La justicia ha tomado una controvertida decisión al decretar la puesta en libertad del hombre detenido el martes por presuntos delitos de violencia de género, lesiones, hurto y amenazas a su expareja y a su excuñado. A pesar de la gravedad de los hechos, la magistrada no ha considerado necesario su ingreso en prisión, y el individuo ha sido trasladado de vuelta al centro penitenciario para cumplir una condena previa.

Este caso pone de manifiesto la complejidad del sistema judicial a la hora de abordar situaciones de violencia doméstica y la necesidad de un análisis exhaustivo de cada situación para garantizar la protección de las víctimas y el cumplimiento de la ley.

UNA DETENCIÓN VIOLENTA EN MEDIO DE UN PERMISO PENITENCIARIO

Según la información proporcionada por la Guardia Civil, el detenido era un interno de tercer grado del centro penitenciario de Pereiro de Aguiar que se encontraba disfrutando de un permiso de fin de semana cuando decidió presentarse en el domicilio de su expareja. Allí, el hombre de 54 años presuntamente agredió a su expareja y se apoderó de 450 euros del hogar. Además, también roció con gasolina el vehículo de su excuñado y lo amenazó de muerte.

Ante la presencia de las fuerzas de seguridad, el individuo huyó por el tejado, desatando un operativo de búsqueda y protección de la víctima por parte de los agentes. Finalmente, gracias a la colaboración ciudadana, fue detenido en un monte próximo a la localidad de Avión.

LA CONTROVERTIDA DECISIÓN JUDICIAL

Una vez trasladado a los calabozos del Juzgado de Instrucción Número 1 de Ribadavia, la jueza ha decretado la puesta en libertad del detenido. Sorprendentemente, la fiscal tampoco ha considerado necesario solicitar su ingreso en prisión por los hechos cometidos durante el permiso penitenciario.

Sin embargo, el hombre detenido no quedará en completa libertad, ya que ha sido trasladado de vuelta a la prisión para cumplir la condena previa que tenía impuesta. Además, se le ha impuesto la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima, su hijo y el hermano de la exmujer.

Esta decisión judicial ha generado controversia y preocupación entre los expertos en violencia de género, quienes cuestionan la efectividad del sistema judicial a la hora de proteger a las víctimas y sancionar adecuadamente este tipo de conductas. Mientras tanto, las autoridades competentes deberán analizar cuidadosamente este caso y tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todas las personas involucradas.

En una infortunada maniobra de trasvase entre dos buques en el Muelle Virgen del Pino del Puerto de La Luz, se ha producido un vertido de fuel oil que ha superado las barreras de contención y se dirige hacia la costa de las Islas Canarias. Ante esta grave situación, el Gobierno de Canarias ha tomado medidas inmediatas para hacer frente a la crisis ambiental que se avecina.

La activación del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) en fase de emergencia de nivel 2 es una muestra de la seriedad con la que las autoridades regionales están abordando este incidente. Este plan, diseñado para responder a situaciones de emergencia, entrará en vigor para coordinar los esfuerzos de las diferentes instituciones y organismos involucrados en la mitigación de los daños y la protección de la población afectada.

Evolución del Vertido y Activación del Plan de Emergencia

Desde que se tuvo conocimiento del inicio del incidente, el PLATECA ha sido activado en diferentes fases. Inicialmente, se activó en fase de prealerta a las 23.06 horas del miércoles, y posteriormente, a las 09.00 horas del jueves, se pasó a la fase de alerta ante el riesgo inminente de que el vertido llegara a la costa.

Tras analizar la evolución del vertido durante la noche, se comprobó que este había superado las barreras de contención y se dirigía hacia la costa. En respuesta a esta situación, la Dirección General de Emergencias convocó una reunión de coordinación a las 10.00 horas de este jueves con todas las instituciones implicadas. El objetivo de esta reunión es analizar la situación, evaluar las posibles consecuencias del vertido de fuel oil y adoptar las decisiones pertinentes para hacer frente a la emergencia.

Impacto en la Costa y Municipios Afectados

El vertido de fuel oil ha alcanzado ya las playas de Bocabarranco y La Restinga en el municipio de Telde, y no se descarta que llegue a otras zonas costeras. Ante esta situación, las autoridades han activado el Plan Marítimo Nacional en fase de Emergencia, situación 1, lo que indica la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta coordinada a nivel nacional.

La contaminación de las aguas y las playas de la región supone un grave impacto ambiental que afectará a la flora y fauna de la zona. Además, las consecuencias económicas y sociales también serán importantes, ya que el turismo y la pesca, pilares fundamentales de la economía canaria, se verán severamente afectados.

En resumen, el vertido de fuel oil en el Puerto de La Luz ha desencadenado una crisis ambiental en Canarias que ha obligado a las autoridades a activar el máximo nivel de emergencia del PLATECA. La coordinación entre las diferentes instituciones y la adopción de medidas efectivas serán fundamentales para mitigar los daños y proteger a la población y el entorno natural de las Islas Canarias.

La reforma del sistema de financiación autonómica es uno de los temas más candentes de la agenda política en España. El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha planteado una visión clara y contundente sobre el asunto, apostando por un modelo que avance en sentido «federal» y que reconozca también los «hechos confederales» existentes.

Errejón ha subrayado que la garantía de cohesión territorial y el respeto al «principio de ordinalidad» son elementos clave en esta reforma. Según el dirigente de Sumar, «no puede ser que las comunidades se queden después del reparto peor que como estaban antes«. Esta posición refleja la preocupación de Sumar por lograr una financiación justa y equilibrada para todas las autonomías.

EL PP PROPUSO EN 2012 UN MODELO DE FINANCIACIÓN «SINGULAR» PARA CATALUÑA

Tanto Errejón como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han confrontado la posición actual del PP con su programa electoral de 2012 en Cataluña. En aquel entonces, el PP proponía un modelo de financiación «singular y propio» para la comunidad catalana, con una Agencia Tributaria Catalana.

Díaz ha ironizado sobre esta incoherencia del PP, señalando que «una buena manera de abordar la cuestión de la financiación territorial es seguir el programa del PP de 2012». Por su parte, Errejón ha criticado duramente esta «profunda incoherencia» del principal partido de la oposición.

SUMAR APUESTA POR UNA REFORMA FEDERAL Y SOLIDARIA

En cuanto a la posición de Sumar, Errejón ha insistido en la necesidad de avanzar en un sentido federal que beneficie a todas las comunidades. Ve positivas las referencias del presidente Sánchez a mejorar los recursos de todas las autonomías cuando se aborde un cambio de modelo.

Errejón ha desgranado que la reforma es una oportunidad para garantizar que las «administraciones que más servicios sociales prestan sean las que más recaudan«, respetando el principio de ordinalidad y las garantías de cohesión territorial y solidaridad entre autonomías.

El dirigente de Sumar ha recalcado que la redistribución de la riqueza se hace entre clases y no puede generarse un «enfrentamiento entre territorios». Sumar defiende la «pluridimensionalidad» del país, que debe materializarse en instituciones propias y en capacidad de autogobierno, unido a un modelo federal que comprenda a las regiones infrafinanciadas.

Errejón ha manifestado que sería perjudicial que la reforma de la financiación autonómica encallara, y ha reclamado también medidas para impedir el «dumping fiscal» entre comunidades. En definitiva, Sumar apuesta por una financiación justa, equilibrada y solidaria que fortalezca el Estado de las Autonomías.

La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (AESA) ha emitido una directiva de aeronavegabilidad de emergencia para exigir inspecciones puntuales en los motores de los aviones Airbus A350, después de que se produjera un incendio en un vuelo de Cathay Pacific el pasado lunes. Esta acción del regulador supone la primera confirmación oficial de que se originó un incendio en el motor del avión, lo que provocó que la aeronave diera media vuelta y regresara a Hong Kong poco después de despegar con destino a Zúrich (Suiza).

La AESA también ha aclarado que no todos los modelos del A350 requerirán estas inspecciones, según ha explicado una portavoz de la agencia en un correo electrónico recogido por ‘Bloomberg’. Cabe destacar que Rolls-Royce fabrica el motor Trent XWB-97 que propulsa el modelo A350-1000.

Medidas de Precaución y Afectación a Operadores

Según la AESA, los controles serán necesarios para «identificar y retirar del servicio cualquier manguera de combustible de alta presión potencialmente comprometida«. La entidad comunitaria ha afirmado que ha tomado «medidas de precaución» basándose en la información preliminar recibida de la investigación dirigida por la Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos de Hong Kong, así como de Airbus y Rolls-Royce.

