Vamos al grano: unos correos internos del caso Koldo acaban de sacar a la luz una cita que nadie conocía. José Luis Rodríguez Zapatero y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reunieron en el despacho de la ministra el 7 de julio de 2021, tres días antes del cese fulminante de José Luis Ábalos. Aquel sábado 10 de julio, Pedro Sánchez apartó sin previo aviso a su hasta entonces todopoderoso secretario de Organización del PSOE, y la noticia de este encuentro previo añade una pieza explosiva al rompecabezas que aún se instruye en la Audiencia Nacional.

La filtración, publicada por este diario a partir del acceso a mensajes inéditos, pone el foco sobre una reunión que se mantuvo fuera de toda agenda oficial. El carácter confidencial de la cita y la fecha en la que se produce —justo antes del cese— alimentan las sospechas sobre quién manejaba los hilos del partido en aquel momento. Y lo que es más importante: revela la interlocución fluida que mantuvieron el expresidente del Gobierno y la titular de Hacienda a través de su secretaria, Gertrudis Alcázar.

Un encuentro en la antesala del cese

Los correos interceptados muestran que la cita del 7 de julio se cerró de forma discreta, con la mediación del entorno de Zapatero y la colaboración directa de Alcázar, quien figura como pieza clave en la comunicación con el departamento de Montero. Ninguna de las partes había hecho público este encuentro hasta ahora, pese al enorme interés político que suscita cualquier movimiento interno del PSOE en aquellos días.

El cese de Ábalos se ejecutó el sábado 10 de julio, una destitución que en aquel momento se interpretó como una acción directa del presidente para marcar distancias con las sombras que ya rodeaban a su ministro más cercano. Que el expresidente Zapatero se reuniera con la responsable de Hacienda apenas 72 horas antes de aquella decisión cambia la lectura de los hechos. No se trata de una conjetura: los mensajes están ahí.

Para el lector que no viva pegado a la política, conviene recordar que Ábalos fue apartado del Gobierno y de la cúpula del PSOE en medio de la investigación del llamado caso Koldo, la trama de presuntas comisiones en contratos de material sanitario durante la pandemia. Hasta hoy, el relato oficial sostenía que Sánchez tomó la decisión por sorpresa. La pregunta inevitable ahora es si Montero conocía los detalles antes de que se ejecutara el cese y qué papel jugó Zapatero en todo ello.

La secretaria y el hilo con Koldo

Otro dato relevante que arrojan los correos es la complicidad mostrada por Gertrudis Alcázar con el departamento de Hacienda. Su nombre ya había aparecido en el sumario del caso Koldo, pero la cadena de mensajes que ahora se conoce refuerza su posición como enlace oficioso entre la ministra y el expresidente. La información sitúa a la secretaria como una figura que facilitó encuentros y agilizó gestiones en momentos políticamente muy sensibles.

El descubrimiento llega en un mes de agosto que, lejos de relajar la presión judicial, la intensifica. La Audiencia Nacional sigue investigando las ramificaciones de la trama, y este hallazgo abre una vía nueva de preguntas: ¿qué se habló en aquella reunión? ¿Se preparó el cese de Ábalos desde Hacienda? La oposición ya ha pedido la comparecencia de Montero en el Congreso, mientras el PSOE insiste en que el presidente actúa con total autonomía.

Los correos sitúan a Zapatero en el despacho de Montero tres días antes de la destitución de Ábalos, un dato que hasta ahora nadie había revelado.

Análisis: ¿Qué implica este descubrimiento?

No es la primera vez que una información publicada en pleno mes de agosto remueve el tablero político español. El precedente más cercano es la filtración de los papeles de Bárcenas en 2013, que también obligó al PP a dar explicaciones bajo los focos del verano. Aquel escándalo terminó erosionando la confianza en la cúpula del partido. El caso Ábalos comparte ingredientes: mensajes privados, reuniones opacas y la sombra de la financiación irregular.

