El Tribunal Supremo ha dejado en suspenso el voto de medio millón de personas que consiguieron la nacionalidad española por la llamada ley de nietos. La medida es cautelar: no anula su pasaporte, pero frena su derecho al voto hasta que haya una sentencia firme.
La decisión afecta a quienes se acogieron a la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática. Esa norma abrió la puerta a la nacionalidad para los descendientes de españoles que se fueron al exilio durante la Guerra Civil y la dictadura. No se discute la nacionalidad ya concedida; se suspende el ejercicio del voto mientras se resuelve el fondo del asunto.
Qué ha decidido exactamente el Supremo
El Tribunal Supremo ha aceptado suspender de manera cautelar el derecho al voto de quienes obtuvieron la nacionalidad por la ley de nietos. Es una medida temporal y no definitiva. La cifra que maneja el tribunal ronda el medio millón de personas, un colectivo que en la práctica se queda sin capacidad de votar en cualquier convocatoria que se celebre mientras dure la medida.
Aquí conviene separar dos planos. Una cosa es la nacionalidad y otra el derecho a participar en las elecciones. La suspensión no retira la nacionalidad española ya adquirida, pero sí impide que esas personas figuren como electores en el censo de los comicios que se convoquen antes de la decisión final.
En la práctica, si el Gobierno convoca elecciones generales antes de que el Supremo dicte sentencia, ese medio millón de nuevos españoles no podría acudir a las urnas. La incógnita es cuánto tardará el tribunal en resolver, porque las medidas cautelares pueden alargarse durante meses mientras se tramita el fondo.
Por qué IU habla de lawfare y quién es el ponente del auto
Izquierda Unida ha elevado el tono. Su portavoz parlamentario y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, denuncia 'una minoría de jueces al servicio del PP' y considera la decisión 'una manifestación más del llamado lawfare'. Según IU, el Supremo se arroga competencias que no le corresponden y contribuye a la deslegitimación de la democracia.
El Supremo no retira la nacionalidad, pero deja en pausa el derecho al voto de medio millón de personas hasta que haya sentencia firme.
El cruce de críticas no acaba ahí. Según publica infoLibre, el magistrado ponente del auto se hizo eco, junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de un bulo sobre un supuesto pucherazo electoral relacionado con la empresa Indra. Ese antecedente alimenta la tesis de IU: que el tribunal está interviniendo en un debate político con una orientación determinada.
En el plano jurídico, la suspensión cautelar no es un instrumento extraordinario. Se aplica cuando un tribunal entiende que mantener una situación puede causar un daño difícil de reparar antes de la sentencia. La diferencia, en este caso, es la escala del colectivo afectado.
Qué precedentes pesan sobre la ley de nietos y hacia dónde va el caso
La ley de nietos no nació exenta de litigios. Desde su entrada en vigor, la avalancha de solicitudes desbordó consulados y registros civiles, con expedientes que tardaron meses en resolverse y plazos que se fueron prorrogando. Muchas solicitudes llegaron desde distintos países de América Latina, con una fuerte comunidad de descendientes de la emigración española.
El actual recurso se suma a esa cadena. Lo que está en discusión no es la condición de español de los afectados, sino la legalidad de la vía por la que accedieron al cuerpo electoral. La sala tendrá que decidir si la suspensión se mantiene o se levanta, y cuándo. De momento, no hay calendario público para la sentencia.
Hacia delante conviene seguir dos elementos: la respuesta del Gobierno y de las fuerzas políticas, y los tiempos del Supremo. La suspensión cautelar se revisa si las partes lo piden o cuando el tribunal avanza en la causa. Cualquier convocatoria electoral que llegue antes del fallo dejará fuera a un colectivo que, en su mayoría, votaba por primera vez como ciudadanía española.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Tribunal Supremo ha suspendido de forma cautelar el derecho al voto de unas 500.000 personas que obtuvieron la nacionalidad por la ley de nietos.
- Por qué te importa: No se les retira la nacionalidad, pero quedan fuera del censo electoral mientras dure la medida.
- A quién afecta: A nacionalizados por la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, especialmente descendientes de exiliados.
- Hacia dónde vamos: Habrá que esperar a la sentencia firme; de momento no hay fecha pública para la decisión final.
