Los pilotos del Ejército del Aire han relatado este jueves a la ministra de Defensa, Margarita Robles, las dificultades a las que se enfrentaron en el plan de evacuación de afganos desde el aeropuerto de Kabul en una misión en la que no podían apagar los motores en ningún momento entre aterrizaje y despegue, y que les obligó a ir solventando algunos problemas mecánicos sobre la marcha.

«Cuando despegábamos, algunos se ponían a rezar, otros a llorar, era imposible no sentir empatía con esa gente que se va no se sabe a dónde», ha relatado uno de los integrantes del Ejército del Aire durante la visita de Robles a la Base Aérea de Zaragoza.

La titular de Defensa ha rendido homenaje a las dos unidades del Ejército del Aire, el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) y el Ala 31 que participaron en el plan de evacuación que permitió rescatar a más de 2.000 colaboradores afganos ante el retorno al poder de los talibanes.

Uno de los papeles clave los asumieron los certificadores de que los vuelos podían operar con seguridad en un aeropuerto como el de Kabul, situado a una altura de 2.000 metros y con temperaturas extremas, lo que sumado a que los motores no paraban nunca aumentaba los riesgos de avería.

CARAMELOS PARA NIÑOS

Este personal de mantenimiento viajó en cada vuelo con piezas de repuesto y herramientas, pero también echó una mano en la labor humanitaria de asistir a las personas que embarcaban para salir de Kabul. «Había compañeros que compraban caramelos y se lo daban a los niños para que no le pitaran los oídos en los descensos», ha explicado uno de ellos.

«Estábamos todo el día dándole vueltas. Veíamos las imágenes y tratábamos de anticiparnos a todo, había poca información», ha señalado uno de los pilotos del Ejército del Aire, recordando la tensión vivida antes del primer vuelo con el A400M a la capital afgana, haciendo escala en Dubai en trayectos de unas tres horas.

Luego, con el rodaje, comenzaron a volar «con un poco más de calma». «Cuando ya sacamos tandas de 300 personas, cada vez estábamos más satisfechos», ha puntualizado en uno de los corrillos con la ministra Margarita Robles.

Uno de los momentos más impactantes fue cuando veían la cara de los niños ya a salvo en los aviones, a donde muchos era la primera vez que subían. «Iban mirando alrededor, no daban crédito», ha señalado este piloto, que recuerda que los motores en marcha aumentaba el ruido, por lo que las órdenes muchas veces se daban a voces porque no quedaba más remedio.

«Los motores en marcha era para asegurarnos que no había ninguna avería al parar y volver a arrancar», han comentado, añadiendo que el primer plazo de 30 minutos para estar en pista en Kabul «se quedaba un poco corto», aunque luego se fue alargando a una media de 40 o 50 minutos entre aterrizaje y despegue. «Más o menos nos arreglamos», han enfatizado.

Los pilotos han señalado que a 2.000 metros de altura –en Zaragoza la base está a 250 metros sobre el nivel del mar– los motores no tienen el mismo rendimiento, y que tenían que cuidar también de mantener el avión a unos 30 o 35 grados de temperatura. «Se buscaba la hora más fría del día para maximizar la gente a la que sacar», han indicado.

IMÁGENES DE LA «LIBERACIÓN» DE MUJERES Y NIÑOS

También han reconocido que hubo fallos en algún avión A400M, sobre todo en uno que dio un error en un sensor y a efectos prácticos en el ordenador se indicaba que estaba siempre volando. «Había gente muy experta que daba tranquilidad a la tripulación y a su vez hacía la labor humanitaria durante ese trayecto», ha puntualizado un oficial.

«En todo momento ha sido seguro, pero hemos tirado de experiencia», ha señalado uno de los encargados del mantenimiento de los aviones, pese a los «quebraderos de cabeza» por los sistemas de refrigeración y el fallo en algún sensor. «Un vuelo tardó más del doble por eso, aunque no afectó a la operación», han puntualizado.

Otro de los aspectos tratados con Margarita Robles era que había niños que viajaban sin zapatos por la premura de la evacuación y la respuesta de las mujeres afganas una vez que se sentían a salvo de los talibanes. Una de estas mujeres, por ejemplo, aprovechó una escala para pedir permiso e ir al baño, pasando de ir vestida tapada de pies a cabeza a lucir vaqueros y zapatillas.

«Es la imagen del antes y el después», ha comentado una de las mujeres militares que participaron en la misión. «De la liberación», ha puntualizado la ministra de Defensa.

Santiago de Compostela será la sede de una cumbre en la que el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y los presidentes de otras cinco comunidades autónomas abordarán la reforma del sistema de financiación autonómica.

Lo ha avanzado este jueves el presidente del Gobierno gallego al término de la reunión semanal de su Ejecutivo, tras la que ha explicado que, de cara a este encuentro, está confirmada la presencia de Asturias, Castilla y León, Castilla La Mancha, La Rioja y Cantabria. Además, no se descarta la presencia de otras regiones.

Si bien ha dicho que las fechas que se barajan sitúan el encuentro en el horizonte de «finales de octubre o principios de noviembre», el máximo mandatario autonómico no ha concretado el día, pendiente de fijar según las «agendas de como mínimo seis presidentes».

En su comparecencia ante la prensa, Feijóo ha asegurado que la «actualización» del sistema de financiación «es uno de los grandes temas pendientes» en España. Toda vez que, finalizado el periodo de vigencia, «toca revisarlo».

«Hay comunidades de distinto signo político que llevamos mucho tiempo trabajando. No miramos cuál es el signo político de la comunidad, miramos si tenemos coincidencia de criterio en base a motivos objetivos y objetivables», ha sostenido Feijóo.

Feijóo ha subrayado que la invitación a este foro parte del «convencimiento de que la financiación de las comunidades autónomas es un tema crucial para el Estado de las Autonomías», así como de la necesidad de «defender los intereses de la población» que los gobiernos representan. «Eso sí», ha dejado claro, «con criterios objetivos y no simplemente porque sí».

De este modo, ha incidido en que «esto no va de colores políticos» sino de «criterios objetivos» como el reto demográfico, la dispersión de la población o el envejecimiento.

«Creo que las comunidades de sistema de financiación de comunidades sabemos, por lo tanto, es bueno que los que gestionamos le facilitamos al Gobierno central una propuesta, si es posible consensuada por la mayor parte de las comunidades», ha apuntado.

Con todo, ha dicho que el hecho de que se vaya a realizar este foro en el que participarán «seis o siete comunidades» no significa que Galicia «no hable con cualquier otra comunidad autónoma». Así, ha recordado que «desde hace tiempo» tiene una reunión aplazada por la covid con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

«MESA MULTILATERAL»

Todo ello en una intervención en la que se ha mostrado convencido de que la «inmensa mayoría de los presidentes autonómicos tienen algo común»: «Que el sistema de financiación autonómica tiene que cerrarse en una mesa multilateral y no en las reuniones bilaterales entre el Gobierno central y una comunidad autónoma».

«Seguro que todos los presidentes, salvo uno, estamos de acuerdo con eso, lo cual ya es un avance», ha apuntado.

La mayoría de los grupos del Congreso han avanzado su apoyo a retomar los trabajos de la comisión de la Cámara Baja que investiga el accidente del Alvia que tuvo lugar el 24 de julio de 2013 en Santiago de Compostela, conocido como accidente ferroviario de Angrois, y en el que fallecieron 80 personas y 52 resultaron heridas.

Así, el Congreso reabrirá esta Comisión de investigación después de que la mayoría de la Cámara haya aprobado una iniciativa presentada por el BNG, ERC y Bildu en la que se solicitaba retomar estos trabajos con el fin de «esclarecer la cadena de responsabilidades» y adoptar medidas para evitar que se repitan situaciones similares.

