Unas 100 personas se han manifestado ante las puertas del Liceo Caracense de Guadalajara, a raíz de que desde este centro educativo se haya comunicado a una alumna de 12 años, de padres de religión musulmana y de nacionalidad española, que no puede entrar con el velo en clase.

Según la madre, Sana Mahir, desde que su hija decidiera, hace varias semanas, ponerse el velo «por su propia voluntad», la dirección del centro le advirtió que no podía llevarlo en el aula porque estaba infringiendo las normas de convivencia, organización y funcionamiento (NCOF) del propio centro, advirtiéndola de que había que respetar estas normas y que en caso contrario, el no hacerlo podría conllevar la suspensión, de momento, del derecho a asistir a clase por un periodo de quince días.

Para Sana, «esto es solo es una norma, no una ley», y ha asegurado que, desde entonces, toda la familia «está sufriendo mucho porque la niña lleva dos semanas sin asistir a clase. La dejan fuera», ha asegurado, versión que se contradice con la que ha ofrecido la Consejería de Educación tras hablar con el centro.

Pero la familia ha insistido en que niña entra cada día en el instituto pero que no la dejan acceder al aula y es que, aunque no ha sido expulsada, si ha sido advertida de que si no se pone el velo no puede entrar en el aula. «Este rechazo le hace mucho daño», ha dicho Sana.

Aunque desde la Delegación de Educación se ha ofrecido a la familia la opción de que su hija siga los estudios en otro centro educativo donde no rigen las mismas normas, ya que cada uno tiene las suyas, la familia no quiere que se marche a estudiar a otro instituto porque este les gusta.

«Es un centro público y en España no hay ninguna ley que prohíba llevar el velo», ha apostillado tras insistir en que su hija «es más española que árabe y sabe hablar español aunque es también musulmana», ha subrayado.

La Delegación de Guadalajara está tratando de mediar para que no salga perjudicado el centro pero tampoco la alumna, a la que se ha ofrecido acudir a otro instituto pero ni la familia ni ella quieren esa decisión.

Desde la Consejería de Educación, pese a admitir que este tipo de normas dependen de cada centro y no de la Consejería, han apuntado que la alumna puede asistir a clase pero que como el Liceo tiene unas normas de funcionamiento, si no se cumplen, se da un aviso previo para que se cumplan. De momento, ya ha recibido una amonestación por la cual, si se reitera en no cumplir las normas, no podrá asistir a clase en quince días.

Unas normas de convivencia que la Delegación de Educación, en coordinación con el centro educativo, están analizando pero que han sido aprobadas en un Consejo Escolar.

El presidente de la Generalitat, Pera Aragonès, ha pedido este viernes al Gobierno que mantenga los fondos Covid o un instrumento equivalente» en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tras advertir de que la pandemia del coronavirus aún no ha terminado.

«El fondo Covid permitía un refuerzo para la sanidad pública, y no está previsto que este fondo tenga continuidad en los próximos PGE. Es importante que este fondo o un instrumento equivalente se puede incorporar», ha reclamado en rueda de prensa acompañado de la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, con quien se ha reunido en el Palau de la Generalitat.

Y es que, según Aragonès, aún hay personas enfermas y hospitalizadas por Covid y ha advertido de que se acerca el invierno y tocará «gestionar la pandemia, con la esperanza de que se mantenga en los niveles actuales».

Aragonès y Armengol han repasado la situación sanitaria en ambas comunidades y han abordado las medidas que han llevado a cabo para combatir el virus, pero también han constatado que comparten intereses «en materia cultural, de historia y de futuro, especialmente en retos como el económico, ambiental, social y mediterráneo».

Sobre los PGE, la presidenta Balear ha defendido que son «buenos en términos de políticas sociales, auque hay algunas cuestiones que hay que replantear», pero ha celebrado que por primera vez haya una partida que reconoce el factor de insularidad de las Islas Baleares para equilibrar el déficit.

Armengol ha recordado que se aprobó un decreto ley en 2019 sobre un régimen fiscal especial para Baleares, y que quedaban por implementar el factor de insularidad que se ha conseguido en estos PGE y «queda la parte del régimen fiscal», para lo que se ha emplazado a trabajar con el Gobierno en las comisiones bilaterales y se ha mostrado convencida de que conseguirán un acuerdo.

Preguntada por si ha intentado convencer a Aragonès para que ERC apoye las cuentas, Argmengol ha asegurado que habla como presidenta de la Islas Baleares: «No soy nadie para valorar lo que hacer ERC en el Congreso», ha zanjado.

FINANCIACIÓN

En materia de financiación, Aragonès ha asegurado que ambos territorios quieren ser responsables de los recursos fiscales que generan y poderlos administrar, pese a admitir que los horizontes políticos de futuro que plantean son «diferenciados».

Por su parte, la presidenta Armengol ha asegurado que Catalunya y Baleares tienen similitudes en cuanto a perjuicios en la financiación autonómica, y ha añadido que «desde el respeto absoluto del planteamiento del Govern catalán, es importante trabajar conjuntamente» en este asunto.

«Compartimos con Cataluña esta infrafinanciación histórica», ha insistido la presidenta balear, que ha defendido que tanto Cataluña como las Islas son territorios que han aumentado su población, y ha pedido que el Gobierno tenga la mirada puesta en los territorios que tienen un mayor crecimiento poblacional a la hora de fijar la financiación.

Ha apostado por un nuevo sistema de financiación, con «criterios de ordinalidad y mayor corresponsabilidad fiscal», y ha reconocido que cada gobierno tienen sus propias estrategias pero ambos quieren las mejores garantías para los ciudadanos que representan.

VISITA A PALMA

Tras la visita de Armengol al Palau de la Generalitat, Aragonès ha anunciado que a finales de noviembre será él quien viaje a Palma de Mallorca para reunirse con la presidenta del Govern balear con voluntad de «fortalecer las relaciones» entre ambos territorios.

«Somos dos territorios hermanos, tenemos muchos intereses compartidos, un pasado y sobre todo un futuro compartido que tenemos que trabajar conjuntamente», ha zanjado.

La presidenta balear, que ha celebrado que a finales de noviembre Aragonès vaya a Mallorca a reunirse con ella, ha asegurado que siempre ha habido la misma voluntad de diálogo y colaboración institucional con Cataluña, ya que son territorios con «muchos lazos comunes», al ser preguntada por si ha notado cambios en la relación con la Generalitat catalana respecto a cuando la presidía Quim Torra.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado íntegramente la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Jaén, dictada en marzo de este año, y en la que se condenaba a 27 años de cárcel a un hombre, de 56 años, por abusar sexualmente durante seis años consecutivos de las dos sobrinas de su entonces pareja, cuando las niñas tenían seis y nueve años.

En concreto, la sentencia, según ha informado el TSJA, le condena por dos delitos continuados de abusos sexuales y otro de corrupción de menores. Además de la pena de prisión, se le condena a indemnizar a cada una de las dos menores en 50.000 euros, y al pago de todas las costas.

Los hechos sentenciados y ahora ratificados por el TSJA, se remontan al periodo comprendido entre 2011 y 2017. Durante estos años, las dos menores, que declararon a puerta cerrada durante el juicio celebrado en la Audiencia de Jaén, padecieron numerosos episodios de abusos sexuales con y sin acceso carnal por el que consideraban su tío. Además, en el teléfono móvil del acusado se encontraron vídeos y fotografías de una de las menores en situación de alto contenido sexual.

De esta forma, el tribunal considera como hechos probados que el procesado sometió a la menor a sesiones fotográficas donde «aparecía desnuda o le decía que se hiciese ella fotografías, indicándole como tenia que hacerlas y se las enviase a él, realizándole también al menos siete videos». Además, recoge la sentencia que «cuando la menor se negaba doblegaba su voluntad con regalos», y además da por probado que el procesado envió estas fotos y videos a terceras personas.

Como consecuencia de estos hechos, las dos menores han visto»afectado seriamente su desarrollo emocional y presentan sintomatología depresiva, agresividad, desconfianza generalizada, sentimientos de vergüenza y culpabilidad», además de haber repercutido negativamente en su rendimiento académico.

