La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha condenado a tres años y un día de cárcel y seis años y un día de inhabilitación absoluta al expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, –ya condenado a tres años y medio de cárcel por el préstamo de Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis y a dos años y tres meses de prisión por los gastos de personal de la citada entidad–; por un delito de prevaricación administrativa en concurso medial con un delito de malversación de causales públicos, por el préstamo participativo de 300.000 euros concedido por Invercaria a la empresa jiennense Fumapa, declarada finalmente en concurso de acreedores, una operación que habría derivado en un perjuicio de 359.581,6 euros para las arcas autonómicas.

Así figura en una sentencia emitida este mismo martes, difundida por la Oficina de Comunicación del TSJA, fruto del juicio celebrado por la Sección Primera de la Audiencia contra Pérez-Sauquillo, la exconsejera de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y vocal del consejo de administración de Invercaria Isabel de Haro Aramberri; el exdirector general de IDEA Jacinto Cañete, –condenado a inhabilitación especial por prevaricación en la sentencia sobre el «procedimiento específico» mediante el cual eran canalizadas las subvenciones autonómicas para expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos y ayudas directas y supuestamente arbitrarias–; el vocal del consejo de administración de Invercaria y del consejo rector de IDEA Ramón Martín; y los directivos de Fumapa y su sociedad derivada Fumapra Fulgencio Canales y Francisco Gutiérrez Cañizares.

En dicha sentencia, la Sección Primera condena además a Fulgencio Canales, administrador de Fumapa, entidad cuyo principal cliente era la extinta empresa automovilística Santana Motor, radicada en Linares (Jaén), a un año y medio de cárcel y tres años de in habilitación absoluta, «como responsable penal en concepto de inductor de un delito de malversación de causales públicos», toda vez que le absuelve del delito de prevaricación administrativa que se le achacaba.

El resto de los acusados, según la sentencia, son absueltos del delito de prevaricación administrativa en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos que se les achacaba.

Además, la sentencia condena a Pérez-Sauquillo y Fulgencio Canales a indemnizar conjuntamente con 300.000 euros a la agencia IDEA, a la que pertenecía Invercaria.

Tras el juicio celebrado en octubre y noviembre, el tribunal ve probado que en 2008, el administrador de Fumapa y el administrador de su sociedad derivada Fumapra asistieron a una reunión en La Carolina (Jaén) donde el ex presidente de Invercaria Pérez-Sauquillo les informó tanto a ellos como a otros empresarios de la actividad de fomento empresarial de Invercaria.

El 8 de abril de 2008, según la sentencia, ambos se reunieron en la sede de Invercaria con Pérez Sauquillo para obtener financiación que les permitiera afrontar la «grave» situación económica de Fumapa y Fumapra, para lo que Fulgencio Canales preparó documentación con información financiera de ambas empresas, como copia de las cuentas presentadas en el Registro Mercantil de Fumapa correspondientes a 2006 y un balance de situación de 2007 con proyección para 2008.

La Audiencia considera probado que dicha documentación fue remitida al departamento de Promoción de Invercaria, dirigido por Cristóbal Cantos, mientras Pérez-Sauquillo «atribuyó al proyecto de inversión desde el inicio un carácter de alta prioridad».

Con esta documentación, una empleada del departamento de Promoción elaboró un informe previo de las empresas en el que «destacaba sus problemas de liquidez a corto plazo, la carencia de datos de la operación, la inversión a realizar y la financiación necesaria y requerida a Invercaria», un informe que fue enviado por Cantos el 8 de mayo de 2008 «haciendo constar en el mismo la inexistencia de plan de negocio».

El tribunal señala que Cantos, acusado en otras piezas sobre la gestión de Invercaria; revisó este primer informe y la documentación aportada suscribiendo su contenido y reenvió dicho informe al ex presidente de Invercaria, quien, «conociendo el contenido del mismo, hizo saber» al primero «la alta prioridad que le concedía a este proyecto», tras lo que el técnico referido, «tras diversas gestiones, emitió un dictamen favorable del proyecto condicionado al cumplimiento de los presupuestos establecidos en el mismo, de los que informó» al ex presidente de Invercaria verbalmente y a través de un correo.

Así, y como condiciones previas para evaluar positivamente este proyecto, Cantos resaltó la necesaria realización de una auditoría de cuentas de Fumapa del ejercicio 2007, la diversificación de la cartera de clientes y la modificación de la política de cobros y pagos.

El tribunal asevera que, «sabiendo que al cierre de 2006 los fondos de Fumapa eran negativos, desoyendo las recomendaciones» de Cantos y en uso de sus atribuciones estatutarias, Pérez-Sauquillo decidió convocar el 16 de junio de 2008 el Consejo de Administración de Invercaria, «proponiendo la aprobación de este proyecto sin plan de negocio alguno, a pesar de ostentar la competencia para comprometer el gasto de la inversión por importe de 300.000 euros», conforme a los estatutos de IDEA y la comunicación recibida de su director general.