Quienes defienden al Gobierno argumentan que una reunión entre un expresidente y una ministra no es ilegal ni prueba nada por sí sola. Sus críticos, en cambio, ven un indicio de que la decapitación de Ábalos no fue tan improvisada como se vendió. Lo que parece indiscutible es que el hallazgo añade una capa más de presión sobre Montero, a la que el PP lleva meses señalando por el caso de los ERE andaluces en su etapa anterior.

Lo que conviene seguir en las próximas semanas es la reacción de la Audiencia Nacional: si decide llamar a declarar a alguno de los implicados a raíz de estos correos. También el calendario parlamentario de septiembre, donde Montero podría enfrentarse a preguntas directas sobre aquel 7 de julio. El caso Koldo sigue escribiendo capítulos, y la calle empieza a preguntarse si alguien más debería dimitir.

📌 En claves: lo que debes saber

• Qué ha pasado: Nuevos correos del caso Koldo revelan que Zapatero se reunió con la ministra Montero en Hacienda el 7 de julio de 2021, tres días antes del cese de Ábalos.
• Por qué te importa: La revelación cuestiona la versión oficial de que Sánchez actuó de forma improvisada y sitúa a Montero en el centro de la polémica. La presión política y judicial sobre el Gobierno crece.
• A quién afecta: A la ministra de Hacienda, que deberá dar explicaciones; al PSOE, amenazado por un nuevo escándalo; y a los ciudadanos que observan cómo la trama de la pandemia sigue salpicando a altos cargos.
• Hacia dónde vamos: La Audiencia Nacional podría ampliar la investigación y Montero se enfrenta a peticiones de comparecencia en el Congreso tras el verano. El caso sigue abierto.

Italia cerró sus fronteras con España hace apenas una semana, y ahora el pulso diplomático entre los ministros Albares y Tajani amenaza con poner trabas a tus próximos viajes.

La crisis migratoria en Ceuta ha llevado al Gobierno italiano de Giorgia Meloni a suspender el acuerdo Schengen con España, una medida que reintroduce controles fronterizos y que, según Roma, cuenta con el respaldo de 21 países de la UE.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, respondió este lunes a las críticas de su homólogo español, José Manuel Albares, y defendió la legalidad de la decisión: «Es correcta y se ajusta a lo que permite el reglamento Schengen», afirmó, al tiempo que presumía de la «eficacia» de las políticas migratorias de su gobierno.

El ministro español había acusado por la mañana a «estados y gobiernos» de no estar a la altura durante la crisis de Ceuta, y añadió que «el ejemplo italiano ha sido uno de ellos».

Albares fue más allá y lanzó un dardo directo a Roma: «Ya le gustaría a Italia hacer como lo ha hecho España», en referencia a la gestión migratoria, aunque sin detallar cifras.

La decisión italiana devuelve los controles fronterizos en pleno agosto, la temporada alta de viajes entre España e Italia.

¿Cómo te afecta la suspensión de Schengen?

Hasta ahora, cruzar de España a Italia era como moverse de Madrid a Barcelona: bastaba con el DNI y no hacías colas de pasaporte. Con la suspensión, quienes vuelen a Roma, Milán o cualquier otro destino italiano deben llevar el pasaporte y someterse a controles sistemáticos en el aeropuerto de salida y llegada. Los retrasos pueden alargarse en plena temporada alta de viajes, cuando miles de españoles eligen Italia para sus vacaciones de verano.

La medida, aunque temporal, no tiene una fecha de caducidad clara. Si la tensión diplomática continúa, otros países del espacio Schengen podrían seguir el ejemplo italiano, complicando los desplazamientos por Europa.

Un conflicto que va más allá de Ceuta

Este no es el primer episodio de suspensión de Schengen en la UE. Durante la crisis de refugiados de 2015-2016, varios Estados reintrodujeron controles temporales alegando presión migratoria. Ahora, con un gobierno de derecha radical en Italia, la decisión cobra un cariz más político: 21 países europeos respaldan a Tajani, según él mismo reveló, lo que evidencia una mayoría en la UE favorable a políticas migratorias más restrictivas.