Fue durante un estudio que estaba realizando la UJA en un centro escolar donde una de las menores acabó respondiendo en un cuestionario que había sido víctima de violencia sexual. A partir de aquí se informó a los padres que acabaron denunciando el caso.

El acusado, durante el juicio celebrado en febrero de este año, señaló que las acusaciones de las menores eran «inauditas» y negó su veracidad, pero el tribunal entiende que «las declaraciones de las menores reúnen todos losrequisitos exigidos por la jurisprudencia para la destrucción de lapresunción de inocencia del procesado con respecto a los delitos» por los que finalmente se le condena.

Las dos niñas, primas entre sí, pasaban tiempo en la casa de su tía, en Jaén capital, donde desde 2009 y hasta 2016 residió también el acusado mientras duró la relación sentimental.

Cuando se destaparon los vídeos, fue el propio acusado el que en enero de 2019 entregó su móvil en la comisaría donde a pesar de haber borrado archivos, la Policía localizó los archivos y fotos, así como conversaciones con una de las menores donde el acusado, entre otros términos, se dirigía a ella como su «amor».

La sentencia todavía no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Supremo (TS).

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol (PP), ha anunciado este viernes que aspirará a recuperar la alcaldía en 2023 para que la ciudad «vuelva a tener el alcalde que quiere la mayoría».

Lo ha dicho en una comparecencia después de que esta mañana los grupos de la oposición –PSC, Guanyem Badalona, ERC, Badalona En Comú Podem y Junts– hayan registrado la moción de censura para desplazarlo de la alcaldía por su aparición en los ‘Pandora Papers’, y que con toda probabilidad prosperará y hará alcalde al socialista Rubén Guijarro en un pleno previsto para el próximo 8 de noviembre.

«Si alguien cree que a medio plazo seguirá ganando en los despachos lo que no gana en las urnas es que no conoce a esta ciudad y no me conoce a mi, los vecinos lo dejarán claro en las próximas elecciones municipales del 2023″, ha dicho.

El líder popular también ha tachado de «tremendamente injusta» la moción de censura, y ha admitido visiblemente emocionado que está viviendo momentos duros a nivel familiar, personal y político, así como que esta era la comparecencia más difícil de su vida.

Asimismo, ha dicho que la moción encabezada por el PSC y la CUP, según él, no es por una decisión que se adoptó hace 16 años, sino que se sustenta en la «incapacidad y en la impotencia política» de ver cómo el proyecto del PP en la ciudad cada día tiene más apoyo, tanto en la izquierda como en la derecha.

También ha destacado que cuando en 2015 el PSC regaló la alcaldía a la CUP y en 2019 la CUP se la regaló a los socialistas –en sus palabras– no había sobre la mesa ningún poder mercantil como excusa a la que acogerse.

El popular también ha destacado la labor de su equipo durante el tiempo que ha sido alcalde y que «no ha pasado ni una sola semana» en que la oposición no reclamase una moción de censura.

Además, ha dicho que según él, la gran tragedia de Badalona es la desconexión y alejamiento que los partidos de la oposición tienen con el sentimiento real y mayoritario de sus vecinos y que la ciudad no puede seguir en manos «del odio y el resentimiento del partido socialista y la CUP».

También ha insistido en que los barómetros muestran la confianza que los vecinos tienen en su proyecto y ha reprochado a la oposición que ellos no la tienen, al igual que tampoco disponen de un proyecto de ciudad ni de horizonte de futuro, según él.

Albiol recuperó la alcaldía de Badalona en mayo de 2020 tras dimitir el anterior alcalde, el socialista Álex Pastor, y después de que los grupos municipales no lograran cerrar un acuerdo para articular un gobierno alternativo –Albiol fue investido al haber sido el más votado en las elecciones–.

El Ayuntamiento de Badalona cuenta con 11 concejales del PP; seis del PSC –liderado en la ciudad por Rubén Guijarro–; cuatro de Guanyem Badalona; tres de ERC; dos de Badalona En Comú Podem, y uno de Junts.

El 65% de los españoles ha pensado alguna vez que podría morir por coronavirus, lo que supone que ha aumentado este miedo en la población española con respecto a noviembre del 2020 cuando un 58 por ciento admitía haber tenido este temor, según se desprende del V Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) monográfico sobre ‘Efectos y consecuencias del coronavirus’.

El estudio, basado en más de 3.097 entrevistas y realizado del 11 al 30 de septiembre, muestra que el 61,6 por ciento ha tenido miedo a enfermar desde que se declaró la pandmeia; un 52 por ciento iedo por no recuperar su vida tal como era antes de la pandemia; y el 40 por ciento ha sentido dolor por la pérdida de algún familiar, amigo o conocido a causa del coronavirus.

Nuevamente, muy centrado en la salud mental de los españoles durante la pandemia, observa que el 56 por ciento de la población no está deprimido aunque sí, a veces, se siente triste; del mismo modo, un 60 por ciento no se siente solo nunca, aunque sí se siente preocupado a veces.

Un 54% afirma sentirse a veces tenso o ansioso frente al 25 por ciento que no se siente nunca así y el 14% que dice estar casi siempre en esta situación; mientras que a veces el 34 por ciento se siente deprimido, mientras un 28 por ciento se siente solo. Es positivo que solo el 9 por ciento afirme sentirse siempre preocupado, un 4 por ciento triste y un 3 por ciento deprimido.

Preguntados por estos mismo sentimiento durante la última semana, un 62 por ciento afirma que en ningún momento o casi en ningún momento se ha sentido deprimido, un 72 por ciento no se ha sentido solo y un 53 por ciento no ha estado triste; mientras que en algún momento la mitad de la población se ha sentido preocupado, y el 36 por ciento triste o estresado.

En el lado positivo, todo o casi todo el tiempo, o buena parte del tiempo, el 66,6 por ciento afirma haberse sentido feliz; relajado (61%), ha tenido la sensación de disfrutar de la vida (59%); se ha sentido lleno de energía y vitalidad (56%); y se ha sentido realmente descansado al levantarse por las mañanas (52%).

La crisis del coronavirus ha tenido efectos en la salud emocional de toda las personas, según afirma el 80 por ciento de la población; mientras que el 17,5 por ciento considera que solo se han visto afectados los que la han sufrido directamente.

No obstante, solo el 11,4 por ciento ha pedido ayuda de un profesional debido a su estado de ánimo o situación emocional; el mismo porcentaje de población que ya recurria aun especialista antes de ser declarada la pandemia. De estos, un 58,6 por ciento ha acudido al psicólogo, un 31,7 por ciento ha acudido al médico de cabecera, un 22,4 por ciento al psiquiatra y un 2,3 por ciento al terapeuta.

Preguntados por si algún familiar ha tenido que recurrir a alguna ayuda profesional debido a su estado de ánimo o situación emocional, el 22 por ciento ha contestado afirmativamente. Siendo nuevamente el psicólogo el profesional más demandado (75%), seguido del psiquiatra (26%) y el médico de cabecera (12%).

El portavoz de Junts per Catalunya en el Senado, Josep Lluís Cleries, ha asegurado que su formación no descarta una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), aunque aboga por la vía del diálogo con el Gobierno para llegar a acuerdos en beneficio de Cataluña.

«Nosotros no descartamos nada en estos momentos. Tenemos unos días para negociar hasta que tengamos el tiempo de presentar o no la enmienda a la totalidad. No es nuestra intención evidentemente», ha avisado Cleries en una entrevista en el programa Parlamento de ‘RNE’.

El portavoz de Junts ha asegurado que su partido tiene la voluntad de negociar los presupuestos «desde la exigencia y responsabilidad» aunque critica que el contexto «no ayuda mucho», refiriéndose a la ejecución presupuestaria del Gobierno en Cataluña que, asegura, «deja mucho que desear».

«Yo no sé qué opinan hoy los que ayudaron a aprobar los presupuestos del año pasado, porque quien lo haya hecho se ha de sentir muy defraudado. Ha sido un engaño en toda regla», se ha expresado Cleries.