Como consecuencia de estas inspecciones, la aerolínea con sede en Hong Kong Cathay Pacific ha cancelado 24 vuelos de ida y vuelta hasta este martes, ya que algunos aviones debían estar fuera de servicio «durante varios días«. Sin embargo, la compañía espera reanudar la actividad de todos esos aviones el próximo sábado.

En cuanto a otras aerolíneas, Japan Airlines ha terminado las comprobaciones de sus cinco A350-1000 y no ha encontrado ningún problema, mientras que Singapore Airlines, el mayor operador mundial del A350 con 64 aviones, ha afirmado que había comenzado las comprobaciones. Por su parte, Etihad no ha encontrado ningún problema.

Importancia de las Inspecciones y el Papel de los Fabricantes

Las inspecciones ordenadas por la AESA son fundamentales para garantizar la seguridad de los pasajeros y tripulaciones que vuelan a bordo de estos aviones. Es crucial que se identifiquen y retiren del servicio cualquier componente potencialmente defectuoso para evitar futuros incidentes.

El papel de los fabricantes Airbus y Rolls-Royce en esta situación también es crucial. Deben colaborar estrechamente con las autoridades reguladoras y aerolíneas para analizar las causas del incidente y proporcionar las soluciones técnicas necesarias. Su compromiso con la seguridad aérea y la transparencia en el proceso de investigación serán fundamentales para recuperar la confianza de los pasajeros.

Finalmente, es importante destacar que las inspecciones ordenadas por la AESA son una medida preventiva para garantizar la aeronavegabilidad de la flota de Airbus A350, demostrando el compromiso de las autoridades reguladoras con la seguridad del transporte aéreo.

En una crisis que no cesa, la ciudad de Madrid se enfrenta a un nuevo y devastador crimen de violencia de género. El pasado lunes, en el barrio de Entrevías, una mujer perdió la vida a manos de su pareja, convirtiéndose en la tercera víctima mortal de este tipo de violencia en la región en lo que va de año. Ante este lamentable suceso, las autoridades han hecho un llamado urgente a la unidad y la acción decidida de toda la sociedad para poner fin a esta lacra.

La Víctima y el Agresor Bajo el Sistema VioGen

El hombre detenido por este crimen ha sido puesto a disposición de los Juzgados de Violencia de Género número 2, según informó el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. La víctima, por su parte, había estado anteriormente en el sistema VioGen por una denuncia de malos tratos recibidos de una pareja anterior, hace años. Sin embargo, en este caso, «se había decretado que no eran precisas esas medidas de protección en relación con el agresor», lo que evidencia la necesidad de un sistema de protección más eficaz.

Una Realidad Inaceptable: Tres Asesinatos en Madrid en 2023

El crimen ocurrido en Entrevías es el tercer asesinato machista registrado en la Comunidad de Madrid en lo que va de año, después de los ocurridos en Soto del Real, en junio, y en Carabanchel, en julio. Ante esta realidad inaceptable, el delegado del Gobierno ha expresado la «más absoluta condena» al agresor, a quien ha calificado como «asesino que ha causado esta barbarie.

Martín ha subrayado que la violencia de género es «una expresión gravísima de la violencia machista» que sigue siendo una realidad en nuestra sociedad. Además, ha resaltado que en la actualidad hay más de 12.000 mujeres dentro del sistema VioGen en la Comunidad de Madrid, lo que evidencia la magnitud del problema y la urgente necesidad de proteger de manera eficaz a las mujeres.

Un Llamado a la Unidad y la Acción Contundente

Ante este panorama desolador, el representante del Gobierno central en Madrid ha hecho un llamado a la unidad, la firmeza y la colaboración de toda la ciudadanía, de todas las instituciones y de todos los agentes de la sociedad. Según Martín, «no es tiempo de titubeos, no es tiempo de silencio, es tiempo de unidad y de contundencia» para generar las condiciones necesarias para una protección más eficaz de las mujeres.

Esta tragedia reafirma la necesidad de un compromiso inquebrantable en la lucha contra la violencia de género. Solo a través de la unidad y la acción decidida de toda la sociedad se podrá poner fin a esta lacra y garantizar la seguridad y el bienestar de las mujeres en la Comunidad de Madrid y en todo el país.

Un reciente estudio de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en Barcelona concluye que España «podría pasar de un clima mediterráneo a un clima estepario» a causa del cambio climático. El trabajo, presentado en el Congreso Internacional de Meteorología de la European Meteorological Society (EMS), analiza la evolución de las temperaturas y las precipitaciones en el país desde 1971 hasta 2022, haciendo una proyección del clima peninsular-balear hasta 2050.

Los investigadores del Centro de Política de Suelo y Valoraciones (CPSV) de la UPC abordan la problemática del cambio estructural del clima, exponiendo la relación entre el proceso de calentamiento global, que afecta sobre todo a la península Ibérica y las Islas Baleares, con el proceso paralelo hacia un clima más seco.

Reducción Significativa de las Precipitaciones

La investigación prevé que, si continúa la tendencia de calentamiento experimentada los últimos años, en 2050 se producirá una reducción de las precipitaciones de entre un 14% y un 20% respecto a las precipitaciones actuales. Por este motivo, advierten de que el calentamiento global provocaría un cambio en el clima español «muy acusado» de cara al 2050, pasando de un clima mediterráneo típico a uno más seco y cálido, estepario e incluso desértico.

En el caso de Barcelona, la investigación prevé que pasará de un clima de inviernos templados y secos y veranos calurosos a un clima estepario y semiárido.

Implicaciones Económicas y Sociales del Cambio Climático

Estos cambios en el clima tendrán profundas implicaciones para diversos sectores económicos y la vida de los ciudadanos en España. La agricultura, el turismo y otros sectores altamente dependientes del clima se verán severamente afectados por la disminución de las precipitaciones y el aumento de las temperaturas.

Además, el cambio hacia un clima más seco y cálido podría tener serias repercusiones en la disponibilidad de recursos hídricos, la biodiversidad y la salud pública, requiriendo la adopción de medidas de adaptación y mitigación a nivel regional y nacional.

Los expertos subrayan la urgencia de implementar políticas climáticas efectivas y acciones concretas para abordar esta amenaza a la sostenibilidad del país a largo plazo. Solo mediante una respuesta coordinada y decisiva de los sectores público y privado será posible minimizar los impactos del cambio climático y preservar el bienestar de las generaciones futuras en España.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha constatado un «estancamiento» en la reducción de víctimas de tráfico durante el año 2023. A pesar de que España se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea en número de fallecidos por millón de habitantes, la tendencia de mejora se ha visto interrumpida, con un repunte del 11% en los primeros meses de 2024 que la Fiscalía considera «preocupante».

Según el informe de la Memoria correspondiente al 2023, presentado por el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, el número de víctimas mortales en 2023 se mantuvo muy similar al del año anterior, lo que evidencia un «cierto estancamiento» en las cifras de siniestralidad. Sin embargo, la Fiscalía reconoce que este fenómeno no es aislado en Europa, y que España sigue situándose por debajo de la media comunitaria.

El «Elevado Volumen de Delincuencia Vial» en España

Respecto a la litigiosidad en materia de Tráfico, la Fiscalía ha constatado un «punto de inflexión» en el año 2023, con una disminución en el número de procedimientos incoados en comparación con el ejercicio anterior. No obstante, las cifras siguen situándose «muy por encima» de los niveles prepandemia y de los años inmediatamente anteriores, lo que la Fiscalía considera un «elevado volumen de delincuencia vial detectada».

En 2023, el Ministerio Público formuló 96.745 acusaciones por delitos de riesgo contra la seguridad vial, lo que representa el 32,3% del total de acusaciones presentadas por la Fiscalía. Asimismo, se dictaron 92.816 condenas por estos mismos delitos, un 34,6% del total de condenas recaídas por cualesquiera tipologías delictivas.

Estos porcentajes, aunque ligeramente inferiores a los del año 2022, siguen siendo superiores a los del período prepandemia, lo que destaca «la importante y ya tradicional relevancia cuantitativa de la justicia penal de tráfico».