España, con un Ejecutivo de izquierdas, queda en minoría. La respuesta de Albares refleja la frustración de un país que se siente señalado por la gestión de una crisis que, en su opinión, desborda los recursos nacionales. El choque no solo es entre dos ministros; es un síntoma de las profundas divisiones en la UE sobre quién debe cargar con el peso de la inmigración irregular.

Para el ciudadano de a pie, la consecuencia inmediata es más burocracia en sus viajes. A medio plazo, si el conflicto escala, Bruselas podría verse obligada a mediar para evitar un efecto contagio que dañe la libre circulación, uno de los pilares del proyecto europeo. De momento, quien tenga pensado volar a Italia este agosto hará bien en revisar la documentación y armarse de paciencia.

📌 En claves: lo que debes saber

• Qué ha pasado: Italia suspendió el acuerdo Schengen con España por la crisis de Ceuta, y el ministro Tajani defiende que la decisión es «correcta» y cuenta con el respaldo de 21 países de la UE.
• Por qué te importa: La suspensión reintroduce controles fronterizos en aeropuertos y puede provocar colas más largas; además, obliga a llevar pasaporte para viajar a Italia.
• A quién afecta: A cualquier español que viaje a Italia, especialmente en temporada alta (agosto), y potencialmente a otros itinerarios europeos si la tensión se extiende.
• Hacia dónde vamos: La UE podría mediar si el conflicto escalda; mientras, España y otros países observan si la medida se vuelve permanente o sienta un precedente para futuras crisis migratorias.

Si eres mujer y resides en Andalucía, la decisión que acaba de tomar Juanma Moreno te afecta directamente. El Gobierno andaluz ha entregado a Vox las competencias sobre las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, los equipos de psicólogos, forenses y trabajadores sociales que emiten informes periciales sobre mujeres maltratadas para los juzgados. La medida quedó plasmada en los decretos de estructura de la Consejería de Justicia, aprobados por el Consejo de Gobierno el pasado jueves 30 de julio, y supone un salto cualitativo en el control ultra sobre la lucha contra la violencia machista.

Indignómetro

Nivel de impacto social: 9/10. Afecta a los procedimientos judiciales y a la protección de miles de mujeres víctimas de violencia de género, con un cambio directo en la orientación de los informes periciales y en la composición de los equipos que los elaboran.

Qué son estas unidades y por qué importa su traspaso

Las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género dependen del Instituto de Medicina Legal y están formadas por personal público —psicólogos, forenses y trabajadores sociales—. Su función es elaborar informes psicosociales que los jueces utilizan para decidir sobre órdenes de protección, custodia de menores o concesión de ayudas. Ahora, toda esa maquinaria queda en manos de la Consejería de Justicia que pilota el vicepresidente segundo de la Junta y líder regional de Vox, Manuel Gavira, un dirigente que ha calificado estos servicios de “chiringuitos ideológicos”. La consejería también ha asumido la elaboración de protocolos de actuación en violencia de género y la gestión de los equipos psicosociales de menores.

La obsesión de Vox desde 2019: depurar el 'sesgo ideológico'

La toma de control no es casual. Ya en 2019, con sus primeros 12 diputados en el Parlamento andaluz, Vox pidió la lista nominal de los trabajadores de estas unidades y de los equipos de familia y menores. Su objetivo era identificar a los “profesionales no cualificados y altamente ideologizados”, como escribió entonces el juez y candidato ultra Francisco Serrano. Aquella solicitud chocó con la Ley de Protección de Datos y nunca se entregó. Siete años después, la formación de Santiago Abascal no solo conoce los nombres, sino que dirige el servicio.