Todo ello, añade la Audiencia, «sin que conste que los miembros del Consejo de Administración de Invercaria conocieran las recomendaciones» de Cantos ni la documentación aportada por el administrador de Fumapa sobre la situación económica de la entidad». «No consta que los acusados, en su condición de miembros del Consejo de Administración, conocieran las condiciones económicas de la empresa, o del interés del presidente de Invercaria, o cualquier otro, en favorecer a esta entidad en particular», puntualiza.

Así, el 1 de julio de 2008, el Consejo de Administración de Invercaria aprobó por unanimidad la operación propuesta por Tomás Pérez-Sauquillo, consistente en un préstamo participativo por un importe máximo de 300.000 euros a favor de Fumapa, «exclusivamente» para la financiación de las operaciones propias del negocio de la sociedad.

El tribunal ve probado que, tras recibir el préstamo, el administrador de Fumapa traspasó 150.000 euros a Fumapra para el pago de deudas de la entidad, «dando instrucciones para que la cuantía del préstamo fuese anotada en concepto de subvención», lo que «supuso un beneficio para él y un detrimento para los fondos públicos».

Tras aseverar que la empresa «incumplió la obligación de pago del capital e intereses ficticiamente asumida», la Sección Primera añade que, una vez instado el procedimiento concursal de Fumapa, el empresario condenado «no incluyó el préstamo en la documentación presentada al Juzgado Mercantil por el administrador concursal», lo que «imposibilitó que éste conociera el préstamo de Invercaria, y ello, unido al deficiente seguimiento que hizo la empresa pública, dio lugar a que se comunicara el crédito al Juzgado de lo Mercantil de manera tardía, perdiéndose el capital».

El 1 de octubre de 2009, tres meses después del vencimiento de la primera cuota de amortización del préstamo, los empresarios acusados acudieron a Invercaria y «comunicaron sus problemas con Hacienda y Seguridad Social», tras lo que el 5 de octubre de 2010, Invercaria notificó a Fumapa la intención de resolver el préstamo, pero «no se entregó la liquidación hasta el 14 de febrero de 2011».

Fumapa y Fumapra fueron finalmente declaradas en concurso de acreedores, concluyendo la Sección Primera que el ex presidente de Invercaria «dio un destino irregular a los fondos públicos de los que disponía, causando un perjuicio total a la agencia IDEA que asciende a 359.581,6 euros».

La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero, ha manifestado este martes que respetan la decisión del Govern de presentar una querella ante el Tribunal Supremo (TS) contra el líder del PP, Pablo Casado, por sus declaraciones sobre el catalán en la escuela, en las que dijo que en Cataluña los profesores tienen instrucciones de no dejar ir al baño a los niños que hablan en castellano.

«Algunas declaraciones que el Govern lleva a los tribunales no tendrían que realizarse en un país como el nuestro, y menos el jefe de la oposición, del PP, que siempre ha sido un partido de Estado. Pero parece que últimamente se está olvidando de esta posición para intentar arañar algunas votos», ha sostenido en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Para Romero, últimamente se están escuchado «palabras demasiado gruesas y poco reflexionadas, que no ayudan a hacer de la política un espacio de diálogo, consenso y acuerdo», y consiguen generar la sensación de que la política no sirve de nada, ha dicho en sus palabras.

Sobre las nuevas restricciones aprobadas por el Govern ante el aumento de contagios de Covid-19, la portavoz del PSC-Units ha asegurado que respetan la decisiones tomadas, pero han pedido a la Generalitat que consulte, comunique, mantenga informados y tenga «sensibilidad» con los sectores afectados por dichas medidas.

«Nos gustaría que el Govern tuviera informados y consultara a los sectores económicos, que son los que sufren estas restricciones. En una época buena para ellos, se encontrarán que por segundo año consecutivo no podrán desarrollar el 100% de su trabajo», ha destacado.

A su juicio, ahora se necesita lanzar un mensaje de precaución y de moderación en favor de la salud de los ciudadanos así como «no politizar» con la pandemia.

La Generalitat de Cataluña ha anunciado esta semana que volverá a implantar el toque de queda en la región debido a la intensa propagación de Ómicron, la nueva variante del coronavirus. Ahora deben recabar el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que puede comparar la situación actual con otras parecidas y que cuentan con resoluciones tanto del Tribunal Constitucional –que validó esas restricciones a la movilidad en el segundo estado de alarma– como del Tribunal Supremo.

Fue el lunes cuando la portavoz del Govern, Patricia Plaja, anunció que volverían a limitar reuniones sociales a un máximo de 10 personas tanto al interior como al exterior, que cerrarían el ocio nocturno a partir del viernes y que se implantará de nuevo el toque de queda de 1 a 6 de la madrugada. Dado que afecta a derechos y libertades, necesita el aval del TSJC.

Pero la medida cuenta con resoluciones de calado, la más importante es la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) relativa al segundo estado de alarma. En ella los magistrados consideraban ajustado a Derecho la limitación de la circulación de personas en horario nocturno; la restricción de entrada y salida de personas en comunidades y ciudades autónomas o en ámbitos territoriales inferiores; así como la limitación de la permanencia de grupos de personas tanto en espacios públicos/privados como en lugares de culto.

