El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye el ‘caso Gürtel’, ha reclamado al Juzgado Central de Instrucción número 6, en el que se investiga la operación ‘parapolicial’ Kitchen, aquellos documentos que haya obtenido y que estén relacionados con la sustracción de material documental al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas.

Este auto de Pedraz, llega después de que en noviembre de 2020 la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción lo solicitara que pidiera al juez del 6, Manuel García-Castellón, que remitiera testimonio de las distintas diligencias de investigación relacionadas con la instrucción que se sigue en el número 5 referentes a Bárcenas.

En concreto, Pedraz, en la parte dispositiva del auto, requiere los fragmentos de las declaraciones en sede judicial (voz y transcripción) del ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño (al menos de tres de 2019), las declaraciones del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo, y las comparecencias del que fuera chófer de los Bárcenas y confidente del operativo Sergio Ríos Esgueva.

Pero acota la solicitud a aquellas declaraciones en las que refieran «la existencia de documentos que guardaba o tuviera a su disposición Luis Bárcenas directamente o a través de terceros. Al hilo, el magistrado también quiere el contenido del volcado de los dos teléfonos iphone y del ipad de los que era usuario el extesorero ‘popular’, y que el chófer entregó a García Castaño.

Recuerda que ese volcado se produjo en presencia del ex jefe de la UCAO y que todo fue copiado en una memoria externa que se entregó al entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, hoy también imputado en la pieza 7 de Tándem. Esa copia también fue entergada en sede judicial por garcía Castaño.

Pedraz también quiere tener las dos actas notariales que Martínez levantó y que contenían los mensajes relativos a la Kitchen que se envió con el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz. En uno de esos mensajes protocolizados se hacía mención a esos móviles y a la tablet sustraída a Bárcenas.

Por otro lado, reclama también de los documentos intervenidos en el registro efectuado en el domicilio de Villarejo, los fragmentos de las grabaciones entre el comisario y el empresario Adrián de la Joya, y entre Villarejo y García Castaño, en los que se revele la existencia de los documentos que guardaba o que tenía a su disposición el extesorero.

EL REGISTRO DE FRANCISCO MARTÍNEZ

También demanda el magistrado poder disponer para su investigación los informes o expedientes que tuviera Villarejo de las empresas Constructora Hispánica S.A. y Licuas S.A., con información mercantil y de vinculaciones, cuyos presidentes eran Alfonso García Pozuelo y Joaquín Molpeceres. Y pide además las notas informativas elaboradas por el comisario que pudieran revelar la existencia de documentos que guardaba, o tenía a su disposición Luis Bárcenas.

Entre la batería de documentos, también está lo intervenido en el domicilio de Martínez y que haga referencia al extesorero del PP o que contengan información que «ayude a su localización». Y acota que no quiere los que se refieran a la operación Kitchen.

También solicita lo requisado en el domicilio de Ríos Esgueva y que sea perteneciente a Bárcenas (o lleve a localizar esos documentos) y toda aquella documentación que resultara de la ejecución del operativo por cualquiera de sus actores, como agendas o documentos tanto en papel como digitales, que sean de Luis Bárcenas, aunque estén en forma de copia y no original.

‘DONACIONES’ A CAMBIO DE FACILITAR CONTRATOS PÚBLICOS

Para justificar toda esta batería de peticiones, Pedraz recuerda que en la causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 5 se indaga sobre si Bárcenas y el anterior tesorero del PP Álvaro Lapuerta junto al líder de la trama Gürtel Francisco Correa «definieron e implementaron un sistema para obtener fondosilícitamente para el Partido Popular y para ellos mismos, a cambio de movilizar influencias y realizar gestiones a favor de los proveedores de tales fondos».

Pedraz resume que estos se ponían de acuerdo con empresarios para que realizaran estas entregas de fondos en efectivo «en la sede del PP, en calidad de aparentes donaciones». Y esos fondos se entregaban, dice el juez, a cambio de la facilitación por parte de De Lapuerta y Bárcenas de contactos directos con el responsable político que tuviera mano en la adjudicación de contratos públicos que en cada caso interesara.

Así, los empresarios conseguían en ocasiones direccionar laadjudicación de los contratos, revistiendo el proceso de apariencia de legalidad, «pero vulnerando los principios generales de la contratación de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia».

Pedraz recuerda que indiciariamente hay una relación de causalidad entre las donaciones al PP y las subsiguientes actuaciones desplegadas para entablar contactos entre políticos y empresas. «En ocasiones se producía el resultado en forma de los contratos recibidos, objetivo real del empresario, tras la negociación», recuerda.

Y concluye explicando que Correa, Bárcenas y otros actuaban mediante acuerdo de colaboración. Correa «actuaba como intermediario entre grandes empresas y la Administración para lograr un trato de favor hacia las mismas obteniendo a cambio una comisión que repartió entre los partícipes y la propia formación política».

La CUP ha hecho público este viernes su programa electoral en el que apuesta por «articular y transformar los Países Catalanes en 10 años» tras los comicios catalanes previstos para el 14 de febrero, y poder alcanzar así la independencia de Cataluña en 2030.

El programa, presenta tres ejes vertebradores bajo el lema ‘CUP, un nuevo ciclo para ganar’: Un plan de rescate social, una propuesta de modelo socialista, feminista y ecologista, y la confrontación democrática para alcanzar la independencia.

En ese apartado, los ‘cupaires’ defienden que el referéndum, «o cualquier alternativa que permita a los catalanes decidir su futuro, debe ser la piedra angular de una hoja de ruta que contemple la desobediencia civil y la autotutela de los derechos como herramientas para conseguir el cambio político».

Para la formación, el referéndum o la formula que se utilice para «dirimir democráticamente el conflicto, será un pulso político que requerirá movilización, desobediencia y dinámica de colapso», por lo que pide añadir los actos de desobediencia y de las luchas populares dentro de un plan, y acompañar el proceso desde un frente institucional, como el Consell Per la República.

«CONFRONTACIÓN DEMOCRÁTICA»

En el programa, la CUP insiste en impulsar una ley de amnistía que anule las causas judiciales contra los líderes políticos independentistas encarcelados por el 1-O y de «todas aquellas personas que hayan sido procesadas, juzgadas, detenidas o encarceladas por defender derechos políticos, sociales o civiles».

En ese sentido, propone fortalecer las relaciones con las organizaciones de izquierdas del Estado español y de Europa para tejer una propuesta política basada en las relaciones «de solidaridad y reciprocidad».

Sin embargo, el programa no recoge la propuesta política con la que la formación anunció que se presentaría a los comicios, con la que se comprometía a hacer un nuevo referéndum antes de 2025 para alcanzar la independencia de Cataluña.

PLAN DE RESCATE SOCIAL

En este eje del programa, se compromete a impulsar un plan de rescate social para dar respuesta a las necesidades inmediatas de la sociedad catalana, que a la vez suponga «un motor de transformación enfocado a un programa de soberanía popular y transición hacia un económica pública, social y planificada».

Así, el plan incluye medidas para garantizar la Renta Básica Universal, el derecho a la vivienda, la reversión del paro, la desprivatización de los servicios públicos y el acceso universal a «todos los derechos sociales, políticos, económicos y culturales por parte de la población».

En relación a la pandemia del Covid-19, la CUP propone la creación de la Tasa Covid sobre el 1% más rico de la población, con el objetivo de que en 10 años, tan sólo con esta medida, «se financie el total del gasto» derivado de la pandemia.

«CAMBIO DE MODELO»

En este eje, el formación reivindica la importancia de construir un modelo económico socialista, feminista y ecologista basado en la economía plural, la salud, la renta, las curas, la vivienda, los abastecimientos energéticos y la protección social, con el fin de garantizar los bienes y servicios necesarios para la reproducción social y la dignidad de la vida humana.