El pacto de gobierno PP-Vox suscrito esta legislatura incluye el compromiso de “revisar y, en su caso, derogar” las leyes autonómicas con “sesgo ideológico”, un concepto que en boca de Vox abarca la Ley de Igualdad, la Ley contra la Violencia de Género y la Ley Trans. De momento, la única derogación explícita es la de la Ley de Memoria Histórica, pero el control de las unidades de valoración abre la puerta a cambios orgánicos sin tocar la norma.

Vox gestiona desde ahora los informes que determinan si una mujer recibe protección judicial; en 2019 pidió los nombres de los funcionarios que los redactan.

Un margen estrecho pero una carga simbólica enorme

Jurídicamente, la capacidad de maniobra de Gavira es limitada. La Consejería de Justicia es una “administración prestacional”: gestiona medios materiales y humanos, pero no puede dar órdenes a los funcionarios ni alterar las competencias que corresponden al Estado. No obstante, sí podría modificar o suprimir las unidades de valoración, reguladas por un decreto autonómico, lo que provocaría un choque con los sindicatos y, previsiblemente, con el propio PP.

Fuentes del PP andaluz han justificado la cesión argumentando que Justicia era el departamento que menos “despliegue ideológico” permitía a Vox. Sin embargo, la decisión tiene un indudable valor político: el partido que niega la violencia de género como concepto estructural controla los servicios que evalúan a sus víctimas. Además, el acuerdo incluye también la gestión de los centros de internamiento de menores infractores, lo que permitirá a Vox confrontar su discurso contra los menas con los datos reales.

La medida no es solo un movimiento administrativo; coloca a Vox en una trinchera desde la que puede influir en cómo se protege a las mujeres maltratadas. El próximo paso será ver si los nuevos responsables mantienen la estructura actual o impulsan cambios en los protocolos de actuación, en un contexto de tensión permanente con las políticas de igualdad.

📌 En claves: lo que debes saber

• Qué ha pasado: El Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha traspasado a Vox las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, adscritas a la Consejería de Justicia.
• Por qué te importa: Los informes de estas unidades condicionan órdenes de protección, custodias y ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia machista.
• A quién afecta: A todas las mujeres andaluzas que recurren a la justicia tras sufrir malos tratos y a sus hijos, que dependen de evaluaciones ahora supervisadas por Vox.
• Hacia dónde vamos: Habrá que seguir la posible modificación de los decretos que regulan estas unidades y la reacción de los funcionarios y sindicatos ante cualquier intento de depuración.

Si creías que la crisis migratoria de Ceuta frenaría a Bruselas, atenta: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acaba de felicitar a España y Marruecos por su gestión «eficiente», pese a los más de 80 fallecidos confirmados. Y además, pide a la UE que refuerce las fronteras con «barreras físicas» cuando haga falta. Te contamos qué significa este giro y por qué te afecta aunque vivas en el interior.

La carta que Von der Leyen ha enviado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elogia la rapidez con la que ambos países «impidieron con éxito el traslado ilegal hacia la España peninsular y Europa». Según los últimos balances, hay al menos 83 muertos: 72 en territorio español y 11 en el lado marroquí. El mensaje llega en vísperas de una reunión urgente de ministros de Interior de la UE, después de que una veintena de socios europeos cuestionaran la política migratoria española.

El elogio de Von der Leyen en plena crisis

Las palabras de la presidenta de la Comisión no dejan margen: «Tanto las autoridades españolas como las marroquíes han gestionado esta situación de forma eficiente y eficaz», escribe. Un reconocimiento explícito que muchos interpretan como un espaldarazo a la estrategia de contención que ejecutó Marruecos en la frontera ceutí. La Comisión Europea asume así una línea dura en la gestión de la migración irregular, sin cuestionar el coste humano de la operación.

Mientras tanto, el Gobierno español ha tenido que defenderse de las críticas de otros Estados miembros. El ministro de Exteriores, José Luis Albares, denunció la «sincronización de la internacional reaccionaria» que, en su opinión, actuó «con mucha rapidez para amplificar mentiras». Un cruce de acusaciones que tensa el debate migratorio en pleno arranque del verano.