Principales Tendencias en los Delitos Viales

Respecto a los tipos de delitos, la Fiscalía ha observado algunas tendencias:

• Exceso de velocidad punible: Incrementos muy ligeros, tanto en el volumen de acusaciones (2%) como en el de sentencias de condena (3%), lo que supone un retorno a la tendencia alcista de años previos.
• Conducción bajo los efectos de alcohol y drogas: Descensos del 10% en acusaciones y del 16% en condenas, aunque sin incluir los datos de Vizcaya.
• Conducción temeraria: Tendencia descendente tanto en el número de acusaciones como de condenas, con reducciones del 12% y 16% respectivamente en el tipo básico.
• Conducción sin permiso: Reducciones porcentuales, aunque muy ligeras y en menor medida que el resto de tipologías delictivas contra la seguridad vial.

En cuanto a las penas privativas de libertad por delitos relativos a la seguridad vial, la Fiscalía indica que no se han experimentado «importantes fluctuaciones» y la población penitenciaria se ha mantenido «más o menos constante» a lo largo del ejercicio 2023.

La promulgación de la Ley Trans ha sido un hito histórico en la defensa de los derechos de las personas LGTBI+ en España. Sin embargo, algunos sectores han intentado desprestigiar esta ley y generar alarma social, alegando supuestos casos de fraude por parte de agresores que buscarían eludir condenas por violencia de género.

En este contexto, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha comparecido en la Comisión de Igualdad del Congreso para abordar esta problemática y reafirmar el compromiso del Gobierno con la protección de los derechos de este colectivo.

La Aplicación Correcta de la Ley Trans

Redondo ha asegurado que existen instrumentos normativos suficientes que permiten garantizar la aplicación correcta de la Ley Trans en la inmensa mayoría de los casos. Ha explicado que, aunque un agresor cambie de sexo en el Registro Civil, no podrá evadir su responsabilidad por los delitos de violencia de género cometidos.

La ministra ha señalado que el «problema» no es la ley en sí, sino quienes abusan de ella. Ha advertido a estos «individuos» y a quienes los alientan, que se enfrentarán no solo a los delitos derivados de sus actitudes violentas, sino también al fraude de ley, que está prohibido por el Código Civil.

El Trabajo de los Registros Civiles

Redondo ha informado que se han solicitado un total de 5.900 cambios registrales de sexo, de los cuales 85 han sido denegados, 8 solicitantes han desistido y en 5 casos ha caducado el expediente. Ha defendido que los encargados del registro hacen bien su trabajo y que cuando detectan irregularidades o sospechan la existencia de fraude o abuso del derecho, deniegan la inscripción.

La ministra ha acusado a «organizaciones que con la clara estrategia de poner en cuestión la ley, tratan de promover el fraude», así como a hombres que se prestan a interpretar este sainete. Ha tildado de «inhumanas y antidemocráticas» las actitudes que contribuyen a «seguir juzgando, arrinconando y perjudicando a un colectivo extremadamente vulnerable e históricamente indefenso como el que constituyen las personas trans».

El Compromiso del Gobierno con la Ley Trans

Finalmente, Redondo ha hecho un llamamiento a la «responsabilidad» y ha pedido concentrar esfuerzos para «luchar contra el alarmismo, la crispación y seguir mejorando en colaboración y en consensos», con el objetivo de ensanchar los derechos de las mujeres y las personas LGTBI+.

La ministra ha recalcado que si hay fraude en la aplicación de la ley, «se detecta, se denuncia y se interviene», como se hace con respecto a cualquier otra ley. Ha enfatizado que a nadie se le ocurriría pedir la modificación o derogación de leyes por el simple hecho de que se produzcan abusos.

En resumen, la Ley Trans ha supuesto un avance significativo en la defensa de los derechos de las personas LGTBI+ en España. Aunque existen casos aislados de presunto fraude, el Gobierno, a través de la ministra de Igualdad, ha reafirmado su compromiso con la correcta aplicación de esta ley y la protección de este colectivo vulnerable e históricamente discriminado.

La reciente declaración de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que equiparó el Régimen Especial de Baleares (REB) con el acuerdo de financiación pactado con ERC para Cataluña, ha sido rechazada enérgicamente por el conseller de Economía, Hacienda e Innovación de Baleares, Antoni Costa. Costa calificó esta comparación como un «insulto a la inteligencia» y un «intento de blanquear la enésima cesión a los independentistas para mantenerse en el poder».

Las Islas Baleares y Cataluña tienen realidades económicas y políticas muy diferentes, por lo que resulta inapropiado hacer una equiparación tan simplista entre ambos regímenes de financiación. El REB, aprobado en 2002, tiene como objetivo compensar los sobrecostes que conlleva la insularidad y la lejanía del archipiélago balear, mientras que el acuerdo con ERC responde a intereses políticos del Gobierno central para asegurar su permanencia en el poder.

Régimen Especial de Baleares: Una Necesidad Justa

El REB fue aprobado hace más de 20 años con el fin de corregir los desequilibrios y desventajas que sufren las Islas Baleares debido a su condición de archipiélago. Este régimen especial permite a la comunidad autónoma obtener recursos adicionales para compensar los sobrecostes derivados de la insularidad, como el transporte, la energía o la logística.

Más allá de los aspectos meramente económicos, el REB también busca preservar la identidad cultural y las tradiciones de las Islas Baleares, así como fomentar el desarrollo sostenible de un territorio con una alta dependencia del turismo. Es decir, se trata de un instrumento imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial de todo el archipiélago.

Por lo tanto, la comparación realizada por la ministra Montero no solo es inadecuada, sino que también ignora la realidad y las necesidades específicas de Baleares, relegando a un segundo plano los justos reclamos de esta comunidad autónoma.

El Acuerdo con ERC: Un Intercambio Político

A diferencia del REB, el acuerdo de financiación pactado con ERC para Cataluña responde a una estrategia política del Gobierno central para asegurar su permanencia en el poder. Lejos de ser una medida de equilibrio territorial, esta negociación se ha convertido en una moneda de cambio para obtener el apoyo de los partidos independentistas catalanes.

Este tipo de cesiones a los nacionalistas no solo debilitan la unidad de España, sino que también distorsionan el sistema de financiación autonómica, generando agravios comparativos entre las diferentes comunidades. Además, la falta de transparencia y la opacidad que han rodeado estas negociaciones han generado desconfianza y malestar entre el resto de las autonomías.

En resumen, mientras que el REB es una herramienta imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial en Baleares, el acuerdo con ERC representa un intercambio político que pone en riesgo la unidad y la equidad del sistema de financiación autonómica.

Conclusión: Diferenciar lo Esencial de lo Coyuntural

La comparación realizada por la ministra Montero demuestra una falta de entendimiento de las realidades y necesidades específicas de cada territorio. Mientras que el REB responde a criterios objetivos de compensación por la insularidad, el acuerdo con ERC es claramente político, respondiendo a intereses partidistas del Gobierno central.

Es fundamental que las autoridades diferencien lo esencial de lo coyuntural, y que las decisiones en materia de financiación autonómica se basen en principios de equidad, solidaridad y cohesión territorial, y no en intercambios políticos que puedan generar agravios comparativos entre las comunidades.

Solo así se podrá garantizar que todas las regiones de España, incluyendo las Islas Baleares, tengan las mismas oportunidades de desarrollo y bienestar para sus ciudadanos. Este es el reto que debe asumir el Gobierno central, más allá de cualquier cálculo político a corto plazo.

La Ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que el error técnico presente en la Ley de Paridad será subsanado a través de una enmienda que se tramitará la próxima semana. Esto viene en respuesta a las preocupaciones expresadas por diversos grupos políticos sobre la posible desprotección de los trabajadores que se acojan a los nuevos permisos contemplados en la ley.

La ministra ha destacado que este error es «subsanable» y que ya se está trabajando en su corrección. Además, ha enfatizado que las personas trabajadoras no están desprotegidas, ya que la interpretación constitucional y la normativa europea proporcionan una base sólida para considerar cualquier despido en estas circunstancias como «discriminatorio y, por tanto, nulo«.

Confianza en las instituciones y empresarios

La ministra Redondo ha llamado a «confiar» en las instituciones y en los empresarios españoles, quienes, según ella, «no son insensibles ni están esperando una grieta en el ordenamiento jurídico para despedir masivamente a sus trabajadoras». Asimismo, ha subrayado que la disposición final novena de la ley no generará desprotección, sino que se aplicará «coherentemente con el resto del ordenamiento jurídico«.

