Casi 900 millones de euros en cursos de formación para desempleados andaluces vuelven a estar bajo la lupa judicial. El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha retomado la pieza principal del caso tras recibir en marzo el último atestado de la Guardia Civil, casi seis años después de encargarlo.
Una macrocausa de 900 millones y doce años de recorrido
La investigación cuestiona cómo repartió la Junta de Andalucía las subvenciones de formación para el empleo entre 2009 y 2012. Ahora, el juez José Ignacio Vilaplana debe decidir si procesa a una veintena de ex altos cargos o archiva la causa, tras doce años de idas y venidas en los juzgados de Sevilla.
El caso nació en 2014 con la juez Mercedes Alaya y lo archivó en 2016 la juez María Núñez Bolaños, que no apreció indicios de delito. En 2019, la Audiencia de Sevilla atendió un recurso del PP y ordenó reabrir la investigación. El nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encargó en 2020 y no llegó hasta el pasado marzo.
El atestado de la Guardia Civil sostiene que las ayudas se concedieron de forma sistemática sin ajustarse a la normativa. Señala a cuatro ex directores generales de Formación para el Empleo, a nueve ex altos cargos del Servicio Andaluz de Empleo y a once jefes de servicio. La UCO describe una 'unidad de acción' entre 2009 y 2012. Esa dinámica no habría sido posible sin una actuación concertada de los responsables del SAE.
El montante investigado supera los 900 millones de euros. De confirmarse, sería el mayor fraude de Andalucía, por encima del caso de los ERE, que puso el foco sobre 789 millones en reparto arbitrario de fondos públicos.
Traducido: los controles tan débiles permitían encadenar ayudas sin acreditar el gasto anterior. Los fondos debían servir para formar a desempleados andaluces, pero la investigación apunta a que las entidades podían seguir recibiendo subvenciones en sucesivas convocatorias.
La causa lleva doce años dando vueltas y la decisión final sigue sin dictarse: procesar a una veintena de ex altos cargos o archivarla definitivamente.
Uno de los motivos de este desgaste fue el troceamiento de la causa en hasta nueve piezas separadas. En la pieza principal solo quedó la investigación sobre la cúpula de empleo y la fiscalización de las ayudas; el resto se ha analizado en piezas paralelas con distinta suerte.
Los dos instrumentos que servían para esquivar el control
La Guardia Civil describe dos herramientas clave. Los certificados de finalidad los emitían auditoras contratadas por las propias beneficiarias y evitaban que la Junta realizara su propia fiscalización. Las resoluciones de exceptuación exoneraban a las entidades de justificar las ayudas, de modo que podían seguir recibiendo fondos en convocatorias sucesivas.
Las defensas situaron el problema en el volcado de datos al programa informático Júpiter, utilizado por la administración autonómica. Según esta tesis, la documentación faltante en los expedientes podría haberse perdido por una mala gestión informática, no por irregularidades reales.
La UCO responde en su último informe que también inspeccionó los expedientes físicos y utilizó auditorías de los interventores de la Junta, de la Cámara de Cuentas y de la Unidad Especial de Colaboración con la Justicia. La conclusión es que las irregularidades detectadas no son solo un problema informático.
¿Archivo o banquillo? El calendario que viene
El juez Vilaplana deberá resolver antes del 7 de enero de 2027, fecha en la que tiene previsto su traslado a un juzgado de lo Penal de Córdoba. El Consejo General del Poder Judicial le ha concedido una prórroga, después de que el traslado estuviera fijado para este mes de septiembre, para que pueda concluir las investigaciones abiertas.
No es la primera vez que la causa queda en una zona gris. La Fiscalía Anticorrupción pidió en su día el archivo al apreciar 'ineficacia' y 'defectos administrativos', pero no delitos. La juez Núñez Bolaños descartó una 'red clientelar' vinculada al PSOE y no consideró significativo que 39 empresas con alguna vinculación socialista recibieran ayudas, dado el volumen de beneficiarios del periodo.
Ahora la balanza vuelve a moverse. El propio juez dejó escrito que, si se confirmara que la gestión de las subvenciones se hacía ad libitum e arbitrum y sin control real, habría base para continuar por prevaricación. El atestado de la Guardia Civil ofrece precisamente esa lectura, con una 'actuación concertada' atribuida a los responsables del SAE.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El juez José Ignacio Vilaplana ha retomado la pieza principal de los cursos de formación tras recibir en marzo el atestado de la Guardia Civil.
- Por qué te importa: Están en juego más de 900 millones de euros públicos destinados a formación para desempleados entre 2009 y 2012.
- A quién afecta: Una veintena de ex altos cargos de la Junta y del Servicio Andaluz de Empleo, además del conjunto de contribuyentes andaluces.
- Hacia dónde vamos: El juez debe decidir antes del 7 de enero de 2027 si procesa a los investigados o archiva la causa de forma definitiva.
