La Generalitat acaba de renunciar por escrito a reclamar los 5 millones del 'procés'. Eso deja al Tribunal de Cuentas al borde de archivar la causa contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y una treintena de exdirigentes independentistas por el desvío de fondos en el referéndum ilegal de 2017 y la acción exterior.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 8/10. La decisión toca una reclamación contable de 4,97 millones y deja sin devolución patrimonial una de las vías abiertas del 'procés'.
Qué ha pedido la Generalitat por escrito
El escrito lo firma la Abogacía General de la Generalitat y pide tres cosas: declarar extinguida la responsabilidad contable, absolver a todos los demandados y levantar de inmediato las medidas cautelares.
La consejera del Tribunal de Cuentas que instruye el caso, Elena Hernáez, abrió a finales de julio una última vía: preguntar a las partes si el dinero malversado afectó a fondos europeos, el único supuesto en el que la ley de amnistía no se aplicaría.
La Generalitat, como única Administración oficialmente perjudicada, contesta que no: acepta que se aplique la Ley Orgánica 1/2024 y renuncia a recuperar el dinero.
De hecho, el Tribunal de Cuentas fue el primero en elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE. La respuesta europea avaló que la amnistía se aplicara si no había dinero comunitario por medio.
Ese sí es el movimiento decisivo. La Fiscalía ya había desistido y antes lo había hecho la Abogacía del Estado.
La Administración perjudicada pide archivar la causa y renuncia a reclamar los 5 millones, lo que deja sin recorrido la única vía que quedaba.
La cuenta que ya no se reclamará: 4,97 millones
La aritmética del caso es compleja: se habla de hasta cinco millones malversados, mientras Sociedad Civil Catalana sitúa las partidas examinadas en 4,97 millones.
El escrito de la Generalitat recuerda que las medidas cautelares se fijaron en 4,14 millones para el referéndum del 1-O y en 5,42 millones para la acción exterior entre 2011 y 2017, con avales del Institut Català de Finances que impulsó el anterior presidente Pere Aragonès.
Por eso el levantamiento de las cautelas no es una cuestión técnica: liberaría los avales y blindaría que no haya reclamación patrimonial.
La renuncia de Illa cierra la última vía para saber si ese gasto tuvo financiación europea. Técnicos del propio Tribunal de Cuentas ven ya muy difícil mantener vivo el caso.
Por qué queda casi cerrada la última vía
El abogado de Sociedad Civil Catalana, Juan Chapapría, ha pedido en cambio que la Generalitat aporte la documentación contable y presupuestaria de cada partida para determinar su fuente de financiación.
Argumenta que la ausencia de una referencia expresa a fondos europeos en un asiento o extracto no permite concluir que la financiación fue exclusivamente autonómica.
El Gobierno limitó la amnistía al erario español para evitar problemas con Bruselas, y la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE avaló esa lógica: solo se excluiría si se acreditara dinero europeo.
Esa es la frontera que Sociedad Civil Catalana quiere explorar con más documentación, pero sin el apoyo de la administración perjudicada carece de base para forzar nuevas diligencias.
Con la renuncia del Govern y sin una petición de nuevas diligencias que la instructora tenga que asumir, la perspectiva es que el caso quede cerrado en las próximas semanas.
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha trasladado informalmente esa lectura. En su momento, el organismo sí logró que se devolviera el dinero de la consulta ilegal de 2014, pero esta vez el final apunta a archivo.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La Generalitat de Salvador Illa ha pedido por escrito al Tribunal de Cuentas que aplique la amnistía y declare extinguida la responsabilidad contable del 'procés'.
- Por qué te importa: Se archivarían reclamaciones por unos 5 millones de euros vinculados al 1-O y a la acción exterior, sin devolución para las arcas públicas.
- A quién afecta: A más de 30 exdirigentes independentistas, entre ellos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, y a la Generalitat como administración perjudicada.
- Hacia dónde vamos: La consejera Elena Hernáez dispone de semanas para archivar o no; con la renuncia del Govern y sin dinero europeo acreditado, la vía de cierre es dominante.
