Ciudadanos y Vox han pactado un texto para pedir al Congreso que repruebe este jueves al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por los acercamientos semanales de presos de ETA a cárceles de País Vasco, y que censure la política penitenciaria que lleva adelante su departamento. También buscan que el Gobierno aclare si este trato a los presos etarras «lo es a cambio de apoyos parlamentarios de Bildu».

Ambos partidos han acordado una enmienda transaccional que es fruto de la moción que el partido naranja sometió este martes a debate y que se votará este jueves en el Pleno de la Cámara. Sin embargo, todo apunta a que esta iniciativa no saldrá adelante porque todos los grupos, salvo PP y UPN, ya avanzaron su rechazo a la misma.

En concreto, en la enmienda, Cs y Vox plantean que el Congreso repruebe a Marlaska por su «incapacidad e incompetencia», por su política de acercamientos y progresiones en grado y demás «privilegios» penitenciarios otorgados, «por razones políticas», a los presos de ETA y por su «permisividad» con la celebración de actos de homenaje a etarras.

Además, piden que la Cámara censure la política de acercamiento de presos de ETA «puesta en marcha por el titular el Interior y, en especial, aquélla que afecta a los terroristas más sanguinarios de la banda terrorista».

CAMBIAR LA LEY

Asimismo, tanto Cs como Vox instan al Gobierno a comprometerse a no acercar a ningún preso de la banda terrorista que no acredite «de manera explícita e indubitada» su arrepentimiento por los crímenes cometidos o que no muestre su total disposición a colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los crímenes aún pendientes de resolver.

También le emplazan a promover modificaciones legales para que los traslados penitenciarios de los condenados por delitos de terrorismo se realicen atendiendo criterios legalmente establecidos, «y no se trate de una potestad discrecional de la Secretaría General de Instituciones», y que los acuerdos de las Juntas de Tratamiento de las prisiones se sobre los traslados o progresiones de grado de los condenados se basen «en criterios técnicos y no políticos».

En la sesión de este miércoles se ha debatido la otra moción, ésta con la firma de Vox, que también busca reprobar al ministro y que se someterá a votación igualmente este jueves. El encargado de defenderla ha sido el expresidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) Francisco José Alcáraz, quien ha acusado al Gobierno de querer «echar losas y fosas encima de la memoria de las víctimas de ETA», ha dejado claro que «no conseguirán acallarlas» con el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Además, ha roto la enmienda que Bildu había planteado a su moción. «Maldigo la enmienda, les maldigo a ustedes y a todos los que les blanquean», ha dicho, tachando a los cinco diputados de la coalición abertzale de «delegados de ETA». «Otegi es su jefe, Otegi es ETA, trabajan para ETA», ha enfatizando provocando un toque de atención del vicepresidente del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. También desde UPN, Sergio Sayas, ha recriminado a Bildu su apoyo a la banda terrorista.

La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha pedido afrontar este debate no con «odio» y con intención de que «las heridas sigan abiertas y escuezan» como, a su juicio, hace Vox con una actitud «despreciable», sino con un comportamiento «constructivo».

Así, tras mostrar su respeto por «todas las personas que han sufrido las dolorosas consecuencias» del, según ha dicho, «largo conflicto vasco», ha reclamado avanzar con «valentía y generosidad» como, en su opinión, hacen las propias víctimas y la sociedad vasca para poder «restañar las heridas», aunque ha asumido que eso llevará tiempo.

Desde el PNV, Mikel Legarda ha mostrado su rechazo a la dispersión en una intervención que ha llevado a Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, a acusar a los peneuvistas de haber estado años «recogiendo los frutos de un árbol podrido» y de no distinguir aún entre «buenos y malos».

«DEL ODIO SE SALE»

El diputado vasco de Unidas Podemos Roberto Uriarte ha arrancado su turno solidarizándose con Ciudadanos por la agresión que han sufrido en Murcia. «Nos tocan a una nos tocan a todas», ha dicho utilizando el lema feminista para explicar que los ataques a los partidos son ataques a toda la democracia.

Luego se ha centrado en criticas las «falacias» en las que, a su juicio, basan su estrategia quienes identifican a Bildu con ETA y ha puesto a Adolfo Suárez como ejemplo de que se puede evolucionar, cambiar de opinión y pasar del franquismo a la democracia. Del odio se puede salir«, les ha dicho a los de Vox, deseando que puedan hacer ese tránsito.

El hijo de Suárez, el ‘popular’ Adolfo Suárez Illana, ha tomado la palabra por alusiones para rechazar lo que él ha interpretado como una equiparación entre su padre y Bildu. «Decimos que son la voz de ETA porque ellos dijeron en la tribuna ‘Ni nos vencieron ni nos domesticaron’; por eso son indignos y les llamamos lo que les llamamos», ha enfatizado.

La respuesta le ha llegado por boca del diputado de Bildu Oskar Matute, quien ha replicado que esa fresa no es de ETA ni del independentismo, sino del histórico líder de Comisiones Obreras en la Transición, Marcelino Camacho. Cuando usó aquella expresión, ha señalado, quería homenajear a «un sindicalista» que, a su juicio, «luchó más por la libertad» que Adolfo Suárez.

SOCIALISMO ES LIBERTAD

Tras este inciso, el debate ha continuado con la ‘popular’ Teresa Jiménez Becerril, familiar dos asesinados por ETA, quien, en una dura intervención contra el Gobierno en general y Grande Marlaska en particular, ha acusado al ministro de «someter a las víctimas a la tortura de levantarse todos los viernes pensando si los asesinos de sus familiares habrán sido premiados» con un acercamiento.

De su lado, el exlendakari socialista Patxi López ha cerrado el debate recordando que la democracia derrotó a ETA y que, precisamente la grandeza de este sistema es que, aunque sus gente «guste nada a algunos» entre los que incluye, Bildu se alejara de la violencia y ahora pueda estar en el Congreso utilizando herramientas democráticas.

«Ganamos, y ni todo su odio ni toda su rabia no va a hacer acabar con lo que conquistamos. Socialismo es libertad y sin los socialismos no habría libertad», ha zanjado, tras dejar claro a Alcaraz que le respeta como víctima pero que no representa ni mucho menos a todas ellas y afearle su «juego carroñero de intentar enfrentar a unas con otras».

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, comparecerá este jueves por la tarde en el Congreso de los Diputados para explicar sus proyectos al frente del Ministerio, lo que supondrá su estreno en la Comisión de Política Territorial y Función Pública de la Cámara Baja desde que fue nombrado miembro del Ejecutivo el pasado mes de enero.

Su comparecencia está prevista para las 15.30 horas y servirá para que Iceta desgrane los retos de su Ministerio, que pasan por el diálogo con las Comunidades Autónomas, en especial con Cataluña, el traspaso de competencias a las autonomías, la relación con los gobiernos regionales y locales y la reducción de la temporalidad del empleo público.

Desde su llegada al Gobierno a finales de enero, Iceta ha avanzado en el traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas, aunque en especial con el País Vasco, tras reunirse con la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno del Ejecutivo vasco, Olatz Garamendi.