Con todo ello, Cleries avisa de que Junts intentará negociar con el Gobierno diversos puntos como un acto de «responsabilidad» con las inversiones en Cataluña pero con unas «condiciones clarísimas». «No estamos dispuestos a que nos engañen. Abiertos al diálogo, sí, pero ningún compromiso a cambio de nada», ha insistido.

En otro orden de cosas, ha celebrado el «cambio de actitud» por parte de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que, asegura, «se acerca más a nuestro planteamiento» y son «bienvenidos a esta forma de ser exigentes en los presupuestos».

En este sentido, ha subrayado que Junts sigue pidiendo hacer una «negociación conjunta» con ERC en «unos cuantos puntos», pero que aún Esquerra no lo ha aceptado: «En estos momentos Esquerra no ha aceptado, no ha dicho que sí, pero nosotros estamos abiertos en esta recta final de negociación a hacerlo conjuntamente», ha manifestado.

El tiempo libre educativo ha tenido «un papel clave» y ha mejorado la gestión emocional que los adolescentes y jóvenes han hecho de la pandemia, según un estudio que dibuja por primera vez un mapa del ocio educativo en España y que ha detectado al menos 1.259 entidades.

El informe ‘El tiempo libre educativo en España: un impulso para la promoción de la infancia y la juventud’ es un encargo de la Federación de Entidades Cristianas de Ocio Didania y la Fundación Promesa, y se ha presentado este viernes en la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés de Barcelona, responsable del estudio y vinculada a la Universitat Ramon Llull (URL).

El estudio enumera los beneficios y aportaciones del tiempo libre educativo en el desarrollo y aprendizajes en cuatro ejes: la construcción de identidad y personalidad de niños y adolescentes, la participación social y ciudadana, las competencias académicas y de empleabilidad, y la cohesión social.

Estas líneas de trabajo se han relacionado con 6 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, entre ellos la igualdad de género, la reducción de las desigualdades y la educación de calidad.

El director de la Fundación Promesa, Jesús Poudereux, ha afirmado que la presentación del estudio este viernes es el «pistoletazo de salida del siguiente escalón» de su estrategia, que es comunicarlo a todas las partes implicadas, porque ha considerado que todo aquello que ni se conoce ni se ve no existe.

AFECTACIÓN POR LA PANDEMIA

Las principales dificultades de las entidades durante la pandemia han sido la adaptación al formato virtual; la falta de recursos a la hora de recuperar la presencialidad; y también mantener el contacto, sobre todo con los niños más pequeños, por lo que algunas entidades optaron por incrementar sus actividades superado el confinamiento para llegar al mismo número de participantes.

Algunos de los aprendizajes por parte de las entidades, recogidos en el estudio a raíz de la pandemia, han sido la superación de la brecha digital con recursos tecnológicos, «muy beneficiosos si se les da un buen uso», y una alta capacidad de adaptación de las entidades.

Al mismo tiempo, se ha evidenciado la necesidad de formar a los profesionales para mejorar la gestión de los temas psicológicos y la salud emocional, o de ofrecer ayudas económicas a las familias para garantizar la equidad.

MENOS FRACASO ESCOLAR Y MÁS EMPLEABILIDAD

Sobre las aportaciones del ocio educativo, la investigadora Eva Palasí ha destacado la «calidad de las relaciones que se generan en este tipo de programas»: el grupo comparte experiencias y retos que generan lazos y vínculos estrechos que estimulan, entre otros, la autoestima, los hábitos saludables, la capacidad crítica y la tolerancia de los participantes.

También ha explicado que, según el estudio, el ocio educativo fomenta la reducción del fracaso escolar y también mejora la empleabilidad de los participantes porque adquieren competencias como el trabajo en equipo; además, compensan el posibles déficit en un ámbito familiar o escolar.

En cuanto a los beneficios sociales, Palasí ha destacado que el ocio educativo plantea la diversidad como «fuente de creatividad y no de conflicto», a la vez que fomenta dinámicas de intercambio y cooperación en ambientes de diversidad comunitaria.

El equipo de investigadores ha planteado 12 retos de cara al futuro del sector, entre ellos garantizar la equidad en el acceso al ocio educativo e implicar a las entidades del sector público y privado para mejorar las condiciones laborales de los profesionales.

ALCANCE MUNICIPAL Y VOLUNTARIADO

Sobre la actividad del ocio educativo en España, «una amplia mayoría» –superior al 88% de las entidades encuestadas– tiene un alcance municipal, el 40% de ellas cuenta con más de 150 participantes, un 74,2% no dispone de personas asalariadas y, además, más del 39% cuenta con al menos entre 11 y 25 voluntarios.

Estas conclusiones se han extraído de una encuesta realizada a 271 entidades sin ánimo de lucro, de las 1.259 identificadas, además de cuatro grupos focales de estudio.

El líder del PSC en Badalona (Barcelona), Rubén Guijarro, ha asegurado que quiere abrir un período de «dignidad» en la ciudad tras la moción de censura que ha presentado junto al resto de partidos de la oposición al actual alcalde, Xavier García Albiol (PP), por su aparición en los ‘Pandora Papers’.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa después de que los grupos municipales de PSC, Guanyem Badalona, ERC, Badalona En Comú Podem y Junts hayan registrado formalmente la moción de censura en las oficinas municipales de El Viver y que, con toda probabilidad, le convertirá en nuevo alcalde en el pleno previsto para el 8 de noviembre

Guijarro ha reprochado a Albiol su «atrincheramiento constante en la mentira y en la no dimisión», y ha asegurado que el alcalde debería haber dejado la alcaldía.

«Badalona no merece estar en el foco mediático de esta forma. Queremos acabar con estas praxis, esta imagen y la sombra de la corrupción del PP que ha quedado en las instituciones» de la ciudad, ha añadido.

El concejal socialista ha afirmado que las conversaciones para formar el nuevo gobierno «están abiertas para todos aquellos que quieran participar de un proyecto que deje atrás la oscuridad y la corrupción».

RESTO DE LA OPOSICIÓN

La concejal de Guanyem Badalona –grupo que se presentó a las municipales con la cabeza de lista de la CUP a las catalanas, Dolors Sabater–, Carmen Martínez, ha instado encontrar la «mejor fórmula» para tejer un gobierno estable y fuerte para la ciudad.

El presidente del grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Badalona (Barcelona), Alex Montornès, ha celebrado que se haya registrado la moción de censura para «echar a un alcalde corrupto», y ha añadido que se abre una etapa de ilusión.

La presidenta del grupo municipal de Badalona En Comú Podem en el Ayuntamiento de Badalona (Barcelona), Aïda Llauradó, ha dicho que gracias a la moción de censura se podrá «dejar atrás la corrupción, el racismo y el populismo».

Por su parte, el concejal de Junts en Badalona, David Torrents, ha pedido trabajar para que el nuevo gobierno rescate la ilusión de los vecinos: «Me enorgullece echar a Albiol de la alcaldía de Badalona. Fue la bestia negra del independentismo siendo diputado en el Parlament», ha añadido.

El major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha instado a revisar el trato a los detenidos y aspectos del procedimiento de los arrestos: «‘Siempre lo hemos hecho así’ no es un argumento», ha zanjado.

«Tenemos que pensar por qué un detenido no puede leer o un libro o tiene que estar en la planta -3», ha dicho durante su intervención este viernes en la celebración del Dia de les Esquadres de los Mossos.

También ha planteado revisar por qué las medidas tienen que ser las mismas para todos los arrestados, sin tener en cuenta la gravedad del delito que hayan cometido o su peligrosidad, y ha deseado «un acuerdo policial que asuma que una detención no es un trámite, es poner a una persona en una situación donde sus derechos están especialmente limitados».

Ha continuado afirmando que la misión principal de un cuerpo policial defender derechos y libertades, y cree que en este punto suele hacerse «una lectura que va poco más allá del ejercicio de la protesta», aunque según él hay otros ámbitos a los que afecta, y ha mencionado la prevención y la investigación criminal.

«SUMAR CON EL RESTO DE INSTITUCIONES»

Trapero ha mantenido que «la policía debe sumar con el resto de instituciones para ser un norte en la brújula, especialmente en momentos de miedos»

Respecto a cómo le gustaría que avance el cuerpo, también ha deseado que los Mossos «se relacionen con el resto de cuerpos sin competir, colaborando».

