Los Mossos d'Esquadra han registrado 33 casos de matrimonios forzados de menores en Catalunya entre 2021 y 2025. Al menos cuatro de esos enlaces llegaron a consumarse, según los datos facilitados por el Departament d'Igualtat i Feminisme.
¿Qué muestran los datos de los Mossos d'Esquadra?
El balance anual recogido en una respuesta parlamentaria refleja una realidad sostenida en el tiempo. En 2021 se atendió a seis menores y no se consumó ningún matrimonio; en 2022 fueron nueve casos, con dos enlaces consumados y un tercero sin desenlace conocido porque la menor viajó a su país de origen y no regresó.
En 2023 se contabilizaron siete menores y no se consumó ningún enlace. En 2024 fueron cinco, con un matrimonio consumado, y en 2025 se registraron seis casos, uno de ellos con una menor obligada a casarse. La mayoría de los casos se concentraron en el Barcelonès, con 11, seguido del Vallès Oriental, con seis.
Por detrás quedaron el Tarragonès, el Gironès y la Segarra, con dos casos cada una. Todos los matrimonios vinculados a estas menores se celebraron fuera del territorio catalán, un dato que dificulta la intervención y el seguimiento de cada situación.
El Departament d'Igualtat i Feminisme califica los matrimonios forzados como una grave vulneración de los derechos humanos y una expresión extrema de la violencia machista. En su respuesta parlamentaria añade que la práctica atenta contra el derecho fundamental a consentir libremente el matrimonio.
Aunque las víctimas son mayoritariamente mujeres, entre 2014 y 2024 también se detectaron tres casos de hombres obligados a contraer matrimonio. El departamento destaca que las consecuencias suelen ser más graves para ellas, con formas de violencia física, psicológica, sexual y económica.
Detrás de cada cifra hay menores cuya seguridad depende de la detección temprana y de la coordinación entre administraciones.
¿Qué protección reciben las menores en riesgo?
Los Mossos d'Esquadra no actúan solos. Existe un trabajo coordinado con la Generalitat y los servicios sociales municipales, junto a profesionales de los ámbitos educativo y sanitario, para detectar de forma preventiva posibles casos de matrimonio forzado.
También se asesora a las víctimas sobre sus derechos, los recursos disponibles y las medidas de autoprotección. Los equipos valoran el riesgo y la presión del entorno familiar, que en la mayoría de los casos es quien pretende imponer el matrimonio.
Las víctimas de violencia machista disponen de la web oficial del 016, con atención gratuita y confidencial, y del 112 en emergencias.
Si una menor se encuentra en peligro, la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia puede intervenir para evitar que sea trasladada a su país de origen con el fin de obligarla a casarse. El Código Penal castiga tanto la consumación como la tentativa.
Un fenómeno vigilado en Catalunya desde 2009
El seguimiento de los Mossos no es nuevo. Desde 2009 se han detectado unos 240 casos en Catalunya de mujeres y niñas que iban a ser obligadas a casarse o que fueron casadas contra su voluntad.
La existencia de comunidades procedentes de países donde esta práctica sigue vigente explica, según los propios Mossos, que los casos se sigan detectando en el territorio. La clave, coinciden las administraciones, está en la prevención y en la coordinación con los entornos educativos y sanitarios.
El dato de 33 menores en cinco años sitúa el foco en la protección de la infancia. La respuesta institucional combina asesoramiento jurídico, valoración del riesgo e intervención directa cuando la seguridad de la menor está comprometida. El objetivo es que ninguna adolescente tenga que elegir entre su seguridad y su entorno familiar.
📌 El foco social: las claves
- 🔎 Qué es lo importante: Los Mossos registraron 33 menores víctimas de matrimonios forzados entre 2021 y 2025.
- 👥 Quiénes son los afectados: Menores, mayoritariamente mujeres, y sus entornos familiares y educativos.
- ➡️ Qué consecuencias puede traer: Refuerzo de la prevención y de la coordinación institucional para proteger a las menores en riesgo.
