al derecho a la educación inclusiva, según recuerdan.

Las tres organizaciones consideran que la libertad de elección de centro es compatible con la equidad. Para ello, piden introducir mecanismos correctores concretos en el proceso de admisión que aseguren una distribución equilibrada del alumnado socioeducativamente vulnerable o con necesidad específica de apoyo educativo, como mínimos y máximos por centro, oficinas de acompañamiento en la escolarización o límites a la matrícula viva.

También consideran importante dotar a los centros de recursos para desarrollar las medidas de apoyo y acompañamiento adecuadas y suficientes para dar respuestas adaptadas a las necesidades de cada niño o niña.

«Todos los centros educativos deben ser accesibles y asequibles a todas y todos los estudiantes, y en este momento eso no pasa, pues el cobro de cuotas hace de barrera. Hay centros donde se ‘invita’ a las familias a optar por otro centro. Una parte ya lo es, pero es preciso que toda la escuela concertada sea corresponsable y para ello debemos asegurar que recibe los recursos suficientes», subrayan.

A cambio, añaden, la ley tiene que incorporar medidas «más contundentes» para garantizar la gratuidad y la no discriminación en la admisión, «controlando desde la inspección y endureciendo la sanción».

Además, sobre el plan a diez años para avanzar en la inclusión del alumnado con discapacidad que contempla el proyecto de ley, la Alianza considera necesario un Plan de Inclusión Educativa que vaya más allá de la discapacidad e incorpore a otros colectivos que también sufren segregación y exclusión en el sistema educativo, como alumnado gitano, de origen inmigrante o en situación de pobreza.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha propuesto a CCOO como aliado en la reclamación de la deuda de la Dependencia al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

Así se lo han manifestado a la Secretaria de Empleo y Políticas Sociales de CCOO en la región, María Ángeles Castellanos, las viceconsejerías de Servicios y Prestaciones Social y de Promoción y de la Autonomía y Atención a la Dependencia, durante la reunión virtual que han mantenido este jueves dentro de los encuentros y reuniones de seguimiento que se realizan con los agentes sociales desde que comenzó la pandemia, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En este sentido, ambas viceconsejerías han trasladado a CCOO «la necesidad de continuar solicitando la deuda de la dependencia al Gobierno de España como ya viene haciendo el Gobierno del presidente Emiliano García-Page, así como el incremento en la financiación del nivel mínimo de este Sistema para fortalecerlo y poder hacer frente a las necesidades derivadas de la crisis del COVID-19».

Además, han recordado que «el Gobierno de Castilla-La Mancha destina 549 millones de euros a la financiación del Sistema de la Dependencia, y la región soporta el 84%, es decir, de cada 100 euros, el Gobierno de España sólo aporta 16 a este sistema».

Por otro lado, se ha informado a CCOO que en la actualidad «son más de 23.000 personas de la región las que han solicitado el Ingreso Mínimo Vital, de las que 13.000 han sido inadmitidas y 5.632 han sido incorporados a la prestación».

En ese contexto, las dos viceconsejerías también han propuesto a CCOO que «se una al Gobierno regional en la solicitud que ya se ha hecho al Gobierno de España para que todas las personas que lo necesiten sean traspasadas en bloque al Ingreso Mínimo Vital y exista una mayor agilidad y facilidad en los trámites y las resoluciones porque se espera que la prestación llegue a 40.000 personas de la región». No obstante, «el Gobierno de Castilla-La Mancha ya trabaja en un Plan de respuesta a todas las personas que se quedan fuera del Ingreso Mínimo Vital».

Asimismo, han recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha atendido y ha facilitado que más de 17.000 prestaciones económicas a familias de la región y, además, al final de año podrían llegar a 25.000 prestaciones económicas.

En este sentido, han detallado que 1.432 se corresponden con ayudas de Ingreso Mínimo de Solidaridad que se están prestando actualmente; 7.713 familias se benefician de las Ayudas de Emergencia Excepcional COVID-19, dotadas con 15 millones de euros; 2.621 se corresponden con los beneficiarios de las prestaciones de ayuda a la pobreza energética; 1.396 familias son las beneficiarias de las Ayudas de Emergencia Social, convocatoria que permanece abierta con un incremento de 1,6 millones de euros distribuido ya en las provincias para alcanzar a 1.500 familias más; y 5.632 familias reciben la prestación del Ingreso Mínimo Vital en Castilla-La Mancha.