En el caso de la limitación de la libertad de circulación de personas en horario nocturno, el tribunal concluía que «debe reputarse como una medida adecuada para combatir aquella evolución negativa de la pandemia, pues se hizo frente a una situación de riesgo que había sido detectada como favorecedora de los contagios, la de los encuentros sociales producidos en aquellas horas de la noche del tiempo anterior al estado de alarma».

A su juicio, fue una medida «proporcionada a la consecución de un fin constitucionalmente legítimo y de interés general para la comunidad social como era el de la preservación de la vida».

EL CASO ARAGONÉS

Esa resolución del TC analizaba la medida dentro del marco del estado de alarma, por lo que la situación es comparable sólo en parte con la actual en la que el Gobierno ha dejado la capacidad de aplicar restricciones sanitarias a las Comunidades Autónomas, que en todo caso deben contar con el refrendo de los Tribunales Superiores autonómicos o en última instancia de la Sala Tercera del Supremo.

Y ahí es donde el Govern catalán puede mirar para buscar referencias más actuales, ya que en agosto de este año esa Sala Tercera ratificó la Orden de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón por la que –por un periodo de 15 días– se adoptaban medidas de limitación de la movilidad en horario nocturno entre la 1 y las 6 de la mañana en los municipios de Huesca, Jaca, Monzón y Barbastro, por razones de salud pública para la contención del rebrote de coronavirus.

En una sentencia de 19 folios, los magistrados estimaron el recurso presentado por el Gobierno de Aragón contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad del pasado 26 de julio por el que se denegaban las medidas solicitadas. El Supremo consideró que las medidas «se hallan justificadas por razones de salud pública y ante la necesidad de evitar la propagación de la pandemia existente».

Los magistrados, además, añadieron que la Ley de Salud Pública de Aragón «permite la aplicación de medidas restrictivas de derechos fundamentales» con el objetivo de «contener el riesgo y proteger la salud pública».

LA NEGATIVA DE TENERIFE

Si embargo, en el mes de julio, esa misma Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo desestimaba el recurso de casación interpuesto por el Gobierno de Canarias contra el auto por el que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) canario vetó que se pudiera imponer el toque de queda entre las 0.30 y las 6 horas en la isla de Tenerife, o subsidiriamente, en los municipios de dicha isla con una tasa superior de incidencia COVID superior a 100 casos por 100.000 habitantes.

Consideró el Supremo que el TSJ canario adoptó su decisión de forma razonada, y coincidía con éste en que carecía de justificación la limitación de la libertad de circulación propuesta a la vista de las circunstancias concurrentes en la isla de Tenerife. Por ello concluía que dicha medida restrictiva no era proporcional.

EL RAZONAMIENTO POR BALEARES

Un mes antes, en junio, el Supremo avisaba en una sentencia por la que levantaba el toque de queda en Baleares, que este tipo de medidas restrictivas de derechos adoptadas por las comunidades autónomas una vez levantado el estado de alarma, por ser tan severas y extensivas, requerirían de una ley específica que les dé cobertura y les preste la suficiente seguridad jurídica.

Esta sugerencia aparecía en dos de las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo en relación con las restricciones por covid 19 una vez se ha levantado el estado de alarma, pese a que ambas coinciden en validar, en términos generales, que la Ley de 1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública puede servir para limitar algunos derechos fundamentales en relación con la situación sanitaria.

No obstante, los magistrados exigían una justificación por parte de los gobiernos autonómicos que «esté a la altura de la intensidad y la extensión» de las restricciones que se acuerden. Estas premisas ya se incluían en la resolución del pasado 11 de mayo que rechazó el recurso del Gobierno Canarias contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de no validar el cierre perimetral de las islas, y se incidía en ellas en la sentencia que levantaba el toque de queda en Canarias. En ambas se aludía además a la conveniencia de contar con una ley específica para afrontar la pandemia que logre «la máxima seguridad jurídica».

Una gestora, conformada por una nueva ejecutiva, regirá la Unión General de Trabajadores (UGT) de la Comunidad de Madrid hasta la celebración del próximo congreso autonómico, y colaborando con la Policía y la Justicia para investigar hasta el final la supuesta trata de corrupción denunciada, han indicado fuentes sindicales.

Liderará esa gestora Rafael Espartero, vicesecretario general de UGT estatal y policía municipal de Madrid, al que acompañarían otros miembros de la Comisión Ejecutiva Confederal y de las ejecutivas de las tres federaciones regionales de Madrid.

Hace unos días el secretario general de la Unión de Madrid, Luis Miguel López Reillo, presentó una denuncia en comisaría y, hoy mismo, ampliando los hechos la Comisión Gestora de UGT Madrid ha presentado un escrito ante la Fiscalía de Madrid por Delitos Económicos, por una presunta estafa ejercida contra el sindicato.