En este sentido, ha afirmado que los despidos que tengan como causa el ejercicio del derecho a la adaptación de jornada o a los permisos por cuidado de un familiar serán considerados «nulos«. La ministra ha manifestado su confianza en que la justicia sabrá valorar y aplicar la ley de manera adecuada.

Crítica a la oposición y defensa del Ministerio de Igualdad

Redondo ha expresado su preocupación por el «alarmismo, la desinformación y la inquietud desproporcionada» que se ha generado en torno a la Ley de Paridad, con la intención, según ella, de «cuestionar y denostar las políticas de igualdad y, de manera particular, al Ministerio de Igualdad«.

La ministra ha denunciado que desde la época de la ex ministra Bibiana Aído, el Ministerio de Igualdad «no ha tenido tregua» y ha sido objeto de un «ataque sistemático» por parte de la oposición, con el fin último de «facilitar la eliminación de esta cartera o justificar su desaparición» cuando haya un cambio de Gobierno.

Finalmente, Redondo ha acusado a la oposición de «desprestigiar, menoscabar y ridiculizar» las funciones del Ministerio de Igualdad y a sus titulares.

En un destacado logro, la Guía AUTDesign Playkit sobre el diseño de juegos y parques inclusivos para niños con autismo, impulsada por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha recibido una mención honorífica del Premio de la Unión Europea (UE) a la Ciencia Ciudadana, según informa la universidad en un comunicado.

Este manual detalla la creación de diseños innovadores y visibiliza los retos a los que se enfrentan los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Forma parte del proyecto Play AUT the Box (PAtB), liderado por las investigadoras de la UOC, Blanca Calvo y Raquel Colacios.

Desarrollo de Infraestructuras de Juego Inclusivas

El proyecto PAtB tiene como objetivo desarrollar infraestructuras de juego dirigidas a niños con autismo, utilizando una metodología de cocreación con familias, expertos, terapeutas, diseñadores y carpinteros. De este proceso, han surgido el ‘Box AUT’, un prototipo de sala de juegos exterior, verde e inclusiva, y seis prototipos de juegos inclusivos denominados ‘Games AUT’.

La guía está disponible en la página web de PAtB y su lenguaje es muy accesible y comprensible para familias de niños autistas, maestros, monitores, gestores de espacios de juego y cualquier persona interesada.

Visibilizando los Retos de los Niños con Autismo

Según Raquel Colacios, el proyecto también visibiliza los retos que enfrentan los niños con autismo para comprender el funcionamiento del juego y las normas sociales. «Se aburren rápidamente, sobre todo si el juego no les interesa, y necesitan cambiar constantemente de juego», explica.

La Guía AUTDesign Playkit y el proyecto PAtB representan un importante avance en la inclusión y el apoyo a los niños con autismo, al tiempo que sensibilizan a la sociedad sobre las necesidades específicas de esta población. Este reconocimiento de la UE es un claro reflejo del impacto y la relevancia de este trabajo.

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de impulsar la creación de un sistema de financiación autonómico «más justo» ha generado diversas reacciones entre los partidos políticos. Mientras que el PSPV-PSOE lo ha considerado una «magnífica noticia» y Compromís ha valorado que se abre «una oportunidad», el PP y Vox han expresado sus críticas.

La Propuesta de Sánchez: Clave para la Singularidad de la Comunidad Valenciana

El síndic socialista, José Muñoz, se ha mostrado «muy satisfecho» con el anuncio de Sánchez, destacando que menciona «cuatro criterios adicionales» a la singularidad, como la «cohesión territorial, el principio de suficiencia financiera, el principio de igualdad y el principio de equidad». Muñoz ha resaltado que la propuesta del Gobierno valora estos criterios y la «singularidad» de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, ha reconocido que aún falta concretar los detalles del planteamiento.

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha valorado que el anuncio de Sánchez abre «una oportunidad», aunque ha advertido que primero habrá que conocer «cuáles son los criterios» y ha garantizado que no aceptarán «nada que no resuelva de una vez por todas el problema de los valencianos». Baldoví ha instado al ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, a posicionarse respecto a la condonación de la deuda de la Comunitat Valenciana.

La Posición del PP y Vox: Críticas y Desconfianza

Desde el PP, su síndic, Juanfran Pérez Llorca, ha coincidido con Mazón en que el anuncio de Sánchez es «humo» para «desviar la atención» de un «fracaso» y ha pedido «menos mentiras» al presidente del Gobierno y «más propuestas concretas» sobre la financiación que deben recibir los valencianos. Pérez Llorca ha defendido que en el PPCV tienen «las cosas claras» sobre las necesidades de la Comunitat Valenciana en materia de financiación.

Por otro lado, desde Vox, José María Llanos ha exigido que no existan los «privilegios» para quienes mantienen a Pedro Sánchez en el poder y ha instado al presidente del Gobierno a que se dedique a «solventar los problemas» de la educación o la sanidad, en lugar de «implantar un sistema discriminatorio» en el que, a su juicio, «nuevamente vuelve a castigarnos y a reírse de los valencianos» mediante un reparto «de calderilla».

En conclusión, el anuncio de Sánchez sobre la reforma del sistema de financiación autonómico ha generado expectativas en el PSPV-PSOE y Compromís, quienes ven una oportunidad para abordar la singularidad de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, el PP y Vox han expresado su desconfianza y han criticado la propuesta, lo que plantea un escenario de negociación complejo en el que el diálogo y la búsqueda de consensos serán fundamentales para alcanzar una solución justa y duradera.

Resumen Ejecutivo

Necesidad de Diálogo y Consenso: El escenario de negociación se perfila como complejo, por lo que el diálogo y la búsqueda de consensos serán fundamentales para alcanzar una solución justa y duradera.

Reacción Positiva: El PSPV-PSOE y Compromís han valorado positivamente el anuncio de Sánchez, viendo una oportunidad para abordar la singularidad de la Comunitat Valenciana.

Críticas del PP: El PP ha calificado el anuncio de Sánchez como «humo» y ha pedido «menos mentiras» y «más propuestas concretas» sobre la financiación.

Posición de Vox: Vox ha exigido que no existan «privilegios» y ha instado a Sánchez a centrarse en solventar problemas como la educación y la sanidad, en lugar de «implantar un sistema discriminatorio».

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha detectado recientemente un episodio de contaminación en el río Segura provocado por el vertido de un herbicida llamado Bentazona. Este incidente ha generado preocupación entre los ciudadanos, pero la CHS ha actuado de manera rápida y coordinada para garantizar la calidad del agua suministrada.

El presidente de la CHS, Mario Urrea, ha brindado detalles clave sobre cómo se ha gestionado esta situación. En primer lugar, ha asegurado que «en ningún momento el agua suministrada ha tenido ningún problema de calidad para los ciudadanos». Esto es gracias a la estrecha coordinación entre la CHS y la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), quienes han trabajado en conjunto para garantizar el suministro de agua de la mejor calidad posible.

Acciones Inmediatas de la CHS

Tras detectar la presencia del herbicida Bentazona en algunas acequias, la CHS ha tomado medidas inmediatas. La Comisaría de Aguas cursó escritos a las autoridades competentes, tanto a la Consejería de Salud como a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, para que adoptaran las acciones necesarias dentro de sus respectivas competencias.

La CHS también realizó tomas de muestras y las llevó a laboratorio, donde se confirmó la presencia del producto contaminante. Posteriormente, se iniciaron los procedimientos correspondientes, incluyendo el requerimiento a los titulares de las acequias afectadas y la apertura de un expediente sancionador.

Evolución y Expectativas de la Situación

Según Urrea, la traza del producto ha ido disminuyendo con el paso de los días, gracias a las medidas implementadas. Las analíticas realizadas por la CHS han determinado que la cantidad de Bentazona en el río Segura está bajando gradualmente.

La CHS espera que, en un plazo aproximado de 15 días, ya no haya presencia significativa del herbicida ni en las acequias ni en el río Segura. Esto, a su vez, «introducirá una mayor tranquilidad en la gestión de las potabilizadoras de la MCT».

Además, la CHS ha comunicado la situación a los ayuntamientos potencialmente afectados, para que también adopten las medidas necesarias dentro de sus competencias.

En resumen, este episodio de contaminación ha sido gestionado de manera coordinada por la MCT y la CHS, lo que ha permitido que no haya sido necesario cortar ningún suministro y que el agua suministrada a los ciudadanos haya cumplido con la normativa de potabilización en todo momento.