El Congreso ya constituyó una comisión de investigación sobre este accidente en 2018, pero sus trabajos se quedaron a medias por la convocatoria de la elecciones de abril de 2019 y nunca se retomaron, a diferencia de lo que sí ocurrió, por ejemplo, con la relativa al accidente de Spanair en Barajas en 2008, que aprobó sus conclusiones el pasado mes de mayo.

EN PARALELO CON EL JUICIO

De este modo, la Comisión de investigación se desarrollará previsiblemente al mismo tiempo que se celebra el juicio para esclarecer lo sucedido en el accidente. Este procedimiento está previsto para mediados de 2022 después de que la instrucción judicial se cerrara el pasado mes de abril, dejando imputados únicamente al jefe de seguridad de ADIF y al maquinista del convoy accidentado.

En este contexto, el diputado del BNG, Néstor Rego, encargado de defender la iniciativa, ha señalado ante el Congreso que aún quedan muchos cabos sueltos sobre las causas y responsabilidades de la misma, algo que también se indica en el escrito de la iniciativa.

Ante esto, el diputado del PP Celso Luis Delgado, que ha avanzado que su formación política no se opondrá a la creación de esta comisión de investigación, ha reclamado que este grupo de trabajo «no se convierta en un juicio paralelo» al que se celebrará en Galicia para dirimir los hechos.

Asimismo, ha pedido que se retomen los trabajos en el mismo punto en el que se dejaron y ha adelantado que los ‘populares’ trabajarán en esta comisión de investigación «con el mayor respeto y convencimiento» que se merece esta causa.

También desde Ciudadanos y el PSOE han adelantado que apoyarán reabrir esta comisión de investigación y, en el caso de los socialistas, han pedido que los miembros de este grupo tengan la capacidad de «empatía» para sacar las conclusiones «con todas las garantías de rigurosidad».

VOX DUDA DE LOS OBJETIVOS DE LA COMISIÓN

Por su parte, la diputada de Vox María de los Reyes Romero Vilches ha puesto en cuestión los objetivos de esta comisión propuesta por ERC, BNG y Bildu: «La izquierda utiliza las desgracias en su propio beneficio partidista».

Asimismo, durante su intervención también ha hecho mención a las víctimas de ETA, «aunque para eso la izquierda, junto con sus cómplices, no se plantean siquiera crear una comisión de investigación, lo que demuestra el sectarismo que se ha instalado en España».

PROCEDIMIENTO CONTRA ESPAÑA

En cualquier caso, los promotores de la iniciativa apuntan que diversas denuncias llevaron, en enero de 2019, a la apertura de un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria que todavía sigue abierto.

Respecto a la comisión que ya se creó en el Congreso, recalcan en su escrito que muchos de los comparecientes arrojaron «serias dudas» relativas a las «responsabilidades cruzadas entre diferentes agentes implicados, tanto políticos como técnicos, incluso desde la licitación y ejecución de las obras la línea.

Además, recuerdan que «también quedó en entredicho la gestión del propio accidente y las investigaciones y actuaciones llevadas a cabo posteriormente, como la puesta en marcha de nuevas medidas para asegurar la línea y los propios convoyes que circulan por ella ante posibles futuros accidentes».

Durante el debate de la iniciativa, el diputado de Unidas Podemos Antón Gómez Reino, ha apoyado las tesis del escrito presentado por los grupos proponentes de la iniciativa y ha pedido que en la Comisión «ninguna sombra pueda tapar la verdad».

La Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno de España la retirada del proyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) por favorecer, entre otros aspectos, la «ideologización de los campus».

Así lo ha afirmado el consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, durante su intervención en la Conferencia General de Política Universitaria, que se ha celebrado este jueves de manera telemática y en la que han participado representantes del ministerio del ramo y de las comunidades autónomas.

Ossorio ha subrayado que la actual redacción de la LOSU está encaminada a una «muy negativa ideologización de los campus», ya que se otorga gran peso «a la anticuada memoria democrática».

Además, ha apuntado que se excede «en la perspectiva de género para quebrar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al servicio público» y, todo ello, para «aleccionar a los estudiantes en los mantras del actual Gobierno central».

El consejero madrileño ha mostrado su preocupación ya que asegura que la LOSU «no contribuye a la excelencia, buena gobernanza y la transparencia del sistema universitario», sino que es un proyecto que «pretende dar continuidad en el ámbito universitario a la rebaja de la calidad educativa que propone la Ley Celaá para los estudios de Primaria, ESO y Bachillerato».

«Reniega de la memoria y el esfuerzo y apuesta por acceder a los conocimientos mediste su búsqueda en internet», ha destacado.

Entre otros aspectos, Ossorio ha criticado la supresión de la condición de ser catedrático para poder optar al cargo de rector, puesto que esta «va directamente ligada a la excelencia, prestigio y el mérito», o la desaparición en la Ley Orgánica de la mención de la expedición de títulos por el Rey.

PAPEL DE LOS ESTUDIANTES EN TOMA DE DECISIONES

Igualmente, ha calificado como un «retroceso» que se dé a los estudiantes un papel determinante en la toma de decisiones, al concedérseles un peso «de al menos el 25% en las Juntas de Facultades y en los consejos de departamento».

«Los estudiantes han de tener su voz, su presencia y su participación, pero no pueden ser decisivos en cuestiones de investigación, transferencia de conocimiento y aspectos de gestión y gobernanza de la universidad para las que carecen de preparación», ha aseverado.

El consejero regional también se ha referido a las modificaciones de la gobernanza de las universidades previstas en la LOSU, de las que ha expresado que pretenden «primar a determinados colectivos para que tomen las universidades y devaluar el mérito y el esfuerzo».

Por otro lado, considera «positivo» que el mandato del rector se extienda a seis años, pero sin que pueda optar a la reelección, y que se pueda nombrar a una persona de fuera de la universidad como director de la Escuela de Doctorado.

DIÁLOGO Y LA COLABORACIÓN

Asimismo, Ossorio ha mostrado su «total disposición» al diálogo y a la colaboración, aunque ha resaltado sus dudas ya que a la vez que se convoca para dialogar sobre la LOSU en esta Conferencia Sectorial, «se esté cambiando de facto nuestro sistema universitario con otras normas y decretos que se han venido desplegando en paralelo».

«El ministerio pregunta a las comunidades autónomas qué universidad queremos, mientras se pone en marcha la universidad que quiere el Gobierno», ha criticado.

Por último, Ossorio ha destacado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid va a seguir avanzando «en favor de todo aquello que dé un nuevo impulso a nuestras universidades como espacio de igualdad, de libertad, de calidad docente e investigadora y de excelencia».

La Audiencia de Sevilla señala para el 10 de julio de 2023 el juicio de la pieza separada de los ERE que irregulares financado con cargo a los fondos autonómicos corespondiente a las ayudas concedidas a Surcolor y Surcolor Óptica.

Así lo ha decidido la Sección Terera después de que en 2017, el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, elevase esa pieza separada a la Audiencia de Sevilla, según el auto emitido el día 20, adelantado por Diario de Sevilla y ABC.

En dicho auto, la Sección Tercera de la Audiencia señala un total de 35 sesiones entre dicha fecha de julio y el 27 de noviembre de 2023, para la celebración de toda la vista oral, sin perjuicio de acordar «días adicionales en función del desarrollo del juicio».

En esta pieza figuran como acusados varios exaltos cargos socialistas de la Junta, como son el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá; los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y el exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, pesando la muerte de Guerrero el pasado mes de octubre de 2020.

Igualmente, cabe recordar que Fernández, Barberá y Márquez fueron condenados por la Sección Primera de la Audiencia en la sentencia relativa al denominado como «procedimiento específico» mediante el cual fue canalizada la financiación pública de los ERE irregulares o innecesarios y ayudas subvenciones y supuestamente arbitrarias.