En este encuentro, el primero de Iceta con una representante de un Gobierno autonómico, ambos mandatarios acordaron reunir en abril la Comisión Mixta de Transferencias para acordar traspasos relevantes como el de Instituciones Penitenciarias y se emplazaron a agilizar también el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital.

LA FAMOSA COGOBERNANZA

Otro de los desafíos a los que se ha sometido Iceta desde que es ministro es el impulso a las relaciones con los gobiernos autonómicos y locales, en un momento en el que rige el estado de alarma que sitúa a los presidentes autonómicos como las autoridades delegadas, siguiendo el famoso término acuñado por el Ejecutivo en referencia a la «cogobernanza».

Aquí, Iceta ha tenido que debatir, junto a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, con los gobiernos autonómicos para establecer un documento común de restricciones en la Semana Santa, además de la petición de varias autonomías de considerar una modificación del estado de alarma para adelantar el horario del toque de queda.

Por su parte, Iceta también ha reivindicado en varias ocasiones que en 2020 se abrieron 50 procedimientos, iniciando negociaciones con CCAA para evitar conflictividad, de los cuáles se alcanzó un acuerdo en 24 ocasiones.

RELACIÓN CON CATALUÑA

Por su parte, Iceta aún no ha podido establecer un diálogo fluido con la Generalitat de Cataluña porque los partidos todavía se encuentran en negociaciones para conformar un nuevo Ejecutivo catalán tras las elecciones del pasado 14 de febrero.

Sin embargo, el ministro de Política Territorial y también líder del PSC sí que ha reafirmado en varias intervenciones su intención de reemprender la mesa de diálogo con Cataluña y ha garantizado que el Ejecutivo central trabajará conjuntamente con cualquier Gobierno catalán que salga de las negociaciones, «sea del color que sea».

Además, durante las sesiones del control al Gobierno a las que se ha sometido en las Cortes desde que es ministro, Iceta ha recalcado su deber con el diálogo en Cataluña, aunque también admitió en un debate con ERC que fue un error apoyar el derecho a decidir.

En el acto en el que recibió la cartera como ministro, Iceta aprovechó para subrayar su «compromiso» con la Constitución y apostar por una España «fuerte en su unidad y orgullosa de su diversidad».

REFORMA DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO

Respecto a la Función Pública, la semana pasada tras el encuentro que mantuvo con los sindicatos más representativos de este sector, el ministro confirmó que una de las medidas que va a tomar al frente de su departamento es la de reformar el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público para obligar al conjunto de las administraciones a cubrir «en plazos razonables» las plazas creadas que actualmente están ocupadas por personas sin un contrato fijo.

También señaló que se deberá seguir trabajando en el marco del diálogo con los sindicatos para saber «cuál va a ser la obligación y las consecuencias que pueda tener».

Además, incidió en que se abordará la temporalidad en las administraciones públicas, ya que es un objetivo «común» tanto por parte del Gobierno como por parte de los sindicatos.

«Hay que atajar el problema de un 30% y hasta un 40% de temporalidad existente en algunos sectores, con el acuerdo de todos, de las fuerzas sindicales y de todas las administraciones públicas», apostilló Iceta.

Los Reyes realizarán el 25 y 26 de marzo una visita de Estado histórica a Andorra, ya que nunca antes un jefe de Estado había visitado el principado a pesar de la estrecha relación con el país vecino, que se ha reforzado en los últimos tiempos.

El viaje, además de escenificar esa intensa relación en muy distintos ámbitos, permitirá cumplir con la tradición de que el Rey visite el país que acoge la Cumbre Iberoamericana, que en esta ocasión se celebrará en Andorra el próximo 22 de abril y en la que está prevista la participación de Don Felipe, según explican fuentes diplomáticas.

La primera jornada de la visita de Estado tendrá un carácter más institucional, con encuentros con las autoridades. El viaje arrancará en la Casa de la Vall, sede histórica del Parlamento andorrano, donde serán recibidos por los copríncipes de Andorra, el obispo de la Seu de Urgell, monseñor Joan Enric Vives i Sicilia, y el representante del presidente francés, Emmanuel Macron.

Don Felipe y Doña Letizia tendrán ocasión de saludar a miembros del Consell General –el Parlamento unicameral del principado– y serán recibidos por su presidenta, Roser Suñé. A continuación, está prevista la visita al Ayuntamiento de Andorra la Vella, donde les recibirá la alcaldesa, Conxita Marsol.

La jornada se completará en la sede del Ejecutivo andorrano, donde mantendrán una reunión con el jefe de Gobierno, Xavier Espot Zamora, quien a continuación ofrecerá una cena en honor de los Reyes.

El viernes 26 arrancará con una visita al colegio español María Moliner, uno de los seis centros en los que se imparte enseñanza en español en el principado.

NO HABRÁ ENCUENTRO CON LA COLECTIVIDAD

Según han explicado las fuentes, en esta ocasión, dado el contexto de pandemia, el tradicional encuentro de los Reyes con la colectividad española –en Andorra residen 27.000 españoles– ha sido sustituido por la visita a este centro educativo, donde Don Felipe y Doña Letizia podrán hablar tanto con el profesorado como los alumnos, muchos de los cuales son españoles.

Tras ello, llevarán a cabo una visita a varios ejemplos del patrimonio artístico y arquitectónico de Andorra, incluido el pueblo de Ordino. El viaje de Estado se completará con un almuerzo ofrecido por Espot Zamora.

Andorra será el primer viaje internacional de los Reyes desde el inicio de la pandemia hace ya un año. Solo la Reina Letizia ha salido en viaje oficial fuera de España. Lo hizo a Honduras a mediados del pasado diciembre para entregar ayuda humanitaria y trasladar la solidaridad española a los afectados por el paso de dos huracanes por el país.

Desde Exteriores resaltan la importancia de esta visita, ya que los Reyes hacen muy pocos viajes de Estado al año y por las particulares circunstancias en las que se produce, en plena pandemia. No obstante, se ha querido cumplir con la tradición en lo que a la Cumbre Iberoamericana se refiere y también coronar una estrecha relación con un país al que hasta ahora nunca se había visitado a este nivel.

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha defendido este miércoles la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca a pesar de que varios países han suspendido temporalmente su uso ante el temor de que pueda provocar efectos secundarios como trombos y ha asegurado que él mismo se vacunará con sus dosis.

En una intervención en el Parlamento, Johnson no ha dado detalles sobre ls suspensión de la vacunación con estas dosis por parte de varios países, sino que ha matizado que «lo mejor que puede decir sobre la vacuna de Oxford y AstraZeneca es que puede confirmar que se vacunará muy pronto». «Ciertamente lo haré con esta vacuna», ha afirmado.

Sin embargo, sus declaraciones han suscitado dudas ya que los británicos no pueden elegir qué vacuna recibir. Las autoridades sanitarias, que también han defendido dicha vacuna, han matizado que no existe una preferencia de unas dosis sobre otras para «grupos poblacionales específicos».