En ese sentido, destaca la creación de una banca pública para influenciar «de forma directa e indirecta sobre el mercado financiero» y garantizar que este responda al interés general por encima de los intereses privados, además de apostar por la autogestión y el cooperativismo como formas de economía social al servicio de los intereses de las clases populares.

Por otro lado, incluye garantizar que el Poder Judicial respete al colectivo independentista y «no interfiera en el campo de recuperación de las soberanías, que a además tendrá máxima expresión en el proceso de ruptura».

Entre otras medidas, propone la disolución de las unidades especializadas en el orden público, como la Brigada Móvil de los Mossos d’Esqadra (Brimo) y desarticular las Unidades de Investigación, «que funcionan como espacios de policía política destinada al control de los movimientos sociales y a su criminalización».

Así, la formación anticapitalista se compromete a trabajar por la creación de un Observatorio de Control y Garantía de los Derechos Humanos de los cuerpos policiales en Cataluña «que asuma las funciones de control, denuncia y transparencia en relación con las vulneraciones de derechos humanos».

La comisión del Congreso sobre la operación Kitchen se reúne este jueves para votar las peticiones de documentación y comparecencias registradas por los grupos, una cita en la que el PSOE espera sacar adelante sus propuestas, que no incluyen al excomisario José Manuel Villarejo, aprovechándose de los vetos cruzados entre las demás formaciones, incluida Unidas Podemos.

Y es que, según impusieron el PSOE y Unidas Podemos gracias a su mayoría en la mesa de la comisión, las peticiones no se votarán una a una, como se ha hecho en órganos de investigación anteriores, sino que se votarán en bloque las registradas por cada formación.

Así, parece complicado que toda la oposición se una, por ejemplo, para apoyar las propuestas de Unidas Podemos, que sí incluyen a Villarejo, porque en esa lista figuran también por ejemplo Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal o Soraya Sáenz de Santamaría, que difícilmente contarán con el beneplácito del PP, o al ex director del CNI, Félix Sanz Roldán, cuya presencia abriría la puerta a preguntar por el rey emérito por las conversaciones del excomisario con Corinna Larsen.

Y el Grupo Popular, por su parte, también quiere ver a Villarejo, pero en el mismo paquete incluye a Pablo Iglesias, lo que Unidas Podemos no aceptará, o a los ministros Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska, que el PSOE considera fuera de lugar en la comision.

Por ello, lo previsible es que al final se aprueben las 29 solicitudes registradas por los socialistas, aunque salgan adelante únicamente con sus 120 votos.

UNANIMIDAD CON GARCÍA CASTAÑO

Los grupos han registrado casi 80 peticiones de comparecencia. El único nombre que han puesto todos es el de Enrique García Castaño, el que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), la otra pata de la organización criminal que, según la Fiscalía, montó Villarejo.

Será citado con total seguridad y previsiblemente de los primeros, puesto que el PSOE quiere empezar escuchando a los mandos policiales vinculados con la trama para espiar la extesorero del PP Luis Bárcenas en busca de pruebas que pudieran implicar a diferentes dirigentes del partido en casos de corrupción.

Todos salvo el PP reclaman interrogar a Eugenio Pino, quien ejercía como jefe de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), mientras que a sus colaboradores José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díaz Sevillano, además del PSOE y Podemos les solicita también Vox, y Felipe Eduardo Lacasa, que también trabajó allí, le piden los dos grupos del gobierno Bildu, Junts y Más País.

LA CÚPULA DE INTERIOR

Entre los más solicitados figuran también ex comisario jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas (hasta el PP lo pide), y Andrés Gómez Gordo, el comisario que fue jefe de seguridad de Cospedal cuando era presidenta de Castilla-La Mancha (todos salvo el PP, Cs y PNV).

La mayoría de formaciones también solicita recabar el testimonio del Rajoy, Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López de Hierro; y las personas que integraban la cúpula de Interior cuando sucedieron los hechos investigados: el exministro Jorge Fernández Díaz, su ‘número dos’ Francisco Martínez y el exdirector de la Policía, Ignacio Cosidó. Seis de ellos quieren citar también a José Antonio Nieto, número dos del ministerio con Juan Ignacio Zoido.

Entre los directamente implicados en la trama, se da por segura la comparecencia de Bárcenas, su esposa Rosalía Iglesias, y al ahora policía Sergio Ríos Esgueva, antes chófer del extesorero captado por la trama para espiarle.

PÉREZ DE LOS COBOS Y LOS FONDOS RESERVADOS

El funcionario encargado de gestionar y trasladar de Interior a la Policía los fondos reservados, Miguel Ángel Bayo Herranz, es otra de las personas que proponen PSOE y Podemos. Igual que Diego Pérez de los Cobos, a quien Martínez señaló como firmante de los talones de los fondos que se usaron para la Kitchen y cuya presencia coinciden en demandan Bildu, Junts y Más País.

Además de las comparecencias, este jueves se decidirá qué documentación piden los comisionados. Esta decisión corresponde a la Mesa de la comisión donde PSOE y Podemos podrán sacar adelante sus propuestas porque suman tres votos, por dos del PP.

GRABACIONES DE VILLAREJO

Ambos sí se han puesto de acuerdo para reclamar información relativa a Villarejo como sus agendas, las grabaciones que hizo a Cospedal y su marido en la sede nacional del PP, y la conversación que Villarejo mantuvo con los empresario Adrián de la Joya y Alberto Pedraza en febrero de 2017.

Los archivos del teléfono móvil de Francisco Martínez y las dos actas notariales instadas por el ex secretario de Estado sobre los mensajes que dice haber recibido desde el móvil de Fernández Díaz, también tendrán que ser remitidas a la comisión con total seguridad

Los ex ministros de Justicia del PP Rafael Catalá y Alberto Ruiz Gallardón han expresado este miércoles su apoyo «incondicional» al anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), aprobado el pasado mes de diciembre por el Gobierno, si bien han reclamado al mismo tiempo un cambio en el sistema de designación del fiscal general del Estado para garantizar la independencia de los fiscales, a los que se encomienda la instrucción penal.

Así lo han expresado en el primer coloquio del ciclo formativo ‘El nuevo proceso penal’, organizado este miércoles por el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), en el que también ha participado el actual ministro, Juan Carlos Campo. Los tres han coincidido en que la actual LeCrim es un modelo agotado y que, por eso, desde los tiempos de Francisco Caamaño se ha intentado buscar un nuevo modelo. «Seguramente es el proyecto en materia de Justicia más largamente diferido», ha dicho Catalá.

Campo ha explicado que «la LeCrim actual es una ley potente, de esas bien hechas, que ha aguantado 140 años», aunque con 77 modificaciones, pero que «ya no aguanta más». Por un lado, ha apuntado a la necesidad de cumplir con el rol que la Constitución da al fiscal, para promover la acción de la Justicia, y al juez, para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y, por otro, ha señalado a las exigencias de la futura Fiscalía Europea, que contempla esos mismos roles.

Gallardón ha declarado que apoya «incondicionalmente» este modelo, que también se trabajó durante su etapa como ministro de Justicia, mientras que Catalá ha abogado por buscar «el consenso de las fuerzas políticas». «Yo creo que este proyecto debe contar con el consenso de PSOE y PP. No entendería que fuera de otra manera», ha afirmado, aunque se ha mostrado consciente de que «la coyuntura política no es fácil para generar un consenso estratégico y necesario».

«NO PUEDE SER UNA LEY DEL PSOE»

Campo ha coincidido con Catalá y Gallardón en la necesidad de que haya acuerdo político. «Esto no puede ser una ley del PSOE, o de tal o cual partido, no. Tiene que ser una ley de todos porque es una ley transformadora que afecta a la vida de los ciudadanos», ha defendido.

En este sentido, ha vuelto a recalcar que «el ministerio tiene la primera palabra», tras la aprobación del anteproyecto de ley, pero que «la última palabra la tenemos que poner entre todos, porque tiene que ser un modelo para todos», aludiendo también a los operadores jurídicos y sociales.

