El registro de lobbies llega este martes al Pleno del Congreso. La votación decidirá si empresas, ONG y otros grupos de presión deberán inscribirse y hacer públicas sus reuniones con altos cargos y asesores.
El Gobierno aprobó el decreto ley a finales de agosto, después de que el proyecto de ley que llevaba en tramitación desde febrero de 2025 se quedase sin el consenso parlamentario necesario. La duda sigue siendo la misma: si el Pleno no lo convalida, el decreto decae.
Qué es el registro y quién debe inscribirse
La norma, promovida por el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, crea un registro estatal público y obligatorio de grupos de interés. Lo gestionará y supervisará el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y sus datos se publicarán en el Portal de la Transparencia y en la web del propio Consejo.
La definición de grupo de interés es amplia. Incluye a personas físicas y jurídicas, y a agrupaciones sin personalidad jurídica, como plataformas, foros o redes. Entran desde grandes empresas hasta ONG que pretendan influir en la Administración General del Estado, actúen por cuenta propia o ajena.
Se considera actividad de influencia cualquier comunicación directa o indirecta con personal público susceptible de recibirla, por cualquier medio o canal. El objetivo es incidir en decisiones públicas, políticas o proyectos normativos en beneficio de intereses propios o de terceros.
¿Y quién es susceptible de recibir influencia? La norma señala al personal público con capacidad de intervenir en políticas, elaboración normativa o decisiones administrativas. Incluye a altos cargos hasta director general y, por primera vez en normas de integridad pública, a asesores, personal de confianza y eventual.
La inscripción será obligatoria para empresas, ONG y otros grupos que quieran influir, y sus reuniones con cargos públicos se publicarán en un mes.
Qué se hará público: financiación, reuniones y sanciones
El registro será gratuito y electrónico. Recogerá la identificación del grupo y de sus representantes, la sede social, la actividad desarrollada y las fuentes de financiación. También señalará a quienes hayan ocupado cargos públicos en los cinco años anteriores a la inscripción.
El compromiso de transparencia no se queda en una ficha. Los altos cargos y demás personal obligado tendrán que publicar todas las reuniones y contactos con grupos inscritos en el Portal de la Transparencia en el plazo de un mes desde que se celebren.
Además, las actividades de influencia sobre proyectos normativos quedarán reflejadas en un informe de huella normativa con su impacto en el texto. Ese documento deberá citarse en la memoria de análisis de impacto.
También habrá régimen sancionador. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se encargará de abrir, instruir y resolver los procedimientos, con infracciones leves, graves y muy graves. La norma detalla además la conexión futura con registros autonómicos, locales y europeos.
Por qué llega por decreto y qué puede pasar en el Pleno
El origen del debate ayuda a entender la votación del martes. El proyecto de ley de lobbies llevaba atascado desde febrero de 2025 por falta de acuerdos, así que el Ejecutivo optó por el decreto ley para salvar el registro. Esa vía es rápida, pero frágil: el Congreso puede convalidarlo o dejarlo caer en una sola votación.
España no parte de cero: varias comunidades autónomas y entidades locales ya tienen registros, y el nuevo podrá conectarse con el de la Unión Europea. El Ministerio que dirige Óscar López defiende que un registro único evita opacidad y equilibra el acceso a los decisores públicos. En el lado contrario, algunos grupos parlamentarios advierten del riesgo de cargas para entidades pequeñas y de aprobar por decreto lo que no logró consenso como ley.
Si el Pleno lo convalida, el siguiente paso será el desarrollo reglamentario y la conexión con los registros autonómicos y europeos. Si lo tumba, el registro quedaría bloqueado y el Gobierno tendría que decidir si insiste con un proyecto de ley. En cualquier caso, la votación del martes decide si la norma sigue viva.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Congreso vota este martes si convalida o deroga el real decreto que crea el registro público y obligatorio de lobbies aprobado en agosto.
- Por qué te importa: Permitirá saber quién presiona para influir en leyes y decisiones públicas, con reuniones y financiación accesibles.
- A quién afecta: Empresas, ONG y grupos de interés que actúen ante la Administración General del Estado; también altos cargos, asesores y personal eventual.
- Hacia dónde vamos: Si se convalida, quedará el desarrollo reglamentario y la conexión con registros autonómicos y de la Unión Europea.