Así, han aseverado que por razones de «programación» es posible que se «ofrezca una vacuna en vez de otra en determinadas circunstancias».

Poco antes, el ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, junto a Jeremy Brown, miembro de la junta de asesores sobre la vacuna en Reino Unido, han hecho hincapié en su defensa de la vacuna durante una rueda de prensa en la que también estaba presente el ministro de Economía y Energía, Kwasi Kwarteng.

Sus palabras han llegado después de que países como Luxemburgo, Portugal, Chipre, Suecia, Venezuela, Francia, Alemania, Italia o España suspendieran el uso de la vacuna a la espera de que se realicen una serie de comprobaciones.

No obstante, Francia e Italia tienen previsto reanudar la vacunación el martes después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) señalara que la vacuna es segura. En este sentido, Hancock ha indicado que «no existen pruebas de que estas vacunas provoquen trombos» y ha matizado en declaraciones al diario ‘The Sun’ que «estos pueden producirse de forma natural y son precisamente comunes».

Kwarteng, por su parte, ha secundado las palabras de Hancock en declaraciones a la cadena BBC: «La primera cosa que quiero decir es que la vacuna es segura… Si la gente recibe una llamada, creo que deberían vacunarse. No obstante, ha rechazado pronunciarse sobre la posibilidad de que la decisión de detener la vacunación sea política.

Brown ha afirmado así que no cree que se puedan vincular los trombos a la vacuna «en ningún caso» y ha matizado que se trata de un «evento fuera de lo común». «Utilizar esto como motivo para dejar de utilizar la vacuna cuando sabemos de su alta efectividad no es sensato», ha manifestado.

PP, Vox y Asamblea por la vida (que representa a unas 140 organizaciones) han acordado este miércoles poner en marcha una línea de actuación, con un plan de acción, para evitar que la Ley de Eutanasia que, previsiblemente se aprueba este jueves en el Congreso, se ponga en marcha en España.

Según han explicado los implicados, desde el Parlamento, en concreto Vox, se recurrirá el texto al Tribunal Constitucional, mientras que las asociaciones registrarán en la Cámara baja una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para poner en marcha un Plan Integral de Cuidado paliativos.

En declaraciones a los periodistas, tras una reunión en el Congreso, el portavoz de Sanidad del PP, José Ignacio Echániz, ha denunciado la «tramitación acelerada» de una Ley de Eutanasia que, a su juicio, es «poco rigurosa y carente de rigor técnico, sanitario, jurídico y parlamentario».

El diputado ha lamentado que esta norma vaya a «transformar los principios básicos de la sociedad» del país, sin que se le haya consultado a los ciudadanos y solo para lo que ha calificado como «el desarrollo de un programa ideológico» de «una agenda radical».

UNA LEY QUE VULNERA LA CONSTITUCIÓN

«Hoy creamos una línea de actuación, de generación de ideas, de acción directa para dar la batalla a esta ley que tanto daño va a hacer», ha anunciado el ‘popular’.

Por parte de Vox, su diputada Lourdes Méndez, ha señalado que recurrirán la norma ante el Constitucional solicitando que «no se aplique» la misma hasta que «no se dicte sentencia» desde el Tribunal, «tal y como se ha hecho con el aborto». Méndez espera que el Constitucional «responda» a esta solicitud, ya que, según ha denunciando, la Ley que mañana se aprueba «vulnera muchos artículos» de la Carta Magna, «especialmente el artículo 15 de derecho a la vida».

El exministro del PP y portavoz de la Asamblea por la Vida, Jaime Mayor Oreja, ha comparado esta norma con la «socialización del miedo» que ETA propició en su «etapa en el País Vasco» y ha explicado que ahora se «socializa el mal entre los médicos, los pacientes y las personas de una familia».

Ante esta situación, ha declarado, las organizaciones, junto con PP y Vox, así como Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Foro Asturias –con los que también se han reunido este miércoles–, asumen «el compromiso» de mantenerse unidos «hasta que esta norma se derogue». En este sentido, ha explicado que «muchos españoles» entenderán «la maldad» del texto «a medida que se vaya aplicando». Mientras, ha indicado, todos ellos se comprometen «a estar juntos, unidos y vigilantes».

Desde la organización han señalado que trabajarán «con urgencia» en medidas como «promover la amplia objeción ciudadana» a esta ley, «exigir la existencia de un registro oficial de médicos dispuestos a practicar la eutanasia», «elaborar una estrategia concreta en cada comunidad autónoma», «promover el debate público y académico» sobre este tema, «exigir la incorporación de equipos de Salud Mental ante peticiones de eutanasia» o «desarrollar grandes eventos contra» el texto, entre otras iniciativas.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita once meses de prisión para cada uno de los padres de los dos hermanos del occidente asturiano que no van a clase desde el inicio del curso por temores relacionados con la Covid-19. El escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía ya ha sido presentado en el juzgado correspondiente.

El Ministerio Fiscal sostiene que desde el inicio del curso 2020/2021 hasta la fecha, los acusados, como padres de dos de 14 y 11 años de edad, sin existir causa justificada, no procuraron la asistencia de éstos a los centros educativos donde cursan, respectivamente, 2º de la ESO y 5º de Primaria, para recibir laeducación presencial reglada. El mayor acudió, en una ocasión, a hacer un examen.

Pese a sucesivos requerimientos desde los centros escolares informándoles de las consecuencias del persistente absentismo, con activación del correspondiente protocolo según indicaciones de la Consejería de Educación, los padres se mantuvieron en su postura alegando motivos incoherentes, como que «las limitaciones al contacto y movimiento impuestas por las medidas sanitarias derivadas de la pandemia impiden un desarrollo motriz y neurológico necesario para el despliegue de las capacidades cognitivas vitales para elaprendizaje».

Alegaban además que «la distancia social impuesta genera sentimientos de desconfianza ante los demás, desvitaliza las relaciones, dificulta la empatía y el desarrollo de las habilidades sociales, tales como la generosidad, el altruismo, la cooperación y la ayuda al prójimo, entre otras».

Además los padres consuideran que «la visión continuada de personas y compañeros con mascarillas, a las que no se les puede ver la expresión de gestos y emociones, fundamentales para una correcta comunicación verbal y no verbal, obstaculiza la misma entre compañeros y profesorado, impide una comunicación fluida, modula defectuosamente la vocalización (timbre) impidiendo la adecuada comprensión del lenguaje y, contrariamente a uno de los pilares fundamentales que se pretenden con la escolarización, potencia la individualidad frente a la colectividad.

Los acusados inscribieron a sus hijos en una escuela a distancia, americana, a pesar de saber que no está homologada en España, y por lo tanto sin ningún reconocimiento, y conociendo la obligación ineludible de escolarizar a sus hijos en un centro normalizado para procurarles una formación integral. Incumplieron, de esta forma y de manera grave, los deberes inherentes a la patria potestad.