Asimismo, esta pieza afecta al exsindicalista de UGT Juan Lanzas, el presunto ‘testaferro’ Juan Francisco Algarín, los extrabajadores de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, un abogado, dos ‘intrusos’ –uno de ellos concuñado de Antonio Rivas–, los responsables de Surcolor Manuel Rafael Castilla Bustamante y Antonio Manuel Bustamante León y un representante sindical.

La Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de prisión y 20 de inhabilitación por un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito continuado de prevaricación, a su vez, en concurso medial con un delito de malversación, para Antonio Fernández, Agustín Barberá, Juan Lanzas y Juan Francisco Algarín.

PENAS DE CÁRCEL

El Ministerio Público pide además ocho años de prisión para Rivas; seis años de cárcel para Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera y penas de entre cuatro y ocho años de cárcel para el resto de acusados.

De su lado, la acusación que ejerce el PP-A pide las mismas penas que la Fiscalía pero les suma dos años de cárcel por un delito de asociación ilícita, mientras que la Junta ha pedido la libre absolución de Antonio Fernández, Agustín Barberá, Juan Márquez, Daniel Alberto Rivera y del representante sindical José Hurtado, solicitando penas de cárcel para los otros acusados.

En su escrito de acusación, la Fiscalía relata que fue el 22 de marzo de 2005 cuando la mercantil solicitó a la Delegación de Empleo en Sevilla la solicitud de un ERE para la extinción de los contratos laborales de los 45 trabajadores de la plantilla de la empresa «por razones económicas», no obstante lo cual la Junta advirtió en dicha solicitud «defectos y omisiones».

Así, la empresa fue requerida para subsanarlos, «sin que ello se hiciera», lo que motivó el archivo del expediente mediante resolución de 20 de mayo de 2005 firmada por Antonio Rivas, dice la Fiscalía, que resalta que «en fechas anteriores le habían sido autorizado a estas empresas tres ERE, dos suspensivos y uno extintivo, que afectaron a 43 personas».

EL PAPEL DE LANZAS

La Fiscalía agrega que, a principios de 2006, los responsables de estas empresas contactaron con un letrado «para iniciar la tramitación» de un nuevo ERE y con Juan Lanzas «como persona que le pudiera facilitar la búsqueda de fondos públicos de la Junta para atender los pagos que se derivarían de la extinción de los contratos laborales de la plantilla y que eran obligación de las empresas».

«Para conseguir los fondos públicos necesarios para hacer frente a las obligaciones de estas empresas por la extinción de las relaciones laborales», Juan Lanzas contactó con Rivas y Guerrero, «facilitándole a este último los importes de las indemnizaciones por despido de los 24 trabajadores que se verían afectados por la extinción». Finalmente, Vitalia elaboró dos estudios de renta con una cuota total a pagar de 2,7 millones, de los cuales la Junta pagaría 2,3 millones.

La Fiscalía asevera que Rivas, «con el conocimiento y consentimiento» de Guerrero, «instó» a los extrabajadores de Vitalia procesados a introducir como beneficiarios a dos personas que «no habían formado nunca parte de la plantilla de ninguna de las empresas», tras lo que, el 28 de junio de 2006, Guerrero, «con el conocimiento y consentimiento» de Fernández y de Barberá, suscribió una carta dirigida a Apra Leven en la que se comprometió a abonar 2,3 millones para 26 extrabajadores de Surcolor.

SIN «PROCEDIMIENTO ALGUNO»

Los encausados «conocían que no se había seguido procedimiento alguno, tratándose de una ayuda directa a las empresas para que éstas abonasen las indemnizaciones por despido de 24 trabajadores –además de los costes de las dos personas ajenas a la plantilla ya reseñadas–, sin que se formulara solicitud, sin la más mínima tramitación administrativa (ausencia de baremación o cualquier tipo de estudio de las circunstancias de los beneficiarios, ausencia de fiscalización por la Intervención delegada de la Consejería de Empleo), sin que se dictara por el órgano competente resolución de concesión o se recogiese de algún modo exigencia de justificación alguna».

«Esta ayuda deliberadamente no fue publicada ni registrada en la base de datos de subvenciones de la Junta de Andalucía», dice la Fiscalía, que asevera que Juan Lanzas, «como contraprestación económica a la consecución de los fondos públicos de la Junta para el pago de las indemnizaciones por despido obligación de las empresas», hizo que el presunto ‘testaferro’ Juan Francisco Algarín, «como empresario individual y sin haber realizado ninguna prestación de servicios o entrega de bienes», facturara en el ejercicio 2006 un total de 118.752 euros a Surcolor, Surcolor Óptica e Indobarasa.

A juicio de Anticorrupción, el supuesto ‘testaferro’ «conocía que el importe reseñado de las facturas que había emitido era la contraprestación económica, de la cual participa éste, que recibía Lanzas por conseguir que con fondos públicos de la Junta de Andalucía se pagaran obligaciones de los empresarios sin sujeción a procedimiento alguno».

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a dos mujeres de nacionalidad española como presuntas responsables de un delito de estafa. La más joven fingía estar enamorada de la víctima, aprovechando sus encuentros para conseguir las tarjetas bancarias y sus claves, para posteriormente efectuar extracciones fraudulentas por valor 4.000 euros. A la detenida de mayor edad le figuraba, además, varias requisitorias de ingreso en prisión.

En la denuncia presentada por un hombre ante la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) de la Comisaria Provincial de Málaga, manifestaba haber sido víctima de varias extracciones fraudulentas en sus cuentas bancarias, desconociendo quién podría haberlas realizado. El perjuicio económico producido alcanzaba los 4.000 euros.

Las pesquisas policiales arrojaron que la presunta autora sería una joven, la cual fingía una supuesta relación sentimental con la víctima, en connivencia con otra mujer que participaría en la trama.

Esta mujer aprovechaba sus encuentros con el perjudicado para solicitarle pequeñas cantidades de dinero. Acudían juntos a retirar el efectivo al cajero automático, momento en el que aprovechaba, en confabulación con otra investigada, para hacerse con las claves de las tarjetas. Días después, sustraían al descuido las tarjetas bancarias para, desde otro cajero, realizar las oportunas extracciones, llegando a estafar al anciano un total de 4.000 euros.

Los agentes comprobaron la relación entre ambas mujeres, destapando que la alcahueta resultó ser la expareja del padre de la joven investigada. Constatando, a través de las bases de datos policiales, que a esta cómplice le figuraban varias requisitorias de ingreso en prisión.

Tras numerosas gestiones, los funcionarios ubicaron los lugares de residencia de ambas mujeres, donde tras ser identificadas procedieron a su detención como presuntas responsables de un delito de estafa. Todo lo actuado fue puesto en conocimiento de la Autoridad Judicial, quien decretó el ingreso en prisión de la detenida a la que le constaban las requisitorias.

La Fundación Fontilles ha abierto este jueves al público una exposición fotográfica virtual para sensibilizar a la población sobre el derecho a la salud de las personas más vulnerables del planeta y difundir su trabajo por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

La apertura de la muestra, que lleva por título ‘Abre los ojos por la salud global’ y a la que se puede acceder desde la web de la fundación, coincide con la celebración, este sábado 25 de septiembre, del sexto aniversario de la firma de la Agenda 2030 por parte de los países miembros de Naciones Unidas.

La muestra, que cuenta con el apoyo de la Concejalía de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de València, recopila las vivencias de 20 personas que han participado o se han beneficiado de diversos proyectos de cooperación sanitaria internacional que la entidad ha desarrollado durante los últimos años en India, Nepal, Mozambique y la República Democrática del Congo.