Al empezar su discurso, Trapero ha saludado a las autoridades que han asistido al acto, y entre ellas se ha detenido en el hasta jefe superior de Policía en Cataluña, José Antonio Togores, que ya ha sido destinado a Melilla y al que el major ha saludado «en su último acto en Cataluña» antes del cambio de destino.

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (TS) ha aprobado el informe del Gabinete Técnico en el que se avisa de que el hecho de no cubrir las vacantes actuales implicará que al año se realicen 1.000 sentencias menos. Además, apuntan que se incrementarán los retrasos en los tiempos de respuesta.

El Supremo advierte así de la situación a la que tendrán que enfrentarse las diferentes salas en el caso de que se prolongue la imposibilidad legal de cubrir las vacantes de magistrados asociada a la interinidad del Consejo General del Poder Judicial. Se da la circunstancia de que PP y PSOE ha desatascado la negociación para renovar órganos constitucionales con un acuerdo que cristalizó este jueves, pero de momento han dejado fuera al CGPJ.

El informe aprobado recalca que de prolongarse en el tiempo esta situación, se convertirá en «insostenible» e implicará que se dicten «aproximadamente 1.000 sentencias menos al año entre todas las salas, con alargamiento de los tiempos de respuesta en las cuestiones de fondo y se retrasarán enormemente las decisiones de inadmisión que son numerosísimas y se cuentan por varias decenas de miles al año».

El informe del Gabinete Técnico analiza la compleja situación que afronta el tribunal con 11 plazas sin cubrir (un 14 por ciento de su plantilla de 79 magistrados), que se ampliarán a 16 el próximo año, con la jubilación de otros cinco magistrados, lo que supondrá el 20’25 por ciento de su plantilla vacante.

«Una situación –según señala el informe del Gabinete Técnico– que no hay organización que pueda resistir, máxime cuando tales vacantes se producen en puestos que, evidentemente, no tienen articulado un sistema legal de sustitución como en el resto de puestos de la carrera judicial», apuntan.

BLOQUEO A PESAR DEL SOBREESFUERZO

El Supremo indica que las consecuencias desfavorables repercutirán tanto en la fase de admisión de los recursos de casación como en la de enjuiciamiento y decisión y que no se remedia «por más que se quiera hacer el sobreesfuerzo» de asignar más ponencias a los magistrados porque la formación de la doctrina jurisprudencial que ha de orientar la actividad de todos los órganos judiciales de la distintas Jurisdicciones requiere un estudio y deliberación «muy reflexivo y cuidado de los recursos».

REPERCUSIÓN EN TODOS LOS ESCALONES

El Supremo añade que la dilación en el tiempo de la admisión de las casaciones repercutirá también, según el informe, sobre el conjunto de todos los escalones jurisdiccionales, al retrasarse en igual medida la solución jurisprudencial para las cuestiones problemáticas que se suscitan ante los tribunales de instancia, «y que podrían solventarse con rapidez y seguridad jurídica si el Tribunal Supremo estuviera en condiciones de resolver con agilidad y detenimiento la correcta interpretación y aplicación de las normas en juego».

El informe aprobado destaca que «la imposibilidad legal del CGPJ en prórroga de su mandato de efectuar nombramientos para cubrir las vacantes unida a la incertidumbre sobre cuando se constituirá el nuevo Consejo, hace que el funcionamiento del tribunal se vea gravemente mermado».

«En la actualidad con una plantilla un 14 por ciento inferior a la legalmente prevista, y en pocos meses (a finales de octubre de 2022), de perdurar esta situación, con una disminución del 20 por ciento de las plazas. Y todo ello en un contexto de crisis económica, social y sanitaria que es notorio está incrementando la litigiosidad», inciden.

Por otro lado, recuedan que el Tribunal Constitucional ha reiterado en multitud de ocasiones en su doctrina que la justicia tardía no es verdadera justicia pues puede suponer un menoscabo de la tutela judicial efectiva.

«Pues, bien, esta situación no va hacer otra cosa que demorar la resolución de multitud de recursos en las correspondientes salas, con el grave perjuicio que ello supone tanto para el justiciable como para la imagen de la justicia en la conciencia ciudadana, cuyo fortalecimiento es clave para el mantenimiento de la paz social», dice el informe.

Por todo ello, concluye el informe que es «imprescindible la pronta cobertura de las vacantes existentes en el Tribunal Supremo así como las que de forma inminente van a producirse, si no se quiere acabar en el colapso del más alto órgano jurisdiccional de nuestro país».

El documento hace un repaso a la repercusión que tiene la imposibilidad de cubrir vacantes en cada de una de las cinco salas del tribunal. Salvo en la Sala Segunda, la de lo Penal, a la que la falta de cobertura de vacantes no le afecta en el futuro inmediato, en el resto de salas la situación se define como muy preocupante de no cubrirse con urgencia las plazas vacantes.

Se subraya que en la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) hay actualmente seis vacantes sin cubrir (casi un 20 por ciento de la plantilla), a las que sumarán dos más en marzo y abril de 2022, «con grave perjuicio en la pendencia y tasa de resolución, siendo muy probable que se alcancen las 450 sentencias menos en cómputo anual».

Por su parte, en la Sala Primera (de lo Civil), se destaca que la vacante que está actualmente sin cubrir representa un 10 por ciento de la planta, además de que la anterior vacante tardó seis meses en cubrirse. Todo ello se considera «un evidente perjuicio» en una sala ya sobrecargada de trabajo, y que, de persistir la situación, se calcula que dictará 100 sentencias anuales menos.

Respecto a la Sala Cuarta (de lo Social), con tres vacantes actualmente y otras dos previstas (incluida su presidenta) para antes de octubre de 2022, se resalta que es prácticamente un 40% menos de su planta de 13 magistrados, lo que sería absolutamente insostenible y podría llevar al colapso total, con 400 sentencias menos al año y una alta demora en la resolución de los asuntos.

Y en la Sala Quinta (de lo Militar) con una plaza vacante y otra más prevista en 2022, se indica que ello tendrá un inevitable impacto.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha exigido este viernes una «adecuada protección» del catalán en el anteproyecto de ley general sobre el audiovisual que prepara el Gobierno antes de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

«La cuestión de la ley del audiovisual, aunque no esté vinculado directamente con los PGE, es importante que esta cuestión se pueda resolver antes de la tramitación de los PGE, porque es muy relevante para Cataluña y para el futuro de nuestra lengua», ha sostenido en rueda de prensa conjunta con la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, con quien se ha reunido en el Palau de la Generalitat.

El presidente catalán no ha querido vincular la posible presentación de una enmienda a la totalidad por parte de ERC si no se cierra un acuerdo que les satisfaga en el ámbito del audiovisual, pero ha insistido en que el borrador actual no les convence y que debe haber cambios por la protección del catalán.

Pese al trabajo conjunto que hay en esta cuestión entre partidos catalanes, de Baleares y de la Comunidad Valenciana, Aragonès ha señalado que desde la parte catalana se ha decidido presentar enmiendas para reclamar la protección del catalán a través de porcentajes de doblaje y de producción.

«OPORTUNIDAD»

Para el presidente de la Generalitat, la ley del audiovisual es una «oportunidad para fortalecer la industria audiovisual» en catalán y la financiación de las respectivas radios y televisiones públicas, teniendo en cuenta que ambos territorios comparten lengua y un marco audiovisual.

«La reciprocidad entre TV3 e IB3 hace años que está en marcha», ha resaltado Aragonès, que ha defendido que los medios audiovisuales públicos son también una herramientas de presentación y fomento de la lengua propia de cada territorio.

Por ello, considera «evidente» que si el borrador actual del Gobierno contempla un determinado nivel de producción en lengua castellana, también lo haga con el catalán.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha opinado que el nuevo escrito del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, «deja claro» que el diputado de su formación Alberto Rodríguez «no debe perder el escaño» al no aludir a la pérdida del acta, pues hacerlo sería «prevaricar».