Qué pide Bruselas: más control y barreras físicas

Von der Leyen no se queda en las felicitaciones. En su carta sostiene que la crisis de Ceuta demuestra que la UE debe «hacer más» para fortalecer el control en los puntos críticos, con «una vigilancia rigurosa y el uso de barreras físicas cuando sea necesario». Además, ofrece apoyo financiero y operativo, un posible refuerzo de la agencia Frontex en el enclave español y la asistencia de Europol y la Agencia de Asilo.

Traducido: Bruselas quiere más vallas, más agentes y más rapidez en las devoluciones. La apuesta por las barreras físicas supone un cambio de tono respecto a la retórica solidaria que dominó la legislatura pasada. La idea de que Europa debe blindarse en sus fronteras exteriores gana peso en la capital comunitaria, y Ceuta se convierte en su laboratorio.

Antecedentes: de la solidaridad al blindaje

El giro no es nuevo pero se acelera. Desde la crisis de refugiados de 2015, la UE ha ido pasando del discurso de la acogida al de la contención. Países como Hungría o Polonia ya levantaron muros, y ahora la Comisión parece asumir ese modelo como respuesta común. España, que durante años presumió de una política migratoria más humana, se ve ahora respaldada por Bruselas en una línea dura que deja en fuera de juego a las ONG y a los defensores de derechos humanos.

Lo que está por ver es cómo se traduce este plan en la próxima cumbre de ministros de Interior. El refuerzo de Frontex y la generalización de barreras pondrán a prueba el Pacto Europeo de Migración y Asilo, aún en pañales. Mientras, en la frontera sur, los datos de fallecidos siguen subiendo y la presión migratoria no da tregua.

La Comisión defiende ahora el uso de barreras físicas, un giro que acelera el debate sobre hasta dónde está dispuesta a llegar Europa para frenar la inmigración.

📌 En claves: lo que debes saber

• Qué ha pasado: Von der Leyen ha felicitado a España y Marruecos por su gestión de la crisis de Ceuta, con más de 80 muertos, y pide a la UE que refuerce las fronteras con barreras físicas.
• Por qué te importa: El cambio de tono de Bruselas puede traducirse en más vallas y controles en los pasos fronterizos, afectando tanto a la movilidad como a la política migratoria española.
• A quién afecta: A los migrantes en tránsito, a las comunidades fronterizas y a todos los ciudadanos de la UE, que verán endurecidas las políticas de asilo y retorno.
• Hacia dónde vamos: La reunión urgente de ministros de Interior decidirá los próximos pasos; es probable que se apruebe un refuerzo de Frontex y más medios para barreras físicas.

La Comunidad de Madrid compró un ático de lujo en Chamberí por 9,05 millones con fondos públicos, sin los informes que marca la ley, y ahora el Tribunal de Cuentas investiga si hubo menoscabo del dinero de todos. El abogado Javier Flores ha presentado hoy, 3 de agosto, una denuncia por posible quebranto de caudales públicos, mientras el PSOE exige reunir la Asamblea de urgencia para pedir explicaciones al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

El porqué de la denuncia: una adquisición que no se llegó a usar

La operación de compraventa la ejecutó Planifica Madrid, una sociedad mercantil pública adscrita a la Consejería de Presidencia. El ático, ubicado en el paseo del General Martínez Campos, tiene casi 500 metros cuadrados y 200 de terraza. Se adquirió el 14 de abril de 2026 y, tres meses y medio después, el 30 de julio, el departamento dirigido por Miguel Ángel García Martín aprobó su venta sin que el inmueble hubiera tenido utilidad alguna.

El denunciante sostiene que la operación carece de la documentación que acreditaría una finalidad pública. La falta de memoria justificativa, de tasación previa y de estudios comparativos con otras opciones como el alquiler o el uso de patrimonio propio son el centro de la denuncia. El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, habla de “alcance o menoscabo de caudales públicos”.