En fecha 14 de diciembre de 2020 fueron requeridos por la Sección de Menores de la Fiscalía para que cumpliesen con la obligación de garantizar la escolaridad de sus hijos, recordándoles nuevamente que en España no está permitida legalmente la escolarización domiciliaria e informándoles de que el incumplimiento grave de esa obligación podría ser constitutiva de un delito de abandono de familia, así como de otro de desobediencia grave en caso de desoír el mandato de reincorporar a los niños a sus centros escolares paracontinuar con su formación.

A fecha del escrito de acusación de la Fiscalía, los acusados no habían modificado su posicionamiento.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de abandono de familia y de un delito de desobediencia grave y solicita que se condene a cada uno de los acusados a 4 meses de prisión por el primero de los delitos y otros siete meses por el segundo.

El coportavoz de Podemos a nivel estatal, Rafa Mayoral, ha destacado que la candidatura a las elecciones madrileñas del líder de la formación morada, Pablo Iglesias, es un «revulsivo» que ya se está apreciando en las encuestas y da un giro a la «situación de absoluta desesperanza y no dar la batalla» que reinaba en el resto de formaciones de oposición a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Además, ha replicado a Más Madrid, que rechazó su oferta lanzada por Iglesias de agruparse en una candidatura de unidad, que la «testosterona» la ha puesto la justicia ante la condena, y el riesgo de que se confirme la ihabilitación, de la actual portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, que les llevó a poner a su «mejor activo político» en este adelanto electoral.

En declaraciones a TVE, Mayoral ha recordado que Serra tiene «dificultades» para presentarse a las elecciones en Madrid «porque está siendo perseguida por luchar en contra de los desahucios en este país».

Gente que se juega el tipo por los derechos y las libertades de este país», ha sostenido para hacer referencia al recurso que debe resolver el Tribunal Supremo ante la condena impuesta a Serra por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al entender que participó en unos altercados durante un desahucio en el barrio de Lavapiés en 2014. Concretamente, decretó una pena de 19 meses de cárcel e inhabilitación para ser elegida como cargo público por un delito de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños, siendo absuelta de desórdenes públicos, fallo que la portavoz madrileña recurrió en casación.

Ante esta situación, Mayoral ha insistido en que han puesto «lo mejor que tenían» para enfrentarse a Ayuso, que representa «la política del sabotaje a la salud pública, la privatización de los servicios público y convertir Madrid en un paraíso fiscal para los supermillonarios del país».

«TRUMPISMO» DE AYUSO

Por tanto, el dirigente de la formación morada ha opinado que era «necesario levantar la esperanza» para conseguir el cambio político en Madrid, que tendrá también repercusión en el resto de España al acabar con la política de «confrontación» y el «trumpismo» de Ayuso.

Respecto al argumento de Más Madrid para negarse la maniobra de Iglesias al entender que no se podía dejar a las mujeres a un lado, Mayoral ha dicho que la «única testosterona que ha visto» es la del TSJM al condenar a Serra, cuya candidatura se veía «amenazada».

En las filas de Podemos han subrayado que la decisión de Iglesias responde a que se debía desplegar un «movimiento fuerte en Madrid» y que el aún vicepresidente segundo, tras una reflexión colectiva en la que se barajaron varios nombres, decidió echarse a sus espaldas esa responsabilidad ante unas expectativas que no eran buenas para el espacio político.

Por tanto, la maniobra mas audaz ante este escenario era el paso de Iglesias, al confiar en que impulsará la movilización del electorado más a la izquierda del PSOE e incrementará las opciones de su formación con el paso de los días, sobre todo en campaña electoral.

La Federación Plataforma Trans y Euforia Familias Trans-Aliadas han celebrado este miércoles el registro, por parte de ERC, CUP, Más País/Equo y Compromís, de la proposición de ley sobre los derechos de este colectivo, aunque las organizaciones han señalado que han «echado en falta» en apoyo de Unidas Podemos en esta iniciativa.

Ambas entidades terminan así la huelga de hambre que comenzaron el pasado 10 de marzo. Con esta protesta reclamaban que la Ley Trans redactada por el Ministerio de Igualdad fuera registrada en la Cámara baja por los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, a excepción del PSOE.

Y es que esta huelga se inició tras el «bloqueo» de los socialistas, denunciado por el propio Ministerio de Igualdad, a la aprobación de este texto en el Consejo de Ministros durante semanas.

Las organizaciones reclamaban una tramitación de la norma con «luces y taquígrafos» y ahora lo podrán hacer con la ayuda de ERC, CUP, Compromís y Más País/Equo. Además, cuentan con el apoyo de otras formaciones a la ley, como PNV o Coalición Canaria.

PODEMOS FUERA DE LA FOTO

Unidas Podemos, por su parte, se ha mostrado a favor de la iniciativa, pero ha decidido no firmar el registro porque creen que la mejor vía para lograr aprobar la norma es a través del Ministerio. La misma postura defiende EH Bildu.

Los morados no han estado, así, en la fotografía que las organizaciones se han sacado este miércoles con los partidos que han registrado la norma ante la conocida como puerta de los leones del Congreso.

«Hemos echado en falta a Unidas Podemos. Queremos al partido en la calle defendiendo los intereses de las personas trans, no entendemos cómo el texto no ha sido firmado por Unidas Podemos», ha lamentado ante los periodistas la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé.

Aún así, se ha mostrado contenta por lo conseguido y ha criticado que el colectivo tenga que «luchar con su vida» y «poner en riesgo su salud» para «mendigar igualdad». «No es una ley de ampliación de derechos», apunta Cambrollé, sino para «equiparar» sus derechos al resto de los españoles.

«LLEGA 42 AÑOS TARDE»

«Es para posibilitar que la democracia llegue a las personas trans», ha declarado la presienta de la entidad, quien ha defendido así el texto de quien critica que se ha realizado de forma precipitada. «Llega 42 años tarde», apunta.

La ley registrada es el borrador redactado por el Ministerio de Igualdad, aunque las organizaciones han ampliado algunas de sus medidas.

El texto registrado recoge que las personas trans migrantes podrán realizar el cambio de sexo en el registro civil con el único requisito de la declaración expresa del interesado, como el resto de personas del colectivo; además se propone la inclusión de una tercera casilla de ‘no binario’ en los documentos oficiales.

Del mismo modo, se amplían los derechos de las personas gestantes que no sólo podrán acceder a la reproducción asistida, sino también a la interrupción voluntaria del embarazo.

Y, finalmente, según ha explicado Cambrollé, se añade un nuevo capítulo a la ley sobre reparación, para que aquellas personas trans mayores de 65 años que acrediten que no tienen otro recurso puedan recibir un subsidio del Estado.

El diputado de Ciudadanos en el Congreso Pablo Cambronero ha anunciado este miércoles que se ha dado de baja del partido y ha solicitado a la Mesa de la Cámara Baja su integración en el Grupo Mixto. Justifica su decisión en lo que llama «deriva sanchista» que achaca a la dirección que lidera Inés Arrimadas.