«Aunque la cuantía está aún por determinar, en esta trama, presuntamente pueden estar implicados trabajadores y trabajadoras de UGT y personas ajenas al mismo», tal y como ha explicado el sindicato en una nota interna. El secretario general de UGT Madrid en su escrito de renuncia expone que dimite para facilitar las investigaciones existentes.

Esta situación se detecta tras una investigación propia y una auditoría interna iniciada por la Comisión Ejecutiva Confederal y la Unión de Madrid de la UGT, han indicado las mismas fuentes.

De momento, según la información conocida por ellos, «no existe ningún trabajador externo afectado por esta trama al que no se le haya pagado lo que legalmente le corresponde por resolución judicial». «En consecuencia, no existen demandas de trabajadores contra UGT. La afectada por la estafa sería la propia organización», recalcan.

«La CEC de UGT, las federaciones y la Comisión gestora están actuando internamente para esclarecer los hechos, pondrá en manos del juzgado todas las pruebas de que dispone contra esta trama y trabaja para continuar dando la respuesta sindical debida en la Comunidad de Madrid», aseguran.

LA PRESUNTA TRAMA

Fue el ya exsecretario regional, Luis Miguel López Reillo, el que primero denunció en comisaría el presunto caso de corrupción descubierto en el interior de UGT Madrid. Luego dimitió por «responsabilidad política y dignidad personal», explicando en redes sociales que proseguirán «las investigaciones policiales para esclarecer los hechos» y, según el sindicato, para «facilitar las investigaciones existentes».

Luis Miguel López Reillo, de 66 años, fue elegido secretario general de UGT Madrid el 6 de mayo de 2016 en su XIV congreso. Revalidó su cargo en marco por un período de cuatro años con el 96,16% de los votos emitidos por los delegados de la región, ya que no tuvo contrincante.

Lideraba una candidatura única y 176 delegados votaron a favor de la comisión ejecutiva encabezada por él hasta este lunes secretario general, de 183 votos totales, con seis votos en blanco y uno nulo. Afirmó que iba a ser su último mandato.

Reillo presentó hace diez días una denuncia a la Policía Judicial con indicios, aunque sin documentación relevante, de un presunto desvío irregular de dinero público que recibe UGT, como otros sindicatos del Ministerio de Trabajo, para gestionar pagar a los trabajadores acogidos al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), han confirmado fuentes policiales.

Según ha detallado el diario ‘El Mundo’, el desvío de dinero público se habría situado entre el millón y los dos millones de euros. Y apuntan que en el entramado ‘mafioso’ se habrían creado trabajadores falsos y empresas ficticias para poder desviar los fondos. Además del personal de la propia UGT, se sospecha que también forman parte de la trama pequeñas entidades bancarias. Los datos aportados centran estas actuaciones en la zona de Getafe.

El hasta ahora dirigente de UGT Madrid recibió hace unas semanas importantes avisos de los analistas económicos cercanos al propio sindicato que habían detectado «descuadres y descontrol absoluto» en las cuestas de gestión de esos fondos, y le recomendaron poner el caso en manos de la autoridades policiales.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha cuestionado este martes la propuesta lanzada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de no confinar a aquellas personas que tenga la pauta de vacunación completa y le ha pedido «mesura» y poner fin a las «ocurrencias».

De esta forma ha reaccionado Gómez, en rueda de prensa desde la Cámara Baja, a esta iniciativa de Ayuso, que ha admitido no haberle sorprendido. «Nada nos sorprende de las ocurrencias en la Comunidad de Madrid», ha comentado.

En todo caso, el dirigente socialista sostiene que las restricciones para atajar la propagación del coronavirus deben adoptarse atendiendo a criterios sanitarias y «dejar de lado» las «ocurrencias». Y es que, ha subrayado, ha quedado demostrado que personas con la pauta de vacunación completa también se han contagiado.

Por ello, además de «mesura», Gómez ha reclamando a la presidenta madrileña «responsabilidad, seriedad y compromiso con la ciudadanía» y evitar la «confrontación» con el Gobierno en la que basa, según ha comentado, su gestión en la Comunidad de Madrid.

LA CONFERENCIA LLEGA «EN TIEMPO Y FORMA»

Gómez también ha querido responder a las críticas vertidas contra la decisión del presidente, Pedro Sánchez, de convocar la Conferencia de Presidentes a dos días de la Navidad para dejar claro que ese cónclave «necesario» llega «en tiempo y forma» y para mostrar su deseo de que de la misma salgan acuerdos para todas las comunidades.

«Vamos a seguir con la hoja de ruta clara: velar por la seguridad de los españoles, ofrecer garantías sanitarias en diálogo con todos los presidentes autonómicos y alcanzar acuerdos por el interés común», ha resumido.

El Consell ha anunciado este martes la presentación de una batería de alegaciones a los planes de cuenca del Tajo, el Xúquer y el Segura para el periodo 2022-2027 para defender los intereses de la Comunitat Valenciana.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, se han reunido en el Palau para explicar el contenido de las alegaciones a la Acequia del Xúquer, la Comunidad de Regantes de Sueca, el Juzgado de Aguas de Orihuela, la Comunidad de Usuarios del canal Xúquer-Túria, el Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y Riegos de Levante.