No obstante, ha mencionado igualmente como «reto» generar «el clima de sosiego necesario para poder hablar en términos técnicos de una ley donde todos respetemos los principios».

CÓMO DESIGNAR AL FGE

A pesar de su apoyo a la nueva Lecrim, tanto Gallardón como Catalá han identificado como otro de los «retos» para su puesta en marcha restaurar la imagen de la Justicia. «La opinión pública está convencida (…) de que los jueces no son independientes y de que los fiscales hacen lo que dice el Gobierno, y no es así pero está en el imaginario colectivo», ha lamentado Catalá.

Frente a ello, ambos han demandado una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y, en concreto, del sistema de designación del fiscal general del Estado. Gallardón ha propuesto que el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputado que debe hacer el candidato sean, «además de preceptivos, vinculantes» para que la decisión «real» no recaiga solo sobre el Gobierno.

Campo ha estado de acuerdo en que «hay que reforzar» la autonomía del Ministerio Fiscal antes de poner en sus manos la instrucción penal, recordando que el propio anteproyecto de ley recoge en su preámbulo que en el primer año después de ser aprobada la ley hay que reformar su Estatuto Orgánico. «Tenemos que hacer que ese imaginario colectivo cambie», ha admitido.

Sin embargo, el ministro no se ha pronunciado sobre la necesidad de cambiar el actual sistema de designación del fiscal general del Estado. «El Consejo de Ministros ha querido abrir un documento muy completo a debate y, por tanto, si yo me pronuncio sobre cualquier extremo, estoy condicionando», ha contestado en declaraciones a la prensa en el marco de dicho acto.

Además, ha destacado que «el sistema de elección del fiscal general está establecido constitucionalmente» y «el propio Estatuto ya establece mecanismos de resorte para la independencia y autonomía de cada fiscal, independientemente considerado». En cualquier caso, ha resaltado que «la nueva LeCrim establece unos mecanismos de trabajo distintos», por los que se pasa del trabajo de un fiscal a un equipo de fiscales.

«Insisto, no consiste en adelantar, sino de una manera sosegada buscar la mejor fórmula para que la promoción de la acción de la Justicia, que ese es el papel que tiene el Ministerio Fiscal constitucionalmente asignado, lo pueda realizar con plenas garantías y la confianza de la ciudadanía», ha zanjado.

El presidente del PP, Pablo Casado, viajará este jueves a Cataluña para arropar al PPC en la apertura de campaña de las elecciones catalanas del 14 de febrero. Además, se volcará durante los quince días de campaña propiamente dichos, ya que tiene previsto acudir siete veces antes de la cita con las urnas, según han informado fuentes del partido.

En concreto, Casado visitará por la mañana Castelldefels y mantendrá un almuerzo con empresarios de turismo y hostelería. Por la tarde, intervendrá en Barcelona en el acto de apertura de campaña del PPC junto al candidato del partido a la Presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández.

Casado lleva viajando semanalmente a Cataluña desde primeros de noviembre –14 visitas en total– para celebrar, sobre todo, actos con sectores afectados por la crisis que ha provocado la pandemia. En este tiempo, ha visitado las cuatro provincias (ocho veces ha estado en Barcelona, dos en Lleida, dos en Tarragona y otras dos en Gerona).

En los quince días de campaña oficial, el presidente del PP mantendrá su intensa agenda para arropar al PPC y prevé acudir siete días a Cataluña ante de las votaciones del 14 de febrero. Los ‘populares’ aspiran a duplicar los actuales cuatro escaños que lograron en las elecciones de diciembre de 2017.

AYUSO PREVÉ PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA

La dirección nacional del PP está perfilando la agenda de actos de Casado y miembros de la cúpula que arroparán a partir de este jueves a su candidato, que también va a contar con la presencia de ‘barones’ territoriales del partido.

Así, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ya apoyó a Alejandro Fernández a finales de noviembre en un acto en Barcelona, tiene previsto participar ahora también en campaña, según han señalado fuentes de su entorno.

El PPC también contará con el apoyo de la exportavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados Cayetana Álvarez de Toledo diputada por Barcelona y exportavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.

La propia Álvarez de Toledo, que es diputada por Barcelona, ya confirmó en diciembre que prestaría su apoyo al PPC, ya que, según dijo su «obligación» y «vocación» es hacer campaña «en defensa del constitucionalismo y de un proyecto alternativo al nacionalismo».

Tras asegurar que dentro de las obligaciones de un diputado «entra hacer campaña» y que, en su caso, es además una «obligación moral», Álvarez de Toledo dijo que apoyará a Fernández en defensa de «un proyecto de libertad frente al tripartito» que, a su juicio,» se está montando en Cataluña». Por el momento, el PPC no ha precisado en qué actos podría estar la exportavoz parlamentaria del partido.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha calificado este miércoles de «francamente difícil» que la Abogacía del Estado pueda tener listo el informe sobre los indultos a presos del ‘procés’ que le ha solicitado el Tribunal Supremo antes de la cita electoral catalana del 14 de febrero.

Preguntado por este asunto al término de una mesa redonda mantenida con exministros de Justicia sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), Campo ha señalado que no tiene una «bola de cristal», si bien aún no ha despachado sobre este asunto con la Abogada General del Estado, que no cree que tenga una respuesta en pocos días.

Además, ha apuntado que los expedientes de indulto son individuales, y cada uno «tiene vida propia» porque han que estudiar las circunstancias concurrentes en cada caso, por lo que «académicamente» le molesta que se hable en singular sobre el indulto a los presos del ‘procés».

«Habrá que ver los informes y cómo se decanta el Tribunal Supremo, y al final de todos estos trámites este ministro llevará al Consejo de ministros una propuesta», ha dicho.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo solicitó este martes a la Abogacía del Estado un informe que valore la petición de indulto realizada respecto a los doce condenados por el ‘procés’ independentista en Cataluña, al ser parte perjudicada por la actuación de los penados por sedición y malversación de fondos públicos.

La Sala, tras recabar la información penitenciaria respecto de los doce condenados, nueve de ellos en prisión, cuenta ya con el informe de la Fiscalía, que se opone a la concesión de la medida de gracia debido la gravedad de los hechos y al entender que no existen razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen su aplicación.

Tras analizar los argumentos de las dos acusaciones que ejercieron en el juicio, la propia Sala emitirá su propio informe, si bien ninguno de ellos es vinculante para el Gobierno, que es el que debe decidir sobre la aplicación de los indultos solicitados.

Se presentaron al menos siete peticiones de indulto a favor del líder de ERC y ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; los ex consejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó; los ‘Jordis’ –Jordi Cuixart y Jordi Sànchez–; y la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell. Algunas de ellas se refieren a todos los condenados y otras sólo a algunos, que se incluyen en el expediente que fue remitido al Ministerio Público y ahora conocerán los Servicios Jurídicos del Estado.

El Rey Felipe VI recibirá este jueves al cuerpo diplomático acreditado en España como es tradicional todos los años en una ceremonia en el Palacio Real que se ha visto reducida y adaptada a las actuales circunstancias de pandemia para cumplir con las medidas de protección frente a la COVID-19.

Al acto, que tendrá lugar en el Salón del Trono, solo se ha invitado en esta ocasión a los jefes de misión residentes en Madrid, por lo que no acudirán aquellos que aunque ejercen de embajadores ante España residen en otras capitales próximas.

En total, según Casa Real, habrá algo más de un centenar de invitados, entre los que figura también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La representación del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación también se ha reducido en esta ocasión y solo acudirán la ministra, Arancha González Laya, los cuatros secretarios de Estado del departamento y la subsecretaria del Ministerio. También está prevista la presencia del director del Instituto Cervantes.

El acto arrancará con el saludo protocolario de los Reyes a los embajadores, tras lo cual tomará la palabra como marca la tradición el nuncio de la Santa Sede, monseñor Bernardito Auza, en su calidad de decano del cuerpo diplomático. A continuación, Felipe VI ofrecerá un discurso.