A través de un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, el diputado ha dejado claro que dijo «no al sanchismo» y ha asegurado que «las convicciones no se venden ni se compran». «Y menos aún se cambian, al menos las mías, nos voten los españoles o no», ha añadido, insistiendo en que intentará «continuar donde Albert Rivera lo dejó».

Cambronero, policía de profesión y hasta ahora portavoz de Interior en el Congreso, ha explicado que no va a «incumplir» el programa electoral de la formación naranja pero ha insistido en que no puede ponerse «a las órdenes de una dirección de partido que en plena pandemia dedica su tiempo» a realizar pactos o estrategias con Podemos, ERC, o Bildu. «No puedo justificar ni defender algo en lo que no creo. Si veo corrupción, denuncio y me aparto», ha añadido.

En esta línea, Cambronero ha recordado que fue «elegido» por los afiliados de un partido «con firmes convicciones liberales y profundamente moderado». «El Ciudadanos de 2019. Ese partido, liderado por Albert Rivera, prometió a los ciudadanos para conseguir su apoyo que jamás pactaría con el Sánchez socio de Podemos, ERC y Bildu», ha continuado.

«YO NO HE CAMBIADO, MI PARTIDO SÍ»

En el escrito, el hasta ahora diputado de Cs ha señalado que ya dimitió como consejero general del partido «al ser consciente» de que no podría «cambiar absolutamente nada en una estrategia y un giro ideológico hacia la izquierda» que hace tiempo que no comparte. «Las decisiones tomadas este lunes de no cambiar nada es el claro ejemplo de la deriva sanchista que ha tomado Cs», ha lamentado.

Por todo ello, Cambronero votará a partir de ahora «en conciencia y bajo los firmes principios que consagró el programa electoral» que defendió «de cara a los ciudadanos», y que fue su «promesa a todos los votantes».

«Nada ha cambiado, mis convicciones son las mismas», ha asegurado, incidiendo en que «los votantes de Ciudadanos de Sevilla verán» que su «compromiso con la provincia y con las causas» que le «trajeron a la política continúan siendo las mismas, e incluso más fuertes». «Yo no he cambiado, mi partido sí», ha sostenido.

Cambronero seguirá, según ha apuntado, defendiendo «la democracia que está seriamente amenazada» por el independentismo y con EH Bildu, y que le lleva a negarse «en rotundo a pactar nada» con el PSOE de Sánchez, que tiene «un acuerdo» con ambos. Y lo hace, insiste, por los «españoles orgullosos de serlo», las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los funcionarios de Prisiones, los interinos contratados en «fraude de ley» y los miembros de las Fuerzas Armadas.

NO PUEDE QUEDARSE «MIRANDO» MIENTRAS EL PARTIDO «PIERDE EL RUMBO»

Para el diputado, la prioridad ahora es la lucha «contra la pandemia y sus terribles consecuencias», que está por encima de un partido político. Por ello, no perderá «un segundo» de su «tiempo en contestar a quienes» le «critiquen por esta decisión, que ha sido tan dura como meditada».

Pese a su salida, el diputado ha asegurado que no deja «atrás a nadie». «Pienso que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos es un muy buen grupo. Todos mis compañeros han sido, son y serán unos grandísimos profesionales, muy trabajadores y demócratas convencidos. Además son algo que es más importante, buenas personas», ha añadido.

Por eso, Cambronero ha querido desearles «lo mejor» y agradecerles «todo el apoyo y ayuda» prestada durante el tiempo que han compartido. Y, de cara a los afiliados y simpatizantes, el diputado ha pedido «disculpas» si les ha «fallado en algo». «Pero entiendo que, como yo, la inmensa mayoría no puede quedarse mirando mientras el proyecto pierde el rumbo. Yo intentaré continuar donde Albert Rivera lo dejó, sin más», ha zanjado.

Con su decisión, Cambronero pasará a integrarse en el Grupo Mixto del Congreso, que cuenta actualmente con nueve diputados de siete partidos políticos distintos: UPN, la CUP, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Foro Asturias, Partido Regionalista Cántabro (PRC) y Teruel Existe.

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha afirmado que «no tratan de imponer absolutamente nada y solamente cumplen con la ley» al celebrar el 14 de junio el Día de la Memoria Histórica y Democrática en los centros docentes, mientras que el diputado de Vox Macario Valpuesta apuesta por «celebrar los hechos con ecuanimidad» en lugar de «imponer una memoria histórica sesgada y hemiplégica» y «adoctrinar y manipular a lo jóvenes».

El consejero, que ha comenzado su intervención lamentando el fallecimiento de la docente de Marbella (Málaga) cuya muerte se investigado por posible vinculación con la vacuna de AstraZeneca, ha recordado que la ley fija el 14 de junio en el calendario escolar como Día de la Memoria Histórica, toda vez que ha añadido que en los currículos de Primaria y Secundaria se dispone que se deberían incluir de manera transversal los elementos vinculados a este hecho» y que la Consejería publicó instrucciones para ello.

«El objetivo es tener conocimiento de unos hechos que perduran en la memoria» y que «desde una óptica rigurosa y objetiva adquieran una visión real de los hechos que acaecieron», ha señalado, para precisar que las actividades docentes «tienen carácter transversal y que las actividades extraescolares deben ser de carácter voluntario».

Por su parte, el diputado de Vox Macario Valpuesta, quien también ha lamentado el fallecimiento de la profesora de Marbella, ha afirmado que «lo que caracteriza a un país libre es que no hay voces oficiales que se puedan imponer desde el BOE», al tiempo que ha calificado de «absurdo» la versión «única y deficiente» sobre determinados episodios históricos.

Valpuesta ha señalado que la memoria histórica «fue una ocurrencia de Rodríguez Zapatero, que no tenía interés por purificar la historia sino que se dio cuenta de que si controlaba el pasado controlaba el presente y el futuro», y ha indicado que esta ley «da un plus de legitimidad» a determinados partidos y sindicatos «a pesar de no tener un comportamiento ejemplar» y «sirve para deslegitimar las fuerzas de centro y de derechas».

«Nos parece fatal que esto lo haga la izquierda, pero que lo hagan partidos que se presuponen liberales o centristas nos parece de traca, porque a la inmoralidad de presentar una visión única del pasado bastante maniquea se une que va contra los intereses de sus propios partidos y votantes», ha manifestado el diputado de Vox, quien ha preguntado sobre si en los centros «se tienen en cuenta otros hechos como que de 1931 a 1939 ardieron miles de iglesias, fueron asesinados 13 obispos y más de 6.000 sacerdotes, y mucho patrimonio de las hermandades fue saqueado cruel y estupidamente».

«Incluirán en su memoria histórica hechos dramáticos como el bombardeo de Cabra, el 7 de noviembre de 1938» o que «el colectivo femenino más castigado fueron las monjas, con la tortura y asesinato de 238 de ellas», se cuestionan desde Vox.