Tras la reunión, el ‘president’ ha indicado que «los cálculos empleados para determinar el caudal ecológico del Tajo no responden a criterios lo suficientemente rigurosos, razón por la cual en las alegaciones se reclama que se realicen los estudios actualizados necesarios».

En cualquier caso, y mientras se elaboran nuevos cálculos, el Gobierno valenciano propone que el caudal ecológico no supere los 6,2 metros cúbicos por segundo durante los meses de estío, ha informado la Generalitat en un comunicado.

Por su parte, la consellera de Agricultura y Transición Ecológica ha recalcado que, en los cálculos del caudal del Tajo, no se han utilizado los criterios de la directiva marco del Agua de la Unión Europea, ni otros indicadores de los que dispone la propia Administración, lo que, a su juicio, evidencia las «flaquezas científico-técnicas» de las propuestas. «Nosotros no proponemos fijar el caudal de forma caprichosa, sino en base a estudios actualizados», ha remarcado Mollà.

ASIGNACIÓN AMBIENTAL PARA LA ALBUFERA EN EL PLAN DEL XÚQUER

Respecto al Xúquer, el Gobierno valenciano presenta alegaciones para que se dote al parque natural de la Albufera de una asignación ambiental de 74 hectómetros cúbicos al año que «no dependa de proyectos de modernización, sobrantes o aportaciones ya concedidas a comunidades de regantes», ha señalado Mollà.

El ‘president’ y la consellera han insistido en que la Albufera no es solo un lago de agua dulce, sino que es un parque natural que incluye una de las zonas húmedas más importantes de Europa y que las necesidades ambientales de este territorio de gran valor ecológico no pueden depender de otros condicionantes.

Por ello, en las alegaciones se reclama que el plan del Xúquer incluya como principio general que los sistemas de riego tradicionales, así como las modernizaciones se condicionen a las necesidades ecosistémicas de la Albufera. Igualmente, la Generalitat pide que se mantengan todas las inversiones previstas.

INVERSIONES CONTRA LAS AVENIDAS EN LA CUENCA DEL SEGURA

Las alegaciones de la Generalitat al plan de cuenca del Segura alertan sobre las «incertidumbres» generadas por el establecimiento del caudal ecológico en el Tajo y la falta de estudios socioeconómicos del impacto que podría causar en el un territorio dependiente del trasvase.

Así, se reclama una evaluación completa y medidas que aporten seguridad a los usuarios de la demarcación, como las fechas de disponibilidad de agua desalada o la valoración del precio del agua que resulte de la mezcla de agua del trasvase y desalinizada.

En el documento, según ha explicado el president, se reclaman inversiones para que la red de drenaje de riego se amplíe y se acondicione, a la vez que se rechaza la implantación de nuevos corredores hidráulicos que cambien la red de riego actual.

Según la consellera, la Generalitat ha propuesto toda una serie de actuaciones que deberían formar parte del plan de gestión de riesgo por inundación elaborado por la propia Confederación Hidrográfica del Segura.

La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua, vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara, ha presentado este martes en Madrid su propuesta para un Estatuto de Ciudadanía de la UE, que reúna en un solo texto los derechos y libertades de los que gozan los ciudadanos conforme a los tratados y la jurisprudencia de la UE.

Según ha defendido, ahora es el momento oportuno de acometer la creación de este Estatuto, una idea que ella ya planteó en 2019, puesto que está en marcha la Conferencia sobre el Futuro de Europa, en la que ella misma participa en representación de la Eurocámara.

«La confianza en las instituciones europeas, en la política y la democracia se ha debilitado por causas endógenas y hexógenas», ha subrayado la eurodiputada, incidiendo en que algunos europeos han visto «muy tocados» sus sueños de prosperidad, crecimiento y seguridad dentro de la UE.

Los debates en el seno de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, en los que también participan ciudadanos, están poniendo de manifiesto que «ven muy lejanas las instituciones, tienen menos confianza en la democracia representativa» y al mismo tiempo desconocen algunos de los derechos de los que gozan.

En este sentido, Pagazaurtundua ha recogido en un documento con forma de pasaporte todos esos derechos y libertades, a los que además ha añadido algunas propuestas, con vistas a «dar a conocer y aplicar de manera más rápida, más clara y más simple todos esos derechos que nos otorga el hecho de ser ciudadanos europeos».

En la propuesta de texto elaborada por Pagazaurtundua se agrupan los derechos y libertades de que gozan los ciudadanos europeos en cinco bloques: derechos de participación ciudadana; libertades ciudadanas; derechos de la ciudadanía a la buena administración; derechos digitales de ciudadanía; y garantías de derechos de ciudadanía.

A estos se suman dos disposiciones adicionales propuestas por la eurodiputada y de nueva creación, la inclusión de un distintivo europeo en pasaportes emitidos por los Estados miembros y la institucionalización como día festivo en los Veintisiete del Día de Europa el 9 de mayo.