«Dos veces habla de inhabilitación para sufragio pasivo (no poder presentarse a las elecciones) y ninguna de la pérdida del acta. No puede escribir lo segundo porque eso sería prevaricar y lo sabe», ha lanzado en Twitter.

Todo ello tras conocer que Marchena ha respondido a la presidenta del Congreso de los Diputados Meritxell Batet que descarta cualquier error en la sentencia condenatoria del diputado Alberto Rodríguez y que la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo es una pena accesoria «obligada».

CRONOLOGÍA DE LA POLÉMICA

El nuevo oficio se produce después de que Batet solicitara al Alto Tribunal que aclarara el alcance de la pena al diputado por delito de atentado a la autoridad en lo concerniente a si la inhabilitación supone retirarle el acta, dado que el parlamentario ya ha abonado la multa sustitutiva por los 45 días de prisión decretados en la resolución.

Todo ello tras el escrito del miércoles del Supremo en reacción al acuerdo de la Mesa del Congreso, donde PSOE y Unidas Podemos suman mayoría, concluyera el martes que esa condena no implicaba tener que dejar sin escaño al parlamentario canario.

El grupo confederal respaldó esta nueva petición de aclaración al TS dado que en el fallo condenatorio no existe «nada» en el que se infiera que debe perder el escaño. Y en este sentido, advirtió al alto tribunal que esclarecer no puede comportar «inventar algo que no está en la sentencia».

De esta forma, Unidas Podemos subrayó que privarle de su condición de parlamentario hubiera implicado tener que ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), dado que se habría incurrido en una clara «prevaricación», una «barbaridad» y una «vergüenza» para España.

Hoy mismo Echenique subrayó que la posibilidad de quitarle el escaño al diputado Alberto Rodríguez sería «aberrante», un «escándalo internacional» y un «atentado al poder legislativo», además de comportar una «barbaridad jurídica».

El presidente del PP, Pablo Casado, ha exigido este viernes a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, «inhabilitar de inmediato» al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez tras su condena por el Tribunal Supremo. Según ha recalcado, «todos los españoles» están «obligados a cumplir la ley» y «la izquierda debe respetar» la separación de poderes.

Casado se ha pronunciado así poco después de que el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, haya respondido a la presidenta del Congreso que descarta cualquier error en la sentencia condenatoria del diputado Alberto Rodríguez y que la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo es una pena accesoria «obligada».

Este jueves, Batet decidió solicitar al Supremo que aclarara el alcance de la pena que impuso a dos días después de que el PSOE y Unidas Podemos, que suman mayoría en la Mesa del Congreso, concluyeran que esa condena no implicaba tener que dejar sin escaño al parlamentario canario, apoyándose en un informe redactado por los letrados de la Cámara sobre este caso.

CASADO: «TODOS ESTAMOS OBLIGADOS A CUMPLIR LA LEY»

El líder del Partido Popular ha pedido celeridad a la presidenta del Congreso, ya que, según ha dicho, «tiene que inhabilitar de inmediato al diputado condenado por agredir a un policía».

«Todos los españoles estamos obligados a cumplir la ley, también los socios del Gobierno. La izquierda debe respetar la independencia judicial y la separación de poderes», ha asegurado Casado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Esta mañana, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ya había asegurado que la presidenta del Congreso no necesitaba «una aclaración» del Tribunal Supremo porque la sentencia estaba «clarísima» y debía «quitar hoy mismo» su escaño a Rodríguez.

GAMARRA TAMBIÉN PIDE A BATET EJECUTAR LA SENTENCIA «SIN DILACIONES»

Nada más conocer el escrito de Marchena, la portavoz de los ‘populares’ en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, ha insistido a Batet en que ejecute «sin dilaciones» la sentencia del Supremo contra el diputado Rodríguez.

Gamarra sostiene que «hoy mismo» tiene que terminar el intento PSOE y Podemos de incumplir la ejecución de la sentencia desde el Congreso para que el diputado condenado por «patear» a un policía. «Batet debe cumplir, es su responsabilidad, y dejarse de dilaciones y subterfugios», ha escrito en su cuenta personal de Twitter.

El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha remitido este viernes una carta a la presidenta del Congreso de los Diputados Meritxell Batet en la que le responde que descarta cualquier error en la sentencia condenatoria del diputado Alberto Rodríguez, y en la que le señala que la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo es una pena accesoria «obligada».

En la misiva, enviada al Congreso a través del presidente del Supremo, Carlos Lesmes, Marchena apunta que esa obligatoriedad deriva del artículo 56.1.2 del Código Penal, y que se debe imponer cuando hay una pena privativa de libertad, «como ha sucedido en el presente caso».

Batet decidió este jueves solicitar al Tribunal Supremo que aclarara el alcance de la pena que impuso al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez. Lo hizo dos días después de que el PSOE y el grupo confederal, que suman mayoría en este órgano, concluyeran el martes que esa condena no implicaba tener que dejar sin escaño al parlamentario canario.

Ahora, desde el Supremo contestan a Batet que entre sus funciones no se incluye «la de asesorar a otros órganos constitucionales acerca de los términos de ejecución de una sentencia firme». Pero le recuerdan que sí que contestaron por auto a una solicitud de la defensa de Rodríguez que pedía que se aclarara la sentencia que le condenó como autor de un delito de atentado a un agente de la autoridad.

LA ACLARACIÓN PREVIA

Marchena explica que en esa petición de aclaración, la letrada del condenado entendía que se apreciaban errores materiales manifiestos por lo que exigía una rectificación. Y explica que ya respondieron que rechazaban esa petición porque la resolución expone la pena «con suficiente claridad» y que la accesoria de inhabilitación para sufragio pasivo se mantiene tal cual aparece en la misma.

«En la sentencia se explica con suficiente claridad todo lo relativo a la imposición de la pena de prisión y su accesoria –inhabilitación–, a la necesidad de su sustitución de conformidad con el artículo 71.2 del Código Penal y a las consecuencias de la misma», explicaban ya el 14 de octubre, para acto seguido incidir en que «no se aprecia el error material que se alega» por parte de Rodríguez.

Cabe recordar que Rodríguez fue condenado a la pena de un mes y quince días de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, aunque en la misma sentencia se sustituía la prisión por la multa, sanción que abonó a los pocos días el penado.

En la contestación a la petición de aclaración de Rodríguez, el tribunal ya se remitía al fundamento jurídico octavo de la sentencia, que dice que la sustitución de la pena de cárcel por una multa «no afecta a la pena accesoria» de inhabilitación para el sufragio pasivo, es decir para ser elegido para cargo público.

El artículo 71.1 del Código Penal prevé la reducción de todas las penas, sin excluir las accesorias, de manera que los jueces o tribunales, en la determinación de la pena inferior en grado, no quedan limitados por las cuantías mínimas establecidas en la ley a cada clase de pena», indicaban.

Además, incidían en que el artículo 71.2 del CP solo ordena la sustitución de la pena de prisión. «Y las penas accesorias son una consecuencia de la imposición de la privativa de libertad, y no de su ejecución».

«PERFECTAMENTE INTELIGIBLE»

Marchena indica a Batet que ya en la respuesta a esa solicitud de aclaración de Rodríguez dijeron que la sentencia es «perfectamente inteligible» y que no hay «error alguno que deba ser rectificado».

«Descartábamos, por tanto, cualquier error por el hecho de mantener la vigencia de la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo pues esta pena accesoria es obligada a la vista de los dispuesto en el artículo 56.1 del Código Penal», zanja.

Y termina apuntando que la pena de prisión es el desenlace punitivo asociado a la conducta que se declara probada, la patada a un policía en una manifestación contra la Ley Wert en 2014, «sin perjuicio de que a efectos de su ejecución –y sólo a estos exclusivos efectos– se haya acordado su sustitución por una pena de multa», concluye.

La directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Begoña Gómez, ha afirmado que «ahora mismo, casi de una manera planetaria, se demanda otro modelo de empresa, otro modelo de negocio» y ha añadido que «si bien es legítimo obtener beneficios y que económicamente sea sostenible la compañía, hoy no se entiende si no se incluyen vectores que tienen que ver con el ecologismo, que tiene que ver con lo social».