La Reina Letizia ha recibido este jueves en audiencia a una representación de la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), donde ha sido informada de la presentación de la su nueva marca, el ‘Club Abierto de Editores (CLABE)’, coincidiendo con el 20 aniversario que celebran este año.

Según ha a dado a conocer la Casa Real, el posicionamiento de CLABE es observar la crisis derivada de la pandemia «como acelerador de la transformación del sector, como una oportunidad para aplicar un plan para su recuperación, abordando temas como el futuro del papel, la digitalización y capacitación profesional en las nuevas habilidades digitales, la prensa técnica y su función crucial en los sectores económicos y profesionales, la igualdad de género y la libertad de expresión como aspectos fundamentales para la cohesión social, así como los cambios de modelo de negocio del sector».

La AEEPP es la mayor asociación de editores de prensa que hay en España. Cumple estos días 20 años, ya que celebró su Asamblea General Constituyente el 20 de enero del año 2000.

La Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas es una asociación empresarial de carácter no lucrativo, independiente que desarrolla su actividad en toda España a través de sus delegaciones y con una destacada presencia internacional en 11 países a través de sus socios y de otras asociaciones multinacionales a las que pertenece.

AEEPP es la asociación sectorial más numerosa, tanto por el número de editoriales como por el de cabeceras que sus asociados editan. Forma parte de CEOE y de CEPYME y son los negociadores del Convenio Nacional de Prensa no Diaria. Fundadores e impulsores de la European Innovative Media Publishers.

El objetivo de la AEEPP es representar, gestionar, fomentar y defender los derechos e intereses del sector editorial y más concretamente de las editoriales asociadas en lo que se refiere a distribución, puntos de venta, competencia desleal, relaciones con las Administraciones, promoción, ferias del sector, control de la difusión, negociación de convenios, nuevas tecnologías, formación, deontología profesional, y, en definitiva, todos aquellos aspectos relacionados con la problemática editorial.

La Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) y sus 54 Bancos de Alimentos animan a los españoles a participar la próxima semana en la Gran Recogida de Alimentos, que este año será virtual debido a la pandemia del Covid-19, para paliar la situación en la que se han visto, «desbordados» por la demanda de ayuda que creció un 40% durante el estado de alarma. El objetivo que se marcan es recaudar el equivalente a 21 millones de kilos de alimentos.

Así, este año cambia el formato y no se recogerán alimentos de forma presencial en los supermercados sino que las personas podrán donar económicamente la cantidad que deseen al pasar por la caja de su tienda añadiéndose al ticket de compra o podrán donar vía online a través de la página ‘www.granrecogidadealimentos.org’.

Los fondos de toda la recaudación de la campaña irán íntegramente destinados a la compra por parte de cada Banco de Alimentos de los alimentos básicos más necesarios.

La Gran Recogida tendrá lugar desde el lunes 16 hasta el sábado 21 de noviembre, prolongándose en algunas localidades hasta el domingo 22 de noviembre. El lema de este año es: ‘Con más razón que nunca, con más urgencia que nunca’ para poner de manifiesto que en medio de la pandemia hay muchas familias que necesitan alimentos «con extrema urgencia».

Según ha precisado FESBAL este jueves durante la presentación del evento, la campaña de este año se enmarca en «una crisis alimentaria sin precedentes, en la que los Bancos de Alimentos están totalmente desbordados por el incremento en las solicitudes en la demanda de ayuda, que en el estado de alarma han crecido más de un 40%».

En estos meses, han pasado de atender a algo más de un millón de personas, según datos de 2019, a 1,5 millones en el verano, y estiman que al cerrar el año serán ya 1,8 millones las personas desfavorecidas recibiendo ayuda alimentaria en España.

Por ello, FESBAL señala que es esencial reponer continuamente los almacenes de los Bancos de Alimentos con suficiente stock para mantener el suministro y atender este aumento de demanda, un fin en el que la Gran Recogida es esencial porque hace una «inyección de producto a las despensas» de cara a los meses «tan duros que se avecinan».

El objetivo de FESBAL es recoger el equivalente a 21 millones de kilos como en las tres anteriores campañas. Para conseguirlo, piden el apoyo ciudadano, empresarial e institucional.

Además, su principal motor son los voluntarios que, en esta edición, serán informativos y estarán, en turnos de cuatro horas, en los 11.000 puntos de recogida informando a los ciudadanos de la nueva forma de donar.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado este jueves un «mensaje de esperanza» a los españoles asegurando que se conseguirá aplanar la curva de contagios como en primavera y con «responsabilidad y determinación» propiciar la recuperación económica «lo antes posible» con los nuevos Presupuestos, para los que pondrá todo el empeño en el «encaje» de las distintas sensibilidades que aseguren su aprobación.