«La mayor parte de españoles han superado el trauma de estas brutalidades y nos parece un error gravísimo establecer un juicio maniqueo de que la guerra civil fue un conflicto entre buenos y malos, porque unos defendían la democracia y otros el fascismo», ha dicho Valpuesta, que añade que, por tanto, «sería más lógico celebrar estos hechos con ecuanimidad o dejar que estas cosas sean juzgadas por los historiadores, en lugar de imponer una memoria histórica sesgada y hemiplégica», porque en caso contrario «pensaremos que lo que se está haciendo en adoctrinar y manipular a nuestros jóvenes, cosa que niegan».

Imbroda le ha respondido que «no tratan de imponer absolutamente nada, solamente lo que estamos haciendo es cumplir con la ley». «Los que tenemos responsabilidad pública no podemos estar saltándonos las leyes, nos gusten o no». «No tratamos de imponer, tratamos de cumplir» y «creo que esto debería estar en el ámbito histórico no en el político».

«Aquel terrible conflicto no es un conflicto de buenos contra malos, es una consecuencia de un contexto histórico que nada tiene que ver con el actual, aunque algunos especialmente quieren remover esas raíces y asentarse en esos sectarismos», porque «les da rédito político». «Yo los califico como vividores ideológicos», ha subrayado, para añadir que «nos limitamos a que se pueda conmemorar ese día, que forme pare del conocimiento y no queremos salirnos de ahí».

LOS CENTROS «NO PUEDEN SER ESPACIOS DE REVANCHAS IDEOLÓGICAS»

«Espero que seamos capaces de sobrevolar aquellos que viven del enfrentamiento ideológico y nos quedemos con el conocimiento de unos hechos que tenemos que conocer para que no se repitan», ha manifestado Imbroda, quien ha insistido en que los colegios e institutos «no pueden ser espacios de revanchas ideológicas; tiene que haber conocimiento, no revanchas». «Desde que fui nombrado consejero toda mi intención ha sido intentar despolitizar la educación», ha concluido.

Valpuesta, por último, ha señalado que «entiende sus buenas intenciones» pero «debe saber que desgraciadamente en nuestros centros este día se celebra con un sesgo muy marcado, hacen un verdadero adoctrinamiento entre buenos y malos».

La responsable del Área contra la Violencia de Género (VioGén) del Ministerio del Interior, María Jesús Cantos, ha informado de que, durante el primer estado de alarma decretado por la pandemia de la COVID-19, aumentaron las denuncias de vecinos por malos tratos a mujeres.

«Al estar más tiempo en casa, los vecinos oyen una disputa o algún tipo de violencia y llaman por teléfono», ha explicado María Jesús Cantos, quien ha añadido que entre el 15 de marzo y finales de abril de 2020 disminuyeron «mucho» las denuncias por violencia machista, aunque posteriormente comenzaron a crecer las denuncias telefónicas.

En su comparecencia en el Senado ante la Comisión Especial de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Informe del Senado sobre las estrategias contra la Violencia de Género aprobadas en el marco del Pacto de Estado, Cantos ha puesto de relieve que en los meses de junio y julio las denuncias «se equipararon a las del año anterior» y «no hubo una explosión».

En este punto, ha destacado que el número de denuncias aumenta cada año en un 10% aproximadamente y ha señalado que se está trabajando en un protocolo para los casos en los que la mujer no quiere denunciar en el cual se focalice la atención que tienen que poner los agentes, de manera que cuando tengan que realizar en atestado policial «sepan qué tienen que mirar» y «qué información tienen que recoger» cuando lleguen a las dependencias policiales.

«Los agentes tienen que estar preparados para recabar toda la información importante, sobre todo, del riesgo que puede tener la mujer de sufrir reincidencia o violencia más grave todavía», ha afirmado María Jesús Cantos.

Según ha puesto de relieve, se ha dado el caso de que los agentes policiales hayan recabado la información y realizado el atestado, pero «no han recogido todos los datos importantes» y después la mujer ha sido agredida letalmente.

A su juicio, «hacen falta más» agentes policiales. «Claro que sí. Yo no voy a decir que todo está perfecto. Al contrario, mientras haya una mujer que está sufriendo violencia de género, nuestro esfuerzo tiene que seguir en el mismo nivel, que es al máximo», ha remachado.

Cantos ha comparecido en la Cámara Alta para explicar el cumplimiento de las medidas del Pacto de Estado en Violencia de género y ha afirmado que «el silencio es letal en la violencia contra la mujer». De este modo, ha argumentado que constituye el 68% de la violencia que sufre la mujer y que se estima que se denuncia «solo un 30%». «Todo este silencio queda todavía en el año 2021», ha remachado.

La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, María Marín, ha instado este miércoles al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, a que «no se confíe demasiado», salga o no adelante la moción de censura, porque «abrir la puerta a la ultraderecha no sale gratis» y de ella «va a depender usted a partir de ahora cada vez que quiera mover un dedo».

«El riesgo es que esa ultraderecha acabe a usted comiéndoselo por los pies», ha señalado Marín durante su intervención en el Parlamento murciano, en el marco de la primer jornada de debate de la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos para desbancar al Partido Popular tras 26 años al frente del Ejecutivo regional.

La representante de Podemos se ha mostrado segura de que «quien maneja los hilos» de la Región de Murcia no es López Miras o el Parlamento murciano, sino «aquellos que mandan de verdad sin presentarse a las elecciones, los grandes de Murcia».

«Son los del pelotazo inmobiliario. La gran agroindustria que ha barrido a nuestra agricultura tradicional y ha contaminado con su fango nuestro Mar Menor. Los señores del juego, esos que se han llenado los bolsillos con las ayudas que debían ayudar a nuestros hosteleros. Los que, por muy ricos que sean, nunca tienen bastante y siempre van a por más», ha apostillado al respecto.

Se ha referido a los tres exdiputados de Ciudadanos que han rechazado la moción de censura –Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez– para reprocharles que «no han sido fieles» a un pacto de gobierno, ni a su partido o sus electores, sino «al que los puso en el cargo, a los que crearon Cs cuando el bipartidismo amenazaba ruina, a los que manejan San Esteban entre bambalinas».

«Hay quien le ha reprochado, señora Franco, su incoherencia. ‘Queremos acabar con 24 años de gobiernos del Partido Popular en la Comunidad’, decía en la campaña electoral de 2019, y algún iluso votante hasta se lo creería. Hay también quien ha cuestionado, señor Álvarez, los métodos por los que ha llegado usted a consejero de Empleo, Investigación y Universidades sin tener ni siquiera el bachiller», ha dicho Marín.

Respecto a Miguélez, ha asegurado que «hay quien duda de que fuera coaccionada para firmar la moción de censura, ya que formaba parte incluso del comité negociador de Ciudadanos y PSOE para formar el nuevo gobierno», mientras que del voto de Alberto Castillo, también miembro de Cs y presidente de la Cámara, ha preferido no decir «ni una palabra» porque «ya sabemos cómo se las gasta y no quiero tener que irme antes de tiempo».