Las imágenes, obra de los fotógrafos Alberto Pla, Tom Bradley y Jordi Pla, así como de varios colaboradores de Fontilles, reflejan diversas iniciativas orientadas a lograr los ODS centrados en el fin de la pobreza, la salud y el bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, el agua limpia y el saneamiento, la reducción de las desigualdades.

«Abre los Ojos por la Salud Global refleja el impacto de las desigualdades en el derecho a la salud y la importancia de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible», ha explicado al respecto la directora de Sensibilización de Fontilles, Yolanda Sanchis.

Sanchis ha recordado que «más de 1.000 millones de personas en el mundo, una de cada seis, padecen una o varias enfermedades tropicales desatendidas que, si no se tratan a tiempo, condenan a una vida de estigma y exclusión».

«La pandemia de Covid-19 ha puesto de manifiesto la desigualdad que existe para acceder a los servicios sanitarios, la relación de la salud con la pobreza y la importancia de la salud para un desarrollo global y sostenible», ha lamentado.

MÁS DE 780.000 BENEFICIADOS

La entidad desarrolló el año pasado 23 proyectos de cooperación sanitaria internacional que beneficiaron a 786.846 personas en Asia, África y América Latina. Las iniciativas se ocuparon de combatir la lepra, el mal de Chagas, la úlcera de Buruli, la filariasis linfática y otras enfermedades desatendidas ligadas a la pobreza, así como de fomentar iniciativas de prevención de discapacidades, rehabilitación física y socioeconómica, y salud materno-infantil y comunitaria.

El proyecto de concienciación iniciado con la apertura al público de exposición virtual se completará durante el mes de octubre mediante una campaña de sensibilización en los espacios publicitarios Línea 0 de MetroValencia y TRAM de Alicante, dedicados a la comunicación de organizaciones sin ánimo de lucro.

La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha solicitado a la Audiencia Nacional que avale la decisión del juez Manuel García-Castellón de poner fin a la investigación sobre la ‘Operación Kitchen’ y de dejarla a ella y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, fuera del caso, argumentando que las pesquisas en torno a la supuesta trama política están «agotadas» sin «indicios sólidos», lo que conduciría a la conclusión de que solo fue una «operación policial».

En un escrito, Cospedal se ha opuesto a los recursos de apelación presentados por la Fiscalía Anticorrupción, el PSOE y Podemos, que buscan que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revoque el auto dictado el pasado 29 de julio por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 que puso fin a la investigación sobre esta pieza separada 7 de la macrocausa ‘Tándem’.

Cospedal reclama a la Sala que confirme la decisión de García-Castellón de archivar el asunto para ella y para su marido, que llegaron a estar imputados porque el juez sospechó que pudieron haber tenido una participación «decisiva» en la captación del chofer de los Bárcenas, Sergio Ríos, como espía del operativo parapolicial con el que habrían vigilado entre 2013 y 2015 a la familia para robarle la documentación comprometedora que pudiera tener sobre el PP y sus dirigentes.

La Fiscalía cree que el magistrado debe seguir investigando la llamada «conexión política», que habría dado la cobertura necesaria para que el Ministerio de Interior y la cúpula policial pudieran poner en marcha la ‘Operación Kitchen’. En este paraguas político, Anticorrupción incluía a Cospedal y apuntaba también al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Sin embargo, el abogado de Cospedal sostiene que la investigación sobre su cliente, López del Hierro y «la supuesta ‘conexión política’ de la presunta operación policial» está «agotada», incidiendo en que la participación del matrimonio en el espionaje a Bárcenas es «inexistente».

Y ello porque entiende que, de las diligencias practicadas en estos años de instrucción, no se han extraído «indicios sólidos» contra la pareja. En este sentido, subraya que los únicos elementos que podrían apuntar a Cospedal y López del Hierro son los aportados por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que califica de «meras sospechas».

Así, responde a los fiscales anticorrupción, que acusaron a García-Castellón de dibujar una «línea roja» para no avanzar hacia la trama política, que «no es que el juzgado ‘no quiera’ continuar con la investigación sobre el supuesto ‘patrocinio político’ de la presunta operación policial, es que no debe hacerlo, pues no hay razones jurídicas de peso para ello».

LA PALABRA DE VILLAREJO

En consecuencia, considera improcedente la petición del Ministerio Fiscal de seguir indagando en los cinco números de teléfono que Villarejo aportó asegurando que a través de ellos mantenía a Rajoy al corriente de ‘Kitchen’.

Cospedal destaca en su escrito que «no constan comunicaciones» entre los teléfonos que habría usado el comisario y el que pertenecería a Rajoy, razonando que el hecho de que esta última línea telefónica pertenezca al PP, o que incluso realmente fuera la del ex presidente, no demuestra «en absoluto» que ambos se comunicaran.

La ex jefa de los ‘populares’ esgrime que ni en este punto, ni tampoco en sus declaraciones judiciales, en las conversaciones que grababa y en los apuntes de sus agendas personales, se puede dar credibilidad a la palabra de Villarejo.

«Sabido es que la declaración incriminatoria de un imputado –en este caso, del señor Villarejo– por sí sola no puede constituir prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia», sino que debe ser corroborada por «datos objetivos», recalca apostillando que no es el caso.

CONTACTOS «SOCIALES»

Cospedal coincide con el juez en definir ‘Kitchen’ como una «operación policial», es decir, restringida al ámbito del Ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz, de la que asegura que no tuvo conocimiento alguno.

Sobre su supuesta intervención para fichar a Ríos, indica que fue el chofer quien «por propia iniciativa» acudió a Andrés Gómez Gordo –ex jefe de seguridad de Cospedal–, a quien conocía de una etapa anterior, después de que alguien de la Policía contactara con él. A partir de ahí, relata, los comisarios se comunicaron entre ellos. «¿Qué necesidad había de que López de Hierro o Cospedal estuviesen por medio? No tiene ningún sentido», expone el escrito.

En cuanto a la relación del matrimonio con Villarejo, el escrito habla de simples contactos «sociales». El primero en conocerle, relata, fue López del Hierro en los años 90, aunque retomaron la relación en el año 2000 tras un encuentro casual. «A partir de ese momento comenzó una relación de quedar de vez en cuando a tomar un café y ponerse al día (…). Hablaban de política, de anécdotas del mundo policial y judicial», explica.

Villarejo, continúa, pidió a López del Hierro reunirse con Cospedal en 2009 porque tenía «información interesante sobre determinadas personas del partido político». Ella aceptó porque en ese momento estaba «preocupada» por si el entonces Gobierno socialista estaba grabando al PP en Génova y por las filtraciones a la prensa sobre temas judiciales que afectaban al PP. Después se reunieron 3 o 4 veces más pero solo hablaron de «actualidad política y judicial», asevera.

De esta forma, Cospedal niega que esos encuentros tuvieran como finalidad que Villarejo le diera información sobre las investigaciones judiciales de ‘Gürtel’, al tiempo que plantea «qué necesidad podría tener el Partido Popular para patrocinar o idear una supuesta operación policial (‘Kitchen’) con el fin de sustraer una supuesta documentación del señor Bárcenas, cuando dicha documentación estuvo en la sede del propio partido durante años».

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha juzgado este jueves a dos hermanos, de 30 y 28 años, por un supuesto delito de tentativa de homicidio, después de que le cortaran el cuello con un ‘cutter’ a un compañero de trabajo, de 58 años.

Éste también ha sido juzgado por un delito leve de lesiones, al supuestamente agredir a los hermanos con un palo para defenderse. La Fiscalía pide para los familiares siete años de cárcel.

En el juicio, que ha quedado visto para sentencia, los dos familiares han negado los hechos, que ocurrieron el 13 de diciembre de 2018 en Manacor. Ese día, ambos se dirigieron al lugar de trabajo de uno de ellos, donde supuestamente habían quedado con su jefe para reclamarle un dinero que le debía.