Así lo ha señalado en el cierre del debate de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, que ha superado con holgura su primera votación, gracias a los 198 diputados de PSOE, Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, el PNV, Bildu, PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, el PRC, Nueva Canarias y Teruel Existe, que han tumbado las enmiendas apoyadas por 150 votos del PP, Vox, Junts, la CUP, el BNG, Coalición Canaria, UPN y Foro Asturias.

«Ha quedado claro quién está dispuesto a arrimar el hombro para que en una difícil coyuntura España pueda avanzar y quién ha decidido que es mejor estar bloqueada porque piensan que pueden desgastar al Gobierno con una estrategia miope y dañina», ha señalado Montero en alusión al PP.

Montero también cree que en el debate se ha constatado quiénes apoyan fortalecer la red de seguridad, impulsar la ciencia y la innovación y cambiar el modelo productivo, apoyar a empresas, a autónomos, industria y colectivos vulnerables, frente a los que quieren un Estado de bienestar «debilitado» que provoca desigualdades, se comporta como un «negacionista» y se «oponen a todo por sistema».

En su opinión, «alguno» no ha entendido que el «objetivo compartido» es ayudar a que «el país se levante y encare el futuro en las mejores condiciones», por lo que ha dicho que esas formaciones contrarias a los PGE no deben esperar que la ciudadanía española comprenda que en la «peor crisis sanitaria, económica y social desde la guerra su única respuesta haya sido borrarse de sus responsabilidades».

A los grupos que no han presentado enmiendas a la totalidad y han permitido rechazando las registradas la tramitación de los Presupuestos les ha agradecido su «predisposición» a trabajar sobre las cuentas.

De esta forma, ha dicho que el Gobierno tiene la «esperanza» de que los PGE sean el «revulsivo» que España necesita para salir de la crisis y recuperarse «lo antes posible», por lo que ha mostrado su voluntad de «diálogo y mano tendida. «Seguro que pondremos todo el empeño posible para encontrar encaje a las distintas sensibilidades», ha enfatizado.

«APLANAREMOS LA CURVA COMO EN PRIMAVERA»

La portavoz del Gobierno ha aprovechado su intervención para trasladar también un «mensaje de esperanza» a los españoles ante un momento «difícil» de la pandemia, con 1.241 fallecidos en la última semana en España: «Lo volveremos a hacer, conseguiremos aplanar la curva como hicimos en primavera, nos recuperaremos juntos con responsabilidad y determinación».

En este sentido, ha ensalzado la albor de los profesionales sanitarios, para los que cree que «no hay suficientemente dinero en el mundo para compensar ese sacrificio y compromiso», por lo que ha señalado que lo mejor que se puede hacer es no contribuir a que el virus se siga expandiendo.

LASTRA CARGA CONTRA EL PP: RECHAZAN LOS PGE POR SU «JUSTICIA SOCIAL»

Por su parte, la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, ha destacado previamente en su intervención que las cuentas públicas han sido fruto de la negociación con fuerzas políticas de*»todas las ideologías» y ha centrado buena parte de su intervención en atacar al líder del PP, Pablo Casado, cuestionando que afirme que son unos PGE «extremistas y radicales» y defendiendo que han sido «dialogados y pactados por partidos democráticos que cuentan con toda la legitimidad de haber sido elegidos por los ciudadanos».

A su juicio, el «problema» para el PP que ha motivado su rechazo a los PGE es que las cuentas ponen «la justicia social en el centro de la política» y enfrentan la desigualdad. «Entiendo que PP y VOX no lo compartan, pero calificarlo como radicalismo peligro de izquierda indican dónde se sitúa el PP en extremos del que no es capaz de moverse», ha dicho.

Asimismo, ha subrayado que los PGE son «los más progresistas de la historia, sin duda», ya que «nunca como ahora ha hecho falta para la reconstrucción social y económica», por lo que incluye la mayor partida de la historia para gasto social.

En este sentido, ha defendido que los organismos dicen que «no es tiempo de recetas de recortes» y ha dicho que aunque coincide con el PP en que hay que dar estabilidad y seguridad a los mercados, hay que dárselo, junto a la «esperanza», a la ciudadanía, al tiempo que ha criticado que el PP hable de austeridad con el fin de «ocultar recortes y la política liberal de miseria en salarios y derechos», cuando la austeridad «no es trabajar sin descanso y no llegar a fin de mes, sino vivir dignamente con esfuerzo y honradez».