La CHS se ha comprometido a continuar con el control del vertido, con el objetivo de asegurar que la presencia de Bentazona desaparezca por completo en las próximas semanas, brindando así tranquilidad a la población.

En un hecho significativo para la conservación de la naturaleza, el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Pedro Yórquez, ha liberado al medio natural un ejemplar de águila pescadora (Pandion haliaetus) en Palos de la Frontera (Huelva). Esta acción se enmarca en los esfuerzos del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de Marismas del Odiel, que ha trabajado arduamente para devolver a la libertad a este ave rapaz.

Durante un mes, los veterinarios y cuidadores del CREA se han encargado del tratamiento y rehabilitación de esta águila pescadora, un macho de dos años que ingresó con graves signos de desnutrición, deshidratación y problemas respiratorios. Gracias a la alimentación inducida y la musculación en un voladero, el ave ha logrado casi triplicar su peso inicial de 1,2 kilos, recuperando las condiciones necesarias para su liberación.

Campaña de Anillamiento Récord en Marismas del Odiel

La campaña de anillamientos de pollos de 2024 ha concluido con los mejores datos de reintroducción de los últimos 20 años. Este hecho confirma a Marismas del Odiel y su entorno como el lugar con mayor concentración de águilas pescadoras reproductoras de la Península Ibérica.

La Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha registrado once parejas reproductoras establecidas en el paraje, de las cuales siete lograron tener éxito en su reproducción. El equipo técnico logró anillar 19 pollos, 10 machos y 9 hembras.

Según el delegado territorial, Pedro Yórquez, este logro representa «un hito en los niveles de conservación de Marismas del Odiel». Las cuatro parejas que no se reprodujeron este año tienen sus nidos y territorios fijados, por lo que se espera que se reproduzcan en los próximos años. El proceso de anillamiento, realizado durante los meses de mayo y junio, supuso todo un reto para los técnicos debido a la difícil accesibilidad de algunos nidos, que debieron ser alcanzados en barco o zodiac.

Dispersión de Águilas Pescadoras, una Noticia Esperanzadora

El registro de 2024 revela la presencia de hembras reproductoras procedentes de Cádiz, las Islas Baleares y, por primera vez, de Portugal. Este hecho representa una «importante noticia para mejorar la viabilidad genética de la especie», según destacó Yórquez. Además, se ha constatado que ejemplares nacidos en Marismas del Odiel se han asentado en otros lugares de la Península Ibérica, lo que demuestra la dispersión de esta especie emblemática.

Cada año, a las aves sedentarias de esta especie se suman unas 90 águilas pescadoras invernantes en la provincia de Huelva, procedentes de países como Finlandia, Noruega, Suecia, Alemania, Francia, Polonia y Escocia. Esto convierte a Marismas del Odiel en la zona con mayor concentración de águilas pescadoras en invernada de la Península Ibérica.

Estos logros reproductivos y de conservación de la especie coinciden con el cuadragésimo aniversario de la declaración de Marismas del Odiel como Paraje Natural, así como el de la Isla de Enmedio y la Marisma del Burro como Reservas Integrales. Sin duda, estos datos reflejan la buena salud del espacio protegido del Estuario del Odiel.

En un movimiento que evidencia su determinación por obtener respuestas, el Partido Popular (PP) ha implementado una estrategia agresiva en la comisión de investigación del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en el Senado. Con su mayoría absoluta, los populares han diseñado un plan de trabajo minucioso, convocando a altos cargos del Gobierno y del propio CIS a comparecer ante esta comisión.

La comisión, presidida por el senador murciano del PP Antonio Luengo, se ha propuesto analizar exhaustivamente la gestión y las operaciones del CIS, una entidad clave en la investigación sociológica del país. Desde la composición del Consejo Asesor hasta los detalles financieros, el PP ha desplegado una estrategia de escrutinio riguroso, solicitando información detallada sobre contratos, facturas y ejecución presupuestaria.

Formato de Comparecencias: Un Enfoque Estratégico

El PP ha establecido un formato específico para las comparecencias en la comisión. Para los miembros del Gobierno y del CIS, se ha optado por un esquema de interrogatorio, con un límite de 50 minutos por grupo. En el caso de los analistas políticos y expertos sociológicos, se ha dado un margen de 30 minutos para la exposición inicial, seguida de una intervención de 10 minutos por cada grupo.

Esta estructura refleja la determinación del PP por obtener respuestas concretas y exhaustivas de los comparecientes, especialmente en lo que respecta al ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, y al presidente del CIS, José Félix Tezanos. Asimismo, la comisión ha convocado a otros altos cargos del organismo, como el jefe de gabinete de Tezanos, los secretarios generales y los responsables financieros y de recursos humanos.

Desafío a la Legitimidad del Gobierno

La posición del Partido Socialista (PSOE) en esta comisión ha sido criticada por el portavoz socialista, Javier Izquierdo, quien considera que el PP ya ha «escrito las resoluciones» de antemano. Izquierdo ha calificado la comisión como una pérdida de tiempo y de dinero de los españoles, argumentando que el verdadero objetivo es cuestionar la legitimidad del Gobierno para realizar los nombramientos que la ley le permite.

A pesar de las objeciones del PSOE, el PP ha logrado incluir en el plan de trabajo a dos comparecientes propuestos por los socialistas: la exdiputada socialista Inés Alberdi y el catedrático Pablo Oñate. Esta decisión refleja la determinación del PP por abarcar una amplia gama de perspectivas en la investigación.

En resumen, la comisión de investigación del CIS se ha convertido en un campo de batalla político, donde el PP, con su mayoría absoluta en el Senado, ha diseñado una estrategia exhaustiva para escrutar la gestión y las operaciones de esta influyente entidad. La intención parece ser poner en duda la legitimidad del Gobierno y sus nombramientos, mientras que el PSOE acusa al PP de haber prejuzgado los resultados de la investigación.

El Gobierno Central y la Comunidad Autónoma de Navarra han llegado a un acuerdo para incluir la competencia de tráfico en la Ley de Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. Este acuerdo, que busca «blindar» dicha competencia para la región, será sometido a votación y aprobación definitiva en el próximo Pleno del Congreso de los Diputados.

La modificación de la ley viene a resolver una situación previa, en la que el Tribunal Supremo anuló el traspaso de esta competencia a Navarra. Tras una reunión entre la presidenta autonómica, María Chivite, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se anunció en abril el proyecto de ley que ahora llega a las Cortes Generales, tras haber sido ya aprobado en el Parlamento navarro.

EL APOYO NECESARIO EN EL CONGRESO

Al tratarse de una ley de carácter orgánico, el proyecto requerirá el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso, es decir, 176 diputados. Esto significa que el Gobierno necesitará contar con el apoyo de todos sus socios, incluyendo a Junts, para lograr su aprobación.

El acuerdo modifica el artículo 49 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA), explicitando que la Comunidad Foral tendrá la competencia para la ejecución de la legislación del Estado, así como las funciones de vigilancia y control del tráfico. Además, se añade un nuevo punto en el artículo 51, que especifica que será la Policía Foral quien ejercerá esta competencia.

UNA TRAMITACIÓN RÁPIDA Y SIN ENMIENDAS

La tramitación de este proyecto de ley en el Congreso se realizará por el procedimiento de lectura única, lo que implica que no habrá posibilidad de presentar enmiendas para modificarlo. Esta vía expeditiva responde a la voluntad de llevar a cabo un proceso ágil y sin obstáculos, con el objetivo de lograr la aprobación definitiva en el menor tiempo posible.

El Pleno del Parlamento navarro ya había respaldado este acuerdo en mayo, con los votos favorables de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que el PP y Vox se opusieron. Ahora, la pelota pasa al tejado del Congreso de los Diputados, donde se espera que la iniciativa cuente con el apoyo necesario para su aprobación.

UN PASO CLAVE PARA LA AUTONOMÍA NAVARRA

Este acuerdo representa un hito importante en el fortalecimiento de la autonomía de Navarra, al lograr blindar la competencia de tráfico para la Comunidad Foral. Después de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el traspaso previo, este nuevo marco legal viene a dar seguridad jurídica y a reafirmar el papel de la Policía Foral en el ejercicio de estas funciones.