En el Salón del Trono, según ha aclarado Zarzuela, solo estarán presentes durante la ceremonia los Reyes, Sánchez, la ministra y los secretarios de Estado de su departamento, el director del Cervantes y una veintena de embajadores, mientras que el resto estarán distribuidos en otros salones.

MEDIDAS SANITARIAS PREVISTAS

Para garantizar la protección de los asistentes, está previsto tomar la temperatura a todos ellos en los controles de acceso al Palacio Real, donde también habrá gel hidroalcohólico de uso obligatorio antes de entrar en el edificio.

Además, durante toda la estancia de los invitados en el Palacio Real será obligatorio el uso de mascarilla. Para garantizar la distancia de seguridad, se ha procedido a separar por distintas salas a los asistentes, que podrán seguir la ceremonia a través de pantallas y que tendrán sus espacios claramente marcados con etiquetas.

Por otra parte, para evitar el contacto físico directo, además de organizarse el saludo y todos los movimientos de los asistentes, se ha anulado el tradicional encuentro que mantenían los Reyes y demás altos cargos con los asistentes al término de la ceremonia oficial, a la que este año no han sido invitados los cónyuges. Así pues, una vez concluido el acto los presentes abandonarán las dependencias del Palacio Real.

La polémica con la vacunación de personas que no se encuentran en el primer grupo establecido en el protocolo nacional se está extendiendo a cada vez más sectores, y ya alcanza a al menos 700 ciudadanos, de los cuales la mayoría son políticos, altos cargos, sindicalistas liberados, cúpula militar o informáticos, entre otros. De estos cargos públicos, tan sólo nueve han decidido dimitir y uno de ellos ha sido cesado, por lo que en total diez personas han dejado su cargo por vacunarse cuando no les correspondía.

Una de las dimisiones más sonadas fue la del ya antiguo Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, que presentó su renuncia tras este debate sobre la vacunación en el seno de la cúpula militar. Esta dimisión se produjo unas horas después de conocerse que había cesado también a un alto cargo de la Guardia Civil por este mismo motivo.

También anunciaron su dimisión los ya exconsejeros de Sanidad de Murcia y de Ceuta después de que se conociera que habían recibido la primera dosis de la vacuna a pesar de no pertenecer al primer grupo de vacunación que establece la estrategia nacional de vacunación.

Asimismo, la alcaldesa de Molina de Segura (Murcia), Esther Clavero (PSOE), comunicaba este mismo martes su dimisión como primera edil por recibir la vacuna, el mismo camino que siguió la coordinadora de Izquierda Unida en la ciudad de Murcia, Alicia Martínez, y la teniente de alcalde de Denia (Alicante), Cristina Morera (PSOE).

Por otro lado, se ha conocido que el fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, también ha presentado su denuncia por recibir la vacuna contra la Covid-19 antes de que fuera su turno.

Del mismo modo, han presentado su renuncia el Comisionado del Departamento de Salud de Torrevieja (Alicante), José Antonio García Gómez, por administrarse esa vacuna antes de tiempo, al igual que la gerenta del Sepad en Badajoz, Montserrat Rincón.

LA MADRE DE UNA DIRECTORA MÉDICA Y UN OBISPO

En las últimas fechas se ha conocido que incluso la madre de la directora médica de Atención Primaria de Cantabria, Beatriz Josa, fue vacunada contra la Covid-19 hace dos semanas, cuando la campaña de vacunación se dirigía a personal sanitario del servicio de emergencias del 061.

Asimismo, el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha recibido ya incluso hasta la segunda dosis de la vacuna en una residencia donde residen sacerdotes mayores y jubilados de la diócesis.

Otra de las polémicas ha surgido en Asturias después de trascender que el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) había decidido vacunar contra la COVID-19 a personal directivo y a liberados sindicales incluyéndolos en el grupo de sanitarios de primera línea.

Estas personas se suman a una lista en la que también se encuentran 200 trabajadores, del área sanitaria de Pontevedra, el director médico del Hospital de Andújar (Córdoba), varios directivos de una empresa de ambulancias, el responsable de una empresa gestora de residencias en Vizcaya y los directores y otros trabajadores no esenciales del Hospital de Basurto.

Además, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, había cifrado en 200 las personas que ya se habrían vacunado en la región valenciana pese a no ser del primer grupo de vacunación. Por su parte, en la Región de Murcia, además del consejero de Sanidad, que ya dimitió, al parecer se habrían vacunado más de 400 altos cargos y funcionarios de esta Consejería, algo que ha provocado la confrontación entre el Gobierno y la oposición, que pide, al igual que la Fiscalía, conocer la lista de estas personas que ya se han vacunado.

AL MENOS UNA TREINTENA DE POLÍTICOS SE HAN VACUNADO

Esta polémica surgió a raíz de varios cargos políticos que decidieron administrarse la vacuna, y, en la actualidad, el número conocido de políticos que ya se han inyectado la primera dosis supera la treintena, y tan sólo cinco han decidido dejar su cargo.

Así, la lista de políticos que se han vacunado ya la conforman el consejero de Sanidad de Murcia; su homólogo en Ceuta; la consejera de Sanidad del Cabildo de La Palma; el alcalde de Asín (Zaragoza); la alcaldesa de Els Poblets (Alicante); el alcalde de Villahermosa del Río (Castellón); el alcalde de Rafelbunyol (Valencia); el concejal de Sanidad de Orihuela (Alicante) y el alcalde de La Nucía (Alicante).

A estos les siguen el concejal de Sanidad de La Nucía (Alicante); la alcadesa de Molina del Segura (Murcia); la alcaldesa de Torrecampo (Córdoba); la coordinadora de IU en la ciudad de Murcia; el alcalde de Matamala (Soria); dos concejales en La Palma; un concejal en Garachico (Canarias); el alcalde de Castejón de Sos (Huesca) y el alcalde de El Verger (Alicante).

También lo han hecho el alcalde de Valdelosa (Salamnca); la teniente de alcalde de Denia (Alicante); la alcaldesa de Tossa (Gerona); alcalde de Alcaracejos (Córdoba); el alcalde de El Guijo (Córdoba); la concejala de Salud de Bonares (Huelva); una concejal en Murcia; el alcalde y un concejal de Riudoms (Tarragona); un concejal en Plasencia (Cáceres); el alcalde de Villavicencio de los Caballeros (Valladolid) y el primer edil de Luesia (Zaragoza).

EL PP ACUSA A JUNTA DE EXTREMADURA DE CAMBIAR EL PROTOCOLO

Esta polémica ha provocado también que el PP en Extremadura haya acusado a la Junta de esta región de cambiar el protocolo de vacunación para dar «cobertura» a los directivos del SES y del Sepad y a los alcaldes socialistas vacunados de forma «irregular».

Asimismo, en la Comunidad Valenciana y Castilla y León se ha abierto el debate sobre si se debería administrar la segunda de la dosis de la vacuna a las personas que se han saltado el orden de vacunación. En este punto, la Junta de Castilla y León ya ha anunciado que no inyectará esa segunda dosis necesaria para recibir la inmunidad.

Agentes de la Policía Nacional de Benidorm (Alicante) han detenido a un matrimonio de 51 y 60 años de edad, por un presunto delito de tentativa de homicidio contra un trabajador que se encontraba realizando trabajos verticales en un edificio de la localidad a una altura de 13 plantas. El hombre ha quedado en libertad después de que los efectivos policiales hayan descubierto que la acusada estaba sola en la vivienda en el momento de los hechos.

En concreto, la mujer cortó una de las cuerdas de sujeción de uno de los operarios que realizaba reparaciones en la fachada del edificio debido a que no estaba de acuerdo con lo aprobado por la comunidad de vecinos, según ha informado la Policía en un comunicado.