Al no hallar al mismo, los dos hermanos fueron a hablar con su mujer, con la que empezaron una discusión y a la que, según el escrito de la Fiscalía y el testimonio de algunos testigos, amenazaron y gritaron, lo que dio lugar a una discusión.

Al escuchar los gritos, el tercer acusado se acercó con el objetivo de lidiar la situación, de acuerdo a su testimonio. No obstante, como respuesta recibió, presuntamente, un puñetazo en la cara por parte de uno de los hermanos.

Mientras, el otro le agarró por detrás, inmovilizándole, hecho que el autor del puñetazo aprovechó para cortarle el cuello con el ‘cutter’.

Sobre esto, el responsable de la agresión ha reconocido que llevaba el arma encima, pero que su intención era únicamente amenazar a su compañero y no intentar acabar con su vida.

Además, el escrito inicial de la Fiscalía apunta a que el varón de 58 años agredió a los dos jóvenes utilizando un palo. Sin embargo, varios testigos de los hechos, así como el propio acusado, han negado que portara algún objeto con el que pudiera agredir a los familiares.

Con todo, y a consecuencia del altercado, uno de los hermanos sufrió una herida en la pierna y, el otro, traumatismos en la pierna y la cadera. Por su parte, el varón de 58 años sufrió una herida incisa en el cuello, valorada pericialmente en 15 puntos.

Por ello, la Fiscalía ha pedido para los dos hermanos la pena de siete años de prisión con ihnabilitación para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la misma y la prohibición de acercarse al compañero de trabajo por un plazo de diez años a una distancia mínima de 500 metros. Además, deberán indemnizarle con 7.000 euros por las lesiones causadas.

Asimismo, para el varón de 58 años se pide una pena de un mes de multa por valor de 180 euros y la cantidad de 1.660 euros por las lesiones y perjuicio estético causado a uno de los hermanos.

La defensa de Juana Rivas ha valorado este jueves la postura favorable de la Fiscalía del Tribunal Supremo a que se conceda el indulto parcial a esta madre de Maracena (Granada), condenada a dos años y seis meses de prisión por la sustracción de sus dos hijos menores; una pena que está cumpliendo en estos momentos en el Centro de Inserción Social Matilde Cantos.

El Ministerio Público sugiere dejar la pena de prisión en dos años y rebajar la pena de inhabilitación especial para ejercer la patria potestad sobre los niños de seis a cuatro años.

El abogado Carlos Aránguez ha señalado en declaraciones que valora «muy positivamente» la postura de la Fiscalía, que a su juicio «demuestra» que el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada «se equivocó» y que «esas prisas que tenía por que Juana ingresara en prisión no estaban justificadas».

Junto a ello, el letrado se ha referido a la disparidad de criterio entre la Fiscalía de Granada, que solicitó el «inmediato ingreso en prisión» y «con la máxima dureza» para su cliente, y la Fiscalía del Tribunal Supremo, que está apoyando la concesión del indulto parcial.

«La Fiscalía debe actuar siempre de acuerdo a los principios de unidad y jerarquía como es sabido», ha advertido la defensa de Rivas, que en todo caso ha mostrado su «más sincera satisfacción» por el informe favorable del Ministerio Público al indulto.

Sobre esta «contradicción» en los criterios de la Fiscalía también se ha pronunciado Enrique Zambrano, el abogado de la expareja de Juana Rivas, que ha lamentado en declaraciones la «extrema politización» de este caso.

Fuentes del Supremo consultadas han asegurado que, en el marco del procedimiento, los magistrados del Alto Tribunal debatirán su propio informe el próximo 5 de octubre y luego se remitirá al departamento dirigido por Pilar Llop para que sea ésta quien defienda la solicitud ante el Consejo de Ministros, que tendrá la última palabra sobre el destino de Rivas.

Fue condenada tras abandonar Italia en 2016 con sus dos hijos con la intención de no regresar, pese a no contar con el consentimiento del padre de los menores. En 2017 pasó un mes en paradero desconocido con ellos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregar a los niños a su expareja, al que acusa de malos tratos.

El PNV celebrará el próximo domingo, día 26, un nuevo Alderdi Eguna en la campa de Foronda sin fiesta, en un contexto todavía de pandemia de la covid-19, y con un «sobrio» acto político, de foro limitado, que centrará en su liderazgo para que Euskadi salga «más fuerte» de la crisis. Sus mayores retos en los próximos meses serán la igualdad, sostenibilidad, demografía y digitalización, que es donde «está el futuro» de los vascos.

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, el Lehendakari, Iñigo Urkullu, y la dirigente de la organización juvenil jeltzale, EGI, Aitana Agirre, intervendrán en el acto, que tendrá limitación de aforo y que comenzará a las 12.00 horas en Foronda (Vitoria).

Esta será la 45 edición de la conmemoración de la formación jeltzale que volverá a celebrarse este 2021 en situación de emergencia sanitaria por la pandemia, aunque con una evolución positiva de la práctica totalidad de indicadores.

En un comunicado, el PNV ha explicado que, en este contexto todavía de lucha contra el coronavirus, este Alderdi Eguna «poco o nada tendrá que ver» con el de los años anteriores a la pandemia, «de marcado carácter festivo».

En esta ocasión, no habrá en la campa de Foronda fiesta ni txosnas, ni música, aurreskus, desfiles, atracciones pequeños, ni comidas populares, como era tradicional, sino que solo se celebrará el acto político «y un sentido recuerdo» a las víctimas de la covid-19.

Los jeltzales destacan que, pese a la evolución positiva de la práctica totalidad de indicadores, la situación de emergencia sanitaria en la que aún se encuentra Euskadi «obliga a todas y todos a seguir actuando con responsabilidad y desde la más estricta observancia de las normas sanitarias vigentes» en el quehacer diario.

Según aseguran, esta es también «la máxima» que inspira al PNV a la hora de organizar este Alderdi Eguna 2021. Es la principal razón por la que el aforo de la campa de Foronda se verá «muy acotado» el próximo domingo.

De hecho, el aforo ha quedado ya cubierto con los asientos reservados los miembros de la Asamblea Nacional, a los dirigentes de la Ejecutiva Nacional y de los Consejos Territoriales, a representantes institucionales, a militantes de EGI, y a representantes de las Organizaciones Municipales del partido. La afiliación y el conjunto de la ciudadanía podrán seguir en directo el acto político a través de la web del PNV y de las redes sociales.

Con la celebración de este acto político, la formación jeltzale pretende trasladar a la sociedad vasca que la positiva evolución de la pandemia permite a todos los vascos, en sus respectivos ámbitos, «ir retomando espacios y actividades previos a la Covid-19 desde la sensatez y la prudencia».

ACCIÓN POLÍTICA

El PNV aprovechará este encuentro para explicar su acción política en los próximos meses, «desde la plena confianza en que Euskadi saldrá adelante». En este sentido, ha asegurado que, «en correspondencia a la confianza que en este partido ha depositado la ciudadanía vasca, ha trabajado, trabaja y seguirá trabajando» para que los vascos «salgan más fuertes de esta crisis».

«Lo hará con la firme determinación de acometer la transformación de nuestro país atendiendo y afrontando los mayores retos que encara: igualdad, sostenibilidad, demografía y digitalización. Ahí está el futuro de Euskadi y ahí estará PNV liderando ese proceso», ha aseverado.

PRIMER ALDERDI EGUNA

El primer Alderdi Eguna se celebró en septiembre de 1977 en San Miguel de Aralar, en Navarra. «Desde entonces, el PNV ha organizado de forma ininterrumpida una fiesta única en el panorama político de la Europa occidental», ha destacado.