La entrada en vigor de esta modificación de la LORAFNA supondrá un avance significativo en el autogobierno navarro, al consolidar una competencia clave para la región. Asimismo, refleja la cooperación entre el Gobierno Central y el Ejecutivo autonómico, demostrando la capacidad de alcanzar acuerdos en materia de descentralización y transferencia de competencias.

En definitiva, este paso legislativo representa un hito importante en el fortalecimiento de la autonomía de Navarra, al tiempo que pone de manifiesto la voluntad política del Gobierno de España y del Gobierno Foral por avanzar en un **modelo de *Estado más descentralizado* y respetuoso con las singularidades de cada región.

El Consejero de Hacienda y Fondos Europeos del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ha expresado su satisfacción por las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha manifestado su intención de acabar con la competencia fiscal entre comunidades autónomas. Peláez considera que esta medida permitirá a todas las regiones contar con mayores recursos para abordar los retos sociales y económicos.

En un comunicado a los medios, Peláez ha señalado que desde el Principado de Asturias llevan tiempo reclamando una armonización fiscal, especialmente en los tributos que gravan la riqueza, con el objetivo de reducir las desigualdades y mejorar la redistribución de la renta y la riqueza. El consejero ha hecho hincapié en que algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular han anunciado rebajas fiscales a las grandes rentas y patrimonios, lo que considera «poco coherente» con la búsqueda de una mayor equidad.

La Propuesta de Reforma del Modelo de Financiación

Peláez ha valorado positivamente la intención de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de iniciar negociaciones discretas con las comunidades autónomas para abordar la reforma del modelo de financiación. Según el consejero, esta perspectiva se ajusta a la posición que el Principado de Asturias ha defendido, es decir, que las negociaciones sean multilaterales y cuenten con la participación de todos los territorios.

Asimismo, Peláez ha destacado la importancia de que exista un trabajo técnico y discreto que permita a los expertos abordar en profundidad los detalles de la reforma, ya que se trata de una tarea ardua y compleja que requiere de una discusión tranquila y alejada de los focos mediáticos.

Llamado a la Coherencia en la Política Fiscal

El consejero asturiano ha puesto en evidencia la incoherencia de algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular, que por un lado reclaman más recursos, incluso la creación de un fondo transitorio, pero al mismo tiempo anuncian rebajas fiscales a las grandes rentas y patrimonios. Peláez considera que esta actitud no se ajusta a la búsqueda de una mayor equidad y redistribución de la riqueza.

En este sentido, el consejero ha resaltado la necesidad de armonizar los tributos, sobre todo aquellos que gravan la riqueza, como una forma de incrementar los recursos disponibles y abordar los retos sociales y económicos que enfrentan las comunidades autónomas.

En resumen, el Consejero de Hacienda y Fondos Europeos del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ha valorado positivamente las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el fin de la carrera de rebajas fiscales entre comunidades autónomas. Peláez considera que esta medida permitirá a todas las regiones contar con mayores recursos para abordar los retos sociales y económicos, y ha hecho un llamado a la coherencia en la política fiscal, especialmente en lo que respecta a la armonización de los tributos que gravan la riqueza.

En un movimiento estratégico que refleja la confianza en el potencial de la empresa, el fondo estadounidense Millennium Group Management ha aumentado su participación en Indra, uno de los líderes tecnológicos de España. Este acto pone de manifiesto el atractivo que la compañía española ejerce sobre los inversionistas internacionales, quienes ven en ella un sólido potencial de crecimiento y rentabilidad.

Según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Millennium Group Management ahora ostenta una participación del 1,008% en el capital social de Indra, convirtiéndose en uno de los accionistas más relevantes de la empresa. Esta posición, si bien no es la más elevada, sí refleja el interés del fondo en incrementar su presencia en la compañía liderada por Marc Murtra, cuyo principal accionista es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con un 25,15% de participación.

Sólidos Resultados Financieros y Perspectivas Optimistas

Los últimos informes financieros de Indra muestran un panorama alentador para la empresa. Durante el primer semestre del año, la compañía logró obtener un beneficio neto de 114 millones de euros, lo que representa un 27% de incremento en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando sus ganancias ascendieron a 90 millones de euros.

Este desempeño financiero robustece la confianza de los inversores y lleva a la empresa a revisar al alza sus objetivos para el conjunto del ejercicio 2024. Ahora, Indra espera alcanzar unos ingresos en moneda local superiores a los 4.800 millones de euros, superando las estimaciones iniciales de más de 4.650 millones de euros que se habían planteado a principios de año.

El Atractivo de Indra para los Inversionistas Internacionales

La creciente participación del fondo Millennium Group Management en Indra refleja el atractivo que la firma española ejerce sobre los inversores internacionales. Este movimiento estratégico pone de manifiesto la confianza que los fondos extranjeros depositan en el potencial de crecimiento y rentabilidad de Indra, uno de los principales actores tecnológicos de España.

Además, la revisión al alza de los objetivos financieros de la compañía para el próximo ejercicio refuerza aún más su atractivo como una opción de inversión sólida y prometedora. Los sólidos resultados obtenidos en el primer semestre del año y las perspectivas optimistas para el futuro inmediato posicionan a Indra como una empresa de gran interés para los inversionistas que buscan oportunidades de crecimiento en el sector tecnológico español.

La Ley de Amnistía aprobada recientemente en España ha generado una gran controversia política. El Partido Popular (PP) ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley, que incluye la recusación de tres magistrados del Tribunal Constitucional (TC). La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha respondido a esta acción calificándola como un ejercicio de «populismo» y de «oposición destructiva», y ha hecho un llamamiento a los ‘populares’ para que vuelvan a la senda de una labor «constructiva«.

Recurso del PP: Cuestionando la Imparcialidad del TC

El PP ha registrado su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, alegando que el TC debe ser «imparcial» e «independiente» a la hora de analizar esta norma. Con este paso, los ‘populares’ buscan apartar de la deliberación de la Ley de Amnistía al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, y a los dos miembros que procedían del Gobierno de Pedro Sánchez, el exministro Juan Carlos Campo y la ex directora general de Moncloa Laura Díez.

Según la ministra Redondo, esta acción del PP se enmarca en su «senda del populismo» y en el «ejercicio de una oposición destructiva«. Redondo ha afirmado que esta no es una nueva estrategia para los ‘populares’, pues han adoptado esta postura ante cualquier avance en derechos o cualquier avance en integración territorial.

Llamamiento a una Oposición Constructiva

La ministra de Igualdad ha hecho un llamamiento a los del PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, para que ejerzan su función como oposición desde una postura «constructiva» que ofrezca alternativas y dé a conocer su modelo de país. Redondo ha criticado que el PP se posicione «a la contra» e intente que no se produzcan los avances impulsados desde su ministerio.

En este contexto, el recurso presentado por el PP contra la Ley de Amnistía se percibe como un «ejercicio de populismo» y de «oposición destructiva«, alejándose de lo que debería ser una respuesta «solidaria» y orientada a la «superación de los problemas y de los conflictos con Cataluña«. La ministra ha instado a los ‘populares’ a asumir un papel más «constructivo» en la oposición, ofreciendo alternativas y dando a conocer su visión para el país.

La llegada de la DANA (Depresión Aislada de Niveles Altos) a la provincia de Guadalajara, en el centro de España, ha dejado una huella imborrable en el pequeño municipio de Chera. Con apenas media docena de habitantes en invierno y situado a 14 kilómetros de Molina de Aragón, este pueblo se encuentra ahora en una situación delicada, enfrentando los devastadores efectos de las fuertes tormentas que azotaron la región a finales de agosto.

El pasado viernes 30 de agosto, las intensas precipitaciones cayeron sobre la Sierra, desencadenando un desbordamiento del barranco que atraviesa Chera. Esta avalancha de agua causó daños generalizados en el pueblo, afectando a caminos, viviendas particulares, cocheras, la ermita y el cementerio, además de arrasar algunos cultivos.

Ahora, el alcalde y los escasos habitantes del municipio se encuentran preocupados por la posibilidad de que esta situación se repita, ya que la tierra sigue empapada y cada gota que cae resbala por la superficie.

EL AGUA AMENAZA AL PUEBLO

Según declara el alcalde, Javier Calvo, a Europa Press, la cantidad de agua que llegó a Chera el pasado viernes era tal que «parecía un mar. Muchos de los mayores del pueblo no recordaban nada igual en años. Esta situación crítica no solo se dio esa tarde-noche, sino que se prolongó durante todo el fin de semana, dejando al municipio en un estado de alerta constante.