Los hechos ocurrieron cuando dos trabajadores observaron que desde una de las ventanas había unas manos de una persona que manipulaba la cuerda principal y se percataron de que la otra cuerda, llamada de seguridad o de vida, habría sido cortada por la misma persona.

Por ello, ante el temor de que esa persona cortara la única cuerda que le sujetaba, el trabajador se aferró rápidamente a la cornisa del edificio para no precipitarse al vacío a la vez que ambos trabajadores gritaban pidiendo auxilio.

Ante el alboroto, la persona que estaba manipulando las cuerdas de seguridad desde una ventana de la planta 20, soltó la única que quedaba sin cortar y se ocultó en el interior de la vivienda.

Los operarios, que se encontraban a una altura de 13 plantas en el momento de ocurrir los hechos, consiguieron alcanzar el suelo y ponerse a salvo sin llegar a sufrir ningún tipo de lesión.

Tras dar aviso a la Policía, las patrullas de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana acudieron hasta el lugar y determinaron que las cuerdas habían sido cortadas con un cuchillo. Una vez personados en la vivienda, el matrimonio arremetió contra los operarios por haber roto las bisagras de una ventana al realizar los trabajos y, en un primer momento, negaron los hechos.

Sin embargo, después de que los agentes investigadores contrastaran todos los datos con los testimonios de la víctima y testigos, determinaron que en el momento de los hechos en la vivienda se encontraba solamente la mujer.

Por ello, los detenidos, un hombre y una mujer, han sido trasladados a dependencias policiales y tras prestar declaración, el hombre quedó en libertad ya que los agentes determinaron que en el momento de producirse los hechos en la vivienda solo se encontraba la mujer.

Asimismo, fuentes policiales han apuntado la posibilidad de que la acusada sufra algún tipo de trastorno psiquiátrico. Se le imputa un delito de tentativa de homicidio por lo que ha sido puesta a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de la localidad de Benidorm, decretando el Juez su libertad con cargos.

La Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado este miércoles la ley que refuerza la protección y asistencia de las víctimas de violencia de género, cuyo texto procede del decreto ley impulsado por el Ministerio de Igualdad sobre esta materia como consecuencia de la Covid19.

El texto ha contado con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos y PNV, la abstención de ERC y Eh Bildu y el voto en contra de Vox.

Fue en abril cuando la Cámara baja convalidó esta iniciativa de Irene Montero. Los grupos parlamentarios presentes, excepto PSOE y Unidas Podemos, votaron también entonces a favor de que el texto se tramitara como proposición de ley y, así poder realizar modificaciones en el mismo.

Esa tramitación ha culminado este miércoles su primera fase, con la aprobación de la norma, que ahora pasará al Senado para continuar con el proceso.

Entre sus principales aportaciones, se encuentra la declaración de esenciales de todos los servicios de atención y protección a las víctimas de esta lacra, con el objetivo de que estas pudieran seguir beneficiándose de ellos durante el estado de alarma.

ACUERDOS DE MEJORA

Además, se reforzaron los sistemas de atención telefónica a víctimas de esta violencia, ya que la presencial no era posible. Además, se crearon canales a través de WhatsApp para adaptarse a la nueva situación. Durante la tramitacíón en el Congreso, se ha incluido en la norma que este servicio de Whatsapp permanezca tras terminar el estado de alarma en el que se encuentra el país.

Por otra parte, una transaccional firmada por PSOE, Unidas Podemos, ERC y Eh Bildu permitirá garantizar la protección de víctimas y el cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas contra hombres denunciados o condenados por delitos relacionados con esta lacra.

Socialistas y morados también han llegado a una transaccional con PP y Ciudadanos por la que se garantiza la provisión de los servicios que se incluyen en el texto «mientras duren las medidas derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19» y que impliquen «alteraciones de la normalidad» y también «especial vulnerabilidad» de las víctimas.

Junto a los ‘populares’, PSOE y Unidas Podemos han acordado también inclior la prestación de seguimiento especial, por parte de las administraciones, a los hijos de las víctimas mientras se prolongue la situación de emergencia; y un refuerzo para la recuperación sociolaboral de las muejeres que sufren esta violencia, especialmente las que ahora están en ERTE.

MUJERES DOBLEMENTE DISCRIMINADAS

Los dos partidos que sustentan el Gobierno han negociado también con PP, Ciudadanos y ERC la recogida de garantías para que las mujeres que sufren discriminación interseccional también reciban los servicios necesarios. Estas son mujeres con discapacidad, que viven en el rural, de etnia gitana o de otros grupos especialmente vulnerables.

También se ha acordado incluir el refuerzo y adaptación de estos servicios a mujeres que sufran doble o triple victimización, es decir, mujeres con alguna discapacidad, que vivan en el rural, que sean de etnia gitana o que pertenezcan a otros grupos sociales más vulnerables.

Los dos partidos que sustentan el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han agradecido el trabajo realizado durante la negociación de esta ley. La portavoz socialista en este debate, Lidia Guinart, ha celebrado la aprobación de una iniciativa que, como ha explicado, nació «en la primera ola de la pandemia» y con el objetivo de ser «una mano tendida hacia las miles de mujeres» que en ese momento sufrían confinamiento con su agresor.

La representante morada, Sofía Castañón, por su parte, ha valorado dos aspectos de lo que ha sido este tiempo de tramitación: por un lado ha destacado que estas medidas que fueron creadas en una situación excepcional se adopten ahora «de forma permanente»; y por otro el «clima de colaboración» vivido estos meses para sacar el texto adelante.

EL «ESPÍRITU» DEL PACTO DE ESTADO

De este mismo clima ha hablado la portavoz de Igualdad del PP, Margarita Prohéns, que lo ha calificado como el «espíritu del Pacto de Estado» aprobado en 2017. La ‘popular’ ha llamado a PSOE y Podemos a continuar en esta línea, trabajando en «lo importante», y dejar los debates que manienen entre ellos sobre «quién presenta qué iniciativa» que, a su juicio, «desvían el foco».

Sí ha lamentado que no se hayan incluido algunas de sus propuestas sobre accesibilidad en los servicios, o una reforma para destinar fondos del Pacto de Estado para ayuntamientos que han tenido que invertir en mejoras como consecuencia de la pandemia.

También la portavoz de ERC en este debate, Pilar Vallugera, ha lamentado no haber llegado a un pacto en lo económico para realizar el traspaso a las entidades locales. Del mismo modo, ha criticado que no se haya aprovechado esta tramitación para dar el paso e introducir el cambio de denominación de violencia de género a violencia, con el objetivo de que su contenido repercuta en «todas las violencias» que sufren las mujeres.

Por otra parte, la representante de Ciudadanos, Sara Giménez, ha celebrado esta aprobación y ha recordado que su partido estará en contra de quienes «quieren dar pasos hacia atrás» en la lucha contra la violencia de género. Su homólogo de PNV, Joseba Agirretxea, se ha referido en su intervención a quienes son «de otro mundo» y niegan la existencia de esta lacra, para señalar el apoyo de los nacionalistas vascos a cualquier medida que mejora la situación de estas mujeres y acabe con la violencia de género.

Ambos se refieren a Vox, el único partido que ha votado en contra. Su portavoz en la comisión, Carla Toscano, ha defendido esta postura señalando que esta ley «atenta de forma flagrante contra el principio constitucional de la igualdad ante la ley» y busca «blindar» económicamente los «chiringuitos» del Gobierno en esta materia. La diputada ha indicado que Vox considera que todas las personas, independientemente de su sexo, son susceptibles de proteccion de sufrir violencia intrafamiliar y, por tanto, todos necesitarían protección y no sólo las mujeres.

El despacho de abogados Arriaga Asociados ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra el Estado español al considerar que algunas resoluciones del Tribunal Supremo sobre pactos novatorios de cláusula suelo con renuncia de acciones legales vulneran la normativa europea en materia de defensa de los consumidores y usuarios.