El año pasado, con una tasa de incidencia que oscilaba la última semana de septiembre entre los 350 y los 480 casos por cada 100.000 habitantes y sin haberse iniciado aún el proceso de vacunación, sus suspendió la fuesta, y la dirección del partido organizó en la campa de Foronda un acto al que fueron convocadas 80 personas y en el que estuvo «muy presente» el recuerdo y homenaje a las víctimas de la Covid-19.

En estas fechas de 2021, con la pandemia «aparentemente bajo control» y con casi el 90% de las personas vascas mayores de 12 años con la pauta de vacunación completada, el PNV cree «oportuno emprender, con un primer paso, pequeño pero seguro, el camino de regreso a la normalidad con la organización de este Alderdi Eguna de aforo limitado».

Los asistentes están citados a las 11.30 horas en la campa de Foronda tomen asiento de modo ordenado. El acto político comenzará a las 12.00 horas y esta previsto que se prolongue durante una hora. Cuando concluya, en torno a las 13.00 horas, se procederá al desalojo organizado del recinto.

El diputado y portavoz del PSOE en la Comisión de Presidencia del Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, ha sostenido este jueves que si el Partido Popular siguiera las directrices en financiación autonómica que pregona la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, «significaría la ruina de Administración de Andalucía, de los servicios públicos en Andalucía».

Jiménez, en declaraciones a los medios, ha sostenido sobre la presidenta de Madrid que «defiende la insolidaridad» y rechaza «el criterio de igualdad o de población que imperen en el reparto de los fondos de la financiación autonómica».

El parlamentario socialista ha calificado este jueves al presidente del PP, Pablo Casado, como «un cobarde político», pronunciamiento que ha sustentado en que «no se atreve a sentarse en la mesa del diálogo de financiación autonómica», un hecho que ha atribuido a que «no se atreve a plantarle cara a quien marca el ritmo político de la derecha que es la señora Ayuso».

Mario Jiménez ha esgrimido los postulados de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre que la negociación de la financiación autonómica debe afrontarse a dos bandas: por un lado, los responsables de las comunidades autónomas, y por otro, un diálogo Gobierno-PP, que el portavoz del PSOE en la Comisión de Presidencia ha considerado que «no es fácil» por los argumentos antes esgrimidos.

«Le pedimos a Moreno que reclame en su partido que se produzca la rectificación», ha afirmado Jiménez en referencia a la disposición de Casado al diálogo sobre la financiación, quien ha augurado que «si el señor Casado se reúne con la señora Montero habrá un acuerdo de financiación, de reforma de la Lofca (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades de Autónomas), y de actualización del modelo fundamentado en el criterio de población ajustada que garantice la igualdad de oportunidades de ciudadanos».

Tras insistir en que «en muy poco tiempo habrá acuerdo» de producirse ese encuentro entre el presidente del PP y el Gobierno, Jiménez ha considerado que «Moreno tiene un problema en la calle Génova, que se llama Pablo Casado, no en las comunidades gobernadas por el PSOE».

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama al Gobierno que cierre «ya» el concierto sanitario con las aseguradoras para los próximos años, y exige concierto que cuente con una financiación suficiente que garantice la calidad asistencial del millón y medio de personas acogidas a Muface.

CSIF manifiesta su preocupación ante el retraso del acuerdo entre Hacienda y las citadas compañías, la falta de transparencia por parte del departamento de María Jesús Montero y las quejas trasladadas por las entidades médicas sobre el déficit de financiación de este sistema.

«Se da la circunstancia de que el Gobierno destinó un fondo de 16.000 millones a las comunidades autónomas para hacer frente al sobrecoste de hospitalizaciones y tratamientos derivados del covid en la sanidad pública. Sin embargo, la atención sanitaria al colectivo de funcionarios mutualistas no ha recibido ninguna compensación para hacer frente al gasto ocasionado por el virus», advierte.

CSIF reclama una reunión a la ministra de Hacienda y Función Pública y recuerda que no va a permitir que «se deje morir Muface por ‘inanición'», un modelo que está continuamente en el punto de mira. Recientemente el Grupo Parlamentario Unidas Podemos en el Congreso ha presentado una proposición no de Ley en la que pone en cuestión este modelo y pretende eliminarlo de manera progresiva.

Además, insisten en el hecho de que la Administración está obligada a garantizar su continuidad. «Recordamos que el mutualismo administrativo se constituyó en un momento histórico en el que los funcionarios carecían de Seguridad Social y tenían que costear de forma privada un seguro de atención sanitaria», señala.

La iniciativa de Podemos se suma a la decisión del Gobierno de traspasar la gestión de Muface a la Seguridad Social, recientemente anulada por el Tribunal Constitucional. El 22 de abril del año pasado, el Gobierno aprovechó un real decreto con medidas extraordinarias para paliar los efectos del covid para traspasar la gestión de Clases Pasivas a la Seguridad Social.

Así, modificó de manera unilateral la gestión de las prestaciones y pensiones de los funcionarios, sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo. Esta iniciativa ha sido frenada de momento por el Tribunal Constitucional por defectos formales.

«Desde CSIF vamos a seguir siendo centinelas de este modelo. Se trata de un derecho de los funcionarios mutualistas es una obligación del Gobierno mantenerlo para garantizar una asistencia sanitaria con el mismo nivel de calidad que en la sanidad pública», concluyen.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) 061 ha organizado un encuentro con cuidadores, familiares, agentes sociales y profesionales sanitarios para abordar, desde todas las perspectivas, los avances y herramientas que se están desarrollando para mejorar la información y el seguimiento de la enfermedad de Alzheimer, entre ellos una web que permite al ciudadano expresar cómo le gustaría ser tratado si no pudiese en un futuro decidir desde el punto de vista cognitivo.

Bajo la denominación de Jornadas ‘Espacio Alzheimer’, se han dado cita más de un centenar de personas en una sesión semipresencial, presidida por la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, y que ha contado con la presencia del director general de Cuidados Sociosanitarios, José Repiso; el delegado de salud y familias de Málaga, Carlos Bautista y el director gerente de EPES, Fernando Ayuso.

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, la sede del 061 ha acogido este encuentro en el que se ha mostrado a estas personas las herramientas que están a su disposición para resolver sus dudas de manera rápida y sencilla sobre la enfermedad de Alzheimer.

Destaca la a web www.alzheimerandalucia.es, una página que tiene como objetivo informar, asesorar, difundir y sensibilizar sobre la enfermedad de Alzheimer, así como acompañar a pacientes y familiares desde el comienzo hasta la etapa final de la enfermedad, destacando de manera especial el rol de las asociaciones de familiares.

Incorporar las expectativas, percepciones, valores y preferencias de la persona enferma es uno de los objetivos de esta web, que pone al alcance de cualquier ciudadano un cuestionario, a modo de guía, donde poder expresar como les gustaría ser tratados si no pudiesen decidir en el futuro desde un punto de vista cognitivo.

Este espacio, denominado ‘Preferencias de Vida’, ha sido desarrollado por el grupo de trabajo del proyecto, en colaboración con la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla y en él se recogen diversas esferas de la vida para que se convierta en un manifiesto de gustos y deseos.

La viceconsejera ha estado acompañada por la presidenta de la ConFEAFA, Ángela García, y el subdirector de proyectos de EPES, Manuel González, coordinador del proyecto de creación de esta web. García ha agradecido a la Confederación y a todas las asociaciones que la forman «la labor fundamental que realizan todos los días del año».