Así lo ha manifestado Begoña Gómez durante su participación este viernes en la mesa redonda ‘Contribución de las empresas al futuro sostenible’, celebrada en el marco de las Jornadas de Sostenibiliad 2021, organizadas por Red Eléctrica de España.

En su intervención, ha asegurado que es «importante» impulsar la transformación social en las empresas y ha destacado la «capacidad tractora» que tienen para llegar a toda la sociedad. Así, ha puesto de relieve que esa transformación social «es una oportunidad económica porque es la manera que tienen las empresas de diferenciarse y de obtener esa ventaja competitiva».

Además, la directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva ha indicado que en el sector privado existen empresas sociales que «mayoritariamente» son compañías tradicionales. «Yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que ayudar, tenemos que complementar, de alguna manera mentorizar para que las empresas puedan aterrizar esa transformación social y esa transformación ecológica», ha subrayado.

En este punto, Gómez ha puesto de manifiesto que la UCM que en los últimos años se aboga por que las empresas aterricen los Objetivos de Desarrollo Sostenible o por que sean «suficientemente atractivas para que la inversión de impacto» se fije en ellas, y ha matizado que hay muchas compañías que desconocen cómo llevarlo a cabo.

Es ahí, según ha especificado, donde la Cátedra de Transformación Social Competitiva diseña «todo un proceso en el que las empresas se pueden fijar, tanto grandes como pequeñas, para poder integrar todo lo que son las variables de impacto social y ecológico».

PROFESIONALIZACIÓN Y MÉTRICAS

Respecto a los puntos más importantes para acelerar esta transformación, Begoña Gómez ha destacado la profesionalización; las métricas para lo cual es necesario «una plataforma de medición recurrente» y que «se adapte a los modelos económicos que hay en España» a la que grandes y pequeñas empresas se puedan adherir. «Si no podemos medir el impacto, realmente no tendremos una proyección a largo plazo de sostenibilidad con impacto social y ecológico», ha avisado.

Asimismo y en tercer lugar, Begoña Gómez ha dicho que «es muy importante que las grandes empresas estén acelerando también estos procesos», así como «promover una financiación en alianzas público-privadas». «Necesitamos también bonos sociales», ha declarado, al tiempo que ha abogado por las alianzas con el Tercer Sector.

Preguntada por las claves para aprovechar con eficiencia los Fondo de Recuperación Next Generation de la Unión Europea, Begoña Gómez ha declarado que «vienen a premiar, en el fondo, ese esfuerzo que tienen que hacer las compañías para generar ese impacto social».

«Los fondos Next son un acelerador, donde la transición ecológica y la transición digital son un medio para cuidar la casa en la que todos vivimos que no deja de ser el planeta. Al final, es un medio para un fin que son las personas y el planeta», ha recalcado Begoña Gómez.

En este contexto, la directora ejecutiva del Pacto Mundial de Naciones Unidas España, Cristina Sánchez, ha defendido también que «los fondos de Recuperación Next Generation de la Unión Europea son la gran oportunidad de la década para impulsar un modelo económico más sostenible y resiliente».

Por su parte, la directora de Sostenibilidad de IKEA y presidenta de WAS, Mónica Chao, ha explicado que «la sostenibilidad está estrechamente vinculada con la accesibilidad de las personas» y que, por tanto, en la compañía defienden que «para que realmente se produzca una transformación sostenible tiene que llegar a la mayoría de las personas».

Por último, respecto a cuáles deberían ser las claves para el compromiso empresarial de neutralidad climática para 2050, el director general de Forética, Germán Granda, ha destacado que las empresas, a la hora de fijar sus compromisos globales, deben tener claro «a quién» y «cómo» se orientan, teniendo presente que debe realizarse «a todos los niveles», y con «coherencia».

El coordinador general de EH Bildu asegura, en una entrevista realizada con Pablo Iglesias para CTXT, que quiere una «Confederación Vasco Navarra confederada con el Estado español». Además, y aunque cree que ahora no se dan aún las condiciones para que se produzcan gobiernos de coalición entre el PSE, Podemos y EH Bildu, asegura que están allanando el camino para que esto se produzca.

Otegi recuerda que su formación es «independentista» y que siempre ha considerado que el proceso independentista «no sería de tracto único», sino que «deben de existir estaciones intermedias o marcos de carácter táctico que pueden convertirse en definitivos o no» en función de lo que decida el pueblo «libre y democráticamente».

En este sentido, el líder abertzale precisa que su apuesta es la de una «Confederación Vasco Navarra conferederada con el Estado Español». Según Arnaldo Otegi, ese escenario es de «suficiencia política» y la Confederación tendría que delimitar «amplias soberanías propias, las soberanías compartidas, los mecanismos para el ejercicio del derecho a decidir, un marco competencial amplio y la aceptación del carácter nacional del pueblo vasco, amén de una regulación extensiva de todos los derechos sociales y económicos de nuestro pueblo».

QUIERE UNA ESTRUCTURA CONFEDERAL Y REPUBLICANA DEL ESTADO

Recuerda además, que esta alternativa es la que EH Bildu ha depositado en el seno de la ponencia de autogobierno en el Parlamento vasco. A su entender, la izquierda independentista y la «izquierda del Estado» tienen que abordar la crisis del modelo de Estado, del régimen del 78, con un «horizonte de plurinacionalidad, de estructura confederal y republicana».

En este sentido, rechaza que solo haya «cambios estéticos» en lo que denomina «régimen del 78» con «conceptos vagos como ese llamado Estado multinivel». Por el contrario, cree que tanto la izquierda independentista y la «del Estado» debe influir «de manera conjunta» y con «unidad de acción» con un programa de mínimos que recoja «este espíritu de carácter confederal y nítidamente de izquierdas».

En la entrevista, Otegi carga también contra la derecha asegurando que mientras la izquierda independentista está construyendo puentes la derecha «con malas artes» cava nuevas trincheras. En este sentido, y tras recordar que ellos han hecho la declaración del 18 de octubre, se pregunta si alguien se ha planteado que «otros» deberían asumir sus responsabilidades por los sufrimientos que causaron. Esta es la respuesta que da la pregunta de si se debería pedir perdón por los crímenes de los GAL, aunque señala que su reflexión es «en positivo» y «no para el reproche». Pero insiste: «algunos siguen instalados en sus trincheras, y deberían de ser lo suficientemente responsables y valientes para salir de ellas».

También se ha referido a la polémica por su afirmación de que está dispuesto a apoyar los presupuestos si con ello contribuye a sacar a 200 presos de la cárcel. En este sentido, afirma que no es un descubrimiento muy meritorio que EH Bildu es «favorable a que no haya presos políticos en nuestro país».

Se pregunta «¿Dónde está la novedad?» y añade que lo que pide al Estado es que aplique a los presos de ETA –que él llama presos vascos– «la legislación penitenciaria ordinaria y que no se aplique una arquitectura jurídica y penitenciaria de absoluta excepción».

Al ser preguntado si cree que la «normalización polítia» en Euskadi y Navarra podría llevar a gobiernos de coalición locales y autonómicos donde estén Unidas Podemos, el PSOE y EH Bildu, Arnaldo Otegi responde que «serían posibles» aunque de momento no cree que se den las condiciones para que los socialistas den el paso.

«EXTRAÑA PARADOJA» DE GOBIERNOS DE PROGRESO CON LOS INDEPENDENTISTAS

Sin embargo, señala que el «camino está abierto» en acuerdos puntuales con el PSE y PSN o con Podemos en el ámbito municial. «Sin duda estamos allanando el camino para hacer normal lo que en la vida política y social ya es normal», ha apostillado al tiempo que se muestra abierto a «todas las geometrías».

De hecho, apunta la «extraña paradoja» de que «no hay posibilidades de gobiernos de ‘progreso’ en el Estado sin el concurso de los independentistas vascos, catalanes o gallegos». Es decir, afirma que los independentistas de izquierda están haciendo posible gobiernos de «progreso» en el Estado del que se quieren independizar y se muestra como la «garantía» para evitar la «desdemocratización» a manos de Vox y el PP.