Para Arriaga Asociados, el Tribunal Supremo incumple la normativa de protección a los consumidores, así como la jurisprudencia emanada de las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en sus sentencias dictadas el pasado 6 de noviembre.

Según informa el despacho en un comunicado, el alto tribunal ha dictado varias resoluciones a favor de las entidades bancarias, no aplica adecuadamente el derecho comunitario en materia de defensa de los consumidores y usuarios, vulnerando el principio de primacía del derecho de la unión europea al no respetar la finalidad de la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

Tampoco cumple con la interpretación que de la misma directiva ha realizado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en varias ocasiones ha manifestado la máxima protección al consumidor, tal y como recoge el artículo 38 de la Carta de Derechos de la Unión Europea, señala Arriaga Asociados.

CONTROL DE TRANSPARENCIA Y ABUSIVIDAD

Según explica, el Tribunal Supremo no realiza un examen extenso del control de transparencia y abusividad sobre las cláusulas del contrato de novación, según lo que exige la mencionada directiva y el propio TJUE.

«No tiene en cuenta que a los consumidores no se les entregó documentación previa a la firma del contrato, ni siquiera una copia del mismo, no recibieron información sobre la evolución pasada del índice, no se les informó sobre los efectos económicos y jurídicos del contrato de novación», destaca el comunicado.

Añade que los consumidores «ni mucho menos que no podrían reclamar en un futuro cuantías que ya se le debían en dicho momento, ni cuáles serían, ni que estaban aceptando renunciar a reclamarlas en un futuro. De lo contrario, jamás hubieran aceptado».

Arriaga Asociados defiende que «utiliza todos los instrumentos jurídicos existentes para defender los derechos de los consumidores» y por ello «solicita a la Comisión Europea que intervenga ante el incumplimiento por parte del Tribunal Supremo de la normativa de protección al consumidor».

La portavoz de Interior del PP en el Congreso y miembro de la comisión Kitchen, Ana Vázquez, ha cargado este miércoles contra el PSOE por ser el único partido que no quiere que el excomisario José Manuel Villarejo comparezca ante este órgano. A su juicio, los socialistas «tienen pánico» a su testimonio porque ellos fueron quienes «lo ficharon y lo crearon».

Así se ha pronunciado Vázquez a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, una vez que todos los grupos han registrado ya sus peticiones de comparecencia y el PSOE es el único que veta a Villarejo. El propio excomisario se ha quejado de que el PSOE no pida su presencia y ha deslizado que es por «miedo a la verdad».

«La Kitchen comienza por Villarejo y resulta que el PSOE es el único partido que no quiere que venga. Ellos lo ficharon y crearon y es el amigo de la Fiscal de (Pedro) Sánchez», añade en referencia a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, a la que el PP quiere citar ante la comisión de investigación.

UN SINSENTIDO

En opinión de la diputada del PP, el Villarejo «siempre dijo que vivía genial con el PSOE» y el hecho de que los socialistas no le incluyan en su listado demuestra que «sigue viviendo» así.

También Bildu ha criticado por «absurda» la «obsesión» del PSOE por vetar la comparecencia del expolicía. Su diputado Jon Iñarritu considera «un sinsentido» que Villarejo no vaya a comparecer en una comisión que investiga un asunto en el que su participación fue fundamental.

«Lo hemos pedido y creemos que es esencial. Cuantas más personas implicadas por activa o por pasiva en la trama corrupta comparezcan y aporten información para los objetivos de la comisión, mejor», ha defendido Iñarritu.

MAÑANA SE VOTA

«¿Qué temen que diga Villarejo?», se ha preguntando, avisando de que si el PSOE no cambia de actitud Bildu, que se abstuvo cuando se aprobó el plan de trabajo de la comisión, no apoyará la lista de los socialistas en las votaciones sobre las comparecencias que tendrán lugar este jueves en una sesión de la comisión a puerta cerrada.

En cualquier caso, dado el procedimiento impuesto a la comisión por los dos partidos que integran el gobierno de coalición, que implica votar las comparecencias en listas cerradas y no nombre por nombre, las propuestas del PSOE son a priori las que tienen más posibilidades de salir adelante ya que los vetos cruzados juegan a su favor.

El portavoz de Podemos, Rafa Mayoral, ha reprochado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, de poner «en peligro el prestigio de la Justicia» con su exposición razonada ante el Supremo contra el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por presuntos delitos en el denominado ‘caso Dina’

En este sentido, ha destacado que el alto tribunal vuelve «a poner las cosas donde estaban», que es en la red de «espionaje ilegal» contra Unidas Podemos y «el escándalo internacional» que supuso la «investigación ilegal a un dirigente político», en alusión a Iglesias.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación tras conocer que la Sala de lo Penal del Supremo ha acordado la devolución al juez de la Audiencia Nacional de las actuaciones que remitió contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, para que agote la investigación en el denominado caso ‘Dina’ y una vez realizadas las nuevas diligencias, decida si procede remitir una nueva exposición razonada contra el también líder de Podemos dada su condición de aforado.

Con ello responde a la exposición razonada elevada al alto tribunal el pasado mes de octubre por el juez Central de Instrucción número 6, que consideró, indiciaria y provisionalmente, que Iglesias había cometido un delito de descubrimiento y revelación de secretos; otro de daños informáticos; y otro de acusación y denuncia falsa, en relación con el robo del móvil de una asesora del partido Podemos, Dina Bousselham, en noviembre de 2015 y hechos posteriores relacionados con el mismo.

Al respecto, Mayoral ha asegurado que el Supremo marca, con este auto, que se vuelva al aspecto central de este asunto, que es la «red de espionaje ilegal, de extorsión» y «difamación» montado por el excomisario José Manuel Villarejo, en relación con diferentes empresas y miembros que ocuparon la cúpula del Ministerio del Interior.

«Y en concreto, con un escándalo de tamaño internacional que es la investigación ilegal a un dirigente político en una democracia, que es absolutamente inadmisible», ha espetado el también secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos.

VOLVER A LA RACIONALIDAD

Preguntado sobre si Podemos va a emprender alguna acción contra el juez, Mayoral ha dicho que, de momento, las actuaciones procesales se harán en el marco del procedimiento y que ahora creen hay que volver a «la racionalidad», que es «investigar a las «mafias que realizan espionaje» y «labores de intoxicación» para «intentar subvertir el proceso democrático».

«Tienen que ser investigadas», ha enfatizado el dirigente de Podemos, dado que este caso se ciñe a la presunta utilización de medios del Ministerio del Interior, durante la etapa del PP, para «realizar persecuciones políticas a la oposición e impedir que un espacio político como Unidas Podemos llegara al Gobierno».

Además, ha asegurado que lo ocurrido es un «ataque a la democracia» y deben investigarse todas las «ramificaciones», tanto en lo concerniente a la cúpula del Ministerio del Interior cuando gobernaba el PP, como en lo relativo a poderes económicos y mediáticos vinculados a las labores de intoxicación que ha sufrido su formación política.

NO HAY QUE PERSEGUIR A LA VÍCTIMA

«Es en un intento de alterar el procedimiento democrático. Creemos que se ha visto acreditado en sucesivas ocasiones y esto desgraciadamente continúa cuando se persigue a las víctimas en lugar de investigar las supuestas actuaciones ilegales», ha desgranado.

En cuanto a si Villarejo será citado en la comisión de investigación sobre el caso ‘Kitchen’ en el Congreso, Mayoral ha dicho que lo desconoce y que Unidas Podemos ha pedido que se le cite, por lo que la posición de su partido es «clara».

Sobre si el PSOE puede acceder a ello, aunque no lo ha pedido en su lista de comparecientes, el diputado de la formación morada ha dicho que «cada uno debe responder por sí mismo» y decir en el Congreso lo que opina al respecto como formación política.

Los grupos de la oposición han reclamado este miércoles a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, que asuma sus responsabilidades en el caso de la vacunación irregular contra la pandemia de la covid-19 de algunas personas, como los directores de los hospitales bilbaínos de Basurto y Santa Marina, Eduardo Maiz y José Luis Sabas, y han mostrado sus dudas ante las explicaciones de la consejera en sede parlamentaria.