La denuncia no apunta a ninguna persona concreta, sino que pide al Tribunal de Cuentas que investigue “su cuantía y sus responsables”. Entre otros documentos, reclama la copia de la escritura de compraventa, el expediente completo y el acuerdo del consejo de administración que aprobó la compra.

Los seis interrogantes que el Tribunal de Cuentas debe resolver

El abogado pide a la institución fiscalizadora que esclarezca seis puntos críticos. El primero, si existió una memoria justificativa de la necesidad y un expediente de obras que explicara la compra. El segundo, si el órgano patrimonial encargó formalmente la adquisición a la sociedad pública. También exige saber cuál fue el precio exacto y si hubo una valoración técnica que confirmara que se ajustaba al mercado.

En cuarto lugar, se investigará con qué recursos se financió la compra. El quinto punto busca aclarar cuál era el destino real del inmueble y quién lo iba a ocupar, dado que se trata de una vivienda residencial que entonces estaba alquilada. Por último, la denuncia reclama que se calculen los costes irreversibles que ha soportado el erario público en esta operación de ida y vuelta.

La denuncia habla de “menoscabo de caudales públicos” en una compraventa sin utilidad ni controles.

Una operación con precedentes de control laxo en la administración autonómica

La controversia no es aislada. En los últimos años, el Tribunal de Cuentas ha fiscalizado varios casos de gasto público en inmuebles por parte de comunidades autónomas donde se detectaron irregularidades por falta de concurrencia competitiva o de informes preceptivos. En la Comunidad de Madrid, operaciones de Planifica Madrid ya han sido objeto de escrutinio por el sobrecoste en alquileres de edificios públicos, aunque sin derivar en responsabilidades contables graves hasta ahora.

La denuncia actual subraya que la ley patrimonial exige un análisis comparativo entre la compra, el arrendamiento y el uso de inmuebles propios antes de decidir una inversión millonaria. En este caso, la Comunidad de Madrid no publicó ese estudio. Además, la justificación inicial de la compra —el posible realojo de personal durante unas obras en la Puerta del Sol— queda en entredicho porque las únicas actuaciones licitadas en la Real Casa de Correos hasta la fecha son de menor envergadura, según ha publicado Somos Madrid.

El PSOE ha reclamado la convocatoria urgente de la Diputación Permanente de la Asamblea para que el Gobierno de Ayuso dé la cara. Más Madrid también ha anunciado que presentará su propia denuncia. La sospecha de que se eludieron controles previos es lo que ha llevado al abogado Javier Flores —que ya litigó contra irregularidades en hospitales públicos y cantones de limpieza— a activar la vía contable.

Si el Tribunal de Cuentas aprecia indicios de responsabilidad, podría iniciar un procedimiento que, en última instancia, obligaría a los gestores a reintegrar el dinero malgastado. El foco está ahora en si esos 9,05 millones se gastaron conforme a la legalidad y si existió un fin público real, o si, como apunta la denuncia, fue “una operación de ida y vuelta que no ha reportado utilidad alguna”.

📌 En claves: lo que debes saber

• Qué ha pasado: Un abogado ha denunciado ante el Tribunal de Cuentas la compra, por 9,05 millones, de un ático de lujo por parte de la Comunidad de Madrid a través de Planifica Madrid. El PSOE pide explicaciones urgentes.
• Por qué te importa: Se trata de dinero de todos los contribuyentes utilizado en una operación inmobiliaria que no tuvo ningún uso público y se revirtió en tres meses, sin los informes preceptivos.
• A quién afecta: A los responsables políticos y gestores de la Comunidad de Madrid que intervinieron en la compra; si se demuestra menoscabo, podrían verse obligados a devolver los fondos con sus bienes personales.
• Hacia dónde vamos: El Tribunal de Cuentas investigará los documentos y decidirá si abre un procedimiento de responsabilidad contable. La Asamblea de Madrid debatirá el caso en las próximas semanas.