En este sentido, afirma que sacar el cadáver de Franco del Valle de los Caídos era una tarea «realivamente sencilla» porque cree que «lo difícil» es sacar a los franquistas de los aparatos del Estado y reprocha a la derecha que, 10 años después de que ETA anunciara que cesaba su actividad criminal, la banda «sigue siendo un comodín para desgastar las posiciones del adversario político o derribar gobiernos». «Todavía piensan que recordar permanentemente a ETA y situarla en el centro del tablero da réditos electorales como en el pasado», reprocha Otegi.

AVISA AL PNV DE QUE NO ES EL MOMENTO DEL REPROCHE

En la entrevista con Pablo Iglesias también se ha referido al «malestar y enfado evidente» que ha causado en el PNV la declaración del 18 de octubre. En su opinión, no es momento para el reproche pero sí para un «recordatorio». Por ello ha dicho estar «realmente decepcionado» con la actitud «irresponsable y enfadada del lehendakari y del partido».

Además, dice sentirse ofendido por la «falta de respeto» que supone «poner en duda» su sinceridad y cree que se sitúan en las «mismas trincheras que la ultraderecha española. «Una actuación irresponsable, incomprensible y, además, muy peligrosa en el actual contexto político», ha dicho.

El exjefe de Inteligencia de Venezuela Hugo ‘El Pollo’ Carvajal será entregado mañana sábado a las autoridades de Estados Unidos después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazara suspender su extradición y dictaminara que puede declarar como testigo desde el país norteamericano en la causa sobre la presunta financiación irregular de Podemos.

Fuentes jurídicas han informado de que ya está todo listo para que mañana sábado el exmando venezolano sea enviado a Estados Unidos, donde se le reclama por presuntos delitos de tráfico de drogas y armas.

Esta extradición ya fue acordada en 2020, pero no se ejecutó en su momento porque Carvajal se fugó. Tras ser detenido el pasado 9 de septiembre en Madrid, el exjefe del Gobierno de Hugo Chávez presentó un recurso que permitió suspender su entrega a Washington hasta que se resolviera la petición de asilo que formuló en 2019 y que finalmente el Ministerio de Interior le ha denegado esta semana.

Ahora, la extradición se ejecuta a través de Interpol, previo traslado bajo custodia policial desde la prisión de Estremera en Madrid hasta el avión en el que el exjefe de Inteligencia venezolano volará hasta Estados Unidos.

En la providencia de la Audiencia Nacional los magistrados acordaron que el reclamado quedara a disposición de la Unidad de Cooperación Policial Internacional, que es la que debe materializar la entrega, y libraron oficio a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional, así como al director del centro penitenciario.

Son las autoridades estadounidenses, por tanto, las que realizan la extradición desde Madrid previa comunicación remitida tanto a la Embajada de Estados Unidos como a la oficina central de Interpol en Washington.

CITAS PENDIENTES CON LA JUSTICIA ESPAÑOLA

El ex jefe de la Inteligencia venezolana tenía previstas dos citas con la Justicia española la próxima semana. La primera de ellas, la del martes, se mantiene. El Tribunal Supremo tiene en agenda estudiar el recurso que presentó en 2020 contra la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de extraditarle a Estados Unidos.

Fuentes jurídicas han asegurado que la segunda cita, que estaba apuntada para el miércoles, se suspende. Se trata del interrogatorio previsto por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional para preguntar a Carvajal –en calidad de testigo– en una causa sobre la presunta financiación ilegal de Podemos reabierta recientemente.

Justo esta semana, el juez envió un escrito a la Sala de lo Penal del órgano judicial avisando de dicha testifical. Finalmente, se ha ordenado hacer efectiva la extradición. Los magistrados de la Sala han argumentado que si Carvajal desea colaborar con los tribunales españoles, puede seguir haciéndolo desde Estados Unidos. Creen, sin embargo, que esta aparente voluntad de cooperar es en realidad una «maniobra dilatoria». Fuentes jurídicas temen que ‘El Pollo’ deje de colaborar con la Justicia española una vez que llegue a territorio estadounidense.

La citación de ‘El Pollo’ ante el magistrado Manuel García-Castellón tuvo lugar después de que el exmando venezolano entregara documentos relativos a supuestos contratos del despacho del ex juez Baltasar Garzón, Ilocad, con la petrolera venezolana PDVSA; otros archivos que reflejarían pagos de los gobiernos de Chávez y Maduro a miembros del equipo fundacional de Podemos; así como un escrito donde apunta a envíos de dinero a la formación ‘morada’ a través de Cuba y Venezuela.

El Tribunal Supremo ha avalado el Procedimiento de Actuación contra la Desinformación aprobado por el Gobierno para luchar contra las ‘fake news’ recordando que el Ejecutivo cumplía con directrices de la Unión Europea y señalando que no se excedió en sus funciones.

El Alto Tribunal ha desestimado un recurso que fue presentado por la editorial Confilegal. En la sentencia, con fecha 18 de octubre, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo señala que con el procedimiento, como con el anterior de 15 de marzo de 2019, España actúa en el sentido iniciado por la Unión Europea a partir del Plan de Acción contra la desinformación.

Precisamente esa fue una de las razones aludidas por el Ejecutivo antes las críticas de la oposición. Entonces, el Gobierno explicó que se trataba de una respuesta directa a la petición de la UE de desarrollar planes nacionales coordinados contra la desinformación, con el objetivo de una actuación más coordinada a nivel comunitario y acorde a los valores democráticos de nuestras sociedades.

El Procedimiento de Actuación contra la Desinformación fue aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional en su reunión del 6 de octubre de 2020 y se publicó posteriormente, el 5 de noviembre, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como anexo a la Orden PCM/1030/2020 del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

LA «DESINFORMACIÓN AFECTA A LA SEGURIDAD NACIONAL»

El Gobierno aclaró en ese momento que el procedimiento de actuación buscaba luchar contra injerencias extranjeras y que no pretendía vigilar, censurar o limitar el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones.

Este procedimiento, que el Supremo rebaja a protocolo o incluso instrucción interna, tiene como objetivo «evitar que se difunda una información inveraz con un fin intencionadamente torcido.» Una desinformación, apunta la sentencia, «que afecta a la seguridad nacional».

La sentencia hace precisamente referencia al hecho de que Confilegal considere «ilegal» que el procedimiento arrebate la seguridad nacional al Centro Nacional de Inteligencia para pasar a depender «de lo que denomina como ‘Moncloa'».

«Si por ‘Moncloa’ entiende la demandante el Gobierno, algo deberá suponer, por lo pronto, que el Sistema Nacional de Seguridad (…) lo dirija el presidente del Gobierno», recuerda el Supremo, que insiste en que «normativamente es obvia la identificación con ‘Moncloa’. A su juicio, en «nada innova» ahí el procedimiento.

REPROCHES POR SOSTENER «UNA OBVIEDAD»

Es más, recuerda que el CNI, «como todo organismo público», depende de un Ministerio, en este caso del de Defensa, luego informa del ejercicio de sus funciones, como el resto, al jefe del Ejecutivo y queda sujeto a las instrucciones del mismo.

Asimismo, señalan que Confilegal, «en términos ciertamente equívocos, sostiene algo que es una obviedad: que en el procedimiento impugnado la desinformación pasa a ser cuestión de Seguridad Nacional».

«Lo que quiere decir es que mientras que en el (procedimiento) de2019 la actuación frente a la desinformación se basaba en la ComisiónPermanente presidida y dirigida desde la Secretaría de Estado deComunicación, en el impugnado la preside el Departamento de Seguridad», recuerdan los magistrados.

En su recurso, Confilegal consideraba que la actividad de monitorización, vigilancia e investigación del origen y propósito de la desinformación y su seguimiento implicaba una injerencia no prevista en la ley.

FALTA DEL «DEBIDO RIGOR JURÍDICO» Y «CONFUSIÓN»

El Tribunal Supremo, sin embargo, rechaza los argumentos aportados asegurando que los mismos apelan «a expresiones ciertamente contundentes, y lo hace sin contenido jurídico». «Se limita a decir que el procedimiento es una ‘injerencia’, una ‘censura previa encubierta'», apunta, recordando que esas las actuaciones contenidas en el mismo ya estaban presentes en el procedimiento de 2019.