En la comparecencia semanal de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ante la Comisión de Salud del Parlamento vasco para informar sobre la situación de la pandemia, la consejera ha informado de la «investigación» que ha llevado a cabo su departamento sobre la vacunación irregular contra la pandemia de la covid-19 en los hospitales de Basurto y Santa Marina.

Sagardui ha explicado que en el hospital de Santa Marina, además de su director gerente, José Luis Sabas, también fueron vacunados contra el covid cuando no les correspondían, otros directivos y 16 personas no adscritas al centro, como cuatro representantes sindicales, personas de servicios religiosos y personal que gestiona la cafetería, entre otros.

En el caso de lo ocurrido en el hospital de Basurto, ha informado de que, junto al destituido director de dicho centro, el 13 de enero recibieron la vacuna del coronavirus el jefe del Servicio de Medicina Interna, la microbióloga responsable en funciones de control de infección y la jefa del Servicio de Enfermedades Infecciosas.

No obstante, la consejera de Salud ha afirmado que no entiende que los partidos de la oposición pidan su dimisión porque, en cuanto ha conocido estos casos, ha «actuado», en referencia a los directores de los Hospitales de Basurto y Santa Marina que fueron obligados a abandonar sus cargos.

La parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha acusado a PNV y PSE de «querer ocultar información a la ciudadanía para proteger sus intereses políticos particulares». «Es triste y siento vergüenza ajena porque estando en la situación de pandemia en la que estamos, que la consejera tenga que aclarar si ha mentido o no; que tengamos que estar hablando sobre si ha ocultado algo o no», ha subrayado.

Para EH Bildu, «es grave que la consejera de Salud haya ocultado que no se han cumplido las prioridades de la campaña de vacunación» y ha preguntado a Sagardui si en una situación actual de emergencia como la actual está en condiciones de seguir siendo consejera de Salud

Ubera ha señalado que la versión de la consejera y del exgerente del hospital Santa Marina son «contradictorias» y cree que las preguntas a las que tiene que responder «son muy concretas».

«Puede haber fallos y se puede entender que se meta la pata. Se puede perdonar si se dice la verdad pero no se puede perdonar la mentira y mentir a la ciudadanía es muy grave. En este momento, la consejera de Salud tiene que dar confianza a la ciudadanía y hasta ahora no lo ha hecho», ha insistido.

Además, ha defendido que los responsables de las OSI de Osakidetza y del Departamento de Salud «tienen que ser ejemplares» y ha criticado que los mandos actúan «como si las vacunas fueran suyas». «Queremos que se asuman responsabilidades. Aquí hay que hacer una limpieza y lo que pedimos es que se actúe con sinceridad para prestigiar las OSI, Osakidetza, el Departamento, para prestigiar la política y sobretodo para garantizar y cuidar la salud de la ciudadanía», ha reclamado.

Tras escuchar las explicaciones de la consejera, el parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández ha afirmado que «el escándalo es mayor» que la semana pasada porque existen «versiones contradictorias» y tienen «dudas importantes sobre si el departamento podría haber estado al corriente o no de esas vacunaciones».

«Hay que aclarar si el Departamento y la propia consejera estaban al corriente de que se habían hecho esas vacunaciones y si sabían previamente de que se iba a vacunar de aquella manera», ha reclamado.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Para Elkarrekin Podemos-IU las explicaciones de la consejera «no son convincentes» y ha insistido en solicitar una Comisión de investigación parlamentaria con el objetivo de «escuchar e investigar para aclarar lo sucedido», ya que existen «diferentes versiones de lo que ha pasado».

Hernández ha preguntado a la consejera si se autorizan remesas de vacunas sin su supervisión. «Usted dice que no estaba tanto de algunas de las cuestiones que nos ha explicado y al menos uno de los gerentes dimitidos o cesados, el señor Sabas, dice que sí estaba usted al tanto. Es muy importante aclarar esto porque si estaba al tanto cuando insiste en que no lo estaba, le correspondería dimitir», ha defendido.

Además, cree que ante estos hechos «no es el momento de sentir pena y rabia» como dijo este pasado martes el lehendakari sino de «que se sepa toda la verdad».

La parlamentaria de la coalición PP+Cs Laura Garrido ha pedido a Sagardui que aclare si alguien de la dirección de Osakidetza y del Departamento de Salud conocía estas vacunaciones irregulares, especialmente en el caso de Santa Marina, tras las declaraciones de su director gerente afirmando que la consejera conocía que se iba a vacunar a toda la plantilla del hospital.

La parlamentaria ha pedido que aclare quién organizó las vacunaciones «a escondidas», por qué hubo un «desfase» en el número de dosis enviadas al hospital Santa Marina. «Si esto es una descoordinación usted debería de asumir su responsabilidad», ha subrayado.

«TIENE QUE IRSE, COMO SABAS»

Para PP+Cs, las explicaciones de la consejera presentan «dudas razonables» sobre el hecho de que el exgerente del hospital Santa Marina, José Luis Sabas, se vacunara sin que Sagardui lo supiera. «Si usted ha hecho dimitir al señor Sabas, según él bajo amenazas y coacciones por parte de la consejera; si usted autorizó esta vacunación como la del resto de la plantilla, está claro que usted tiene que irse junto con el señor Sabas», ha reclamado.

Garrido cree que el «buen nombre» de Osakidetza ha sido «manchado» la pasada legislatura por las irregularidades en la OPE y ha señalado que este asunto de las vacunaciones presentan «muchas dudas» respecto a la actuación de la consejera. «Consideramos que usted no está capacitada para seguir en su cargo», ha zanjado.

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha comenzado su intervención condenando las agresiones a agentes de la ertzaintza y policías locales en varios disturbios registrados la semana pasada.

Además, ha afirmado que la consejera de Salud «conocía lo que se iba a hacer y permitió» las vacunaciones irregulares y cree que Sagardui ha hecho «dejación de sus responsabilidades» al diseñar un protocolo de vacunación «insuficiente». «Desde Vox le solicitamos que dimita y si no sabe conjugar el verbo dimitir, que el lehendakari la cese», ha pedido.

GRUPOS EN EL GOBIERNO

El parlamentario del PNV Luis Javier Telleria ha destacado que el Departamento de salud ha hecho «muy buen trabajo» con la «investigación» y cree que los vacunados «se saltaron conscientemente una norma de la propia Osakidetza».

Además, ha acusado a los grupos de la oposición de «zancadillear» al Gobierno con ese asunto que cree que son «dos gotas en un océano de problemas» con el que «se ha pretendido crear un gran pantano» para «desgastar» al Gobierno y «desprestigiar» a Osakidetza.

El parlamentario del PSE Ekain Rico, por su parte, ha defendido que el Departamento de Salud remitió una instrucción «clara» a todos los centros con un protocolo de vacunación «específico», que no incluye personal directivo y sí a la plantilla que está «en primera línea».

«Los protocolos de vacunación son claros y están para que se cumplan», ha insistido antes de pedir a la consejera que «se depuren las responsabilidades» en el ámbito de la investigación.

El portavoz de Justicia del PP en el Congreso, Luis Santamaría, ha acusado este miércoles a PSOE y Unidas Podemos de «hacer trampas» en la comisión de investigación sobre la operación ‘Kitchen’ porque, según ha recalcado, solicitan en el Congreso documentación de la que ya disponen al estar personados en la causa. Por eso, ha avanzado que su partido está estudiando qué pasos puede dar «para evitar estos abusos» y que los grupos ejerzan su función en «un régimen de igualdad».

«Los socialistas y Podemos están personados en la pieza siete que se está juzgando en el juzgado central de instrucción número 6 y, en consecuencia, tienen acceso a todos los documentos del expediente judicial. Son unos tramposos», ha declarado Santamaría.