También ha tenido palabras para Diego Conesa, líder de los socialistas murcianos: «Mire que se lo hemos advertido por activa y por pasiva estos dos últimos años; cada vez que usted mira a su derecha nos mete en un lío».

«Pasó con la Ley de Protección del Mar Menor, ese pacto de nitrato con Partido Popular y Ciudadanos. Pasó con el dictamen de la Comisión de Reactivación, que no es más que el programa electoral del PP, y ha vuelto a pasar con esta moción de censura», ha recalcado en ese sentido.

No obstante, ha señalado que la formación ‘morada’ va a «seguir luchando, codo con codo, con los socialistas de esta Región que quieren trabajar por construir una verdadera alternativa de izquierdas en esta Región y no están para experimentos con gaseosa».

Igualmente, se ha referido a la postura del PP, del que ha dicho que es «una oficina de colocación», y cuyos miembros «dicen que no toca esta moción, que lo importante son los problemas de la gente, pero ya vemos los problemas en los que están centrados: en colocarse ellos y colocar a sus amigos».

«Y no en sus empresas y con su dinero. No. En un cargo oficial y cobrando 76.000 euros» de dinero público, que vamos a pagar todas de nuestro bolsillo, ha agregado.

LLAMAMIENTO A LA CIUDADANÍA

Frente al panorama que ha descrito, la representante de Podemos ha alabado al «pueblo» de la Región de Murcia. «Estos días os van a intentar convencer de que esto de la política funciona así, como este bazar en el que han convertido vuestra Asamblea Regional. Os dirán que todos los políticos son iguales. Os quieren convencer de que este circo es normal y que la corrupción es la regla y no la excepción. Los sobrecostes y los sobres en B. El robo de vacunas. La compra de políticos».

En este sentido, ha insistido en que la Asamblea «es vuestra» y que este «casino» que es, a su juicio, la Región de Murcia «seguirá funcionando así hasta que vosotras, la gente de esta Región, mandéis parar la música. Sois vosotros los que pagáis esta fiesta».

«No es el momento de lamentarse ni del desánimo. Es la hora de demostrar que sois mejores que vuestros gobernantes. Es el momento del puñetazo en la mesa y el paso adelante. Entre corrupción y honestidad, entre fascismo o democracia, sois vosotros los que tenéis la última palabra», ha concluido Marín.

La vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Ana Beltrán, ha exigido este miércoles al presidente, Pedro Sánchez, un Pacto de Estado urgente sobre la crisis migratoria en Canarias antes de que vuelva en los meses de verano la llegada masiva de pateras y cayucos al archipiélago.

En declaraciones a los medios de comunicación tras visitar las instalaciones del Centro de Atención a Extranjeros (CATE) de Barranco Seco (Gran Canaria), ha apuntado, visiblemente emocionada, que lo que ha visto allí dentro «da escalofríos y produce una sensación de impotencia y de decir hasta aquí hemos llegado».

«No puede ser que estas personas estén abandonadas a su suerte. Han llegado de puro milagro y produce un dolor tristísimo ver cómo están», dijo al recordar el estado de los migrantes que arribaron la pasada noche a Aguineguín (52 personas, entre ellos un menor en estado grave y otros cinco moderados; una mujer grave y otra embarazada; y dos varones que llegaron a puerto en estado moderado).

Beltrán hizo especial hincapié en que el PP exige al Gobierno de Sánchez que atienda la petición de un Pacto de Estado de urgencia sobre migración antes de que empiece la llegada masiva de pateras, ya que, incidió, «no se puede esperar al verano, a que siga viniendo y muriendo gente.

Aquí tildó de «nefasta» la política de migraciones llevada a cabo por el Gobierno, puesto que «abandona a su suerte a los inmigrantes por un lado y a los canarios por otro», y puso como prioridad el respeto a la ley vigente y el trato humano a estas personas para evitar el mayor número de muertes posible.

Para la vicesecretaria de Organización, el pacto de estado que reclaman debe abordar el cumplimiento de la ley de migración y de los tratados internacionales, ya que los inmigrantes deben saber también que el que llegue tiene que ser devuelto a su país salvo a los que les sea concedido el asilo; así como evitar el drama humano que ha visto en el CATE.

UNOS 3.000 MIGRANTES EN LO QUE VA DE AÑO

Por su parte, la presidenta del PP de Canarias, Australia Navarro, ha señalado que en lo que va de año son 3.000 los migrantes que han llegado a las islas de manera irregular y que se suman a los 23.000 que lo hicieron durante el pasado 2020.

«Seguimos el mismo ritmo que el año pasado y le decimos a Pedro Sánchez que ya está bien. Es muy triste para los canarios ser testigos de imágenes dantescas como las que ayer vimos tratando a un niño en la arena para reanimarlo. Eso no puede ser», aseveró.

Por ello, se preguntó que cuántas personas se han quedado por el camino rumbo al archipiélago, por lo que instó al presidente del Gobierno a dejarse de mociones de censura, de crisis de gobierno y dedicarse a los problemas que tienen los españoles, entre ellos el de la inmigración irregular.

«Es evidente –concluyó– que su política disuasoria con la inmigración irregular no funciona. Que se entere de una vez, por lo que le exigimos que se cumpla la ley».

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite las solicitudes de amparo presentadas por cinco organizaciones educativas contra la LOMLOE, también conocida como Ley Celaá, según ha confirmado un portavoz de Más Plurales, una de las plataformas peticionarias.

Además de por Más Plurales, plataforma que aglutina a sindicatos, asociaciones de familias, empresas y organizaciones educativas del sector de la concertada, las solicitudes de amparo han sido presentadas a lo largo de este 2021 por: la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA); por la Comisión Jurídica Nacional por la Libertad de Educación; por la plataforma ‘Educación Inclusiva Sí, Especial También’, organización formada por personas con discapacidad intelectual, sus familias y docentes; y por la Asociación de Familias Numerosas de Madrid.

En una carta, la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la ‘popular’ Dolors Montserrat, informa de que la Eurocámara ha examinado la petición de estas organizaciones y la ha declarado «admisible» porque el asunto que se plantea «entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea».

«Por ello, he pedido a la Comisión Europea que lleve a cabo una investigación preliminar sobre este asunto», indica la misiva, dirigida a los portavoces de las organizaciones solicitantes de amparo.

EL 23 DE MARZO EXPONDRÁN SUS QUEJAS EN LA EUROCÁMARA

Asimismo, según informa el portavoz de Más Plurales, los peticionarios comparecerán ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara el próximo 23 de marzo, en Bruselas, donde intervendrán en un máximo de 5 minutos para exponer los motivos por los que solicitan amparo al Parlamento Europeo. Durante la Comisión, también hablarán los distintos grupos europarlamentarios. Posteriormente, los miembros de la Comisión discutirán la petición y, en consecuencia, formularán su respuesta en forma de decisión.

Las organizaciones solicitantes de amparo consideran que la ‘Ley Celaá’ supone una vulneración de derechos (el derecho a la libertad de enseñanza y el derecho los padres a elegir qué educación quieren para sus hijos) y es contraria a la Constitución Española y a varias normas internacionales y supranacionales.