La eurodiputada ha reconocido que sacar adelante su propuesta es complicado, pero ha defendido que es necesario porque la UE se enfrenta a problemas nuevos a los que no se puede responder ya con una mirada del siglo XIX y «el nacionalismo romántico».

«Frente al virus de identitarismo dogmático y antiguo» y al «proteccionismo del siglo XIX» lo que necesita la UE es «pensar las cosas con los ojos abiertos y sin dogmatismos, con sentido práctico», ha defendido la integrante de Cs.

En la misma línea se ha pronunciado el filósofo Fernando Savater, que ha agradecido a Pagazaurtundua que haya «tomado la bandera de nuestra ciudadanía» y ha considerado que la propuesta del Estatuto puede ser «una dosis de refuerzo que puede salvarnos de virus populistas que nos amenazan con mucha intensidad».

El Parlament catalán ha acordado este martes nuevas restricciones para prevenir los contagios de Covid-19, con la reducción de 135 a 72 diputados presenciales en el pleno, hacer las comisiones de forma telemática e incentivar el teletrabajo entre el personal de la Cámara.

La Mesa del Parlament ha acordado estas nuevas restricciones –que cuentan con el aval de los servicios jurídicos de la Cámara– en su reunión este martes por la mañana, de manera que se volverán a «aplicar los mismos criterios de restricción que antes del verano».

Estas nuevas medidas afectarán tanto al pleno previsto para este jueves, con el debate y votación finales del proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para 2022 y su ley de acompañamiento, como a las comisiones convocadas para esta semana, que se harán de forma telemática.

Los diputados que no asistan podrán seguir la sesión de forma telemática y delegar su voto en alguno de los diputados de su grupo que estén presencialmente.

Estas medidas responden al «aumento de contagios de Covid-19 y al empeoramiento de los indicadores de la pandemia», han explicado fuentes parlamentarias, y pretenden disminuir la actividad presencial en la Cámara para reducir la posibilidad de contagios.

REDUCCIÓN AL 50%

Las restricciones también afectarán a los periodistas que sigan el pleno, con una reducción al 50%, lo que implica un máximo de 1 o 2 por medio de comunicación, aunque las mismas fuentes han apuntado a que «se puede ser flexibles.

Esta reducción al 50% presencial también afectará al servicio de restauración y cafetería del Parlament.

La Mesa también ha aprobado este martes dos protocolos, uno sobre abuso psicológico en el ámbito laboral del Parlament, y otro sobre abuso sexual para su prevención, detección y abordaje.

PLENO DE PRESUPUESTOS

El pleno de este jueves comenzará a las 9 horas y hasta las 10.30 se hará el debate y votación para la ratificación del decreto 26/2021 sobre violencia vicaria, así como una interpelación de la CUP sobre salud que quedó pendiente del anterior pleno.

La interpelación de los comuns sobre cultura pendiente del pasado pleno volverá a posponerse en este pleno y se pasará a enero, debido a que la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha sido positivo en Covid.

A partir de las 10.30 horas comenzará el debate final del proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para 2022, con una pausa a las 14 horas, y previsiblemente la votación se llevará a cabo a principios de la tarde, explican las mismas fuentes.

El pleno se retomará a las 15.30 horas hasta las 19 o 19.30 con el debate de la ley de medidas fiscales y financieras, administrativas y del sector público para 2022, también denominada ley de acompañamiento de los Presupuestos, y cuya votación se hará al finalizar la sesión.

La Mesa del Congreso ha acordado que todas las votaciones del Pleno del Congreso de esta semana, el último previsto antes del paréntesis navideño, se realicen de forma telemática para reducir la presencialidad en el hemiciclo y evitar aglomeraciones que pudieran facilitar contagios de la variante ómicron de coronavirus.

Tras meses de aforos reducidos en el hemiciclo y de votaciones telemáticas generalizadas, el Congreso acordó en octubre recuperar progresivamente la normalidad presencial, pero se reservó al posibilidad de volver a aplicar restricciones en situaciones puntuales y siguiendo las recomendaciones sanitarias.

Así, se mantuvo la votación telemática generalizada en días de largas votaciones, como con los Presupuestos, y en elecciones mediante papeleta y urna, como los nombramientos del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas.

Y esta semana, viendo que es el último Pleno del año y que se prevén de nuevo votaciones largas, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha vuelto a echar mano de la excepción y ha propuesto a la Mesa que se usen las votaciones telemáticas para todos los asuntos se la sesión plenaria.

PSOE Y UNIDAS PODEMOS QUIEREN REDUCIR LA PRESENCIALIDAD

Paralelamente, el PSOE y Unidas Podemos han estado hablando con los demás grupos parlamentarios para intentar llegar a acuerdo que reduzca la presencialidad en el hemiciclo, volviendo a los aforos restringidos de meses atrás. Ese objetivo requería, como compensación, la generalización de las votaciones telemáticas.

Cuando se suspendieron las restricciones, el PP era quien más exigía la vuelta a la normalidad y el fin de las votaciones telemáticas generalizadas. Su posición es clave para adoptar o no estas medidas que se plantean, dado que legalmente no es posible prohibir a los diputados asistir al Pleno del Congreso y votar en persona.