En la sentencia, los magistrados critican la falta del «debido rigor jurídico», la «confusión» y que Confilegal de «por hecho», por ejemplo, que se infringe el artículo 20 de la Constitución, concluyendo «que el contenido del procedimiento impugnado es propio de una ley orgánica de desarrollo».

«Basta indicar que este motivo de nulidad rige en las relaciones competenciales entre órganos administrativos, luego es ajeno a la pretendida infracción del principio, así hay que deducirlo, de reserva de ley orgánica», recuerdan.

Pero es que, además, la sentencia explica que el Consejo de Seguridad Nacional «está normativamente apoderado para elaborar y aprobar un instrumento de actuación» como es el caso del procedimiento impugnado.

«Así se hizo con los anteriores sin que la actora dudase de su legalidad y frente a esa evidencia normativa ningún esfuerzo hace la demanda para razonar y demostrar que no hay norma que apodere al Consejo de Seguridad Nacional para elaborar y aprobar el procedimiento impugnado», espeta el escrito.

EL RECURSO DE CONFILEGAL

Confilegal recurrió el procedimiento al interpretar que impone la «censura previa» que proscribe el artículo 20 de la Constitución, alegando además que es «nulo de pleno derecho» porque no se habría respetado la reserva de ley orgánica que establece la Carta Magna para el desarrollo de los derechos fundamentales. Con todo ello, denunció, se vulnera «frontalmente» tanto la Constitución como el «orden jurídico-político».

Según el medio digital, el procedimiento constituía «una lesión de la dimensión objetiva del derecho fundamental a la expresión e información, pues no puede olvidarse que la dimensión objetiva de los derechos fundamentales precisamente comprende las garantías que la Constitución establece a favor de la norma que los reconoce, especialmente frente a la acción del legislador».

EL RECURSO DEL CLUB LIBERAL ESPAÑOL

Por otro lado, el Tribunal Supremo también ha rechazado, en este caso por falta de legitimación, un segundo recurso presentado por el Club Liberal Español.

En lo referido al mismo, el Supremo señala que aunque los «fines que persigue» son «loables y meritorios, revisten un carácter genérico e indeterminado que se trasmuta en vago e indefinido, evidenciando su incompatibilidad con la especificidad que se precisa para apreciar la concurrencia del interés legítimo exigido para interponer el presente recurso».

«Dicho de otro modo, ha de descenderse de esa dimensión general y abstracta para identificar el interés legítimo que evidencia la relación entre el sujeto y el objeto de la pretensión», apuntan los magistrados.

El Alto Tribunal recuerda así que «el interés en la defensa de la Constitución y del Estado de Derecho, en la medida que reconoce y garantiza el derecho a la información y a la libertad de expresión, no puede ser título legitimador para interponer el recurso».

El Instituto de la Juventud (Injuve) ha agradecido el compromiso social de los jóvenes y ha rechazado su criminalización, este viernes durante la entrega de los Premios Nacionales de Juventud 2021 con los que el Injuve premia la trayectoria, el esfuerzo y el compromiso de aquellos jóvenes que han desarrollado una labor relevante en distintos ámbitos de la sociedad.

El secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, junto a la directora general del Instituto de la Juventud (Injuve), María Teresa Pérez, han sido los encargados de entregar los galardones en un acto que también se ha podido seguir por streaming, y que ha sido dirigido por el director del Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ), José Ismael Criado.

En su intervención, Enrique Santiago se ha referido a los premiados como «los líderes del futuro que heredarán y dirigirán este país, sus desigualdades y sus problemas climáticos». Además, ha expresado a los jóvenes su agradecimiento «por el compromiso social demostrado» y por su «profunda generosidad y solidaridad» con la sociedad en la que viven.

De la misma forma, Santiago les ha trasladado el empeño del Ejecutivo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), «la hoja de ruta para permitir que mañana exista un planeta digno en el que vivir» y del que los jóvenes, según ha dicho, serán «los protagonistas».

Por su parte, la directora general del Injuve, María Teresa Pérez, ha mantenido un coloquio con los ganadores en el que han compartido sus respectivas experiencias. «Sois un auténtico ejemplo de compromiso y arrojo. Vuestra experiencia desmonta la criminalización que sufre la juventud y es una fuente de inspiración para otros jóvenes que quieren aportar a la sociedad», ha subrayado.

Además, Pérez ha señalado que el Gobierno de coalición apuesta por la juventud como motor de la reconstrucción de España y ha destacado que, por ello, ha incorporado en los Presupuestos Generales de 2022 un aumento del 85% respecto al año anterior en las políticas públicas dirigidas a mejorar la vida de los jóvenes, con más de 12.500 millones de euros.

Asimismo, ha valorado que la nueva Ley de Vivienda que regula los precios del alquiler, las mejoras del Ingreso Mínimo Vital o la subida del Salario Mínimo «son pasos imprescindibles para garantizar un presente digno», aunque ha precisado que «todavía queda derogar la reforma laboral y transitar una profunda transformación ecologista y feminista».

PRÓTESIS 3D PARA PERSONAS VULNERABLES

Los Premios Nacionales de Juventud 2021, dotados con 5.000 euros, han recaído en seis jóvenes menores de 30 años. En la categoría de Compromiso Social, ha resultado premiado Guillermo Martínez Martínez, cuya candidatura fue presentada por la Asociación Ayúdame 3D. Tiene 27 años y ha desarrollado su actividad acercando la tecnología 3D de prótesis, de forma gratuita, a personas en situación de vulnerabilidad.

En Cultura, ha resultado ganadora Izhan María Alcántara Pozo, de 21 años, cuya candidatura fue presentada por la Federación Plataforma por los Derechos Trans. Bajo la denominación artística ‘Er Reverte’, ha realizado su trabajo en el campo de la ilustración, del diseño gráfico y la animación contribuyendo a deconstruir tópicos y borrar los prejuicios que se asocian a la vida de las personas trans.

En la categoría de Medio Ambiente, el premio ha recaído en Sandra Fernández Fernández, cuya candidatura fue presentada por el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. Tiene 27 años y lucha por la protección, puesta en valor y difusión del Mar Menor (Murcia), y trabaja en la búsqueda de una solución al problema de contaminación de los residuos plásticos.

En la categoría de Deporte, se ha reconocido a Javier González Arroyo, alias ‘Javito’, de 19 años, que fue presentado como candidato por el Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra (Madrid). A pesar de sufrir un accidente de motocross con graves consecuencias en su movilidad, ha seguido practicando y destacando en distintos deportes, como el ski y el ciclismo adaptado.

En Ciencia y Tecnología, el jurado ha reconocido la labor de María García Fernández, cuya candidatura fue presentada por la Universidad de Oviedo. Tiene 29 años y ha desarrollado y patentado un sistema radar embarcado en un dron para detectar minas antipersonas y otro tipo de artefactos explosivos enterrados.

En la categoría de Derechos Humanos ha sido premiada Cristina Paredero Morato, presentada por la Fundación Cermi Mujeres. Tiene 28 años y es una joven diagnosticada de Asperger que, a raíz de ser esterilizada sin su permiso, ha desarrollado diversas actuaciones en la Asociación Asperger Madrid y ha creado el programa ‘TEA-puntos’, un espacio autogestionado de personas autistas donde no hay intervención alguna de familiares ni personal técnico.

El jurado también ha concedido una mención honorífica, sin dotación económica, a estos cinco jóvenes: Manuel Docavo Barrenechea Moxó, propuesto por Asociación TFCOOP, en la categoría de Compromiso Social; Jaime Andrés Mariño, propuesto por la Federación Madrileña de Ciclismo, en la categoría de Deporte; Emiliano Arencibia González, propuesto por el Ayuntamiento de Villa de Teror y Claudia Marín Pérez, candidata propuesta por el Instituto de Ciencia e Investigación Juvenil de Aragón (ICIJA), ambos en la categoría de Ciencia y Tecnología; y Hind El Fadli Rzigui, candidata de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, en la categoría de Derechos Humanos.