«Nuestras ‘Preferencias de Vida’ tienen que ver con las comidas que nos gustan, la música preferida o la que nada nos gusta, los hábitos de vida, actividades de ocio, películas que nos traen buenos recuerdos y otras que asociamos a momentos tristes, personas que queremos y otras con las que no queremos relacionarnos. El objetivo de este cuestionario es sensibilizar y difundir, acercándonos con rigurosidad y metodología a algo tan intangible y a la vez tan determinante, para nuestras vidas, como son nuestros deseos», ha expuesto.

Este proyecto, financiado con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder), ha sido diseñado y puesto en marcha por EPES y en él participan también la Consejería de Salud y Familias, el Servicio Andaluz de Salud (SAS), la Confederación Andaluza de Asociaciones de Familiares de pacientes con Enfermedad de Alzheimer, la Sociedad Andaluza de Neurología, la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria y la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla.

Durante las jornadas, han intervenido miembros del grupo de trabajo que ha desarrollado la web, tales como Guillermo Sánchez, periodista de Canal Sur TV y escritor; Roberto Suárez, neuropsicólogo y director de la Asociación de Familiares con Alzheimer de San Fernando (Cádiz); Félix Viñuela, neurólogo en el Hospital Universitario Virgen Macarena y coordinador del Grupo de Deterioro Cognitivo de la Sociedad Andaluza de Neurología.

AULA VIRTUAL

Junto a ellos, los asistentes han podido conocer también iniciativas como el aula virtual Alzheimer de la mano de Joan Carles March, codirector de la Escuela de Pacientes en la Escuela Andaluz de Salud Pública y los avances que EPES está realizando para la atención a los pacientes de la mano de la subdirección asistencial, la dirección de procesos tecnológicos y la dirección de Salud Responde.

En el encuentro, los participantes han compartido de la mano de Eva Cuartero, coordinadora del Plan de Alzheimer y otras Demencias de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, los trabajos que dicha consejería está desarrollando para elaborar el nuevo Plan andaluz de Alzheimer y otras demencias, en un marco de atención integrada centrada en la persona, que garantice la continuidad asistencial.

PLAN DE ACCIÓN

La clausura ha corrido a cargo del director general de Cuidados Sociosanitarios, que ha expuesto los puntos principales del Plan que estará alineado con el Plan de acción mundial sobre la respuesta de Salud Pública a la demencia 2017-2025 de la OMS, así como con el Plan Integral de Alzheimer y otras demencias 2017-2023 del Ministerio de Sanidad y nuestra Estrategia Alzheimer andaluza.

Entre los serán ejes principales de este nuevo plan, que está previsto que vea la luz a principios del próximo año 2022, se encuentran la sensibilización, concienciación hasta la normalización, prevención, potenciación del diagnóstico temprano, formación y asesoramiento tras el diagnóstico, atención social y sanitaria coordinada en torno a cada persona, apoyo a las personas cuidadoras familiares, fomento de la investigación biomédica, social y sanitaria, y mejora en los registros y sistemas de información.

Las mejoras sociosanitarias de las últimas décadas han permitido alcanzar una larga esperanza de vida, pero con la contrapartida de hacer más prevalentes enfermedades íntimamente ligadas al envejecimiento humano como las enfermedades neurodegenerativas, y, entre ellas, su paradigma, la enfermedad de Alzheimer, han indicado desde EPES 061.

También han advertido de que el alzhéimer no sólo afecta a personas mayores sino también, y hasta en el diez por ciento de los casos, a personas menores de 65 años.

Igualmente, han señalado que la mirada ha de extenderse no solo a la enfermedad de Alzheimer, sino también a otras enfermedades degenerativas que causan deterioro cognitivo grave, menos frecuentes o conocidas, pero que ocasionan en pacientes y familiares repercusiones y necesidades de cuidados similares.

«La enfermedad de Alzheimer y otras causas de demencias ocasionan un impacto que excede lo personal y familiar, para convertirse en un reto para sociedades y gobiernos a nivel mundial», han indicado desde la Junta de Andalucía, añadiendo que para ellos es «primordial afianzar políticas sociosanitarias que respalden y hagan partícipe la labor de interlocución, de defensa y prestación de servicios de todos los agentes sociales implicados en la atención y cuidados de estos pacientes y sus familias, representados por la extensa y activa red andaluza de asociaciones de familiares».

La Comisión Europea ha dado este jueves un ultimátum a las autoridades españolas para que en el plazo de dos meses tomen las medidas necesarias para transponer plenamente a la legislación nacional la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual y el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, dos normas comunes que debían estar en vigor desde el pasado año.

El aviso tiene la forma de dos dictámenes motivados que el Ejecutivo comunitario ha decidido enviar a España después de que el país no respondiera de manera satisfactoria en la primera fase de sendos expedientes sancionadores.

El procedimiento de infracción prevé una tercera y última fase por la que la Comisión podría elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si tras el plazo que concede este dictamen motivado España sigue sin responder satisfactoriamente.

Además de contra España, Bruselas ha actuado contra otros dieciocho Estados miembro que tampoco han cumplido los plazos previstos por consenso a nivel europeo para transponer las nuevas normas e informar de tales transposiciones a los servicios comunitarios.

La Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual (DSCA) fue revisada en 2018 para ajustar las reglas comunes a la nueva era digital y armoniza las normas de medios audiovisuales, incluidos los organismos tradicionales de radiodifusión televisiva y los servicios de vídeo a la carta, además de establecer medidas de protección sobre los contenidos compartidos en las plataformas de distribución de vídeos.

Así, la directiva prevé condiciones de competencia equitativas para los diferentes tipos de servicios de medios audiovisuales, garantiza la independencia de los reguladores nacionales de los medios de comunicación, preserva la diversidad cultural, por ejemplo, al exigir que los servicios de vídeo a la carta tengan disponible al menos el 30 % de obras europeas. También incluye normas de protección para los menores y consumidores en general y prevé medidas contra el odio.

En el caso del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, fue pensado para modernizar las normas de la UE en materia de telecomunicaciones, adaptándolas a la era digital, y debió ser incorporado a las legislaciones nacionales de todos los Estados miembro en diciembre de 2020 a más tardar.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado la expulsión de la carrera judicial del titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Tarragona, Manuel Arce, por una falta muy grave de desatención en el cumplimiento de los deberes judiciales.

Según explican fuentes del CGPJ, la decisión adoptada se ha aprobado con 14 votos a favor y siete en contra. El caso era estudiado después de meses de análisis del caso por el pormotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde.

El juez, que ya fue apartado del juzgado cuando arrancó la investigación a propuesta de la Comisión Disciplinaria, contaba con una media de tres sentencias al mes –la media por magistrado suele ser de 240 sentencias al año– y acumulaba gran cantidad de asuntos sin resolver.

Contra la decisión del órgano de gobierno de los jueces cabe recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) y, según las mismas fuentes, el juez acumulaba ya una decena de sanciones por el mismo motivo. Es la primera vez en el mandato del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que se da una situación así, y ésta es la sanción más grave que se puede adoptar contra un magistrado.

EL 417.9 DE LA LOPJ

El artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el que se apoya esta expulsión de la carrera es el 417.9. En el se apunta que se considera falta muy grave «la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales».

Según el 425 de esa misma ley el instructor delegado del expediente puede practicar cuantas pruebas y actuaciones sean necesarias para la determinación y comprobación de los hechos y responsabilidades susceptibles de sanción, con intervención del Ministerio Fiscal y del interesado, que podrá valerse de abogado desde el inicio del expediente.

Tras esa fase, que puede alargarse por un año máximo, y a la vista de las pruebas y actuaciones practicadas, el instructor delegado formulará, si procediere, pliego de cargos, en el que se expondrán los hechos impugnados con expresión, en su caso, de la falta presuntamente cometida y de las sanciones que puedan ser de aplicación.