Vecinos y miembros de la Corporación de Santander han guardado este martes un minuto de silencio en la Plaza del Ayuntamiento en recuerdo de la mujer y su hija de once meses asesinadas el pasado día 17 en Liaño de Villescusa presuntamente por su expareja y padre.

En el acto, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha trasladado su pesar y el de todos los santanderinos a los familiares y allegados de las asesinadas, y especialmente a los dos menores hijos de la fallecida que han quedado huérfanos tras este nuevo asesinato machista.

«Santander y Cantabria lloran la muerte de Eva y su bebé, que nos ha conmocionado a todos porque es la cara más cruel y despiadada de la violencia de género, un asesinato que nos debe hacer aún más conscientes de este drama que no logramos desterrar de nuestra sociedad, del que no podemos ser ajenos y desentendernos», ha señalado.

«Entre todos no se ha podido evitar», ha lamentado Igual, que ha destacado la tristeza que ha causado este caso por la cercanía y porque además la familia de las víctimas forma parte de una asociación de vecinos del municipio y es colaboradora habitual del Ayuntamiento.

La alcaldesa también ha hecho un llamamiento a los vecinos para que sean partícipes de esta lucha, «estemos alerta y pendientes de cualquier situación rara que podamos notar y no dudemos en denunciar. Pongo a disposición de las víctimas todos los medios del Ayuntamiento de Santander», ha afirmado.

En el acto de repulsa se ha recordado además a la joven de 35 años asesinada en Alicante el pasado 18 de diciembre, que tenía una hija menor, y a la mujer de 64 años asesinada en Girona, el 16 de diciembre.

Con estas últimas muertes, la cifra de mujeres asesinadas en lo que va de año en España presuntamente a manos de sus parejas o ex parejas asciende a 42 y se eleva hasta un total de 1.124 desde el año 2003, cuando comenzaron las estadísticas oficiales. La violencia de género deja además 6 menores asesinados este año en España y 28 huérfanos.

La alcaldesa ha recordado el teléfono 016 de atención a las víctimas, los servicios sociales municipales o el Punto de Atención Integral a las Víctimas del Centro de Igualdad del Ayuntamiento (General Dávila, 124, en el Centro Cívico María Cristina), donde recibirán información de las ayudas y programas a los que pueden acogerse en la ciudad de Santander.

El 75% de los jóvenes participará en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este miércoles 22 de diciembre, con un gasto medio de 65 euros, según un estudio realizado por la plataforma Appinio.

A través de una encuesta realizada a 1.000 personas en España (500 hombres y 500 mujeres) de entre 18 a 65 años, el informe concluye que el 71% de los consultados considera algo importante comprar lotería en Navidad.

En concreto, la investigación desvela que el 93% de los españoles tiene pensado participar en algún sorteo de lotería esta Navidad. De estas personas, un 88% afirma que participará en el Sorteo Extraordinario de Navidad del 22 de diciembre.

Por edades, el 75% de los jóvenes de entre 18 a 24 años participará en este sorteo, mientras que la cifra aumenta hasta el 92% en los adultos de entre 55 a 65 años. Además, un 51% lo hará en el Sorteo Extraordinario de ‘El Niño’, mientras que un 26% afirma que comprará el Cupón Extra de Navidad de la ONCE.

Por otro lado, los resultados de este estudio indican que el 63% de los españoles participa todos los años en el Sorteo Extraordinario de Navidad, una cifra que desciende hasta el 58% en el caso del Sorteo Extraordinario de ‘El Niño’.

Por grupos de edad, el 40% de los jóvenes de entre 18 a 24 años afirma participar todos los años en algún tipo de sorteo, un porcentaje que asciende hasta el 75% en el caso de los adultos de entre 55 a 65 años.

En relación con el gasto medio, el 43% de los españoles destina más de 100 euros a comprar lotería para el sorteo de Navidad, con un gasto medio aproximado de 87 euros. Además, el 24% de los jóvenes de entre 18 a 24 años destinarán 65 euros de media, porcentaje que crece hasta el 46% en los adultos de entre 55 a 65 años. El 26% de los españoles destinará más de 100 euros de presupuesto al sorteo de ‘El Niño’.

Respecto a los números más buscados, el 37% de los compradores elige un número diferente cada año, seguido del 25% que se decanta por números aleatorios que no guardan ningún tipo de asociación personal con ellos. El 80% de los españoles adquiere su boleto en las administraciones de lotería, seguido del 28% que se decanta por comprarlo en un bar o asociación.

Finalmente, según los resultados de esta encuesta, los españoles destinarían su premio para comprar una casa (41%), saldar deudas (38%) y realizar un viaje (33%).

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Audiencia de Sevilla que condena a un varón a tres años de cárcel por abusos sexuales cometidos sobre tres chicas en encuentros colectivos de jóvenes en viviendas mientras pernoctaba junto a ellas, haciéndose «el dormido» a la hora de cometer los abusos; descartando el tribunal la tesis de la defensa respecto a que el encartado sufra la patología de «sonambulismo sexual».

