El decreto de vivienda que el Gobierno prevé aprobar este martes 29 de septiembre se decide con dos exigencias cruzadas encima de la mesa.
Por un lado, Junts: si el texto sirve para frenar a los fondos buitre, tendrá su voto. Por otro, el PCE, que reclama congelar los alquileres hasta finales de 2028 como mínimo. Y en medio, Yolanda Díaz, que ha insistido en meter mano a los grandes tenedores.
Junts pone una condición a su voto: frenar a los fondos buitre
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado este domingo desde las Campas de Foronda, en Vitoria-Gasteiz, que si el decreto quiere 'parar los pies a los fondos buitre', contará con el voto favorable de su grupo. Lo dijo durante el Alderdi Eguna del PNV, la fiesta anual de los nacionalistas vascos, con quienes su formación quiere seguir colaborando.
Turull ha puesto contenido a esa condición. Junts defiende una regulación 'corta y contundente' que, además de frenar a los fondos, estimule fiscalmente a propietarios e inquilinos. Traducido: menos carga para quien pone un piso en alquiler y para quien lo alquila, y más seguridad jurídica para ambos. 'Los fondos buitre tienen la sensibilidad social de una apisonadora', ha dicho.
Su aviso viene con precedente. Turull ha recordado el decreto ómnibus y las pensiones como ejemplo de lo que no quiere que vuelva a pasar: un texto que mezclaba asuntos distintos y que, a su juicio, acabó señalando al pequeño propietario. El Gobierno lo sabe. Si quieren mezclar cosas, no van a tener nuestro voto', ha advertido. Y ha cargado contra quienes prefieren el tuit y el like a una regulación concreta.
Díaz aprieta por los fondos y el PCE pone fecha: 2028
La presión no llega solo desde fuera del Ejecutivo. Yolanda Díaz ha insistido en intervenir sobre los fondos buitre, mientras el PCE da un paso más y pide congelar los alquileres hasta finales de 2028 como mínimo.
La norma se decide entre dos presiones opuestas: contener la renta de los inquilinos y no castigar al propietario que alquila un solo piso.
Para Junts, el objetivo es desalojar a los fondos y devolver vivienda al mercado con incentivos fiscales. Para el PCE, la prioridad es que el inquilino no vea subir la renta mientras no se resuelva la falta de oferta. Y en el punto intermedio está el Gobierno, que necesita votos: en cuanto el texto llegue a la Cámara, entrará en juego el respaldo de los independentistas catalanes.
Por qué una norma de vivienda se cae por lo que lleva dentro
La vivienda es uno de los terrenos donde más textos han naufragado, y casi nunca por su titular. El precedente que el propio Turull pone sobre la mesa, el decreto ómnibus, es el ejemplo clásico: un paquete que mezclaba asuntos muy distintos y que no salió adelante tal como estaba planteado. Cuando una norma se negocia entera, cualquier fleco puede tumbar el conjunto.
Las dos lecturas en juego tienen argumentos contrastados. Quienes defienden limitar la compra por parte de grandes tenedores sostienen que reduce la presión sobre los precios y evita que se pierdan pisos del mercado residencial. Quienes lo critican avisan de que, sin incentivos suficientes, parte de la oferta puede retirarse y el efecto acaba siendo el contrario. El punto donde se tensa la negociación es la definición: qué se considera un fondo buitre y a quién se aplica.
Los próximos pasos son dos. El primero llega este martes, cuando el Gobierno cierre el texto en el Consejo de Ministros. El segundo será el trámite parlamentario en el Congreso, que si se aprueba como decreto ley —una norma con rango de ley que el Gobierno puede aprobar sin pasar antes por la Cámara— obliga a convalidarlo en un plazo de 30 días. Ahí se medirá si la condición de Junts y la fecha del PCE caben en el mismo papel.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Junts condiciona su voto al decreto de vivienda a que frene a los fondos buitre, mientras el PCE pide congelar los alquileres hasta finales de 2028.
- Por qué te importa: De cómo quede el texto depende que tu alquiler pueda subir o quedarse congelado, y que tu casero tenga más o menos incentivos fiscales.
- A quién afecta: Inquilinos, pequeños propietarios y grandes tenedores de vivienda, además de los grupos que deben votar la norma en el Congreso.
- Hacia dónde vamos: El Gobierno prevé aprobar el decreto este martes y después arranca la negociación parlamentaria, donde Junts y el PCE medirán su fuerza.
