Gallardón declara como testigo en el primer juicio del caso Lezo por la compra de Inassa

La Fiscalía pide hasta siete años de prisión y más de 19 millones en responsabilidad civil por un supuesto sobreprecio en la compra de Inassa. El exministro solo comparece como testigo: la investigación contra él quedó archivada.

Este martes, Alberto Ruiz-Gallardón declara como testigo en el primer juicio del caso Lezo. El exministro de Justicia no está acusado en esta pieza, pero su declaración abre el proceso contra 22 personas por la compra de la colombiana Inassa con dinero público.

Qué se investiga: una compra de 73 millones por una vía panameña

La vista se centra en una operación cerrada en 2001 por el Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas de la Comunidad de Madrid. Según Anticorrupción, el Canal pagó 73 millones de dólares por el 75% de Inassa a través de la sociedad panameña Aguas de América, dentro de su expansión internacional en Colombia.

Ese camino indirecto es clave. Según el Ministerio Público, la compra estuvo 'plagada de ilicitudes': se realizó de manera indirecta, con activos no autorizados ni valorados. La acusación concluye que esa operación provocó un desvío de fondos públicos.

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La operación se articuló mediante Canal Extensia, una sociedad participada en un 75% por el Canal de Isabel II y en un 25% por la valenciana Técnicas Valencianas del Agua. La compra requería el visto bueno del consejo de administración del Canal y, después, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

La responsabilidad civil reclamada supera los 19 millones de euros, la cifra que la Fiscalía pide que los 22 procesados devuelvan al Canal de Isabel II de forma conjunta y solidaria. El Ministerio Público no descarta elevarla en las conclusiones definitivas.

Gallardón: testigo clave y sin acusación en esta pieza

El magistrado jubilado Manuel García Castellón, instructor del caso, envió a juicio a 22 personas. Entre ellas están los exconsejeros madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo, antiguos colaboradores de Ruiz-Gallardón.

La compra de Inassa se cerró con 73 millones de dólares públicos y una ruta societaria que la Fiscalía considera indirecta y no autorizada.

Para Calvo y Bravo, la Fiscalía pide siete años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta por malversación de caudales públicos en concurso con prevaricación. Para los otros 20 procesados —técnicos, exconsejeros de la empresa pública y gestores o intermediarios de la operación— reclama entre seis y siete años de cárcel y entre 12 y 15 de inhabilitación.

A Gallardón, en cambio, el instructor archivó la investigación que se seguía contra él. También exculpó al expresidente madrileño Ignacio González en esta pieza: aún no había llegado a la presidencia del Canal de Isabel II cuando se cerró la adquisición.

El sobreprecio que reclama la Fiscalía y lo que viene después

El caso Lezo empezó a investigarse hace diez años y este es el primer juicio que llega a las sesiones de prueba. La cuestión central es si se pagó un sobreprecio a costa de las arcas públicas.

Inassa pertenecía desde 1996 a Aguas de Barcelona y a socios locales colombianos; su principal activo era Triple A, la empresa concesionaria del servicio de acueducto y alcantarillado de Barranquilla. La Fiscalía sostiene que la compra incluyó activos no autorizados, como el 51% de la dominicana Watco, sin beneficio para la Comunidad de Madrid.

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Las defensas aún no han expuesto su versión final ante el tribunal. Lo que sí queda claro es que esta primera sentencia marcará el ritmo de las demás piezas separadas del caso Lezo, una macrocausa con ramificaciones que siguen abiertas.

Después de la testifical de Gallardón, la vista seguirá con el resto de las declaraciones y, cuando termine la práctica de la prueba, las partes elevarán sus conclusiones definitivas. Será el momento de comprobar si el tribunal asume la tesis del sobreprecio o avala la legalidad de aquella operación de 2001.

📌 En claves: lo que debes saber

  • Qué ha pasado: Alberto Ruiz-Gallardón declara como testigo en el primer juicio del caso Lezo, centrado en la compra de Inassa por el Canal de Isabel II.
  • Por qué te importa: La Fiscalía reclama más de 19 millones de euros de responsabilidad civil por un supuesto sobreprecio con fondos públicos.
  • A quién afecta: A los 22 procesados, entre ellos Pedro Calvo y Juan Bravo, para quienes pide hasta siete años de cárcel.
  • Hacia dónde vamos: El juicio continúa con más pruebas y conclusiones; otras piezas separadas del caso Lezo siguen abiertas.