En este sentido, el dirigente del PP ha subrayado que PSOE y Podemos están «utilizando» ese expediente judicial para los trabajos de la comisión ‘Kitchen’ y, como prueba de ello, ha citado que en el acuerdo de creación de este órgano «se menciona un escrito de la Fiscalía Anticorrupción donde se incorporan entrecomillados y se señala a personas».

«ESTÁN JUGANDO CON LAS CARTAS MARCADAS»

Además, y tras la última documentación requerida sobre oficios policiales, Santamaría ha preguntado «cómo lo saben» y ha recalcado que «la única forma de saberlo es porque están personados y tienen acceso a la documentación» de la causa, que investiga el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas para evitar que las investigaciones judiciales salpicaran a cargos del partido.

«Acaban de pedir la documentación que ya tienen. Esto es hacer trampas y un descaro», ha enfatizado, para añadir que PSOE y Unidas Podemos están «jugando con las cartas marcadas y se guardan todas los ases en la manga».

En este punto, ha señalado que el Grupo Popular está «estudiando» qué pasos puede dar para impedir esta «utilización» que, a su juicio, está haciendo PSOE y Podemos de la comisión de investigación de la operación ‘Kitchen’.

Según Santamaría, el Congreso tiene que «garantizar» que la función parlamentaria de los diputados en esta comisión de investigación «sea ejercida en un régimen de igualdad». A su entender, lo «lógico» es que la Mesa de la Cámara Baja y la propia mesa de la comisión «eviten estos abusos».

«TEMOR COMPARTIDO» DE PSOE Y PODEMOS A VILLAREJO

Asimismo, el portavoz de Justicia del PP en el Congreso ha señalado que Unidas Podemos al final ha solicitado la comparecencia del excomisario José Manuel Villarejo «para salvar la cara», ya que el partido morado no la consideraba prioritaria la semana pasada.

Santamaría considera que PSOE y Podemos no van por separado en esta comisión de investigación «sino de la mano» porque «el temor que tienen a Villarejo es compartido». «Pero este listado diferenciado le permite a Podemos salvar la cara», ha aseverado.

El dirigente del PP ha insistido en que «a quién más parece preocupar el contenido de esa comisión es a PSOE y Unidas Podemos», si bien ha recordado que esas dos formaciones tienen mayoría en esa comisión de investigación, «en cuyo nombre están escritas las conclusiones».

Tras asegurar que PSOE y Podemos «han estado mareando la perdiz seis meses» con esta comisión, ha denunciado que hayan aprobado su plan de trabajo aplicando el «rodillo y sin aceptar las propuestas presentadas por los grupos parlamentarios».

La que fuera jefa de ETA María Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’ o ‘Marisol’, ha negado este miércoles haber entregado material explosivo y armamento a un comando de la banda terrorista en 1994 para que colocaran un artefacto explosivo en una entidad bancaria en la localidad de Getxo (Vizcaya).

Iparraguirre –que ha respondido sólo a su abogado– ha vuelto a negar, como en los tres juicios anteriores ante la Audiencia Nacional, que fuera conocida en la banda como ‘Anboto’. Tesis que ha sido respaldada por los dos miembros del comando –Agustín Almaraz y Aitor Fresnedo– que atentó contra la oficina de Credit Lyonnais.

Sin embargo, los agentes de la Guardía Civil responsables de la toma de declaración de ambos cuando fueron detenidos en los noventa, han indicado que en ese momento sí que reconocieron a ‘Anboto’ como Maria Soledad Iparraguirre y que además la identificaron en rueda fotográfica. Esto ha sido refutado por ambos etarras señalando que ya no recordaban lo declarado debido a que han pasado muchos años, y Fresnedo ha apuntado que además él declaró después de haber sido «salvajemente torturado».

Durante la vista de este miércoles, Iparraguirre ha comparecido tras las mamparas de protección, algo que ocurrió también en alguno de los juicios previos, si bien no en todos. En su turno final de palabra se ha declarado inocente de los hechos por los que era juzgada y ha subrayado que sentarla en el banquillo por algo que ocurrió hace 27 años es anacrónico y es muestra de «una justicia vengativa».

«Muestra una justicia vengativa que en lugar de buscar soluciones ahonda aun más en el conflicto por medio de la represión», ha añadido, para luego comentar que constata que a la Sala le resulta incómodo que se trate el tema de la tortura sufrida por miembros de ETA.

Por eso, ha abogado por una «justicia reparativa» que permita avanzar en el proceso de resolución en el País Vasco y que «permita a Euskal Herria seguir adelante y hacer frente a los problemas actuales y cerrar las heridas».

EL COMANDO ITSASADAR

El fiscal, que ha elevado a definitivas sus conclusiones, con leves modificaciones sobre alguna sustancia explosiva que incluía en su escrito, solicita doce años de prisión por el delito de estragos terroristas para ‘Anboto’, además de la prohibición de que vuelva a Getxo por un periodo de cinco años.

En su escrito de acusación, el fiscal sostenía que los integrantes del comando ‘Itsasadar’ «confeccionaron un artefacto deflagrante, compuesto por explosivo amosal, con un temporizador mecánico, colocándolo en una bolsa de plástico que depositaron hacia las 00.44 horas del día 14 de septiembre de 1994 en la fachada del banco Credit Lyonnais España de Getxo. El comando avisó telefónicamente de la colocación de la bomba, que estallaría 30 minutos después.

Según el Ministerio Público, el material explosivo, los temporizadores mecánicos y eléctricos, las dos pistolas, un subfusil, las cuatro cajas de balas, los dos manuales (uno de ellos sobre manejo de explosivos) y 500.000 pesetas, fueron entregados a estos dos miembros de ETA por Iparraguirre en marzo de 1994.

FISCALÍA VS DEFENSA SOBRE EL ALIAS

Gran parte de la vista de este miércoles ha girado en torno a demostrar si realmente María Soledad Iparraguirre era ‘Anboto’ o no. Para el fiscal no hay duda y en su exposición final ha incidido que «queda acreditado que sí era Anboto y por tanto era jefa de los comandos legales de ETA –no fichados por la Policía– en el momento de los hechos».

«Sus funciones eran dar adiestramiento, suministrar material explosivo e indicar los objetivos contra los que los comandos deben atentar», ha recordado, para añadir que incluso uno de los testigos ha reconocido que Iparraguirre le impartió el curso en manejo de explosivos en Francia, «aunque haya tratado de desdecirse» posteriormente.

Ha apuntado además que la elección del objetivo de esa entidad francesa no era casual porque en esa época hay un cambio de paradigma y se varía hacia ese tipo de objetivos, algo que coincide con la llegada a jefa de comandos de ‘Anboto’. «Su participación es por tanto mediata en este atentado», por lo que ha sostenido que ahí entra la calificación de autoría o, «cuanto menos», cooperación necesaria.

NO HAY PRUEBA «VÁLIDA»

Por su parte, la defensa de Iparraguirre ha pedido la libre absolución de su cliente al entender que «no hay prueba válida o suficiente para enervar la presunción de inocencia». Y ha pedido no caer en el «automatismo» de calificar a Iparraguirre como ‘Anboto’.

En su informe, ha tratado de desacreditar las declaraciones de los peritos de inteligencia y las declaraciones policiales de los dos etarras que formaron parte del comando al entender que se realizaron en situación de incomunicación y vulnerando los derechos fundamentales de los detenidos. Y ha apuntado que es extraño que ambos dieran nombres y apellidos de otros miembros voluntariamente.

Al hilo, ha indicado que el reconocimiento fotográfico que estos etarras hicieron de Iparraguirre era sobre una imagen del 81, cuando tenía 19 años, por lo que ha dudado que fuera real. «Curiosamente todos reconocen sin género de dudas a Iparraguirre», ha apuntado, para luego recordar que un reconocimiento fotográfico por si solo «no constituye prueba para destruir la presunción de inocencia».