En este punto, ha repasado una batería de medidas recogidas en los PGE con las que el PP «votará en contra», como el alza del 75% de la partida en Sanidad, los 1.000 millones para vacunas, los 159 millones para combatir la pobreza infantil, 3.000 millones para el ingreso mínimo vital, un aumento del 368% en Vivienda, un alza del 34% en Dependencia, un 75% más en I+D+I o 5.690 millones en industria y energía, así como el alza de pensiones o los 7.400 millones para incentivar la contratación.

«Defienden una cosa y votan la contraria», ha afeado Lastra al PP, asegurando que si hubiese gobernado en los últimos meses habría habido crisis y pandemia pero «no unos PGE con más recursos a Educación, Sanidad, protección a mayores, oportunidades para jóvenes, más igualdad y derechos de trabajadores, garantías para autónomos y más inversiones».

«A todo eso se oponen, se llama justicia social, no les ha gustado nunca ni les gustará; este país no ha tenido ni un solo avance en derechos y libertades con los gobiernos de la derecha», ha apostillado.

En cualquier caso, ha celebrado que una «mayoría» del país tiene «ideas claras y horizonte definido» y ha resultado que se han elaborado unos PGE pensando en un país «más seguro, más fuerte, sostenible y justo». «Ha llegado la hora de actuar, de reconciliar la realidad con el ideal, de escucharnos, de dejar de mirar hacia dentro y de vencer las divisiones y recelos para estar a la altura de la responsabilidad de construir un país mejor para este nuevo tiempo», ha concluido.

La Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han pedido a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, con quien se han reunido este jueves, que se dispense la vacuna contra el coronavirus a los fiscales que están en situación de riesgo, así como otras medidas urgentes contra la pandemia.

Según ha informado la APIF en un comunicado, las tres asociaciones han sostenido un encuentro virtual «muy cordial» con Delgado, la fiscal Esmeralda Rasillo y el representante del Ministerio de Justicia Francisco de Borja Vargues para hablar sobre la prevención de riesgos laborales en la Fiscalía.

De acuerdo con la APIF, las asociaciones fiscales han estado de acuerdo «prácticamente en todo». Así, han exigido a Delgado que adopte «una actitud activa en esta materia», quejándose de que ya van «25 años de incumplimiento de lo previsto en la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales».

A corto plazo, han considerado «urgente» adoptar medidas preventivas contra el coronavirus dirigidas a grupos de riesgo, entre los que han mencionado fiscales embarazadas y en situación de lactancia, fiscales mayores y fiscales con patologías previas

En particular, han trasladado a Delgado su preocupación por el tema de las vacunas contra la COVID-19. «En este aspecto, pedimos que se gestionara la dispensación de la vacuna a los fiscales que se hallen en situación de más riesgo, por patologías, por edad, o por servicios frecuentes de cara al público», ha dicho la APIF.

También han considerado necesario establecer una «interpretación adecuada» de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, para dejar claro que «solo cuando resulte imposible la comparecencia del fiscal por medios telemáticos (…) será preceptiva su presencia física»

A medio plazo, han planteado la necesidad de crear un Comité de Seguridad y Salud para el Ministerio Fiscal, «tal como está constituido desde hace ocho años por los jueces», integrado paritariamente por las asociaciones y la administración –la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Ministerio de Justicia–, para abordar la confección de un plan de prevención de riesgos laborales para los fiscales.

«PANORAMA DESOLADOR»

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha lamentado que «el Ministerio de Justicia prácticamente se ha limitado a indicar que, por lo que se refiere a presupuesto en materia de prevención de riesgos laborales para el Ministerio Fiscal, no existe tal partida, hay cero euros previstos para esta materia». «Panorama desolador», ha denunciado.

La FGE, por su parte, les ha comentado que «desde 2015 no se ha hecho en esta materia prácticamente nada y lo hecho en 2015 no ha tenido ninguna relevancia ni repercusión». «Resaltó que estamos ante unos presupuestos prorrogados desde el 2018 y que, además, la Fiscalía carece de presupuesto autónomo», ha contado la asociación fiscal.

No obstante, también les ha trasladado el «desideratum» –en palabras de la APIF– de que la Fiscalía se incluya en el nuevo convenio que se está negociando entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia; que se elabore un plan de prevención de riesgos laborales específico para los fiscales; y que haya implicación de las comunidades autónomas. «Toca esperar a que estas buenas intenciones se plasmen en algo concreto porque lo que tenemos actualmente es nada», ha remachado la APIF.