La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha reafirmado que las posiciones en la negociación con el PSOE de cara a los Presupuestos Generales siguen «alejadas» y que, de momento, no hay resultados satisfactorios respecto a la reforma fiscal, una materia urgente que debe incluirse en las cuentas públicas.

«En nuestro país se ha producido una contrarreforma fiscal que está haciendo que los que más tienen no contribuyen más a las arcas públicas, y se da una situación imposible en la cual una peluquería, un pequeño bar, paga proporcionalmente más impuestos que el Banco Santander o que una gran empresa. Por tanto, este es un tema que hay que abordar con urgencia y que necesitamos que forme parte de los acuerdos de los presupuestos generales del Estado», ha apuntado a los medios de comunicación tras firmar un convenio con la Junta de Andalucía.

Por tanto, Belarra ha destacado que medidas, como elevar el tipo mínimo del impuesto de Sociedades al 15% para las grandes empresas, dentro de las cuentas públicas del año que viene es la forma de terminar con una situación que ha definido como «inconstitucional», sobre todo por esa «contrarreforma» que se produjo a partir de 2017.

No obstante y tras reiterar que hay posiciones ahora alejadas entre los socios de coalición, la secretaria general de Podemos ha enfatizado que van a seguir negociando y está confiada en que finalmente se logrará un acuerdo.

Y es que ha rememorado que en otras veces, especialmente en el último año y medio, ha habido algunos consensos que han resultados difíciles pero que desde desde Unidas Podemos han logrado finalmente convencer al PSOE, citando como ejemplos la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y las medidas para bajar el precio de la electricidad. En consecuencia, espera que se produzca una situación similar y se consiga finalmente un consenso para recoger la reforma fiscal en los Presupuestos.

El PSOE-A ha exigido este jueves al presidente andaluz, Juanma Moreno, que dé explicaciones «sobre la decisión política de la Junta de frenar el despliegue en el incendio de Sierra Bermeja (Málaga) a la Unidad Militar de Emergencias (UME) tras solicitar su participación en la extinción y con sus efectivos ya movilizados».

En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento, el portavoz de Presidencia del Grupo Socialista, Mario Jiménez, ha advertido de que los consejeros de Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, y de la Presidencia, Elías Bendodo, «no han aportado aclaraciones en sus comparecencias parlamentarias» y ha lamentado que éste último consejero pretenda esconderse tras el Infoca «para que no se conozcan las decisiones» adoptadas.

Mario Jiménez ha explicado que, una vez desatado el grave incendio, desde el Gobierno andaluz se hizo un preaviso al Ejecutivo de España para el despliegue de la UME, por parte de la Consejería de la Presidencia y de Protección Civil y de Elías Bendodo, de manera que en la tarde del viernes 10 de septiembre, con el fuego subiendo de nivel 1 a nivel 2, efectivos de la unidad militar de la base de Morón de la Frontera (Sevilla) fueron movilizados para acudir a Sierra Bermeja.

Ha agregado que esa misma tarde, «de forma inexplicable, se pidió su retirada»: «Queremos saber el por qué de esta decisión, que tiene consecuencias» en una catástrofe que estaba dejando miles de hectáreas quemadas de terreno forestal y miles de vecinas y vecinos desalojados de sus casas.

Se ha mostrado convencido de que fue decisión del presidente de la Junta pedir esa «retirada» de la UME.

Jiménez ha recalcado que una vez controlado el incendio y con las llamas casi extinguidas «es hora de pedir explicaciones, y no como hizo la actual consejera de Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, que desde el PP pidió explicaciones mientras estaba ardiendo Doñana».

El dirigente socialista ha subrayado que el Gobierno andaluz «empezó el verano llamando a los trabajadores del Infoca absentistas, vagos enchufados, y acaba el verano llamándolos héroes». Ha reivindicado el trabajo, la entrega y la profesionalidad de este servicio público, y ha afirmado que la auditoría autonómica promovida por PP y Cs al frente de la Junta «ha hecho daño a este dispositivo, que no merece esos calificativos: Les pedimos que defiendan a los trabajadores públicos».

El IX Congreso Internacional del Año Santo Compostelano se celebra desde este jueves en la capital gallega, a través de una serie de relatorios en los que se abordará la idea de la peregrinación jacobea y del Camino de Santiago como un itinerario de esperanza en este contexto de dificultad marcado por la pandemia sanitaria y sus consecuencias en diferentes ámbitos.

Tras enfocar las últimas ediciones en la preparación del Año Santo, esta nueva edición se centrará en el sentimiento de esperanza y recuperación que implica la ruta en estos tiempos de pandemia, tema que se abordará desde diferentes puntos a través de relatorios y mesas redondas con representantes como Bernart Baltza o José Fernández Danvila

El acto de inauguración se celebró en la propia Cripta del Pórtico de la Gloria de la Catedral compostelana, con la presencia del arzobispo, Julián Barrio, el edil Sindo Guinarte, la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro y el delegado de Peregrinaciones da la Catedral de Santiago, Segundo Pérez.

La directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, incidió en la necesidad de trabajar «para recuperar la esperanza» tras los meses más duros de la pandemia y «afrontar los retos» del Camino de Santiago «desde los valores cristianos».

Así, ha destacado el voluntariado como «parte fundamental» de la acogida y «los valores espirituales del Camino», cuya «esencia» se sitúa en el que el trabajo de acogida, la hospitalidad y «la empatía» como «el mejor servicio al peregrino.

Castro ha reivindicado la importancia de estos tiempos tan difíciles para «recordar la importancia de la atención espiritual» y reivindicar la fe y los valores a lo largo del Camino en este Xacobeo.

META ESPIRITUAL

En este sentido, ha considerado que la ruta es cultura, paisaje, historia pero también «una meta espiritual» que invita a compartir las reflexiones en la vuelta a casa y ha apelado a la «unión e intercambio» de culturas que permite el Camino, con peregrinos de más de 180 nacionalidades que conviven durante días al margen de sus intereses particulares.

Sindo Guinarte, por su parte, ha llamado a consolidar la esperanza en los próximos meses para asegurar la recuperación tras la pandemia y ha asegurado que este congreso permitirá aportar contenido y aportaciones «que derivarán en reflexiones que ayudarán a comprender el fenómeno del Camino jacobeo y la acogida vinculada».

«Hablar de acogida es una necesidad en el mundo en el que vivimos. Tenemos que darle contenido, hacer ver que nuestra voluntad es cuidar, proteger a las personas más desfavorecidas y también a quienes buscan encontrase a sí mismos», ha añadido.

SENTIMIENTO DE ACOGIDA

Precisamente, Segundo Pérez situó la acogida como una oportunidad para «abrir puertas tanto por el que recibe como por el que es recibido», y como concepto en el que la diversidad no importa, sino el descubrimiento de otras personas.

«Peregrinar no es solo caminar por los senderos y rutas jacobeas, sino por las vías del espíritu», ha insistido, y manifiesta una realidad «más amplia y profunda que desde la mirada superficial» para miles de peregrinos que sienten una «conexión con su interioridad» para «descubrirse a sí mismos».

Finalmente, Julián Barrio apeló a la «esperanza de peregrinar a Santiago» desde «la verdad auténtica del hombre». «Llegando a Santiago se encuentra con el cimiento del testimonio apostólico», ha señalado, puesto que el final «es la casa del señor Santiago, pero la meta es la libertad del corazón».

El arzobispo ha situado la peregrinación como «camino de transformación» pero «no solo de la mente, sino del corazón» para hacer «más decididos y ligeros los pasos» a aquel caminante para «encontrase con quien le llamó a salir de su tierra y de su casa».

«La esperanza se recorre con sandalias nuevas», ha añadido Julián Barrio, llamando a la Iglesia a escapar de la opulencia y la «acomodada autoconservación» para transitar «sin desviarse de la misión de servicio».