El mayor temor de los habitantes de Chera es que la situación se repita en los próximos días, ya que el pueblo no está preparado para soportar más daños. Uno de los principales problemas es que hay un camino que funciona como una especie de presa, y el tubo que debería desaguar no es suficiente, lo que provoca que el agua salte y erosione el terreno, poniendo en riesgo la integridad de la infraestructura.

Calvo insiste en la necesidad de que la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) refuerce los laterales de este camino, ya que el agua «baja en dos minutos y no da tiempo a nada». La preocupación es que, si el barranco vuelve a llenarse, el camino pueda reventar, causando graves problemas en el pueblo.

DAÑOS GENERALIZADOS Y RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES

Los efectos de la DANA han sido devastadores en Chera. El agua torrencial ha deshecho caminos, obligando a sacar las imágenes de la ermita de la Asunción y llevarlas a la iglesia. En el cementerio, las tumbas, lápidas y cruces han sufrido daños considerables, con algunas de ellas hundiéndose.

Ante esta situación, el alcalde y los vecinos del pueblo se han puesto manos a la obra para afrontar los desperfectos que no son competencia de otras administraciones. Afortunadamente, la Diputación ya se ha puesto en contacto con ellos para tratar de solucionar lo antes posible los daños causados en los caminos y lo que sea de su competencia.

Además, la Diputación se ha dirigido a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) para que revise la situación del barranco, que es de su competencia. Los técnicos de la Institución Provincial ya se han acercado al pueblo para evaluar la situación y afrontar la reparación de los caminos.

UN FUTURO INCIERTO PARA CHERA

A pesar de los esfuerzos de las autoridades, el alcalde de Chera, Javier Calvo, insiste en la necesidad de una respuesta rápida y efectiva por parte de la CHT. Él pide especialmente que se «refuercen los laterales del camino que hace de presa», ya que el tubo actual no es suficiente para desaguar adecuadamente.

La preocupación de los habitantes de Chera es palpable, ya que temen que, si la situación se repite, puedan producirse consecuencias aún más graves. Recuerdan la trágica situación vivida hace décadas en Yebra y Almoguera, en la comarca de la Alcarria, y esperan que no se tenga que lamentar nada similar en esta zona de la Sierra.

El futuro de Chera se encuentra en un delicado equilibrio, dependiendo en gran medida de la capacidad de las autoridades para responder de manera efectiva a los daños causados por la DANA y garantizar la seguridad del pueblo ante futuros eventos climáticos extremos. La resiliencia y el apoyo de la comunidad serán claves para que este pequeño municipio pueda superar este desafío y mirar hacia un futuro más seguro.

El Consello da Cultura Galega (CCG) ha elaborado un informe que afirma que la planta prevista por la empresa portuguesa Greenfiber (Altri) en Palas de Rei (Lugo) «produciría una fractura en el territorio» e «implicaría la destrucción completa o alteración irreversible» de una zona propuesta para entrar en la Rede Natura. Según el informe, esta instalación introduciría «un elevado grado de incerteza sobre la evolución futura y la viabilidad de la recomposición del contexto social y territorial».

Los expertos que elaboraron el informe, reunidos por el CCG, también cuestionan la justificación de declaración de ‘Proxecto Industrial estratéxico’ (PIE), argumentando que los análisis realizados a partir de los datos del expediente no concuerdan con lo anunciado por los promotores. Por ejemplo, el número de empleos directos que se crearían en la primera fase del proyecto se estima entre 161 y 281, «la mitad de los anunciados». Además, «los impactos indirectos solo serían para empresas situadas fuera de Galicia, por lo que el proyecto tendría un impacto muy reducido en la economía gallega, 0,30 euros/euro producido.

Abastecimiento de Materia Prima

Los expertos también ponen en duda la previsión de materia prima necesaria para abastecer a la planta. Según el informe, el cálculo debería hacerse respecto a la fase II, en la que se estima un consumo de 2,28 millones de metros cúbicos.

Además, los datos utilizados están «desfasados», ya que el Inventario Forestal de Galicia no está disponible para la comunidad autónoma entera todavía, solo para la franja costera, y el nacional contiene datos de hace 15 años.

Ante esto, los autores del informe concluyen que «no sería posible abastecer la nueva fábrica sin incrementar el área ocupada por plantaciones de eucalipto en Galicia, entre 80.000 y 90.000 hectáreas adicionales, que se sumarían a las 409.000 actuales. «Dos escenarios que son opuestos a los intereses de la política forestal de Galicia», han afirmado.

Impacto Medioambiental y Patrimonial

El informe también es contundente en lo que respecta a la localización de la planta, argumentando que se emplazaría «directamente en uno de los hábitats geodáficos y ecológicos más singulares e interesantes de Galicia» y, más concretamente, sobre un área propuesta para la ampliación de la Rede Natura. «La instalación de esta fábrica implicaría la destrucción completa o la alteración irreversible de estos suelos y su biota asociada, un verdadero laboratorio natural de biodiversidad», aseguran.

Además, los expertos consideran que el estudio realizado en el proyecto no responde a un análisis «conceptual complejo integrado de valores naturales, sociales y culturales», sino que los entiende como elementos aislados. En este sentido, advierten que el proyecto supondrá «un cambio de modelo territorial que afectará a los recursos turísticos de la zona», citando entre otros el castillo de Pambre y el Camino de Santiago.

En cuanto a los análisis sobre la calidad del agua y las emisiones gaseosas, si bien se sitúan dentro de los parámetros exigidos, los expertos señalan que los cálculos presentan «un importante sesgo» y «obvian» la dinámica hidroecológica e hidrosocial, además de las tendencias hidrológicas que apuntan a una disminución «progresiva y acentuada» de los caudales disponibles.

Conclusión: Necesidad de un Debate Más Amplio

Más allá de los datos aportados, todos los expertos han coincidido en que falta un debate «mayor y más sosegado» sobre el modelo de territorio que se quiere para Galicia. «El apoyo a un proyecto empresarial es una decisión de política pública de alto alcance, con repercusión a medio y largo plazo. Por lo que hace falta un debate mayor y más sosegado, sobre las ventajas e inconvenientes de su implantación. Un debate sobre el modelo de sector forestal que queremos tener», ha afirmado Corbelle.

Los autores del informe han afeado que el proyecto se declarase PIE «sin prácticamente ser sometido a debate, más allá del parlamentario». Según ellos, se necesita una «consulta pública durante un periodo de seis semanas» para una adecuada discusión sobre el «modelo de territorio» que Galicia quiere como sociedad.

En una maniobra estratégica, Rheto Arquitectos, un accionista significativo de la empresa Clerhp Estructuras, ha cerrado un acuerdo con las entidades de inversión gestionadas por Inveready Asset Management para adquirir las acciones de su titularidad. Este movimiento permitirá una salida ordenada de esta reconocida gestora de inversión del capital de Clerhp.

Bajo los términos del acuerdo, Rheto Arquitectos ha suscrito una opción de compra exclusiva sobre 1.176.035 acciones de Clerhp a un precio de 5 euros por acción, con una vigencia de seis meses a partir de la firma del contrato. Estas acciones incluyen las que Inveready posee directa e indirectamente a través de sus fondos de inversión, ICF SCR e ICF FCR.

La Estrategia de Consolidación de Rheto Arquitectos

Rheto Arquitectos, accionista estratégico de Clerhp, ha reafirmado su compromiso con la empresa al cerrar esta operación. Juan Andrés Romero, consejero delegado de Clerhp Estructuras, ha expresado su agradecimiento a Inveready por el apoyo brindado durante gran parte de la trayectoria de la compañía, y ha manifestado su deseo de volver a contar con su apoyo en el futuro.

Además, Clerhp ha suscrito un contrato de compraventa con ICF SCR e ICF FCR, adquiriendo 157.894 acciones de la empresa por un importe total de 600.000 euros, a un precio de 3,80 euros por acción. Esta transacción refuerza aún más la posición de los accionistas principales de Clerhp.

El Papel de Inveready Asset Management

Como parte del acuerdo, los fondos gestionados por Inveready Asset Management se han comprometido a no vender en el mercado las acciones de Clerhp mientras la opción de compra esté vigente. Esta medida garantiza una transición ordenada y evita posibles fluctuaciones en el precio de la acción durante el proceso.