La ‘Ley Celaá’ establece que «las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de modo que garanticen la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población», eliminando así el criterio de «demanda social» a la hora de crear nuevas plazas en centros educativos.

Para el sector de la concertada, esto supone la «limitación del derecho de los padres a la elección de centro», pues este punto consiste en «no valorar la demanda de las familias como criterio de programación», convirtiendo en «irrelevantes» las preferencias de los padres y las iniciativas de las entidades educativas, a las que, además, «aboca a un cierre en un plazo que dependerá del grado de discriminación negativa que se les aplique».

Según Más Plurales, este apartado –recogido en el art. 109.3 de la Ley– «vacía de contenido el art. 27.3 de la Constitución Española», que recoge que «los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones», al disponer la Ley que la programación de las Administraciones educativas esté orientada solo a garantizar una oferta suficiente de plazas públicas y no de concertadas y privadas.

Asimismo, la LOMLOE establece en su Disposición Adicional Cuarta, que «el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de 10 años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad».

También recoge que «las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios».

Esto implica, según la plataforma ‘Educación Inclusiva Sí, Especial También’, que «no se garantiza la subsistencia de las escuelas de educación especializada en España» y «discrimina a los padres que prefieren que sus hijos se eduquen en una escuela especializada cuando sus características y necesidades lo requieran, no dejándoles ejercer su derecho a una educación especializada».

La Fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona reclama una condena de cinco años de prisión para cuatro ultras acusados de un presunto delito de lesiones al agredir a un independentista durante una protesta contra la sentencia del 1-O.

En el escrito de acusación, el fiscal Miguel Ángel Aguilar explica que los cuatro participaron en una manifestación convocada por grupos de ultra derecha el 20 de octubre de 2019 — cinco días después de publicarse la sentencia– en la plaza Artós de Barcelona.

Allí se concentraron manifestantes «alzando el brazo derecho al grito de ‘Sieg Heil’, emulando el saludo utilizada en el régimen de terror del Tercer Reich alemán, entonaron cánticos como el ‘Cara el Sol’, himno de la Falange Española de las Jons, portaban banderas de España preconstitucionales con el águila de San Juan vigente durante la dictadura del general Franco».

También relata que usaron «banderas blancas con la cruz de Borgoña y un águila bicéfala (usada por los tercios de los Requetés que lucharon con el franquismo durante la guerra civil española) y banderas con cruces célticas (símbolo usado habitualmente por movimientos de ultra derecha y defensores del supremacismo de la ‘raza aria'», y quemaron una bandera ‘estelada’, símbolo del independentismo.

A la vez, una manifestación convocada por grupos independentistas y antifascistas se concentró a unos metros de la otra protesta, separados unos de otros por efectivos antidisturbios de los Mossos d’Esquadra, ante lo que «queriendo romper el cordón policial para ir a encontrarse con el colectivo antagónico» uno de los acusados golpeó a un agente con el palo de una bandera.

Después, el grupo ultra marchó hacia el centro de la ciudad, donde había protestas por la sentencia del 1-O, y «en un momento determinado, varios grupúsculos de los manifestantes procedentes de la plaza Artós salieron de la manifestación con intención clara de buscar personas independentistas para agredirlas, algunas de estas personas iban con elementos que dificultaban su identificación, tapando su cara con capuchas, tapacubos y banderas, muchos de ellos llevaban también objetos contundentes en las manos, como palos y barras de hierro».

En este punto, los cuatro acusados y un menor de edad, «armados en su mayoría con objetos contundentes como palos, tubos metálicos, piedras y banderas con mango de madera», agredieron a un joven de 23 años en la confluencia de las calles Balmes y Rosselló.

INDEMNIZACIÓN DE 16.800 EUROS

El fiscal sostiene que lo hicieron porque lo «vincularon con el movimiento independentista y por tanto consideraron ‘enemigo’ a derribar, y movidos por su profunda animadversión a la ideología que le atribuyeron y con voluntad manifiesta de menoscabar su integridad física».

Lo tiraron al suelo y lo golpearon con el tubo metálico y otros objetos que llevaban, a la vez que, en grupo, le daban patadas y puñetazos.

Dos de los acusados pasaron un mes en prisión provisional por estos hechos, y dos de ellos han depositado 2.600 euros de la responsabilidad civil.

El fiscal también pide prohibirles acudir a manifestaciones durante cinco años más que el tiempo de condena de prisión, además de una indemnización conjunta de 16.800 euros al independentista agredido

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha explicado este miércoles que su grupo está tramitando una declaración institucional de apoyo a las personas con problemas de salud mental, después del polémico grito de un diputado del PP tras la pregunta del portavoz de Más País, Íñigo Errejón.

En una entrevista en La Sexta, Bal ha criticado la actitud del parlamentario ‘popular’ por Huelva Carmelo Romero, que ha gritado «vete al médico» a Errejón cuando preguntaba al presidente, Pedro Sánchez, por la salud mental de los españoles tras la pandemia y el confinamiento.

«He oído la voz más o menos por aquí y me ha parecido indignante. He puesto un tuit en apoyo a Errejón y le he mandado un mensaje de Telegram diciéndole que me parece indignante», ha revelado Bal, que ha comunicado además la iniciativa que su grupo trata de impulsar.

«Desde Cs consideramos que el episodio que ha tenido lugar hoy en el Congreso de los Diputados es absolutamente inadmisible e intolerable, pues la Cámara donde están representados todos los españoles no es lugar para proferir descalificaciones como esta», han criticado desde el grupo naranja, que ha instado a que el Congreso «cierre filas y se pronuncie de manera unánime y sin fisuras».

UNA PROCLAMA «UNÁNIME Y SIN FISURAS» POR PARTE DEL CONGRESO

En esta línea, Bal ha pedido que de «ningún modo se estigmatice a las personas que están sufriendo» enfermedades mentales. «Porque expresiones como las que hemos oído, por muchas disculpas que se pidan, van a eso: a la denostación, la estigmatización de personas que lo están pasando muy mal. Son expresiones inhumanas», ha remachado.

Para la formación, «solo con el compromiso unánime de todas las fuerzas políticas» se logrará «resarcir a todas esas personas que padecen este tipo de enfermedades de la gravedad del comentario que han tenido que escuchar hoy nada menos que en la sede de la soberanía nacional».

Así, desde Ciudadanos han afeado el grito del diputado del PP, «una falta de respeto a todos los españoles que sufren algún problema de salud mental, a sus familiares y a los profesionales que trabajan para prestarles ayuda». «No hace sino agravar la situación de quienes padecen, además de su dolencia, la incomprensión y, en demasiadas ocasiones, también la soledad», han señalado.

Para que el Congreso apruebe esa declaraciones institucional en este Pleno, que acaba este jueces, se necesita que el texto sea acordado por unanimidad por todos los grupos parlamentarios de la Cámara. Si uno no da su conformidad, no podrá salir adelante.