Más de 60 entidades feministas han firmado un manifiesto en el que proponen al Congreso una veintena de cambios que, a su juicio, mejorarían el impacto de género del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), para que se tengan en cuenta en la futura tramitación de este texto en el Parlamento.
El texto realizado por estas organizaciones, bajo el nombre de ‘Impacto de Género Ya’, recuerda que, según el informe de impacto de género que acompaña a los PGE, estas cuentas tienen un impacto alto en un 22% de los programas y el 11% de los presupuestos; un impacto medio en el 33% de los programas y el 61% de los presuestos; bajo en el 45% de los programas y 25% de los presupuestos; y ninguno en el 8% de los programas y 3% del gasto.
Además, si se analiza solo el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) –que distribuye en 4 ejes: digital, verde, social y feminista– la plataforma señala que son más de dos tercios de la inversión los que se dedican a la transformación verde (39%) y digital (29%), en detrimento de las políticas sociales y de igualdad de género, como Salud (1,5%), Educación (2,4%) y Nueva economía de los cuidados (3,6%)
«En el PGE 2022 los fondos transversalizan la igualdad de género en los procedimientos, la contratación y subvenciones públicas para ejecutarlos», apunta el escrito, antes de señalar que, sin embargo, «son minoritarios los programas que la especifican».
RATIFICAR EL CONVENIO 189 DE LA OIT
Por eso, estas entidades llaman a Hacienda a desglosar por sexo el Sistema Integrado de Información del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de forma que haya esta información sobre las personas beneficiarias, tanto en la fase de selección como en la de ejecución de proyectos.
También quieren que se cree una estadística pública anual delRegistro retributivo de empresas, que se incluye en el decreto de igualdad retributiva entre mujeres y hombres; así como que se «equipare a las empleadas hogar en la protección por desempleo y seratifique el Convenio 189 de la OIT; o que se amplíen a 20.000 los contratos laborales subvencionados de víctimas violencia de género, como medidas de protección a las mujeres ante la crisis de empleo generada por la pandemia.
En este sentido, también piden la Gobierno «prudencia» a la hora de eliminar prestaciones como la Renta Activa de Inserción (RAI), «ahora que la estaban conociendo los servicios sociales», apunta.
Como medidas frente a la brecha de género en pensiones, el manifiesto llama a que la reforma de las pensiones en trámite tenga en cuenta las medidas presentadas por las feministas en marzo de 2020 en Congreso y Senado y que tenían como objetivo «no seguir alimentando la desigualdad en los salarios y tiempos cotizados con tiempo parcial», poner solución a las «lagunas de cotización» y que «más mujeres tengan pensión propia suficiente y dependan menos de la de viudedad.
MEJORAS EN EL IMV
Las entidades también creen que la creación, en 2022, de 200.000 empleos públicos en sanidad, educación de 0 a 3 años y atención a la dependencia, para sustituir trabajo no pagado de cuidados, es otra solución a este problema.
Pero además, proponen reducir la jornada laboral general a 35 horas semanales; contrarrestar la doble discriminación en la Seguridad Social de las empleadas de hogar y trabajadoras agrarias; o que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) sea un derecho individual, no de la «unidad de convivencia». A su juicio, este concepto «enmascara el rol patriarcal de ‘cabeza de familia’.
Estas entidades también quieren que el IMV asegure la compatibilidad de procedimientos y prestaciones con los subsidios de las CCAA, que esta prestación incluya a las personas solicitantes de asilo o protección internacional y que sea «realmente accesible» a las víctimas de trata y las mujeres extranjeras víctimas de violencia machista.
«Que en vez de seguir reduciendo la cobertura de la Protección a la familia, se establezca una prestación universal de 100 euros al mes por hijo a cargo, como en casi todos los estados de la UE», apunta también el texto.
DUPLICAR LA PLANTILLA DE IGUALDAD
Por otra parte, las entidades reclamar personal público estable para las políticas de Igualdad y contra la Violencia de Género, para ello, quieren que «se duplique, en dotación y oferta de empleo público ágil», la plantilla del Ministerio de Igualdad que, según explican, actualmente cuenta con 71 funcionarios y 17 laborales.
En relación a la labor del departamento que ahora dirige Irene Montero, quieren que las transferencias que se realizan a las CCAA y ayuntamientos, en particular las del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y las del Plan Corresponsables, sean programas plurianuales «con objetivos e indicadores de ejecución claros» para una mejor medición, seguimiento y evaluación de las mismas.
Además, no quieren que se hable de «desinstitucionalizar a las personas en situación de dependencia» estigmatizando a las residencias, de forma que «en vez de mejorar su calidad y su gestión pública» se dé a entender que «todas las personas pueden ser cuidadas en casa».
Para las entidades esto «supone un retroceso en el reparto de su cuidado entre el Estado y las familias, volviendo a cargarlo sobre las hijas, esposas y mujeres de la familia».
MEJORAS EN RESIDENCIAS
En este sentido, ponen una ley marco con ratios mínimos de cobertura e intensidad de los servicios y de personalen las residencias y servicios sociales de un trabajador social por cada 1.700 habitantes, en base a la profesionalización de las personas cuidadoras y condiciones laborales decentes, no al 30% de prestación para cuidadores familiares o para personas en situación de precariedad laboral, inmigrantes en su mayoría.
Mantener los contratos realizados para la Covid-19 como inicio delreforzamiento de los servicios de sanidad, educación y servicios sociales con 1 millón de empleos adicionales de aquí a 2030, como propone la OIT, es otra de las peticiones que se incluyen en este manifiesto.
En materia educativa, estas entidades piden al menos 400 millones de euros para sumar a las 65.000 nuevas plazas de educación infantil otras 78.000 en el resto del territorio del Estado.
Además, se han mostrado «preocupadas» por la inversión «en sectores altamente masculinizados como el de la energía. A su juicio, esto se hace «sin prever suficientemente planes de igualdad, medidas de fomento del empleo verde en mujeres o una apuesta decidida por las Comunidades energéticas».
POCA PRESENCIA EN SANIDAD
Por otra parte, denuncian que los PGE para Sanidad solo contemplan el enfoque de género de manera específica en 2 epígrafes, una partida presupuestaria de 100.000 euros para incluir el enfoque de género en la política de reducción de desigualdades y el Observatorio,del que se menciona su composición desde 2019.
A su juicio, son aspectos «testimoniales» en un Ministerio que, apuntan, tiene «tanto impacto sobre la salud de las mujeres y en un sector en que la presencia de mujeres es mayoritaria». «No aparece mención a la Salud Sexual y Reproductiva (SSR)», apunta también el texto en el apartado sobre Salud.
Finalmente, las organizaciones feministas llaman a incrementar los recursos destinados a ayuda humanitaria hasta que alcancen, al menos, los 120 millones de euros, incluyendo partidas destinadas a salud sexual y reproductiva, violencia de género y protección y seguridad para las mujeres, adolescentes y niñas; y piden la creación de una Oficina de Cooperación Feminista en coherencia con la Política Exterior Feminista a la que se refiere el Gobierno en estos PGE.