Inveready Asset Management, una reconocida gestora de inversión, ha desempeñado un papel estratégico en la trayectoria de Clerhp Estructuras durante gran parte de su historia. La salida ordenada de Inveready de la estructura accionarial de la empresa abre la puerta a una nueva etapa de consolidación y fortalecimiento de los accionistas principales, liderada por Rheto Arquitectos.

El Gobierno regional de Murcia ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía en los próximos días. Esta decisión refleja la firme posición del ejecutivo autonómico en materia de justicia y legalidad, así como su compromiso con la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha confirmado que el recurso será presentado antes del próximo 11 de septiembre, cuando vence el plazo para hacerlo. Esta acción se enmarca en las declaraciones previas del presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, quien había anunciado que su Ejecutivo tenía listo el recurso y que lo presentaría próximamente.

La Ley de Amnistía: Un Origen de Problemas Institucionales e Insolidarios

López Miras ha señalado que la Ley de Amnistía ha sido «el origen de todo el destrozo institucional e insolidario» que ahora tiene su continuidad «con la financiación privilegiada para Cataluña». Para el presidente murciano, esta ley crea «ciudadanos de primera y de segunda, y hay delitos que lo son en función de quién y dónde los cometan».

Desde la perspectiva del Gobierno regional, la Ley de Amnistía ha generado un desequilibrio y una falta de equidad en el tratamiento de los delitos, lo que contraviene los principios de igualdad y justicia que deben regir en una sociedad democrática. Esta situación ha desencadenado una serie de problemas institucionales y ha profundizado la división entre diferentes regiones del país.

El Recurso de Inconstitucionalidad: Un Deber Jurídico y Moral

El Gobierno de la Región de Murcia ha dejado claro que el recurso de inconstitucionalidad que presentará ante el Tribunal Constitucional «no es un acto político, sino un deber jurídico y moral». Esta posición refleja la determinación del ejecutivo autonómico de defender la legalidad y la coherencia del sistema jurídico español.

Desde el punto de vista del Gobierno regional, la Ley de Amnistía representa una vulneración de los principios constitucionales y un retroceso en la consolidación del Estado de Derecho. Al interponer este recurso, el Ejecutivo de Murcia busca garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y evitar cualquier tipo de discriminación o trato preferencial.

Un Llamado a la Unidad y la Equidad

El Gobierno de la Región de Murcia espera que su recurso de inconstitucionalidad contribuya a reestablecer la armonía y la cohesión nacional. La presentación de este recurso es una clara señal de que el Ejecutivo autonómico está comprometido con la defensa de los valores democráticos y el respeto a la Constitución.

En un momento en el que se evidencian tensiones y divisiones en el país, el Gobierno de Murcia hace un llamado a la unidad y a la equidad en el tratamiento de los asuntos de Estado. La presentación de este recurso de inconstitucionalidad es, sin duda, un paso decisivo hacia la construcción de una sociedad más justa y equilibrada.

La crisis migratoria que enfrenta Canarias ha generado una acalorada disputa entre el Gobierno central y la Comunidad Autónoma de Canarias. El Ministro de Política Territorial, Víctor Ángel Torres, ha respondido a las críticas del presidente canario, Fernando Clavijo, quien acusó al Gobierno de abandonar a las islas ante esta situación. Torres argumenta que este «mensaje no ayuda para nada a la solución del problema» y que Clavijo se está «equivocando» al abrir la puerta a un proceso jurídico contra el Estado por la atención a los menores migrantes.

En una entrevista recogida por Europa Press, Torres ha insistido en que el Gobierno no tiene plan B para afrontar el problema, pero ha garantizado que ningún menor quedará desamparado. Además, ha reconocido que los menores están «hacinados» y ha señalado que la única solución es que sean distribuidos entre las comunidades autónomas.

El Conflicto entre el Gobierno y la Comunidad Autónoma de Canarias

El Ministro de Política Territorial, Víctor Ángel Torres, ha reprochado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que acuse al Gobierno de abandonar a Canarias ante la crisis migratoria. Torres cree que Clavijo se está «equivocando» al abrir la puerta a un proceso jurídico contra el Estado por la atención a los menores migrantes. Según el ministro, Clavijo tendría que estar molesto con el Partido Popular tras su rechazo a la reforma del artículo 35 de la Ley de extranjería, que habría solucionado la crisis.

Torres ha confirmado que se ha negociado en secreto con el PP y Clavijo, y ha asegurado que ha estado hasta el fin de semana pasado hablando con ambas partes. Sin embargo, «por sorpresa» vio el lunes lo de Clavijo, lo que indica que las negociaciones no han sido fructíferas. El ministro ha subrayado que él y el Gobierno «son conscientes de lo que ocurre en Canarias y Ceuta».

La Tutela de los Menores Migrantes: ¿Competencia del Estado o de las Comunidades Autónomas?

Uno de los principales puntos de conflicto entre el Gobierno y la Comunidad Autónoma de Canarias es la tutela de los menores migrantes que llegan a las islas. Según el presidente canario, Fernando Clavijo, los menores migrantes que llegan a las islas están bajo custodia del Estado. Sin embargo, el Ministro de Política Territorial, Víctor Ángel Torres, argumenta que «la tutela corresponde de los (menores) que son propios y los que vienen en embarcaciones corresponde a las comunidades autónomas».

Torres ha insistido en que la única solución es que los menores sean distribuidos entre las comunidades autónomas, ya que reconoce que los menores están «hacinados». El ministro considera que si se hubiera aprobado la proposición de ley urgente, se habría solucionado la crisis, pero lamenta que el Partido Popular haya votado «no» a dicha propuesta.

En resumen, la crisis migratoria en Canarias ha generado un conflicto entre el Gobierno central y la Comunidad Autónoma de Canarias, principalmente en torno a la tutela de los menores migrantes. Mientras que el Gobierno considera que la competencia corresponde a las comunidades autónomas, el presidente canario cree que los menores están bajo custodia del Estado. Esta disputa ha complicado aún más la búsqueda de soluciones para atender a los migrantes que llegan a las islas.

El Tribunal Constitucional (TC) se enfrentará a un importante desafío en las próximas semanas al tener que decidir si admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular (PP) contra la Ley de Amnistía aprobada en mayo para perdonar una década del proceso independentista catalán. Esta decisión crucial se producirá justo antes de la apertura del año judicial, lo que sin duda añade mayor expectación a un caso que promete convertirse en uno de los principales focos de atención en los tribunales.

El PP Presenta el Recurso Contra la Ley de Amnistía

El Partido Popular ha anunciado formalmente el registro del recurso contra la Ley de Amnistía, argumentando que era una «obligación moral» hacerlo ya que, según ellos, es «el único partido de Estado que queda en el arco parlamentario» de España. La secretaria general de la formación, Cuca Gamarra, ha señalado que el PP siempre ha considerado que la amnistía era «inconstitucional» e «inmoral», pues su único objetivo era «otorgar inmunidad a una casta política para que Sánchez fuera presidente del Gobierno.

El Magistrado Ponente del Caso

Según ha informado el propio Tribunal Constitucional, la ponencia del caso recaerá en José María Macías, quien tomará posesión de su cargo como nuevo magistrado del TC este mismo viernes. Macías fue propuesto por el Partido Popular para ocupar este puesto.

Las Comunidades Autónomas del PP También Recurrirán

Además del recurso presentado por el PP a nivel nacional, las Comunidades Autónomas gobernadas por este partido también tienen previsto impugnar la Ley de Amnistía. Estas autonomías tienen de plazo hasta el próximo 11 de septiembre para presentar sus propios recursos, ya que la norma fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 11 de junio y disponen de tres meses para hacerlo.

Por otra parte, los ‘populares’ intentarán apartar de la deliberación a tres de los doce magistrados del Tribunal Constitucional: su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y los dos miembros que procedían del Gobierno de Pedro Sánchez, el exministro Juan Carlos Campo y la ex directora general de Moncloa Laura Díez.

En resumen, el Tribunal Constitucional se enfrenta a una importante decisión en las próximas semanas que sin duda marcará un hito en el complejo proceso independentista catalán. La admisión o rechazo del recurso presentado por el Partido Popular, junto con los posibles recursos de las autonomías gobernadas por este partido, serán cruciales para determinar el futuro de la Ley de Amnistía y sus implicaciones políticas y legales en España.