En una sentencia emitida el pasado 25 de noviembre, difundida por la Oficina de Comunicación del TSJA y recogida por Europa Press, el Alto tribunal andaluz aborda un recurso de apelación formulado por un hombre contra una sentencia previa de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que le condena a tres años de cárcel y tres años de libertad vigilada tras cumplir dicha pena de prisión, por tres delitos de abuso sexual con la atenuante de reparación del daño.

Según la sentencia inicial condenatoria de la Audiencia, en un fin de semana de mayo de 2017, Álvaro D.T., mayor de edad, «se encontraba junto con un grupo de chicos en el domicilio» de una joven de entonces unos 27 años de edad, en Mairena del Aljarafe, «donde habían quedado para reunirse aprovechando que los padres de ella estaban ausentes, para hacer una barbacoa e incluso pernoctar» en la vivienda.

«Cuando llegó la hora de dormir, en la que se repartieron entre sofá y colchones, Álvaro terminó acostado en un sofá» con la citada joven «y aprovechando que la misma se quedó dormida, metió la mano por debajo de la camiseta y le cogió un pecho, lo que provocó que la chica se despertase y le apartase de un manotazo», toda vez que «minutos después, haciéndose como que dormía, al igual que en el episodio anterior, intentó meter la mano a través del pantalón que vestía ella para llegar a la zona genital sin conseguirlo, pues ella le apartó nuevamente la mano, se levantó y se marchó para terminar durmiendo en sitio aparte».

Además, la sentencia declara probado que «en fecha no exactamente concretada del verano de 2017, con ocasión de una reunión de amigos que tuvo lugar en el domicilio» de otra joven de Palomares del Río, «donde así mismo habían quedado un grupo de amigos para pasar la tarde y dormir, aprovechando que se encontraba acostado en un colchón que se había extendido en el salón de la vivienda junto» a dicha joven, «cuando ésta se quedó dormida introdujo una de sus manos por debajo de la camiseta y comenzó a manosearle el pecho», ante lo cual ella «se despertó y solo acertó a resguardarse haciéndose un ovillo y apartarse lo más posible de su acompañante aunque sin que se levantara del colchón».

TERCER CASO

También se declaraba probado en la sentencia impugnada que «en hora temprana no exactamente concretada del 13 de octubre de 2017, se encontraba el procesado en casa de un joven que era su «entonces amigo» en una vivienda de Mairena del Aljarafe junto con otros chicos entre los que estaba» una joven de 27 años que «había llegado a dicho domicilio a altas horas de la madrugada después de haber estado de copas con sus amigas de la universidad y en cierto estado de embriaguez».

«Álvaro terminó compartiendo una cama nido» con dicha joven y «en un momento determinado, aprovechando el sueño de la chica favorecido por la ingesta alcohólica, le introdujo los dedos en la vagina haciendo que la misma se despertase, dándole un manotazo y girándose en la cama para que la dejase», declara probado la sentencia inicial de la Sección Séptima de la Audiencia.

En su recurso de apelación contra dicha sentencia condenatoria, el acusado esgrimía «un error en la apreciación de la prueba acerca de que el acusado cometiera los hechos en estado de vigilia», proponiendo «como prueba en segunda instancia documental y pericial acerca de la patología de sonambulismo sexual».

«SIMULABA» QUE ESTABA DORMIDO

Empero, el TSJA expone que «las tres víctimas coinciden en declarar que el acusado no estaba dormido, sino que lo simulaba, se hacía el dormido, como estratagema para ocultar sus intenciones lúbricas y eludir su responsabilidad ante posibles reacciones de aquellas; y la sentencia de instancia subraya, junto a ese concorde testimonio, la ausencia de cualquier prueba médica que pudiera apoyar el pretendido trastorno del sueño, apuntando además, con mucha agudeza, la excesiva coincidencia que supone que, en situaciones en que, por la limitación de camas, jóvenes de ambos sexos compartían lecho de forma indistinta, el acusado acabara en todos los casos acostado junto a una chica y tuviera en cada ocasión un episodio de la pretendida sexsomnia». «Poco más se puede añadir a este contundente análisis», determina el TSJA.

El acusado, según el TSJA, esgrimía de su lado un informe neurológico en el que un facultativo «se limita a concluir la obviedad de que los episodios que relata el acusado son compatibles con una sexsomnia, pero no encuentra en la batería de pruebas neurológicas practicadas, ni un solo dato objetivo que confirme la realidad de esas manifestaciones del interesado ni una mínima base patológica que pudiera explicar esos episodios».

«El informe en cuestión es por completo inconcluyente, si no es que más bien desmiente que confirma la tesis de la defensa», zanja el TSJA, determinando que «no hay una mínima base probatoria para la causa de exención de responsabilidad postulada, ni la habría de haber podido admitirse el informe aportado extemporáneamente con el recurso», por lo que desestima el recurso de apelación y confirma plenamente la sentencia condenatoria inicial.