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción presentada por Navarra Suma para instar al Gobierno central y al Congreso de los Diputados a «garantizar el derecho a recibir la enseñanza en español y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios».

Además, se pedía que «el español tenga la consideración de lengua vehicular en todo el territorio nacional y que las demás lenguas cooficiales lo tengan también en aquellos» territorios que dispongan.

La moción ha sido rechazada con los votos en contra de PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos, mientras que Navarra Suma e Izquierda-Ezkerra han votado a favor.

Podemos ha presentado una enmienda de adición, aceptada por los proponentes, para instar al Gobierno foral a reconocer las lenguas de signos y «garantizar su uso como derecho fundamental» para el acceso a la educación, los servicios, la vida económica y cultural, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información. Este punto ha salido adelante con el apoyo de NA+, PSN, EH Bildu, Podemos e I-E y la abstención de Geroa Bai.

En su turno de defensa de la moción, el parlamentario de Navarra Suma Iñaki Iriarte ha lamentado que desde que Pedro Sánchez ganara las elecciones el PSOE «se ha afanado en buscar apoyo entre formaciones abiertamente contrarias a la existencia de España». Y ha remarcado que aunque la política «consiste en pactar, pactar sólo para mantenerse en el poder es algo que degrada profundamente a la verdadera política».

«Pactar a cualquier precio no es pactar, es convertir la política en un cambalache», ha sostenido Iriarte, quien ha criticado la enmienda a la ley educativa pactada entre PSOE, Podemos y ERC por la cual «el español deja de ser lengua vehicular y se deja en manos de las comunidades cuál será la lengua de enseñanza de los ciudadanos que vivan en ellas». A su juicio, «esto no es poner a la zorra a cuidar al gallinero, sino ponerle directamente los polluelos en la boca».

Por contra, el socialista Jorge Aguirre ha asegurado que la ley educativa que se está tramitando en el Congreso «está hecha en el marco de la Constitución» y ha acusado a Navarra Suma de «utilizar este debate con fines políticos, puesto que nada tiene que ver con un debate constitucional del castellano y las lenguas cooficiales».

«No vamos a participar de un juego que no aporta nada a la sociedad, la ciudadanía quiere que de una vez por todas dejemos de utilizar las lenguas como un arma arrojadiza. Viven en una realidad paralela que sólo ven ustedes», le ha dicho a Iriarte.

En este mismo sentido, María Solana, de Geroa Bai, ha afirmado que Navarra Suma «pide algo tan razonable que ya se cumple, no pretenda engañar con argumentos raquíticos». Y ha considerado que el discurso del representante de Navarra Suma es «tosco, incoherente y falto de todo rigor».

«¿De verdad creen que la población cree que el español está en riesgo y desaparición?», se ha preguntado Solana, quien ha considerado que UPN «pasará a la historia por ser la formación que dio al traste con el aprendizaje del castellano en Navarra en favor del inglés» con el PAI.

La parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz, por su parte, ha considerado que el objetivo de la moción de Navarra Suma «no es defender la lengua española, sino ir en contra del gallego, el catalán y el euskera» y ha calificado la iniciativa como una moción «fake».

«No sé si es que toma por tonta a la sociedad navarra», ha manifestado Ruiz, para incidir en que «esta moción es totalmente ideológica». Además, ha considerado que la coalición «sigue obsesionado con la apología de la ignorancia, defendiendo el derecho a no aprender en euskera, en vez de hacer un tratamiento adecuado de las lenguas».

En representación de Podemos, Ainhoa Aznárez ha considerado que el representante de Navarra Suma «quiere salir a la tribunal a polemizar» y ha afirmado que con esta moción siguen «el camino anunciado por los actores de la foto de Colón».

Frente a los argumentos de NA+, Aznárez ha asegurado que el cambio pactado por PSOE, Unidas Podemos y ERC «no significa que se vaya a dejar de enseñar el castellano en las aulas sino que garantiza que se adquieran competencias en las dos lenguas cooficiales de las comunidades que las tengan».

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha acusado a NA+ de «intentar confrontar sobre un tema que no tiene polémica», ya que los estudiantes españoles «tienen el derecho y la obligación de cursar enseñanzas de lengua castellana en español».

En su opinión, a Navarra Suma «le viene muy bien mantener una confrontación sobre un fantasma que no terminan de asumir». «Es un debate obsoleto, nada de ello supone la pérdida del derecho para recibir la enseñanza en castellano», ha agregado.